Miles de personas vuelven a las calles de Madrid en contra de la política sanitaria de Ayuso

Convocadas por la Marea Blanca, los manifestantes han apoyado la huelga que están llevando a cabo los profesionales de la atención primaria y pediatría a la par que han exigido una mayor financiación de la sanidad pública en la región.

15/01/2023 Protesta sanidad

Manifestación esta mañana en Madrid por la defensa de la sanidad pública.  Borja Sánchez-trillo / EFE

Las reivindicaciones por una sanidad pública y de calidad en Madrid no cesan. Esta mañana, cerca de 20.000 personas según la Policía Nacional y 30.000 según Delegación del Gobierno han recorrido los escasos metros que separan el Ministerio de Sanidad, en el Paseo del Prado, de la plaza del Museo Reina Sofía, donde al término de la movilización miles de manifestantes ni siquiera han podido acceder. Convocada por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, Marea Blanca, la marcha ha centrado sus mensajes en contra de las políticas sanitarias defendidas desde el Ejecutivo regional, presidido por Isabel Díaz Ayuso.

Pasaban pocos minutos de las 12.00 horas cuando una gran sábana contra los recortes en sanidad y servicios público se desplegaba. Detrás de ella, miles de personas llegadas de diferentes puntos de la Comunidad de Madrid. «Esto se va cada vez más de las manos, a pesar de las alertas que llevamos haciendo durante más de una década», ha dicho Carmen Esbrí a Público. Ella es portavoz del colectivo convocante, ente que cuenta con 97 manifestaciones de este tipo a sus espaldas en los 11 años de existencia. La movilización, además, ha coincidido con la huelga que los profesionales de atención primaria y pediatría están llevando a cabo en la Comunidad para mejorar sus condiciones laborales y, también, las condiciones en las que se ven obligados atender a los pacientes.

Los convocantes han hecho gran hincapié en la situación en la que se encuentra la atención primaria en la región: «Desde hace más de tres años, hay unos 200.000 ciudadanos que carecen de médico asignado, porque su médico se jubiló, está de baja o en excedencia, y no han cubierto dichos puestos de trabajo, por lo que se está vulnerando la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid», ha comentado Esbrí durante la marcha.

En esta movilización, en la que apenas han participado jóvenes, se han escuchado cánticos como «Ayuso dimisión», «nada para la privada» y «recortar en sanidad es un acto criminal». En ella también han participado representantes políticas de izquierda, como Mónica García, líder de Más Madrid en la Comunidad, y Alejandra Jacinto, coportavoz del grupo parlamentario Unidas Podemos en la cámara regional. Las dos han reivindicado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso que cese su ataque constante a los profesionales sanitarios.

En este sentido, según recoge Europa Press, García ha calificado de «chapuza» la gestión del Gobierno de la Comunidad y ha denunciado la situación de «ataque constante» que vive la sanidad pública, la cual considera «uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad».

Una hora después de su inicio, la manifestación enfilaba sus últimos metros, encarando ya el Museo Reina Sofía, cuya plaza ha terminado abarrotada. Ante miles de personas, diferentes miembros de la Marea Blanca han tomado la palabra: «Yo defiendo la sanidad pública porque, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los seres humanos son iguales, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición», han recalcado a los allí presentes, quienes han respondido con un sonoro aplauso.

La región más rica que menos financia la sanidad

«Yo defiendo la sanidad pública porque los presupuestos en la sanidad pública deben alcanzar inversiones de al menos el 7,5% del PIB, y de ellos un 25% dedicados a la atención primaria, para cumplir con el modelo sanitarios que se perfiló en la Ley General de Sanidad en 1986, aún vigente», han reivindicado también, no sin añadir la situación que viven los 212.258 niños y niñas que según la Asociación Española de Pediatría no tienen pediatra asignado ni médico de familia que realice dichas funciones.

15/01/2022 protesta sanidad
Manifestación en defensa de la sanidad pública en Madrid, 15/01/2022.  Carlos Ibarra

Las derivaciones, otro tipo de privatización

La misma Esbrí ha compartido con los presentes cómo, desde octubre de 2021, la Consejería de Sanidad de la Comunidad ha dejado sin asistencia sanitaria a 30.000 personas, sin comunicación previa y sin plazo de reacreditación, según sus palabras. Por ello, han pedido la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 y que se permita el acceso a una sanidad plenamente universal en todo el territorio y a todas las personas, independientemente de sus circunstancias administrativas. La atención hospitalaria ha sido otro de los puntales en los que se han detenido desde la Marea Blanca. Estas son las palabras que les ha dedicado: «Seguimos con largas listas de espera que ejercen presión sobre los usuarios y producen demorar vergonzosas e inadmisibles; muy eficaces para que los pacientes se vean forzados a acudir a la sanidad privada».

También se han mostrado en contra de las derivaciones, que han denominado como una «privatización silenciosa que no perciben los usuarios, pero día tras día los pacientes derivados hacen que se multipliquen los millones de euros que se desvían desde la sanidad pública a los bolsillos de accionistas de las empresas privadas», en sus propios términos. Es en este punto cuando han mencionado a Elliott, uno de los fondos buitre «más agresivos del mundo», que opera en hospitales de la Comunidad de Madrid y que se lleva uno de cada dos euros presupuestados en al sanidad pública, tal y como han recordado desde el colectivo convocante.

Asimismo, la cifra que manejan desde la Marea Blanca en cuanto al beneficio económico que diferentes empresas mercantiles y especuladoras que obtienen de la sanidad pública supera los 30.000 millones de euros. «Más del 40% de los recursos públicos en sanidad van a parar a manos privadas», han incidido.

Apoyo unánime a la huelga indefinida de sanitarios

La huelga de profesionales sanitarios de la atención primaria y pediatría no ha pasado desapercibida. Dora Bejarano es miembro del comité de huelga y delegada del sindicato Amyts para el sector de atención primaria: «Luchamos por un control efectivo de la demanda de la sobrecarga que sufrimos médicos de familia y pediatría. Nada más que 10 minutos por adulto y 15 por niño, para poder atenderles como se merecen».

Dora Bejarano: «Lo que nos ofrecen ni siquiera se aproximan a nuestras reivindicaciones»

Bejarano también se pronuncia sobre las plazas de pediatría y medicina de familia que están sin cubrir. «Queremos que estas plazas sean los suficientemente atractivas y competitivas para evitar que esos profesionales terminen en otros ámbitos sanitarios e, incluso, en otras regiones de España», dice esta sanitaria miembro del comité de huelga. También exigen las demandas que ya se aprobaron en un paro anterior, realizado en 2020, pero cuyos avances no se llegaron a efectuar por parte de la Consejería de Sanidad, liderada por Enrique Escudero. «Lo que nos ofrecen ni siquiera se aproximan a nuestras reivindicaciones, entre las que se encuentra una mejoría de nuestras retribuciones, porque un médico de familia o pediatra recién salido de la universidad, sin complementos, tienen un salario absolutamente ridículo», ha añadido esta profesional en huelga.

Mientras la manifestación llegaba a su término con algunos discursos por parte de otro sanitario en huelga y del Sindicato de Estudiantes, que ha reivindicado una huelga general de los profesionales de los servicios públicos, miles de personas aún continuaban en la calle Atocha, sin poder entrar en la atestada plaza del Museo Reina Sofía. «Sin sanidad pública cada día hay más desigualdad y nuestra patria necesita a todos con salud o estaremos dilapidando nuestro futuro por unos cuantos buitres», han clausurado la movilización justo antes de escucharse gritos que pedían la dimisión de Ayuso.

El banco de sangre en Canarias, en riesgo de ser privatizado

Los trabajadores están en huelga indefinida desde mayo de 2022, mientras la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias niega que se esté privatizando el servicio.

El portavoz del Comité de Huelga del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoderivados, Daniel Quintero, protesta contra el 'proceso de privatización encubierta'

El portavoz del Comité de Huelga del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoderivados, Daniel Quintero, protesta contra el «proceso de privatización encubierta».  Andrea Domínguez Torres

«Aquí se mueve mucho dinero», afirma sobre el banco público de sangre en Canarias el representante de Comisiones Obreras Pedro Costeras. Ese es el epicentro de los problemas en el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), el dinero. También el poder.

A pesar de ser un organismo público autónomo adscrito a la Consejería de Sanidad, sus trabajadores no son reconocidos como funcionarios y sufren un alto porcentaje de temporalidad. A esto se le suman los varios intentos del Ejecutivo canario de convertir la institución en una entidad público-empresarial en esta legislatura.

Felipe González acababa el primer Gobierno socialista de la democracia española cuando en Canarias se fundó el ICHH, el único del archipiélago. Las bases de su creación se recogen en la ley 11/1986. En ella se decidió que el organismo público tendría personal laboral propio, pero que, además, podría contar con el personal dependiente de la administración de la comunidad autónoma.

Ambos grupos se acogen al mismo convenio, el III Convenio Colectivo Único para el personal laboral del archipiélago. Desde entonces, el acceso al Instituto se decide por concurso público y los salarios se dan por negociación colectiva.
Este doble rasero en las contrataciones genera problemas entre los trabajadores del ICHH. Más aún desde que el Gobierno de Canarias y la dirección del Instituto Canario de Hemodonación hacen una apuesta clara por convertir al organismo público en una entidad pública empresarial, lo que los trabajadores denuncian como un «proceso de privatización encubierta».

Hasta la fecha, el Instituto cuenta con una cuenta comercial propia que ronda los 16 millones de euros en transacciones comerciales relacionadas con la compra y venta de hemoderivados. «Solo quieren crear un chiringuito político del que sacar rédito», sentencia el portavoz del Comité de Huelga del Instituto, Daniel Quintero.

En la actualidad, el Instituto gestiona la extracción, almacenamiento y distribución de la sangre. Además, sirve de intermediaria entre los donantes y la única empresa encargada de la gestión del plasma en España, la multinacional catalana Grifols. «No tiene sentido que ahora el Servicio Canario de Salud, que somos todos, pague al Instituto Canario de Hemodonación por los hemoderivados de los donantes», señala Quintero.

Debido a los problemas de temporalidad en los contratos laborales del sector público en España, el Gobierno nacional presentó en diciembre de 2021 una ley para estabilizar a los trabajadores públicos y disminuir la temporalidad. Cada comunidad autónoma se adaptó a la ley, pero Canarias dejó a los trabajadores del Instituto Canario de Hemodonación al margen. El proceso de estabilización excluía el 95% de las plazas del ICHH. La negativa para mejorar su situación les llevó a encabezar una huelga indefinida.

La contradicción de un organismo público e independiente que contrata su propio personal bajo el derecho privado ha perseguido a sus trabajadores hasta la actualidad. En el Instituto reina la temporalidad. En torno al 75% de los empleados cuenta con contratos temporales en todo el archipiélago. En Santa Cruz de Tenerife el 99% de la plantilla del ICHH está afectada por la temporalidad.

Negociaciones sin puerto fijo con Sanidad

El 1 de julio de 2022, el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, firmó un acuerdo con los representantes del Comité de Huelga del Instituto y con el representante de Comisiones Obreras, Pedro Costeras. En el documento, al que ha tenido acceso Público, Trujillo se comprometió a analizar la posibilidad de adaptar el Instituto a un régimen jurídico dentro de la Consejería o del Servicio Canario de Salud, como ocurre en otros sectores sanitarios, lo que excluiría la creación de una entidad público-empresarial.

Quintero: «No tiene sentido que ahora el Servicio Canario de Salud, que somos todos, pague al Instituto Canario de Hemodonación por los hemoderivados de los donantes»

Al mismo tiempo, para analizar esa vía el consejero se comprometió a mantener reuniones con los representantes del Comité de Huelga para encontrar el régimen jurídico que corresponda «más fielmente» a la naturaleza, características y funcionamiento del ICHH.

El acuerdo tenía como prioridad velar por la unidad de la institución, mantener las condiciones laborales de la plantilla y extinguir la figura de «personal propio» dentro del Instituto, para que así todos los trabajadores pasasen a formar parte del sector de Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias.

A raíz de su firma, los trabajadores apaciguaron la lucha. En este acuerdo, el Gobierno se comprometía a llegar a una solución común antes de septiembre de 2022. Sin embargo, el tratado no sólo se incumplió, sino que además devolvió a los trabajadores a las huelgas iniciadas antes de firmarlo.

«Lo que más nos preocupa es el carácter mercantil que se daría a la sangre«, cuestiona Daniel Quintero. «Ahora para nosotros lo importante son los donantes y los pacientes, pero para una empresa lo importante es el beneficio económico», reflexiona.

Por su parte, el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) insiste en que «en España la donación de sangre es un acto voluntario, altruista y no remunerado y está prohibido cualquier comercio con la sangre y sus derivados, no se paga la donación ni se cobra por ella». Sin embargo, el proceso de tratamiento de la sangre y las transacciones sobre los hemoderivados no son gratuitos.

El negocio de los hemoderivados

En la actualidad, la situación está lejos de ser solventada y una nueva campaña promovida por los trabajadores cuenta con más de 11.600 firmas en Change.org contra «la privatización del banco de sangre canario».

La situación está lejos de ser solventada y una nueva campaña promovida por los trabajadores cuenta con más de 11.600 firmas en Change.org

La sangre se compone en su mayoría de plasma, pero también de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. La definición es sencilla: se conoce como hemoderivado a cualquier sustancia que deriva de la sangre. Sin embargo, el negocio de la sangre donada va más allá de su mero uso para transfusiones a pacientes enfermos. Los derivados del plasma se utilizan para la creación de medicamentos y están altamente cotizados en el mercado.

El conflicto ha crecido. Comisiones Obreras Canarias presentó una demanda de impugnación el pasado 19 de julio contra dos decretos publicados por el Gobierno de Canarias y una resolución del ICHH. La denuncia dirigida al Ejecutivo regional señala a los dos decretos para la estabilización de plazas que fueron publicados en mayo de 2022 en los que el Gobierno canario excluyó a los trabajadores del banco de sangre.

También está en el foco de la denuncia la resolución del ICHH para estabilizar las plazas del organismo autónomo como si fuera una entidad pública empresarial sin dar la opción de estabilizarse como funcionarios. El sindicato también prevé presentar una demanda administrativa.

El 27 de mayo de 2022, la presidenta del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), María Teresa Gutiérrez, intentó estabilizar a los empleados del Instituto a través de un convenio propio de empresas público-empresariales. Desde el Comité de Huelga ven esto como parte del proceso «de externalización» del servicio.

La denuncia presentada por Comisiones Obreras pide la nulidad de la resolución del ICHH y la modificación de los decretos presentados por el Ejecutivo regional. De esta manera, se pretende que los trabajadores y trabajadoras del Instituto Canario de Hemodonación continúen rigiéndose por el III Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Comunidad Autónoma.

El intento fallido

Para entender la situación actual hay que remontarse tres años atrás. Ángel Victor Torres acababa de convertirse en presidente del Gobierno de Canarias y trabajaba en los primeros presupuestos de su Ejecutivo para el ejercicio de 2020. El anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales de Canarias se elaboró en octubre de 2019 y fue recibido como una bofetada por los trabajadores del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH).

Para su sorpresa, el Ejecutivo socialista había propuesto el cambio de personalidad jurídica del instituto. Esto suponía una nueva manera jurídica de entender el servicio, de tratar la sangre de los donantes y de regir a los trabajadores.

El Instituto insiste en que «es y seguirá siendo un organismo público, como no puede ser de otra manera»

El Gobierno de Canarias utilizó el borrador de los presupuestos para el ejercicio de 2020 para modificar la ley 11/1986, de creación del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. Comisiones Obreras y los Comités de Huelga del Instituto pidieron una reunión urgente con la dirección del ICHH y con la secretaría técnica de la Consejería de Sanidad.

Ya entonces, el actual Comité de Huelga del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) denunció «un intento de externalización encubierta». «Fue un intento bastante franco y claro de cambiar el organismo autónomo para convertirlo en una entidad público empresarial», añade en declaraciones a Público su portavoz Daniel Quintero.

En ese momento, las reivindicaciones de los trabajadores del ICHH y el apoyo de Comisiones Obreras sirvieron para disuadir al Gobierno e impedir este cambio. Por su parte, el Instituto insiste en que «es y seguirá siendo un organismo público, como no puede ser de otra manera».

Las entidades públicas empresariales se rigen por el derecho privado, también sus trabajadores. La dependencia económica de un organismo autónomo se da de los Presupuestos Generales del Estado, mientras que una entidad pública empresarial se financia a sí misma, puede negociar con su producto.

Desde Comisiones Obreras se cuestionó el uso de una ley presupuestaria para modificar aspectos que no tenían relación con materia de gastos e ingresos. Al mismo tiempo, el sindicato acusó al Gobierno de «sembrar inseguridad jurídica y hurtar al debate público y parlamentario asuntos que merecerían un tratamiento específico y una tramitación ordinaria», recoge el texto enviado por el citado sindicato al Gabinete Técnico de la Consejería de Sanidad.

Se desconocían los motivos expuestos del Gobierno para promover este cambio, si existió un debate previo y si había informes preceptivos de los organismos vinculados al instituto.

Un acuerdo, a espera de la resolución judicial

A contrarreloj, tras meses de negociaciones y una huelga indefinida, el pasado 28 de diciembre el Consejo de Administración del ICHH firmó un acuerdo conjunto con su presidenta, Teresa Gutiérrez Izquierdo, y con los representantes sindicales de los dos comités de la empresa en las dos provincias canarias. Este avance permitió dar paso a las bases de las convocatorias públicas para las 136 plazas de personal laboral en proceso de estabilización.

«Sí, firmamos ese acuerdo, pero hay que tener en cuenta que negamos la mayor y que esperamos una respuesta de los tribunales«, afirma el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, Pedro Costeras. «La firma del acuerdo no implica que estemos conformes, solo nos preparamos para el supuesto en el que los juzgados no nos den la razón», continúa.

Tras varios intentos de reflejar el testimonio de Sanidad, desde la Consejería niegan que exista un proceso de privatización del Instituto, también que exista una huelga entre los trabajadores. Por su parte, el Instituto también ha declinado la petición de esta redacción para hablar con un representante e insiste en que el organismo «es y seguirá siendo de carácter público».

Lecciones brasileñas: la extrema derecha en acción

Soy de los que piensan que la gran crisis financiera global que comenzó en 2008 ha puesto en cuestión el sistema capitalista y, más en concreto, supone el final de su etapa neoliberal

El asalto al Congreso, al Tribunal Supremo y a la Presidencia de Brasil se producen dos años después del asalto al Capitolio de los EE UU. Son dos hechos de extraordinaria importancia, de resonancia mundial, de los que cabe aprender algo sobre la extrema derecha del siglo XXI y, sobre todo, nos muestran de dónde vienen los peligros para la democracia en este siglo.

Soy de los que piensan que la gran crisis financiera global que comenzó en 2008 ha puesto en cuestión el sistema capitalista y, más en concreto, supone el final de su etapa neoliberal. Es palmario que la ideología neoliberal dominante durante décadas ha quedado desacreditada

El asalto a las instituciones brasileñas tiene un lado positivo y es que la extrema derecha brasileña se ha desenmascarado, confirmando así que el principal peligro para la democracia es la extrema derecha. Esa es la primera lección que debemos aprender de Brasil

Desde el punto de vista social una gran parte de la sociedad ha visto frustradas sus expectativas de progreso continuado. En contraste con el retroceso de un estrato social y el estancamiento de otro aún mayor se ha producido una fabulosa acumulación de riqueza en manos de un pequeño grupo situado en el ápice de la pirámide social, incrementando la frustración y el resentimiento social.

En la frustración  está la base  de la extrema derecha moderna.

La respuesta que da a la crisis consiste en promover un nacionalismo reaccionario, basado en los valores tradicionales (muchas veces definidos por las iglesias más extremistas) pero, sobre todo, basado en el odio a la izquierda y más en general a la progresía.

Un nacionalismo reduccionista que sólo reconoce como verdaderos  compatriotas a los blancos y no a las minorías raciales, a los nacidos en el país y no a los inmigrantes, a los varones heterosexuales  y no a las mujeres o a los LGTBI. Un nacionalismo opuesto a la globalización. Un nacionalismo populista, que denuncia a las “élites” sean estas políticas, económicas o culturales, pero que cuando alcanza el poder gobierna en beneficio de las grandes corporaciones. Un nacionalismo negacionista del cambio climático que critica como un invento de la progresía.

En este siglo, la extrema derecha ha llegado al poder invocando la democracia y la defensa de la constitución y la libertad. Pero la primera lección que nos da Brasil y también EE UU, es que esas jaculatorias son falsas. El primer precepto de la democracia es que el perdedor de las elecciones reconoce el resultado de las mismas y no intenta impedir que el vencedor ocupe el poder.

En Brasil, Bolsonaro no ha reconocido el resultado de las elecciones extendiendo la especie de las elecciones han sido amañadas, sin aportar prueba ninguna de ello. Y, lo que es más importante, sus partidarios se han manifestado delante de los cuarteles pidiendo la intervención del ejército para echar a Lula. Es decir, pidiendo un golpe de estado que anule la decisión del pueblo expresada en las urnas. En vista de que esta táctica pacífica no daba el resultado apetecido, alguien decidió organizar el asalto a las instituciones, en una claro intento de provocar la intervención militar ante el caos y el vacío de poder que el asalto y la ocupación transmitían al país y al mundo. Importa destacar que no ha sido un asalto espontáneo, sino preparado y organizado.

Pocas dudas caben de que Trump y Bolsonaro han estado detrás del asalto a las instituciones, como instigadores del intento del mayor ataque a la democracia de sus respectivos países

El asalto a las instituciones brasileñas tiene un lado positivo y es que la extrema derecha brasileña se ha desenmascarado, confirmando así que el principal peligro para la democracia es la extrema derecha. Esa es la primera lección que debemos aprender de Brasil.

En EE UU, de la investigación llevada a cabo por el Congreso se desprende que Trump, consciente de haber perdido, intentó alterar el resultado presionando a las autoridades competentes en materia electoral  en algunos estados. Finalmente propició el asalto al Capitolio con un fin muy concreto: impedir que éste certificara el resultado y, por tanto, impedir que Biden tomara posesión. No lo consiguió. Pero aún hoy es el día en que ni Trump ni sus seguidores (organizados en el llamado MAGA y organizaciones parecidas) siguen sin reconocer el resultado de aquellas elecciones.

Tampoco Bolsonaro ha reconocido su derrota y, con ello, ha alimentado la movilización de sus partidarios. Importa señalar que Bolsonaro ha apoyado abiertamente las movilizaciones que pedían abiertamente la intervención de los militares, criticando únicamente que la manifestación se volviera violenta, pero no el contenido de ellas: la intervención militar. Es verdaderamente revelador que apoyara a las manifestaciones y acampadas que no solo protestaban por el supuesto amaño de las elecciones, sino que pedían abiertamente el golpe de estado, es decir el fin de la democracia brasileña.

Pocas dudas caben de que Trump y Bolsonaro han estado detrás del asalto a las instituciones, como instigadores del intento del mayor ataque a la democracia de sus respectivos países. Trump y Bolsonaro tardaron en reaccionar al asalto de sus partidarios porque esperaron a ver si las intentonas tenían éxito. Solo cuando quedó claro que la cúpula del ejército brasileño no daba el golpe, Bolsonaro habló para desmarcarse de un golpe fallido, pero en modo alguno para condenar el asalto, salvo por sus actos vandálicos.

Tengo para mí que si el Ejército hubiese dado el golpe, Bolsonaro lo habría saludado. Sean cuales sean las responsabilidades penales a las que tengan que enfrentarse hay una responsabilidad política que todo demócrata debería exigirles: han quedado descalificados para ocupar ningún cargo político en el futuro.

La extrema derecha europea no es exactamente igual que la norteamericana o brasileña. Pero resulta significativo que Vox haya tardado en condenar el asalto hasta que ha visto que el  golpe había fallado. Y cuando lo ha hecho ha sido tratando de meter en el mismo saco a los asaltantes (presuntos delincuentes) con los manifestantes de izquierda que en otras ocasiones han protestado pero sin asaltar ninguna institución. Y no, en este siglo no existe ningún asalto violento que trate de torcer la voluntad popular por parte de la extrema izquierda. Así es que no existe ningún paralelismo entre la extrema derecha y la extrema izquierda.

Pero si algo hemos aprendido de Andalucía es que si planteamos las cosas exagerando el peligro inminente de la extrema derecha solo conseguiremos que el PP gane. Si el asunto principal que se dilucida en unas elecciones es si Vox entra o no al gobierno andaluz, la forma más práctica de evitarlo es votar a Moreno Bonilla

Lo que refleja Vox es su conexión con la extrema derecha brasileña y norteamericana. Lo del PP es de aurora boreal. Su reacción al golpe solo demuestra que tiene los rumbos perdidos, como dice la copla. Lo más preocupante es que no solo no comparte el diagnóstico de que aquí y ahora el peligro para la democracia viene de la extrema derecha, sino que no tiene ningún empacho en compartir el poder con Vox. No han aprendido una lección elemental: la extrema derecha desde Hitler ha llegado siempre al poder  de la mano de y apoyada por la derecha conservadora tradicional.

Precisamente porque Europa experimentó en numerosos países los gobiernos de la extrema derecha (nazis, fascistas, franquistas, etc) con el resultado de la mayor hecatombe que recuerda la historia desde Atila, es por lo que aquí la extrema derecha tiene unos planteamientos mucho más moderados. La extrema derecha actual no es el fascismo ni el nacismo de los años 30. Y por eso, no tiene sentido aplicar una política de frente antifascista que fue correcto hace casi un siglo. La extrema derecha europea no representa un peligro existencial inmediato para la democracia, lo cual no quiere decir que no lo sea en el futuro y que debemos percatarnos y advertir de eso.

La extrema derecha actual vive de la frustración social y no del miedo a ninguna revolución y más que denunciarlos como el principal enemigo de la democracia vale más atacar el problema de fondo:  acabar con la frustración que ha dejado detrás la gran crisis de 2008

Pero si algo hemos aprendido de Andalucía es que si planteamos las cosas exagerando el peligro inminente de la extrema derecha solo conseguiremos que el PP gane. Si el asunto principal que se dilucida en unas elecciones es si Vox entra o no al gobierno andaluz, la forma más práctica de evitarlo es votar a Moreno Bonilla.

De esa lección se deduce que no deberíamos centrar la próxima campaña en dilucidar si Vox entra o no al gobierno. Ya sabemos que si el PP gana Vox estará en el Gobierno. Así es que si no queremos que Vox entre al Gobierno lo mejor es no votar al PP.

Hace 100 años el fascismo, el nazismo y las demás extremas derechas se ofrecieron como el freno más eficaz frente a la revolución que se había producido en Rusia y que aparecía como un peligro en el continente. Franco justificó su golpe por  adelantarse a la inminente revolución comunista que estaba en marcha. No era cierto: no había ninguna revolución en marcha, pero la revolución comunista si que era una perspectiva existente, al menos en el plano de las declaraciones. Dicho de otro modo, el fascismo prosperó porque era la forma más práctica y expeditiva de cortar con el ciclo revolucionario que se había iniciado en Rusia en 1917. Hoy, cien años después no hay ningún ciclo revolucionario que parar. En Europa no existe ninguna izquierda revolucionaria que derrotar y aniquilar. Y de Rusia no llega ningún comunismo de ninguna especie sino un nacionalismo reaccionario y belicista.

La extrema derecha actual vive de la frustración social y no del miedo a ninguna revolución y más que denunciarlos como el principal enemigo de la democracia vale más atacar el problema de fondo:  acabar con la frustración que ha dejado detrás la gran crisis de 2008.

Cientos de docentes y alumnos rechazan nombrar a Ayuso alumna ilustre de la Complutense (Qué malos han sido los Reyes Magos)

Más de 1.400 integrantes de la comunidad académica de la UCM se posicionan en contra del nombramiento. Desde la comunidad docente alegan razones éticas y posibles connotaciones políticas para la universidad dada la proximidad de las elecciones autonómicas.

14/01/2023 Isabel Días Ayuso
Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el acto de presentación de los candidatos autonómicos para las elecciones de mayo, 14/01/2023, Zaragoza.  Javier Belver / EFE

Semana ajetreada para las monarquías europeas?

El príncipe Enrique publica un libro demoledor; Constantino II muere y Grecia aún es una república; Gustavo de Suecia considera una «injusticia» que su hijo varón no reine; y España, la única restaurada en el siglo XX, tiene un rey huido.

Libro príncipe Enrique
Ejemplares del libro ‘En la sombra’ del príncipe Enrique son puestos a la venta en una librería de Londres.  Andy Rain / EFE

Sube el consumo de fentanilo en España y la preocupación por un opioide que causa miles de muertes en EEUU (Siquiatría Mundial)

Pacientes que lo toman explican a ‘Público’ su experiencia con un producto sobre el que el Plan Nacional de Drogas avisa que hay que estar «muy alerta», mientras el PSOE pide al Gobierno mejorar la información acerca de sus riesgos.

Imagen archivo pastillas
Imagen de archivo de unas pastilas.— PIXABAY

Perú: Boluarte se aferra al poder y construye un enemigo interno para justificar la represión

Mientras tanto, las protestas se acercan a Lima, el Gobierno se muestra cada vez más militarizado y 47 muertos en 38 días de presidencia.

Dina Boluarte, elegida presidenta de Perú tras la caída de Pedro Castillo.
Dina Boluarte, elegida presidenta de Perú tras la caída de Pedro Castillo.  Lucas Aguayo Araos / EUROPA PRESS

La exvicepresidenta de Castilla y León (PP) desmiente a Mañueco sobre las medidas para abortar: «No sabe ni lo que dice»

La médico Rosa Valdeón niega que se fomente la natalidad porque te hagan una ecografía y que -como dice el presidente- esto se aplique desde hace varios años.

Mañueco y Rosa Valdeón

Alfonso Fernández-Mañueco y Rosa Valdeón.  Público

Rosa Valdeón nunca tuvo el perfil de política del PP, pero ejerció el poder en Castilla y León como vicepresidenta (el cargo que hoy ocupa Juan García-Gallardo de Vox) y consejera de Familia. Como médico -es inspectora-, conoce bien la realidad sanitaria. Incluso antes de su etapa política llegó a dirigir un hospital en Salamanca. Por eso, se lleva las manos a la cabeza con la nueva idea de imponer el «latido fetal» a las mujeres que piensen en abortar. Sabe que no se aplicará y que no podrán hacerlo, y desmiente a Alfonso Fernández-Mañueco cuando este sábado en Zaragoza ha confirmado que, en realidad, «las medidas antiabortivas van en línea de lo que se viene aplicando desde hace varios meses y años» para fomentar la natalidad.

Rosa Valdeón señala a Público que Mañueco «no sabe ni lo que dice». Aclara, además, que «no se fomenta la natalidad porque te hagan una eco».

Implicada hasta la médula con el pueblo saharaui -donde acude como voluntaria para intervenciones-, Valdeón hoy sufre, como se puede ver en su cuenta de Twitter, ante la falta de «rumbo coherente» que lleva su comunidad desde que Mañueco llegó al poder y, especialmente, cuando lo ha hecho con la ultraderecha.

Ecografías 4D

La exvicepresidenta de Castilla y León con el moderado Vicente Herrera como presidente, aclara también a nuestro medio que «las ecografías 4D no se hacen en todos los centros sanitarios públicos y, desde luego, no con ese fin ni en ese momento del embarazo».

Y, aunque sabe que estas medidas anunciadas por el ultraderechista García-Gallardo no puede aplicarlas, le preocupa la imagen que se está dando de su comunidad y, como destacó en sus redes sociales: «Castilla y León no puede soportar más imbecilidad de sus dirigentes. Por acción y por omisión. Basta ya».

Pero Valdeón remite, para saber lo que hay de verdad en este asunto, a las declaraciones que estos días ha hecho el presidente en Castilla y León de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, Javier Martínez-Guisasola. Ambos facultativos coinciden en que la ecografía 4D no aporta nada a lo que recoge la ecografía rutinaria, de blanco y negro, que es la que ya se está haciendode manera habitual.

En declaraciones a El Mundo, el doctor Guisasola, ante el plan antiaborto anunciado por García-Gallardo, aclara que «si nos van a obligar a poner el latido cardiaco por debajo de la semana doce de gestación, mientras las guías de salud nos dicen que no se recomienda, salvo que sea por ley, no debemos de hacerlo».

Igualdad

Mientras García-Gallardo consigue estos días todo el protagonismo con su descabellado plan, y Mañueco va a rebufo, mientras el presidente primero calla, luego apoya, luego matiza y, finalmente, declara cosas incoherentes para quienes conozcan el plan que se desarrolla con las mujeres que quieren abortar, desde el Ministerio de Igualdad, como ya anunció Público, dicen: «Nos preocupa profundamente esta medida propuesta por el señor Gallardo, que podría constituir una vulneración del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ya que coartan su capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos, poniendo en riesgo su salud y devolviéndolas a situaciones de inseguridad sanitaria y de dificultades de acceso a una atención eficaz».

Las propuestas planteadas por Vox pueden, en la práctica, para el ministerio de Irene Montero, «suponer coacciones a las mujeres a la hora de poder decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo y, también, a los sanitarios y sanitarias en el ejercicio de sus funciones y, además, podrían implicar una desigualdad entre territorios que obligaría a las castellano leonesas a tener que trasladarse muchos kilómetros lejos de sus residencias para ejercer un derecho».

Lo cierto es que pocos creen que este plan anunciado por García-Gallardo tenga recorrido alguno. Mientras, el ultraderechista, desde el Gobierno de Castilla y León, sigue eclipsando la figura de un presidente cuestionado por los suyos y con serios problemas por su presunta financiación ilegal del PP en las primarias de Mañueco.

El truco fiscal de Ayuso: perdonar 5.000 millones a los ricos y subir 2.000 al resto

Los datos de ejecución presupuestaria revelan un constante aumento de la recaudación tributaria cuyo peso recae sobre las rentas medias y bajas, que son a la vez las menos beneficiadas por las rebajas fiscales publicitadas por el Ejecutivo madrileño, mientras las deducciones se concentran en las capas más pudientes.

Las políticas fiscales de la Comunidad de Madrid presentan claras tendencias a la regresividad.

Las políticas fiscales de la Comunidad de Madrid presentan claras tendencias a la regresividad.  EUROPA PRESS

¿Cómo es posible recaudar casi 2.000 millones más cada año mientras se anuncian rebajas por valor de 5.000 a las rentas y patrimonios más elevados como viene ocurriendo en los últimos años en la Comunidad de Madrid? La única manera testada consiste en elevar la presión fiscal por otro lado, principalmente entre quienes no se benefician de esos descuentos, aunque también tiene su influencia la propagación de un relato que magnifica el tamaño real de este último ingrediente.

Los últimos presupuestos aprobados por la Comunidad de Madrid, los de 2022, que seguirán vigentes este año al haber fracasado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en su intento de aprobar otros nuevos, cifraban en 5.479 millones de euros las rebajas fiscales autonómicas, con el grueso de esa cifra concentrado en sucesiones y donaciones (3.749 en herencias y legados) y a la que hay que añadir las de patrimonio (992 en fortunas), IRPF (672 en rentas) y, con una cuantía mucho menos, el impuesto de transmisiones patrimoniales (66 en compraventas inmobiliarias).

La cifra es similar, aunque con otro reparto, a la de 4.733 de 2019, cuando comenzó la legislatura, entonces con 616 en IRPF, 2.593 en sucesiones y donaciones, 307 en transmisiones patrimoniales y 228 en impuestos especiales, unas cifras a las que se suman los 989 perdonados ese año a los propietarios de grandes fortunas mediante la exención en patrimonio.

El grueso de esas exenciones se concentran en el impuesto que grava las herencias y legados, con un aumento de 1.156 millones a base de, según reseña el Panorama de Fiscalidad Autonómica que elabora el Consejo General de Economistas (CGE), ventajas para heredar gratis bienes integrados en el patrimonio histórico o cultural, exenciones para donaciones de hasta 250.000 euros de padres a hijos para comprar casa o adquirir acciones y bonificaciones del 99% de la cuota si la transferencia de ese dinero no es finalista y se realiza de cuenta a cuenta, magnitudes cuyo manejo escapa de largo a las posibilidades de la mayoría de los ciudadanos.

La recaudación de impuestos de Madrid iba creciendo a un ritmo intenso, según indican los Informes de Ejecución Presupuestaria de la propia comunidad, mientras se iban produciendo esas modificaciones, con las que conviven otras como la menor presión fiscal de todo el Estado para las rentas de más de 57.507 euros (menos de 300.000 contribuyentes en un censo de 3,5 millones), que acaban aportando cinco puntos menos que en el resto del país vía IRPF.

El aumento de la recaudación se acerca a los 2.000 millones en cuatro años, de los 21.865 de 2018 a los 23.503 con los que se prevé el cierre de 2022, a lo que se añade una previsión de dispararse hasta los 6.000 que incluían los fallidos presupuestos de este año, en todos los casos con un notable incremento de la recaudación en los impuestos directos, los vinculados a la renta, y una no tan acusada en los indirectos, los relacionados con el consumo y la propiedad.

“Si unos se benefician es porque otros pagan más”

«Si la tributación beneficia a las rentas más altas y a los grandes patrimonios y aumenta es porque otros pagan más», señala el economista Carlos Sánchez Mato, que describe el modelo como «un sablazo fiscal con el que se está haciendo un reparto cada vez más injusto de las cargas fiscales a base de argumentos simplones».

Lo cierto es que los registros de las deducciones en el tramo autonómico de la declaración de la renta resultan, como poco, llamativos, tal y como muestran los últimos disponibles, referentes a la liquidación del IRPF de 2020.

De hecho, lo primero que llama la atención es que únicamente suman 113,8 millones de euros cuando los presupuestos autonómicos anuncian año tras año beneficios fiscales en este impuesto por un valor superior a los 600 para los ciudadanos: al final se quedan en la quinta parte y suponen, en realidad, apenas un 1% de la recaudación por ese tributo, que ese año fue de 11.199 para la comunidad.

También sorprende la distribución de esas deducciones por tramos de renta, con los 11.000 contribuyentes que ganan más de 600.000 euros como los destinatarios de la mayor media per cápita, que duplica y triplica a las de cualquier otro tramo (y el promedio), mientras en años anteriores los 40.000 que ganaban más de 150.000 euros llegaban a recibir un volumen de descuentos superior al de los casi 400.000 que ingresaban entre 1.500 y 6.000.

La palabra «progresivo» no es precisamente lo primero que viene a la mente ante un sistema de este tipo, una posibilidad que todavía se aleja más si se atiende a las cuantías medias de cada deducción.

En la parte alta de la tabla se encuentran dos diseñadas para contribuyentes de posiciones económicas desahogadas, como las que bonifican la compra de acciones de empresas, que generan un ahorro medio de más de 1.800 euros para quienes se acogen a ellas, y las de las inversiones en empresas del MAB (Mercado Alternativo Bursátil), que superan los 1.600.

Mientras tanto, en el otro extremo se hallan las destinadas a aliviar la carga fiscal de las familias de bajos ingresos con dos o más hijos, que se quedan en 60 euros al año, y dos puestos por encima las de cuidado de hijos menores de tres años, que se sitúan en 281.

El dogma sin evidencia de la Curva de Laffer

El discurso oficial de la comunidad de Madrid va por otros derroteros cuyo eje es la apelación a la Curva de Laffer, un teorema formulado por Arthur Laffer, asesor del Gobierno de EEUU en la etapa de Ronald Reagan, en una servilleta durante una comida que ha sido objeto, más que de interpretación, de tergiversación: algunos flancos del liberalismo sostienen a partir de su esquema que bajar los impuestos estimula la actividad económica y con ella la recaudación fiscal, cuando lo que él planteó, sin salir nunca del campo teórico, era que existen unos tipos impositivos óptimos que maximizan los ingresos tributarios y que tanto por encima como por debajo de ese nivel cae la recaudación, ya sea por ineficiencia si son bajos como por desincentivar si resultan elevados.

«No hay ningún estudio serio que demuestre que la Curva de Laffer se cumple«, explica el economista Carles Manera, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Baleares y miembro de Economistas Frente a la Crisis (EFC), que coincide con José Moisés Martín Carretero, profesor asociado de la Universidad Camilo José Cela y miembro del mismo grupo, quien anota que «no hay ninguna evidencia científica que confirme esa teoría. Es un mito muy extendido pero sobre cuya certeza no hay ninguna evidencia».

«Ningún país está en la base descendente de la curva, todos están en la zona en la que bajar impuestos reduce la recaudación«, añade este último.

De hecho, los tres antecedentes históricos más destacados de políticas fiscales de ese tipo arrojaron resultados contrarios a la teoría, tal y como ocurrió en EEUU con Reagan y con Margaret Thatcher en Reino Unido, donde la bajada de tipos disparó el déficit por el sencillo y previsible procedimiento de mantener e incluso incrementar el gasto público (especialmente el militar en EEUU) mientras se reducían los ingresos fiscales, o en Rusia a finales de los 90, donde el recorte de tipos convivió con un aumento de la recaudación tributaria gracias a otro factor como la mayor persecución del fraude.

«No se puede soplar y sorber al mismo tiempo»

Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Madrid? «Hay una utilización ideológica perversa de la política tributaria«, apunta Manera, para quien «el aumento de la recaudación se deriva del crecimiento económico, que ha repuntado después de la pandemia como en el resto de comunidades, pero no tiene nada que ver con la bajada de los impuestos a los ricos».

En este sentido, añade, «esa bajada no provoca mayor actividad económica, porque quienes se benefician de ella no se dedican a invertir lo que no se recauda».

«En realidad, el aumento de la recaudación tiene que ver con la actividad económica y con el crecimiento», anota Martín Carretero, mientras «se atribuyen a las bajadas de impuestos efectos que tienen otras causas. El modelo económico de la comunidad de Madrid no se basa en los bajos impuestos sino en que es la capital de España».

De hecho, la acumulación de sedes de grupos empresariales e instituciones de ámbito estatal en su territorio es uno de los factores que tiran al alza en la participación de la comunidad madrileña en el reparto del IVA, que el año pasado le reportó 6.409 millones de euros, ya que más de la mitad de la facturación sujeta del país se genera allí.

De ahí, por otra parte, la oposición del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso al proceso de descentralización de agencias y organismos estatales iniciado por el ejecutivo de Pedro Sánchez.

«El dumping fiscal es un problema para la financiación de servicios críticos como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Es peligroso jugar con eso, porque genera posiciones populistas que llevan a aprobar rebajas fiscales fiándolo todo al crecimiento económico, que es cíclico», explica Manera, para quien ese tipo de planteamientos resultan «irresponsables».

«Cambiar la política tributaria es una opción en política, por supuesto, pero si se decide una rebaja de tipos hay que dejar claro qué servicios se van a rebajar», anota. «Es deshonesto decir que se van a bajar los impuestos sin recortar servicios ni generar más deuda -añade-, porque si baja la capacidad de ingresar se va a ver afectada la de gastar salvo que aumente el endeudamiento. No se puede soplar y sorber al mismo tiempo».