Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levin e Inna Afinogenova relacionan los últimos episodios de la ofensiva general ultraderechista contra las democracias en varios países: el asalto bolsonarista a las instituciones en Brasil, el golpe oligárquico a Pedro Castillo y la represión del nuevo Gobierno de Dina Boluarte en Perú (con al menos 50 muertos) o el secuestro del Poder Judicial por la derecha española. Con la participación de la analista política peruana Laura Arroyo. Periodismo, investigación y compromiso para construir un mundo más igualitario.
Mes: enero 2023
Encuesta: mayoría de los peruanos rechaza a Dina Boluarte – Noticiero 02:30
Manifestantes en EE.UU. rechazan la expansión de la OTAN. En Bolivia, denuncian ataques a los medios de comunicación. Encuesta: en Perú la mayoría rechaza a Boluarte.
1. Se manifiestan en EE.UU. contra la participación de ese país en el conflicto ucraniano. Los manifestantes rechazan también la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) como una causa de guerras.
2. En Bolivia, denuncian ataques a los medios de comunicación por los grupos vinculados a la derecha en la región de Santa Cruz durante los recientes disturbios.
3. Una nueva encuesta demuestra que en Perú la mayoría rechaza a la presidenta Dina Boluarte y al Congreso del país.
“EEUU ataca a defensores de paz, su gran negocio es la guerra”
Para Occidente el gran negocio del siglo es la guerra, por eso, la paz se vuelve subversiva, y ataca a los que buscan la paz en el mundo, afirma un analista.
De esta forma, el analista Ángel Rafael Tortolero Leal ha comentado para HispanTV sobre una manifestación celebrada en Nueva York (EE.UU.) para pedir al presidente Joe Biden que deje de financiar a Ucrania en la guerra con Rusia y rechazar la expansión de la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, como una de las causas de la guerra en el mundo.
Al respecto, el analista ha destacado que la participación de EE.UU. en guerras o conflictos mundiales tiene dos vertientes: “Estados Unidos provoca las guerras como una manera de financiar sus propias crisis, pero no la que afecta al pueblo sino a las corporaciones”, dice el experto.
Asimismo, “convoca una guerra porque tiene la necesidad profunda de reposicionarse ante el mundo como el hegemónico que pretende ser, el dueño absoluto de la humanidad”, agrega el profesor investigador titular en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (UNERG) de Venezuela.
Fuente: HispanTV Noticias
Ejército de Ucrania confirma: Rusia controla la ciudad de Soledar

El Ejército de Ucrania ha confirmado este lunes que la totalidad de la ciudad de Soledar, en la zona disputada del Donbás, están “en manos rusas”.
En un comunicado, las Fuerzas Armadas ucranianas informa que “el Ejército de Rusia ha ocupado la última zona industrial en las afueras de la disputada ciudad ucraniana de Soledar, en el este del país, quedando la totalidad de la misma en manos rusas”.
Por su parte, el comandante de la unidad de aviones no tripulados ucranianos, Robert Brovdy, ha especificado que, alrededor de las 17.30 horas (hora local) del domingo, unidades de asalto de Rusia han ocupado la zona industrial, ubicada en el límite administrativo de la ciudad de Soledar, en su periferia occidental.
“A partir de ahora, el frente estará cerca, pero fuera de los límites de la ciudad. Una guerra posicional estaba ocurriendo en esta dirección”, ha detallado el comandante ucraniano en su mensaje en Telegram.
Rusia toma un punto clave
Ucrania confirma su derrota, luego de versiones contrariadas sobre el control de Soledar: Rusia aseguró el viernes que liberó la ciudad, situada en la República Popular de Donetsk (independizada de Ucrania para anexarse a Rusia). Sin embargo, Ucrania desmintió el anuncio ruso y afirmó que continuaban los “intensos combates” en esa localidad.
Desde la cartera militar señalaron que este paso permite cortar las rutas de suministro de las tropas ucranianas en Artiómovsk para luego rodearlas. Además, reconocieron que este avance se logró gracias a la actuación de los integrantes del Grupo Wagner.
La recuperación de Soledar ilustra la ventaja que Rusia sigue teniendo en artillería y potencia de fuego en general y la debilidad de las fuerzas ucranianas en el campo de batalla pese a la enorme asistencia militar que recibe el país eslavo de sus aliados occidentales.
Rusia lleva a cabo desde el 24 de febrero una operación militar en Ucrania con el objetivo “desmilitarizar” y la “desnazificar” el país vecino, dado que las potencias occidentales lo están usando para invadir el territorio ruso.
Miles de personas vuelven a las calles de Madrid en contra de la política sanitaria de Ayuso
Convocadas por la Marea Blanca, los manifestantes han apoyado la huelga que están llevando a cabo los profesionales de la atención primaria y pediatría a la par que han exigido una mayor financiación de la sanidad pública en la región.

Manifestación esta mañana en Madrid por la defensa de la sanidad pública. — Borja Sánchez-trillo / EFE
Las reivindicaciones por una sanidad pública y de calidad en Madrid no cesan. Esta mañana, cerca de 20.000 personas según la Policía Nacional y 30.000 según Delegación del Gobierno han recorrido los escasos metros que separan el Ministerio de Sanidad, en el Paseo del Prado, de la plaza del Museo Reina Sofía, donde al término de la movilización miles de manifestantes ni siquiera han podido acceder. Convocada por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, Marea Blanca, la marcha ha centrado sus mensajes en contra de las políticas sanitarias defendidas desde el Ejecutivo regional, presidido por Isabel Díaz Ayuso.
Pasaban pocos minutos de las 12.00 horas cuando una gran sábana contra los recortes en sanidad y servicios público se desplegaba. Detrás de ella, miles de personas llegadas de diferentes puntos de la Comunidad de Madrid. «Esto se va cada vez más de las manos, a pesar de las alertas que llevamos haciendo durante más de una década», ha dicho Carmen Esbrí a Público. Ella es portavoz del colectivo convocante, ente que cuenta con 97 manifestaciones de este tipo a sus espaldas en los 11 años de existencia. La movilización, además, ha coincidido con la huelga que los profesionales de atención primaria y pediatría están llevando a cabo en la Comunidad para mejorar sus condiciones laborales y, también, las condiciones en las que se ven obligados atender a los pacientes.
Los convocantes han hecho gran hincapié en la situación en la que se encuentra la atención primaria en la región: «Desde hace más de tres años, hay unos 200.000 ciudadanos que carecen de médico asignado, porque su médico se jubiló, está de baja o en excedencia, y no han cubierto dichos puestos de trabajo, por lo que se está vulnerando la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid», ha comentado Esbrí durante la marcha.
En esta movilización, en la que apenas han participado jóvenes, se han escuchado cánticos como «Ayuso dimisión», «nada para la privada» y «recortar en sanidad es un acto criminal». En ella también han participado representantes políticas de izquierda, como Mónica García, líder de Más Madrid en la Comunidad, y Alejandra Jacinto, coportavoz del grupo parlamentario Unidas Podemos en la cámara regional. Las dos han reivindicado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso que cese su ataque constante a los profesionales sanitarios.
En este sentido, según recoge Europa Press, García ha calificado de «chapuza» la gestión del Gobierno de la Comunidad y ha denunciado la situación de «ataque constante» que vive la sanidad pública, la cual considera «uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad».
Una hora después de su inicio, la manifestación enfilaba sus últimos metros, encarando ya el Museo Reina Sofía, cuya plaza ha terminado abarrotada. Ante miles de personas, diferentes miembros de la Marea Blanca han tomado la palabra: «Yo defiendo la sanidad pública porque, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los seres humanos son iguales, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición», han recalcado a los allí presentes, quienes han respondido con un sonoro aplauso.
La región más rica que menos financia la sanidad
«Yo defiendo la sanidad pública porque los presupuestos en la sanidad pública deben alcanzar inversiones de al menos el 7,5% del PIB, y de ellos un 25% dedicados a la atención primaria, para cumplir con el modelo sanitarios que se perfiló en la Ley General de Sanidad en 1986, aún vigente», han reivindicado también, no sin añadir la situación que viven los 212.258 niños y niñas que según la Asociación Española de Pediatría no tienen pediatra asignado ni médico de familia que realice dichas funciones.
Las derivaciones, otro tipo de privatización
La misma Esbrí ha compartido con los presentes cómo, desde octubre de 2021, la Consejería de Sanidad de la Comunidad ha dejado sin asistencia sanitaria a 30.000 personas, sin comunicación previa y sin plazo de reacreditación, según sus palabras. Por ello, han pedido la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 y que se permita el acceso a una sanidad plenamente universal en todo el territorio y a todas las personas, independientemente de sus circunstancias administrativas. La atención hospitalaria ha sido otro de los puntales en los que se han detenido desde la Marea Blanca. Estas son las palabras que les ha dedicado: «Seguimos con largas listas de espera que ejercen presión sobre los usuarios y producen demorar vergonzosas e inadmisibles; muy eficaces para que los pacientes se vean forzados a acudir a la sanidad privada».
También se han mostrado en contra de las derivaciones, que han denominado como una «privatización silenciosa que no perciben los usuarios, pero día tras día los pacientes derivados hacen que se multipliquen los millones de euros que se desvían desde la sanidad pública a los bolsillos de accionistas de las empresas privadas», en sus propios términos. Es en este punto cuando han mencionado a Elliott, uno de los fondos buitre «más agresivos del mundo», que opera en hospitales de la Comunidad de Madrid y que se lleva uno de cada dos euros presupuestados en al sanidad pública, tal y como han recordado desde el colectivo convocante.
Asimismo, la cifra que manejan desde la Marea Blanca en cuanto al beneficio económico que diferentes empresas mercantiles y especuladoras que obtienen de la sanidad pública supera los 30.000 millones de euros. «Más del 40% de los recursos públicos en sanidad van a parar a manos privadas», han incidido.
Apoyo unánime a la huelga indefinida de sanitarios
La huelga de profesionales sanitarios de la atención primaria y pediatría no ha pasado desapercibida. Dora Bejarano es miembro del comité de huelga y delegada del sindicato Amyts para el sector de atención primaria: «Luchamos por un control efectivo de la demanda de la sobrecarga que sufrimos médicos de familia y pediatría. Nada más que 10 minutos por adulto y 15 por niño, para poder atenderles como se merecen».
Dora Bejarano: «Lo que nos ofrecen ni siquiera se aproximan a nuestras reivindicaciones»
Bejarano también se pronuncia sobre las plazas de pediatría y medicina de familia que están sin cubrir. «Queremos que estas plazas sean los suficientemente atractivas y competitivas para evitar que esos profesionales terminen en otros ámbitos sanitarios e, incluso, en otras regiones de España», dice esta sanitaria miembro del comité de huelga. También exigen las demandas que ya se aprobaron en un paro anterior, realizado en 2020, pero cuyos avances no se llegaron a efectuar por parte de la Consejería de Sanidad, liderada por Enrique Escudero. «Lo que nos ofrecen ni siquiera se aproximan a nuestras reivindicaciones, entre las que se encuentra una mejoría de nuestras retribuciones, porque un médico de familia o pediatra recién salido de la universidad, sin complementos, tienen un salario absolutamente ridículo», ha añadido esta profesional en huelga.
Mientras la manifestación llegaba a su término con algunos discursos por parte de otro sanitario en huelga y del Sindicato de Estudiantes, que ha reivindicado una huelga general de los profesionales de los servicios públicos, miles de personas aún continuaban en la calle Atocha, sin poder entrar en la atestada plaza del Museo Reina Sofía. «Sin sanidad pública cada día hay más desigualdad y nuestra patria necesita a todos con salud o estaremos dilapidando nuestro futuro por unos cuantos buitres», han clausurado la movilización justo antes de escucharse gritos que pedían la dimisión de Ayuso.
El banco de sangre en Canarias, en riesgo de ser privatizado
Los trabajadores están en huelga indefinida desde mayo de 2022, mientras la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias niega que se esté privatizando el servicio.

El portavoz del Comité de Huelga del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoderivados, Daniel Quintero, protesta contra el «proceso de privatización encubierta». — Andrea Domínguez Torres
«Aquí se mueve mucho dinero», afirma sobre el banco público de sangre en Canarias el representante de Comisiones Obreras Pedro Costeras. Ese es el epicentro de los problemas en el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), el dinero. También el poder.
A pesar de ser un organismo público autónomo adscrito a la Consejería de Sanidad, sus trabajadores no son reconocidos como funcionarios y sufren un alto porcentaje de temporalidad. A esto se le suman los varios intentos del Ejecutivo canario de convertir la institución en una entidad público-empresarial en esta legislatura.
Felipe González acababa el primer Gobierno socialista de la democracia española cuando en Canarias se fundó el ICHH, el único del archipiélago. Las bases de su creación se recogen en la ley 11/1986. En ella se decidió que el organismo público tendría personal laboral propio, pero que, además, podría contar con el personal dependiente de la administración de la comunidad autónoma.
Ambos grupos se acogen al mismo convenio, el III Convenio Colectivo Único para el personal laboral del archipiélago. Desde entonces, el acceso al Instituto se decide por concurso público y los salarios se dan por negociación colectiva.
Este doble rasero en las contrataciones genera problemas entre los trabajadores del ICHH. Más aún desde que el Gobierno de Canarias y la dirección del Instituto Canario de Hemodonación hacen una apuesta clara por convertir al organismo público en una entidad pública empresarial, lo que los trabajadores denuncian como un «proceso de privatización encubierta».
Hasta la fecha, el Instituto cuenta con una cuenta comercial propia que ronda los 16 millones de euros en transacciones comerciales relacionadas con la compra y venta de hemoderivados. «Solo quieren crear un chiringuito político del que sacar rédito», sentencia el portavoz del Comité de Huelga del Instituto, Daniel Quintero.
En la actualidad, el Instituto gestiona la extracción, almacenamiento y distribución de la sangre. Además, sirve de intermediaria entre los donantes y la única empresa encargada de la gestión del plasma en España, la multinacional catalana Grifols. «No tiene sentido que ahora el Servicio Canario de Salud, que somos todos, pague al Instituto Canario de Hemodonación por los hemoderivados de los donantes», señala Quintero.
Debido a los problemas de temporalidad en los contratos laborales del sector público en España, el Gobierno nacional presentó en diciembre de 2021 una ley para estabilizar a los trabajadores públicos y disminuir la temporalidad. Cada comunidad autónoma se adaptó a la ley, pero Canarias dejó a los trabajadores del Instituto Canario de Hemodonación al margen. El proceso de estabilización excluía el 95% de las plazas del ICHH. La negativa para mejorar su situación les llevó a encabezar una huelga indefinida.
La contradicción de un organismo público e independiente que contrata su propio personal bajo el derecho privado ha perseguido a sus trabajadores hasta la actualidad. En el Instituto reina la temporalidad. En torno al 75% de los empleados cuenta con contratos temporales en todo el archipiélago. En Santa Cruz de Tenerife el 99% de la plantilla del ICHH está afectada por la temporalidad.
Negociaciones sin puerto fijo con Sanidad
El 1 de julio de 2022, el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, firmó un acuerdo con los representantes del Comité de Huelga del Instituto y con el representante de Comisiones Obreras, Pedro Costeras. En el documento, al que ha tenido acceso Público, Trujillo se comprometió a analizar la posibilidad de adaptar el Instituto a un régimen jurídico dentro de la Consejería o del Servicio Canario de Salud, como ocurre en otros sectores sanitarios, lo que excluiría la creación de una entidad público-empresarial.
Quintero: «No tiene sentido que ahora el Servicio Canario de Salud, que somos todos, pague al Instituto Canario de Hemodonación por los hemoderivados de los donantes»
Al mismo tiempo, para analizar esa vía el consejero se comprometió a mantener reuniones con los representantes del Comité de Huelga para encontrar el régimen jurídico que corresponda «más fielmente» a la naturaleza, características y funcionamiento del ICHH.
El acuerdo tenía como prioridad velar por la unidad de la institución, mantener las condiciones laborales de la plantilla y extinguir la figura de «personal propio» dentro del Instituto, para que así todos los trabajadores pasasen a formar parte del sector de Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias.
A raíz de su firma, los trabajadores apaciguaron la lucha. En este acuerdo, el Gobierno se comprometía a llegar a una solución común antes de septiembre de 2022. Sin embargo, el tratado no sólo se incumplió, sino que además devolvió a los trabajadores a las huelgas iniciadas antes de firmarlo.
«Lo que más nos preocupa es el carácter mercantil que se daría a la sangre«, cuestiona Daniel Quintero. «Ahora para nosotros lo importante son los donantes y los pacientes, pero para una empresa lo importante es el beneficio económico», reflexiona.
Por su parte, el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) insiste en que «en España la donación de sangre es un acto voluntario, altruista y no remunerado y está prohibido cualquier comercio con la sangre y sus derivados, no se paga la donación ni se cobra por ella». Sin embargo, el proceso de tratamiento de la sangre y las transacciones sobre los hemoderivados no son gratuitos.
El negocio de los hemoderivados
En la actualidad, la situación está lejos de ser solventada y una nueva campaña promovida por los trabajadores cuenta con más de 11.600 firmas en Change.org contra «la privatización del banco de sangre canario».
La situación está lejos de ser solventada y una nueva campaña promovida por los trabajadores cuenta con más de 11.600 firmas en Change.org
La sangre se compone en su mayoría de plasma, pero también de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. La definición es sencilla: se conoce como hemoderivado a cualquier sustancia que deriva de la sangre. Sin embargo, el negocio de la sangre donada va más allá de su mero uso para transfusiones a pacientes enfermos. Los derivados del plasma se utilizan para la creación de medicamentos y están altamente cotizados en el mercado.
El conflicto ha crecido. Comisiones Obreras Canarias presentó una demanda de impugnación el pasado 19 de julio contra dos decretos publicados por el Gobierno de Canarias y una resolución del ICHH. La denuncia dirigida al Ejecutivo regional señala a los dos decretos para la estabilización de plazas que fueron publicados en mayo de 2022 en los que el Gobierno canario excluyó a los trabajadores del banco de sangre.
También está en el foco de la denuncia la resolución del ICHH para estabilizar las plazas del organismo autónomo como si fuera una entidad pública empresarial sin dar la opción de estabilizarse como funcionarios. El sindicato también prevé presentar una demanda administrativa.
El 27 de mayo de 2022, la presidenta del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), María Teresa Gutiérrez, intentó estabilizar a los empleados del Instituto a través de un convenio propio de empresas público-empresariales. Desde el Comité de Huelga ven esto como parte del proceso «de externalización» del servicio.
La denuncia presentada por Comisiones Obreras pide la nulidad de la resolución del ICHH y la modificación de los decretos presentados por el Ejecutivo regional. De esta manera, se pretende que los trabajadores y trabajadoras del Instituto Canario de Hemodonación continúen rigiéndose por el III Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Comunidad Autónoma.
El intento fallido
Para entender la situación actual hay que remontarse tres años atrás. Ángel Victor Torres acababa de convertirse en presidente del Gobierno de Canarias y trabajaba en los primeros presupuestos de su Ejecutivo para el ejercicio de 2020. El anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales de Canarias se elaboró en octubre de 2019 y fue recibido como una bofetada por los trabajadores del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH).
Para su sorpresa, el Ejecutivo socialista había propuesto el cambio de personalidad jurídica del instituto. Esto suponía una nueva manera jurídica de entender el servicio, de tratar la sangre de los donantes y de regir a los trabajadores.
El Instituto insiste en que «es y seguirá siendo un organismo público, como no puede ser de otra manera»
El Gobierno de Canarias utilizó el borrador de los presupuestos para el ejercicio de 2020 para modificar la ley 11/1986, de creación del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. Comisiones Obreras y los Comités de Huelga del Instituto pidieron una reunión urgente con la dirección del ICHH y con la secretaría técnica de la Consejería de Sanidad.
Ya entonces, el actual Comité de Huelga del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) denunció «un intento de externalización encubierta». «Fue un intento bastante franco y claro de cambiar el organismo autónomo para convertirlo en una entidad público empresarial», añade en declaraciones a Público su portavoz Daniel Quintero.
En ese momento, las reivindicaciones de los trabajadores del ICHH y el apoyo de Comisiones Obreras sirvieron para disuadir al Gobierno e impedir este cambio. Por su parte, el Instituto insiste en que «es y seguirá siendo un organismo público, como no puede ser de otra manera».
Las entidades públicas empresariales se rigen por el derecho privado, también sus trabajadores. La dependencia económica de un organismo autónomo se da de los Presupuestos Generales del Estado, mientras que una entidad pública empresarial se financia a sí misma, puede negociar con su producto.
Desde Comisiones Obreras se cuestionó el uso de una ley presupuestaria para modificar aspectos que no tenían relación con materia de gastos e ingresos. Al mismo tiempo, el sindicato acusó al Gobierno de «sembrar inseguridad jurídica y hurtar al debate público y parlamentario asuntos que merecerían un tratamiento específico y una tramitación ordinaria», recoge el texto enviado por el citado sindicato al Gabinete Técnico de la Consejería de Sanidad.
Se desconocían los motivos expuestos del Gobierno para promover este cambio, si existió un debate previo y si había informes preceptivos de los organismos vinculados al instituto.
Un acuerdo, a espera de la resolución judicial
A contrarreloj, tras meses de negociaciones y una huelga indefinida, el pasado 28 de diciembre el Consejo de Administración del ICHH firmó un acuerdo conjunto con su presidenta, Teresa Gutiérrez Izquierdo, y con los representantes sindicales de los dos comités de la empresa en las dos provincias canarias. Este avance permitió dar paso a las bases de las convocatorias públicas para las 136 plazas de personal laboral en proceso de estabilización.
«Sí, firmamos ese acuerdo, pero hay que tener en cuenta que negamos la mayor y que esperamos una respuesta de los tribunales«, afirma el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, Pedro Costeras. «La firma del acuerdo no implica que estemos conformes, solo nos preparamos para el supuesto en el que los juzgados no nos den la razón», continúa.
Tras varios intentos de reflejar el testimonio de Sanidad, desde la Consejería niegan que exista un proceso de privatización del Instituto, también que exista una huelga entre los trabajadores. Por su parte, el Instituto también ha declinado la petición de esta redacción para hablar con un representante e insiste en que el organismo «es y seguirá siendo de carácter público».
Lecciones brasileñas: la extrema derecha en acción
Soy de los que piensan que la gran crisis financiera global que comenzó en 2008 ha puesto en cuestión el sistema capitalista y, más en concreto, supone el final de su etapa neoliberal
El asalto al Congreso, al Tribunal Supremo y a la Presidencia de Brasil se producen dos años después del asalto al Capitolio de los EE UU. Son dos hechos de extraordinaria importancia, de resonancia mundial, de los que cabe aprender algo sobre la extrema derecha del siglo XXI y, sobre todo, nos muestran de dónde vienen los peligros para la democracia en este siglo.
Cientos de docentes y alumnos rechazan nombrar a Ayuso alumna ilustre de la Complutense (Qué malos han sido los Reyes Magos)
Más de 1.400 integrantes de la comunidad académica de la UCM se posicionan en contra del nombramiento. Desde la comunidad docente alegan razones éticas y posibles connotaciones políticas para la universidad dada la proximidad de las elecciones autonómicas.

Más de 1.400 integrantes de la comunidad académica de la Universidad Complutense (UCM), entre docentes, investigadores y alumnos, han firmado en contra del nombramiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como «alumna ilustre» de este centro, previsto para el 24 de enero.
Licenciada en Periodismo por la UCM, Díaz Ayuso ha sido propuesta por la Facultad de Ciencias de la Información por ser «la primera alumna de la facultad en ostentar la Presidencia de una comunidad autónoma y la primera en la historia autonómica española licenciada en el área», según la universidad.
El rechazo de los catedráticos y profesores viene motivado tanto por las declaraciones de Ayuso cuestionando la evidencia del cambio climático, como por la coincidencia con las elecciones autonómicas de mayo próximo, lo que podría tener connotaciones políticas para la universidad.
Las tensiones causadas por esa distinción, que tras ser «propuesta en 2021 en la comisión de Alumni del rectorado estuvo paralizada año y medio hasta que se retomó el pasado diciembre», han provocado ya la dimisión del vicerrector de Relaciones Institucionales, Juan Carlos Doadrio, han dicho a Efe fuentes académicas.
Junto con Ayuso serán distinguidos el 24 de enero los periodistas Almudena Ariza, Ángel Expósito y Xurxo Torres; el escritor Arturo Pérez Reverte y el actor Antonio de la Torre, también periodistas; el documentalista y fotógrafo Miguel Trillo, y el fundador de la agencia de publicidad China, Rafa Antón.
Sin embargo, a diferencia de estos, la propuesta de Ayuso «no ha sido votada ni aprobada en la Junta» de la Facultad de Ciencias de Información, indica en un tuit el profesor Ricardo Jimeno.
Cartas al rector
Un grupo de 130 catedráticos y profesores de ciencias experimentales ha firmado la carta de una catedrática de Física de la Tierra, Belén Rodríguez, al rector Joaquín Goyache pidiéndole que «se reconsidere el nombramiento» de la presidenta madrileña.
La misiva recoge las palabras de Ayuso en la Asamblea de Madrid el 10 de noviembre: «Mire, señoría, desde que la Tierra existe, desde el origen, ha habido siempre cambio climático, ha habido ciclos. Nosotros tendremos que poner medidas para paliarlo, pero no pueden seguir contra la evidencia científica, única y exclusivamente porque siempre tienen detrás, en su cabeza, (lo) que se llama comunismo».
Tras indicar que un alumno ilustre debe tener «respeto al conocimiento y las actividades de docencia e investigación», Rodríguez recalca que en las materias sobre el clima en la facultad de Físicas «se pone de manifiesto la evidencia científica del cambio climático antropogénico sin atender a connotaciones políticas».
Recuerda, además, que la UCM «recibe fondos nacionales e internacionales en relación con el estudio de la variabilidad y el cambio climático», y que está comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU por lo que debería «ser tajante en un tema como este y no permitir fisuras», añade la carta a la que ha tenido acceso Efe.
Otro grupo, de 81 docentes y trabajadores de Ciencias de la Información expresan su rechazo mediante otra carta, en la que mencionan razones éticas de fondo para rechazar este nombramiento a una política con poder institucional sobre la universidad.
«Nuestro rechazo es ético, académico y procedimental: nos parece que no se debe premiar a cargos en el poder y menos en el poder de la institución que gobierna la universidad; ni premiar criterios anticientíficos en personas o instituciones, ni hacerlo sin una votación adecuada», señala en Twitter la profesora Eva Aladro.
Para el profesor José Antonio Jiménez, «nombrar a Ayuso Alumni Ilustre es, además de un error, una decisión perjudicial para la imagen académica de la UCM«.
Rechazo estudiantil y sindical
El grupo de estudiantes, becarios, bibliotecarios y trabajadores también se han sumado mediante recogidas de firmas en línea, más de 1.200. «No nos representa«, aseguran desde dos asociaciones estudiantiles que ya han convocado una concentración de protesta el 24 de enero.
También los sindicatos rechazan el nombramiento. CCOO critica el «ataque constante» de Ayuso a los servicios públicos, «en particular la sanidad y la educación».
Los presupuestos para las universidades públicas son «claramente insuficientes» poniendo en «serio peligro la viabilidad del sistema universitario», según Comisiones Obreras.
El sindicato UGT considera un «error» del rector premiar a la «principal enemiga de los servicios públicos» que ha reducido en «casi 60 millones» la asignación presupuestaria de la Complutense.
Las protestas en contra, convocadas el día de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, harán un flaco favor al rector Goyache, que se presenta a la reelección en primavera.
Según las fuentes consultadas, la reciente dimisión del vicerrector Doadrio, que habría impulsado la distinción a Ayuso pocos meses antes de las elecciones, tendría «una conexión directa con la presión que se está haciendo desde dentro» de la propia universidad contra el nombramiento de la presidenta.
Semana ajetreada para las monarquías europeas?
El príncipe Enrique publica un libro demoledor; Constantino II muere y Grecia aún es una república; Gustavo de Suecia considera una «injusticia» que su hijo varón no reine; y España, la única restaurada en el siglo XX, tiene un rey huido.

Hasta hace un par de generaciones, los príncipes herederos –sin poder político en Europa, a diferencia de las monarquías árabes, asiáticas o déspotas– debían casarse con princesas. Un inconveniente del oficio, compensado con una vida a cuerpo de rey, ajena a la inflación, la precariedad laboral y todo aquello que afecta a la mayoría de los ciudadanos. A día de hoy, los herederos europeos han conseguido prescindir de la pega marital y mantener los privilegios y el poder político convertido en influencia nebulosa y económica.
Esta semana ha sido movida para algunas de las ocho monarquías supervivientes en Europa. La más veterana (milenaria) e internacional (pasado imperial), la británica, ha sufrido una de sus sacudidas habituales, en las que se suele mezclar el culebrón con el papel institucional que encarna la familia real, que recibe una asignación oficial de 85 millones de euros y tiene un coste estimado de 380 millones, según el informe Royal Expenses the cost of the Monarchy.
Un 30% de los británicos cuestiona el derecho hereditario o «la gracia de Dios», tal como lo definió Carlos III en su proclamación como rey el pasado mes de septiembre. Sabido es que a Dios no se le reta, pero eso no parece impresionar al príncipe Enrique, quien protagoniza el último escándalo que afecta a la monarquía británica con una serie en Netflix y dos entrevistas para promocionar su libro En la sombra (Spare en la edición inglesa) en las que culpa a los tabloides ingleses de crear buenos y malos en la familia a base de filtraciones de los buenos (Carlos y Camila, Guillermo y Kate) contra los malos (Enrique y Meghan). Unos casados en la meritocracia inglesa; el otro, con una actriz americana mestiza.
La algarabía provocada por Enrique no se veía desde 1995, cuando su madre, Diana, reveló en una famosa entrevista en la BBC que en su matrimonio con el actual rey Carlos III eran tres, «una multitud». El foco de atención se puso entonces en quién había cometido adulterio primero: si Carlos o Diana. Ahora el culebrón se centra en si Kate estaba celosa de Meghan, si Guillermo tiró al suelo a Enrique –que se golpeó con el cuenco del perro (menos mal que no era el del caballo)–, si Meghan maltrataba a los sirvientes y otros nimios detalles que día a día van captando el interés de la audiencia británica e internacional y construyendo una imagen determinada de los personajes.
Los tabloides disfrutan con el culebrón de buenos y malos y entretienen a la mayoría de las 67 millones de británicos con el lío familiar. Algunos columnistas van más allá del sentimentalismo irradiado por En la sombra, libro sobre el que una conocida columnista, Yasmin Alibhai-Brown, escribe lo siguiente: «Enrique, como su madre, es un ardiente monárquico, da por sentada su heredada posición y su indescriptible privilegiado estilo de vida. Aunque le preocupan los pobres, desprecia a los pijos y se define como rebelde, él es de la realeza, el resto somos nosotros. Las contradicciones y la miopía del libro no son de fiar; son fastidios, reales y fascinantes. En contraste, sus prédicas sobre el racismo y los sesgos inconscientes suenan a lecciones aprendidas a toda prisa, sin asumir plenamente».
La gritería mediática provocada por Enrique ha generado silencio sepulcral en la familia. ¿Asistirá Enrique a la coronación de su padre el día 6 de mayo? Nada se sabe por ahora. De momento, la primera aparición (después vendrá la segunda) de reyes y príncipes en las publicitadas visitas a hospitales tras la publicación del libro llenan páginas de sonrisas, saludos, baños de masas, armonías matrimoniales y aquí no ha pasado nada. En la sombra consiguió un récord de ventas con 1,4 millones de ejemplares en un solo día. Y Enrique dice que tiene material para un segundo.
Las encuestas, sin embargo, recomiendan apostar por la discreción: el porcentaje de británicos «avergonzados» por la monarquía ha pasado del 15% en septiembre a 21% esta semana, según una investigación de YouGov. El matrimonio de tres le fue favorable a Diana en los sondeos de opinión, pero la publicación de En la sombra ha bajado la popularidad de Enrique, incluso por debajo de la del príncipe Andrés, otro tipo en la sombra, acusado de pedófilo.
Un 41% de los preguntados creen que Enrique ha escrito el libro por dinero (nadie confirma si la cifra cobrada en millones de dólares es de dos o tres dígitos), y sólo un 21% le cree cuando asegura haberlo escrito para contar su versión de la historia. Por edades, los jóvenes son más indiferentes al barullo familiar e institucional. Un 25% de personas entre 18 y 24 años tienen una opinión «muy negativa» de Enrique y su esposa, mientras que en la franja de mayores de 65 años el porcentaje de esas opiniones negativas aumenta hasta el 69% en el caso de él y el 73% en el de ella. Un día la mala era Camila y ahora es Meghan.
Constantino, un rey sin apellido
La sacudida en la monarquía británica ha coincidido con la muerte en Atenas del último rey de Grecia, Constantino (Glücksburg, según el republicano Estado griego, y II, según los medios cortesanos). Un monarca sin corona ni trono que siempre defendió su condición y sus privilegios. Una anécdota refleja esa creencia: en 1994 el Gobierno griego le retiró la nacionalidad porque el último rey se negó a aceptar un pasaporte del país con el nombre de Constantino Glücksburg. Constantino convocó entonces una rueda de prensa en Londres para dejar claro que él era «Constantino de Grecia» y que no tenía apellido «porque así figuraba en todos los documentos». Explicó que viajaba con pasaporte danés porque era príncipe danés por matrimonio. Ana María, su esposa danesa, se mostró como una mujer profundamente emocional en aquella rueda de prensa. Su voz se cortó en la primera frase que intentó pronunciar sobre lo que ambos como una injusticia.
El título de rey de Grecia o de los griegos fue abolido por referéndum en 1974 con la formación de la Tercera República Griega o Helena. Grecia, como legítimo Estado soberano y democrático, no reconoce títulos nobiliarios. Sin embargo, Constantino insistió hasta el último día en llamarse rey de Grecia. La retirada de la nacionalidad griega y la incautación de sus bienes marcó el momento de mayor tensión entre los gobiernos griegos y su último rey. Después, le fue devuelta la nacionalidad y en 2013 regresó a su país, donde ha fallecido a los 82 años de edad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló a favor de él en 2002 por la incautación. Será enterrado este lunes como ciudadano privado en Tatoi, a las afueras de Atenas, tras un funeral en la catedral de la capital griega.
La proclamación de la Tercera República Griega es de las más recientes y modernas en Europa. Si las monarquías se arrastran intentando modernizarse por continuidad histórica o tradición (Gran Bretaña, Suecia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, y la española, históricamente de quita y pon), la República griega se dibujó al estilo de la alemana: sus presidentes carecen de poder político, son elegidos por los Parlamentos, representan la unidad del Estado y encabezan las fuerzas armadas con funciones ceremoniosas. Cuestan una décima parte de las asignaciones otorgadas a las monarquías y están sometidas a control democrático y transparente. La presidencia es de perfil bajo, pero también de bajo coste ¿Quién sabe el nombre de la presidenta la de República griega?
La historia de Grecia presenta varios paralelismos con la de España, en donde la República ha sido establecida en dos ocasiones, alternada con golpes de Estado militares. Hasta los matrimonios han (des)unido ambas monarquías a tenor de la vida que llevan Juan Carlos y Sofía, hermana de Constantino. En Grecia, a la tercera ha ido la vencida, con continuidad desde 1974. En España, la Segunda Restauración (la primera abarca de 1874 a 1923) de la monarquía de quita y pon se inició en 1975 (o 1978), y en abril de 1977 el rey Juan Carlos ya pedía, y recibía presuntamente, del Sha de Persia 10 millones de dólares para atenuar un posible triunfo socialista saltándose de esta manera las normas más básicas de neutralidad de las monarquías europeas y constitucionales. Desde el primer presunto abuso político conocido, de 1977, el ex jefe de Estado no cesó en cumplir su agenda personal, mientras los valientes medios españoles han goteado durante 40 años campechanismo monárquico.
Junto al verso suelto que escriben los Borbones estos días, el rey Gustavo de Suecia ha desentonado al decir que considera una «injusticia» que su hijo varón no pueda reinar porque la primogenitura recae en la princesa Victoria. ¿Habrá sido un desliz de lengua o el monarca sueco se olvida de la época en la que vive?
Sube el consumo de fentanilo en España y la preocupación por un opioide que causa miles de muertes en EEUU (Siquiatría Mundial)
Pacientes que lo toman explican a ‘Público’ su experiencia con un producto sobre el que el Plan Nacional de Drogas avisa que hay que estar «muy alerta», mientras el PSOE pide al Gobierno mejorar la información acerca de sus riesgos.

El consumo de fentanilo, un potente opioide usado como analgésico, ha aumentado en España en los últimos años, aunque aún sigue muy lejos de las cifras de EEUU, donde su uso descontrolado ha causado miles de muertes. El Plan Nacional sobre Drogas ya ha avisado de que está «muy alerta» sobre este consumo, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud puso en marcha en 2021 un plan para mejorar su uso y el mayor grupo del Congreso, el socialista, ha presentado una proposición que insta a seguir impulsando esas medidas de control y prevención.
El fentanilo es un opioide sintético entre cincuenta y cien veces más potente que la morfina, según advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS). Funciona muy bien como analgésico y sedante, pero también puede causar adicción, sobre todo en su formato de liberación rápida –sublinguales, intranasales- que tiene efectos casi inmediatos, y generar episodios de sobredosis que pueden llegar a la muerte si se sobrepasan las cantidades recomendadas.
La última Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en España, Edades 2022, un sondeo que elabora cada dos años el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, revela que la prevalencia del consumo de analgésicos opioides entre la población de 15 a 64 años ha experimentado un leve incremento, del 15,2% al 15,8% entre quienes los han tomado alguna vez en la vida, con o sin receta, y del 3,6 al 4% entre quienes lo han usado en los últimos 30 días. Sin embargo, en el caso del fentanilo el incremento ha sido muy notable, ya que su consumo esporádico –alguna vez en la vida- ha subido del 1,9% en 2018 al 14% el año pasado, convirtiéndose en el tercer opioide más utilizado, por detrás de la codeína y el tramadol y por delante de la morfina, que ha bajado del 14,7 al 6,9.
Ocho de cada diez de las personas que han consumido analgésicos opioides alguna vez en la vida indican que, en términos generales, siguen con exactitud las indicaciones del médico sobre su consumo, mientras que el 8% declara haber usado estos medicamentos un menor tiempo al indicado por su facultativo y un 7,1% que ha tenido un menor consumo en función de la dosis. En más de la mitad de los casos, según la encuesta, empezaron a tomarlos para mitigar un dolor agudo, sobre todo crónicos, o porque se lo habían prescrito tras una operación. Y sólo un 1,5% asegura haberlos conseguido sin receta. Como en el caso de los hipnosedantes, las mujeres superan a los hombres en el consumo de estos productos, que aumenta a partir de los 35 años en ambos casos.
Con estas cifras, el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Joan Ramon Villalbí, se presentó el pasado 20 de diciembre en la Comisión Mixta del Congreso para el Estudio de las Adicciones, donde, al analizar los resultados de la encuesta, expresó la preocupación por el potencial adictivo de los analgésicos opioides y, especialmente, del fentanilo, que ha desempeñado –subrayó-, un papel muy destacado en EEUU con «una epidemia muy desastrosa vinculada al consumo de este tipo de fármacos».
«El consumo de analgésicos opioides, tanto prescritos como sin prescribir, tiene una leve tendencia a incrementarse. Esto en parte está bien, porque seguramente años atrás había personas que tenían dolor que no se trataba suficientemente bien y su calidad de vida empeoraba mucho. Pero el potencial adictivo de estos medicamentos hace que tengamos que estar muy alerta», advirtió Villalbí.
Más del 40% fuera de la indicación médica autorizada
En febrero de 2018, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ya emitió una nota informativa en la que pedía respetar las condiciones de uso autorizadas para el fentanilo de liberación inmediata. En el comunicado, advertía de que el consumo de ese producto se había duplicado en 2016 con respecto a 2010, con unos índices superiores a países de nuestro entorno, y llamaba la atención sobre el hecho de que más del 40% de los pacientes con una primera prescripción en atención primaria padecían un dolor no oncológico, es decir, estaban fuera de la indicación autorizada inicialmente para este analgésico.
Y según señalaba la AEMPS, casi el 60% de los casos de abuso o dependencia que se notificaban entonces al Sistema de Farmacovigilancia como sospechosos de reacciones adversas eran de pacientes para los que no estaba indicado el fentanilo de liberación inmediata, que únicamente podía prescribirse para el tratamiento de un dolor irruptivo oncológico.
Posteriormente, en septiembre de 2021, Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas aprobaron en el Consejo Interterritorial un plan para optimizar el uso de analgésicos opioides con 19 medidas y un decálogo de recomendaciones, entre ellas la implantación de la figura del visado para los nuevos tratamientos con fentanilo de liberación inmediata, a fin de garantizar una adecuada utilización. En la documentación del plan, se apunta que aunque el fentanilo transdérmico –parches en la piel- de liberación más lenta y efecto más tardío es el más consumido con diferencia –81%-, se está produciendo un creciente consumo del de liberación inmediata «y una preocupación importante respecto al uso fuera de las indicaciones autorizadas incluidas en las fichas técnicas por su riesgo de adicción».
No en vano, el informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) reflejaba en 2019 que España ya se situaba ese año como octavo país del mundo en consumo de cuatro principios activos opioides, morfina, oxicodona, buprenorfina y fentanilo, y el quinto de la Unión Europea, el tercero en el caso concreto del fentanilo.
Pero parece que las medidas aprobadas en 2021 no están siendo suficientemente efectivas, porque el principal grupo parlamentario que sostiene al Gobierno, el del PSOE, ha presentado una proposición no de ley en la Comisión Mixta sobre Adicciones para instar al ejecutivo a «seguir desarrollando estrategias de actuación», consensuadas con las comunidades autónomas, «para optimizar la utilización de los medicamento opioides, especialmente el fentanilo, mejorar la información sobre los riesgos asociados a su consumo ilícito y paliar los problemas derivados del mal uso, abuso y adicción a estas sustancias».
En la argumentación de su proposición, el grupo socialista advierte también de que hay pruebas de que los traficantes de droga pueden estar añadiendo fentanilo a productos como la heroína a fin de potenciar sus efectos y aumentar sus beneficios económicos, dado el menor coste de este opioide sintético, lo que incrementa a su vez el riesgo de una sobredosis.
Ocho años tomando fentanilo: «El principio fue maravilloso»
Eva Cortina lleva ocho años tomando fentanilo con prescripción médica para aliviar los terribles dolores crónicos que le causa la endometriosis profunda rectovaginal que padece. En su Unidad del Dolor de Madrid le prescribieron fentanilo de liberación inmediata como uso compasivo, ya que no tiene una enfermedad oncológica, después de que lo autorizara un inspector médico. Pero nadie, asegura, le enseñó cómo tenía que administrarse lo que son una especie de chupachups, una preparación de rescate que al poco de tomar hace efecto y a ella le quita de golpe un dolor que llega a hacerle convulsionar.
Eva Cortina:»Cuando termina el efecto la sensación de vacío también es brutal»
«El principio fue maravilloso –recuerda Eva-, porque a mí el dolor me deja sin respiración, como si estuviera de parto. Y en un día bueno eso me pasa tres, cuatro veces, y en uno malo, diecisiete. Lo que ocurre con el fentanilo es que cuando termina el efecto la sensación de vacío también es brutal: te quieres tirar por la ventana. Y con el tiempo, tampoco sientes ya el punch del principio, cada vez necesitas más y eso te produce hiperactividad, taquicardia».
Así fue cómo Eva Cortina llegó a sufrir episodios de lo que ella califica como sobredosis. Le sucedió hace algunos años. El dolor acuciaba, tomaba más fentanilo de la cuenta para soportarlo y el corazón se le ponía a mil, hablaba sin parar, «como una cacatúa» no podía dormir ni comer. Así que decidió parar antes de que fuera demasiado tarde. Se negó a entrar en un centro de desintoxicación de drogodependientes, porque consideraba que no era un sitio para su enfermedad, donde, además, le retirarían su medicación, y se fue a vivir sola a un piso de su tío en Asturias durante cuatro meses, hasta que consiguió bajar la dosis.
«Con mucho apoyo de mis amigas, con mucha paciencia, conseguí sobrevivir, porque aquello fue muy difícil. Y conseguí bajar la dosis de fentanilo de forma progresiva», recuerda esta mujer. Luego, descubrió las propiedades del uso medicinal del cannabis con la asociación Dosemociones y su vida –asegura- aún mejoró más, porque su consumo le permitió bajar la dosis de fentanilo que necesita para afrontar los embates de unos dolores inhumanos: «ahora ya sé que no voy a morir de una sobredosis. Y me siento más segura», dice.
Fueron las otras pacientes de Dosemociones que tomaban también fentanilo las que le enseñaron a Eva cómo usar el cannabis con fines terapéuticos y también el caramelo opioide, algo que a ella, recalca, nadie le había explicado en el sistema sanitario. Por eso, a su juicio, este tipo de medicación debería estar más controlada, tener un seguimiento más estricto de su uso, pero no suprimir su acceso, porque para pacientes como ella resulta absolutamente vital para enfrentarse a unos dolores diarios de una intensidad descomunal.
A falta de otras herramientas terapéuticas, de otros recursos para combatir un dolor crónico irruptivo, súbito y de gran intensidad, a la asociación de enfermos de endometriosis y adenomiosis que Eva Cortina preside, MoviendoSpain, llegan cada vez más mujeres que no encuentran alivio para su dolor, que «toman todo lo que pillan» para poder sobrevivir, sobre todo después de que se haya circunscrito a los enfermos oncológicos la prescripción de fentanilo de liberación inmediata. «El dolor oncológico no es el único –dice-. Hay otros muchos. Por eso habría que evaluar caso por caso, hacerlo más personalizado».
Una caída brutal que le rompió la mandíbula
Carola Pérez también ha tomado fentanilo para aliviar los fuertes dolores neuropáticos que le machacan el cuerpo desde que sufrió una mala caída cuando era niña. Empezó a tomar analgésicos opioides a los 19 años y 25 años después sólo ha estado un mes sin probarlos. Empezó con el tramadol, luego siguió con la buprenorfina, la oxicodona y el fentanilo. Ha recorrido toda la escala opioide. Por el medio fundó la asociación Dosemociones y el Observatorio Español del Cannabis Medicinal, la planta que más le ha ayudado a salir adelante.
«Al principio era una luna de miel con los opioides, pero luego vas necesitando más dosis, la subes y muy rápido llegas a la tolerancia». Como en el caso de Eva Cortina, Carola llegó a pisar fondo. Fue hace unos 15 años, cuando trabajaba en el sector de la música. De repente, cayó de cabeza al suelo, se rompió la mandíbula, perdió dos dientes y empezó a convulsionar. En ese momento, nadie le echó la culpa a que estaba tomando opioides, pero luego, con el tiempo y el conocimiento, ella no tiene duda de que aquel desplome fue originado por los potentes analgésicos que estaba tomando.
Luego Carola fue bajando la medicación, aunque ella se cuestionaba cómo iba a ser posible «vivir sin muletas» en un tiempo que dejaba todos las noches la casa bien recogida por si sus padres la encontraban una mañana muerta. Cada semana se iba quitando un cuarto de pastilla de opioides, de benzodiacepinas, de antidepresivos, de todo lo que se metía en el cuerpo para soportar sus dolores, y así consiguió llegar a tomar sólo cuatro. Pero no fue nada fácil. En un viaje a EEUU pudo ver los terribles efectos que el consumo descontrolado de fentanilo estaba causando.
Carlota Pérez: «Hay que enseñar al paciente a vivir con dolor, a adaptarse a él, no sólo anestesiarte»
El mayor problema de estos medicamentos, según Carola Pérez, es que, a pesar de que suponen un gran alivio para personas que padecen dolores crónicos como ella, su consumo prolongado puede causar adicción e hiperalgesia, también muertes accidentales por sobredosis no intencionadas. La alternativa a estos potentes opioides sería, a su entender, poner a disposición del paciente otros recursos que no sean únicamente farmacológicos: tratamientos de fisioterapia, psicológicos y de otro tipo. «Es un problema general –afirma- de la medicina en el mundo, que no sabe qué hacer para tratar el dolor. No hay un abordaje multidisciplinar. Y hay que enseñar al paciente a vivir con dolor, a adaptarse a él, no sólo anestesiarte».
Una de los complementos alternativos para el tratamiento del dolor crónico puede ser el uso medicinal del cannabis, que, según Carola Pérez, permite a los pacientes reducir hasta el 70% de la medicación que antes tomaban. La adicción que generan los opioides se frena, asegura ella, con la marihuana.
La atención del dolor mejora en España
La Sociedad Española del Dolor, asociación profesional multidisciplinar, también defiende la necesidad de fomentar la accesibilidad a otros tratamientos no farmacológicos para facilitar a estos pacientes rehabilitación, infiltraciones o atención psicológica que ayude a mejorar su situación o, al menos, a aliviarla. Sin embargo, su presidenta, María Madariaga, quiere dejar claro que a la vez que ha aumentado el uso de los analgésicos opioides en España ha mejorado la atención del dolor. «Y esto es bueno, nos tiene que enorgullecer, porque aquí no hay epidemia como en otros sitios», dice.
Según Madariaga, la mayoría del fentanilo que se consume en España es por vía transdérmica, de liberación lenta con unos efectos que tardan en aparecer más de seis horas y que genera pocos problemas de adicción y sobredosis. Es lo contrario de lo que sucede, añade, con los productos de liberación inmediata, que son los que están precisamente detrás de las epidemias de opioides de EEUU, donde no existe un control médico y farmacológico sobre estos productos como el que hay en nuestro país.
De todos modos, la presidenta de la Sociedad Española del Dolor sostiene que siempre hay que mantenerse «muy cautos» con el uso de estos fármacos, tal como está haciendo el Ministerio de Sanidad para poner medidas de contención que evite su consumo fuera de lo previsto en las fichas técnicas, es decir, para que vaya destinado únicamente a pacientes oncológicos con dolor irruptivo.
Un estudio de la Universidad de Navarra publicado en 2021 revela, sin embargo, que las indicaciones oncológicas representaban sólo el 11% del total de las prescripciones analizadas entre 2019 y 2020, y que el 73% de los analgésicos opioides fue recetado por profesionales de la atención primaria. Y la mayoría de las recetas era para la administración de tapentadol, parches de fentanilo y oxicodona-naloxona.
«La sustancia que más incógnitas genera»
David Pere Martínez, doctor en psicología social, es el autor del estudio Opioides en España. Ni repunte de heroína ni crisis de opioides a la americana, financiado por el Plan Nacional sobre Drogas y publicado en 2019. En él se afirmaba: «el fentanilo es la sustancia que más incógnitas nos genera, por tres razones. La primera, ha crecido la prescripción de fármacos de fentanilo. La segunda, puede emplearse como droga recreativa. Y, la tercera, se ha detectado su presencia como adulterante de drogas como la heroína, cocaína u otras sustancias».
Pese a ello, este experto afirma ahora que el aumento del consumo de opioides que detecta la última encuesta EDADES en la prevalencia de alguna vez en la vida es «una buena noticia en cierta medida», porque indica, entre otras cosas, que disponemos de fármacos para acompañar procesos oncológicos, que hay más gente que quiere envejecer con una mayor calidad de vida y que hay alternativas para el dolor.
David Pere Martínez: «Mientras los mercados ilegales estén abastecidos de heroína y cocaína, los traficantes no derivarán al fentanilo»
La cara b de esa buena noticia es la adicción que puede causar el fentanilo, sobre todo a tenor de las «imágenes dantescas» que llegan de los casos de sobredosis que han barrido ciudades y pueblos de EEUU, precisa David Pere Martínez. Pero, a su juicio, la realidad de España es muy diferente, porque la AEMPS y las sociedades científicas y médicas están muy al tanto de lo que sucede con el uso de los opioides. «Aquí, por suerte, no tenemos dealers vendiendo fentanilo en las esquinas, no tenemos indicios de usos indebidos de estos fármacos. Y mientras los mercados ilegales estén abastecidos de heroína y cocaína, los traficantes no derivarán al fentanilo», pronostica.
Según este experto en el estudio de fenómenos sociales complejos, los opioides no representan en el sistema español de notificación de abusos de drogas ni el 0,5% de los casos como sustancia principal. Además, en un reciente estudio que ha hecho con más de 300 entrevistas hechas en zonas marginales de varias comunidades autónomas ninguna de las personas que han participado había consumido fentanilo. «El mercado ilícito en Europa –añade- no se ha interesado de momento en el fentanilo, al contrario de lo que ha ocurrido en EEUU. Aquí ha habido un mercado continuo de heroína».
El Observatorio del Dolor, integrado en la Universidad de Cádiz, analizó los datos de 2008 a 2017 en un estudio que reflejó un incremento de la tasa de muertes relacionadas con el consumo de opioides en España, con una estimación de 30.000 años de vida perdidos al año. Los grupos más afectados por esa mortalidad eran los hombres de mediana edad y las mujeres mayores de 65 años, y la principal causa de muerte, la intoxicación accidental. «Una crisis por uso excesivo de opioides no parece un escenario probable en España. Sin embargo, es un problema social que requiere una vigilancia sanitaria especial», concluía el estudio.
La OMS atribuye a los opioides más del 70% de las muertes que se producen en el mundo por consumo de drogas y un 30% de ellas debido a una sobredosis. La Organización Mundial de la Salud advierte de que el número de sobredosis de opioides se ha incrementado en los últimos años en varios países, debido en parte al mayor uso de estas sustancias en la gestión del dolor crónico y al consumo de productos sumamente potentes que se venden en el mercado ilícito.
En EEUU, según la OMS, el número de muertes por sobredosis de opioides aumentó un 120% entre 2010 y 2018, y dos tercios de ellas fueron causadas por el consumo de fentanilo y otros opioides sintéticos. No obstante, este organismo advierte de que las sobredosis de opioides que no causan una muerte son «varias veces más frecuentes» que las mortales.