La Policía Nacional ha detenido en Miranda de Ebro (Burgos) a un hombre por su presunta relación con el envío de las cartas explosivas que el pasado mes de noviembre fueron remitidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y a otros organismos. Fuentes de la investigación han confirmado que se trata de un jubilado de 74 años, exfuncionario del Ayuntamiento de Vitoria, y que ha sido arrestado en plena calle de la citada localidad.
El hombre responde a las iniciales P.G.P., es el único sospechoso de todos los envíos realizados entre noviembre y diciembre de 2022 y la previsión es que pase a disposición judicial este viernes.
En total se le atribuye el envío de seis sobres de color marrón con material pirotécnico casero similar a la pólvora en su interior. Al menos cuatro de ellos tenían la misma letra manuscrita, por lo que la principal hipótesis de los investigadores siempre fue que, con toda probabilidad, solo había un autor.
Deetenido en plena calle en Miranda
Tras detener al hombre por orden del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional los agentes de la Policía Nacional se encuentran registrando la vivienda con el apoyo de perros especializados en la detección de explosivos.
Una vecina del detenido -que se jubiló en 2013, según ha confirmado el Ayuntamiento de Vitoria- ha explicado a EFE que este vivía solo en un piso ubicado en la calle Clavel de Miranda de Ebro, en el barrio de La Charca, que esta mañana se ha despertado con un fuerte dispositivo policial.
Otro vecino, de un portal que está justo al lado de la vivienda del detenido, ha explicado que ha visto a primera hora de esta mañana «todo el revuelo» cuando ha salido a la galería de su vivienda para sacar la basura. «La calle estaba llena de policías, parecía un ejército», ha explicado. Después, ha visto como algunos policías sacaban de la vivienda varias bolsas y material informático.
Seis cartas con material pirotécnico
El pasado 24 de noviembre fue detectada una carta con material explosivo dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que había sido remitida por correo postal ordinario. Los servicios del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno detectaron la carta en las tareas de cribado y filtrado de la correspondencia.
Otras cinco cartas similares por sus características y contenido también llegaron a la Embajada de Ucrania y la Embajada de Estados Unidos en Madrid, la empresa Instalaza en Zaragoza, el Centro de Satélites de la Unión Europea ubicado en la Base Aérea de Torrejón y el Ministerio de Defensa. Un vigilante de seguridad de la Embajada de Ucrania resultó herido por la explosión de uno de los artefactos.
El pasado 3 de enero el juez de la Audiencia Nacional que investiga el envío de esta serie de cartas explosivas acordó abrir una nueva línea de investigación en la causa para llevar a cabo una serie de pesquisas de carácter tecnológico. Las fuentes consultadas apuntan a que este hombre es el único sospechoso de esos envíos.
En diciembre, la Policía Nacional ya sospechaba que las cartas podrían haber sido enviadas desde Castilla y León y en concreto apuntaban a la provincia de Valladolid y que el envío era obra de un mismo autor.
Washington apuntaba al espionaje ruso
Hace apenas dos días, el diario The New York Times publicaba una información en la que aseguraba que los servicios secretos de Estados Unidos creían que detrás del envío de estas cartas a finales de noviembre e inicio de diciembre en España estaba el espionaje ruso. Washington apuntaba directamente al Movimiento Imperial Ruso, un colectivo de ultraderecha que cuenta con miembros, asociados e infraestructura en casi toda Europa.
Este grupo cuenta entre sus filas con supremacias blancos, ortodoxos y nostálgicos de zarismo. Tiene centros de entrenamientos paramilitar en San Petersburgo y otras ciudades de Rusia y está incluido en la lista de organizaciones terroristas internacionales elaborada por el Departamento de Estado norteamericano. EEUU también barajaba la posibilidad de que este grupo tenga vínculos con las agencias de inteligencia rusas, especialmente con el Departamento Central de Inteligencia (por sus siglas en inglés, GRU), descrito por estos cargos como una de las oficinas de inteligencia más «agresivas» de Moscú. Sin embargo, la detención de este ciudadano en Burgos parece desmontar toda esa teoría.
