La agricultura intensiva de Almería, la llamada huerta de Europa, con una producción anual de más de 3,5 millones de toneladas de frutas y hortalizas y unos ingresos que se acercan a los 3.000 millones de euros, esconde entre sus más de 32.000 hectáreas de invernaderos una realidad amarga que aflora con las inspecciones de Trabajo. En los últimos cinco años, según los datos facilitados a Público, se han impuesto a sus empresarios sanciones por valor de 14,5 millones de euros, en las que hay un total de 11.043 trabajadores afectados por diversos incumplimientos de la normativa laboral y de las cotizaciones a la Seguridad Social.
En los invernaderos de la provincia de Almería trabajan entre 40.000 y 50.000 personas en campañas que se encadenan y abarcan ya casi todo el año, y la gran mayoría, el 98% según CCOO, son extranjeros, personas migrantes. A ellos se suman otros 30.000 trabajadores de la industria del manipulado, la que se encarga de la selección, envasado y distribución de la producción de los invernaderos. Todo ello conforma uno de los principales sectores económicos de Andalucía, lo que se llegó a denominar el milagro almeriense, que en la otra punta de la comunidad, en la provincia de Huelva, ha tenido su réplica en el oro rojo del cultivo de la fresa.
Desde arriba, la extensión de miles de hectáreas de invernaderos que abarcan un buen número de municipios del Levante y Poniente almeriense parece un mar de plástico; desde el suelo, se asemeja más a un laberinto de cientos de explotaciones agrícolas, muchas de ellas familiares con no más de dos, tres hectáreas, en el que resulta difícil moverse si no se conoce bien el terreno. Y esa es una de las mayores dificultades con las que se topan quienes tienen que vigilar que se cumpla la ley: encontrar la parcela y luego que no esté cerrada a cal y canto para que nadie sepa lo que está pasando dentro. Por eso, también, muchas veces tienen que ir acompañados de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado.
Pese a todo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social hace su tarea. Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social a los que ha tenido acceso este periódico, entre 2018 y 2022 se llevaron a cabo un total de 19.191 actuaciones en el sector de la agricultura de la provincia de Almería, con las que se registraron 2.917 infracciones en diferentes ámbitos de la legislación laboral y la Seguridad Social relacionadas con la contratación, declaración de jornadas y cotizaciones.
El número de infracciones en la agricultura almeriense se duplicó, además, en ese periodo: de las 407 que se detectaron con las inspecciones de 2018 hasta las 822 que se registraron el año pasado. Y el importe de las sanciones impuestas también creció considerablemente: de 1,81 millones de euros a 4,12 millones en 2022.
El número de trabajadores de la agricultura almeriense afectados por las infracciones cometidas por sus empleadores también ha aumentado de forma exponencial en los últimos cinco años, hasta haberse casi cuadruplicado su número, de 1.114 en 2018 a 4.373 en 2022, pese a que la cantidad de actuaciones de la Inspección de Trabajo no ha variado mucho en ese tiempo y se ha mantenido algo por encima de las 4.000 en cada uno de los años, salvo en 2020, el de la pandemia, que bajaron a 2.483.
Más de 1.600 trabajadores sin contrato
Como consecuencia de todas estas actuaciones, han aflorado un total de 1.640 empleos en la agricultura de Almería, es decir, trabajadores sin ningún tipo de contrato que han sido dados de alta en la Seguridad Social tras el requerimiento de la Inspección. Sólo en los dos últimos años contabilizados, 2021 y 2022, afloraron 906 empleos sin contrato en ese sector, lo que supone casi la mitad de los 1.919 que la Inspección de Trabajo detectó en ese mismo periodo en todos los sectores económicos de esta provincia andaluza.
El balance de la actividad inspectora también incluye las emisiones de expedientes liquidatorios para que las empresas se pongan al día en las cotizaciones a la Seguridad Social que han dejado de abonar. Se trata de casos como los de empleados dados de alta sólo a media jornada cuando están trabajando a jornada completa. En los últimos cinco años, a los empresarios del campo almeriense se les ha abierto expedientes de este tipo por una cuantía total de 7,83 millones de euros, una cifra que por ejercicios anuales se ha duplicado de los 1,06 de 2018 a los 2,11 millones de 2022.
Según han explicado a este periódico fuentes del Ministerio de Trabajo, el control de las condiciones de prestación de servicios y el consiguiente cumplimiento de la legislación del orden social en el sector agrario tienen una especial relevancia. El carácter esencial de esta actividad económica, su estacionalidad, las especiales condiciones del medio en el que se desempeña el trabajo y el recurso «habitual» a mano de obra migrante son las que determinan, según Trabajo, que el sector agrario sea objeto de actuaciones planificadas en todas las materias que abarca su intervención inspectora.
En el caso de Almería, la labor inspectora también ha revelado una alta incidencia de infracciones relacionadas con la normativa de extranjería en el ámbito laboral. No en vano, el 36% de los 705 trabajadores extranjeros afectados en 2021 por alguna infracción de este tipo en Andalucía estaban empleados en esa provincia. Y tales infracciones supusieron la imposición de sanciones por un valor total de 2,48 millones de euros.
Lo más llamativo, si cabe, es que Almería triplica a Málaga en número de trabajadores extranjeros afectados por el incumplimiento de la normativa de migración en el ámbito laboral, pese a que Málaga tiene el doble de extranjeros afiliados a la Seguridad Social en el régimen general y cuatro veces más en el de autónomos, de acuerdo con los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía del año 2022.
Un fraude que CCOO ha estimado hasta en 50 millones
CCOO de Almería realiza periódicamente un informe sobre el fraude en las contrataciones, cotizaciones a la Seguridad Social y pago del IRPF que se comete en el sector de la agricultura de la provincia. Para ello, analiza las diferencias que hay entre los jornales declarados por los empresarios, los que se deberían de realizar de acuerdo con los criterios establecidos por la Junta de Andalucía para cada tipo de explotación y cultivo, y la producción registrada oficialmente en el año. De acuerdo con ese estudio, CCOO estimó que en la campaña 2019-2020 los empresarios habían dejado de abonar en torno a 45 millones de euros a Hacienda y a la Seguridad Social, una cantidad que entre 2011 y 2015 había elevado a 50 millones.
El secretario provincial de CCOO, Antonio Valdivieso, considera que la actividad de la Inspección de Trabajo, con un servicio «muy valioso», y la presión sindical son las que han conseguido reducir un fraude «sistémico» en el campo almeriense, aunque cree que los medios siguen siendo limitados para luchar contra un problema muy extendido y difícil de atajar.
Las dificultades para acceder a los invernaderos, la colaboración entre empresarios defraudadores que se avisan unos a otros cuando ven llegar a los inspectores de Trabajo y la falta de coordinación entre las diferentes administraciones involucradas en esta tarea son, a juicio de este dirigente sindical, las mayores trabas para acabar con las numerosas irregularidades en el empleo agrícola almeriense.
Una de las irregularidades más extendidas, según CCOO, es pagar por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero de forma camuflada. Como es ilegal pagar por debajo de esa cantidad, hay empresarios que declaran menos jornales de los que realmente se trabajan a fin de que cuadren las cuentas, abonan a sus empleados 5 euros o 5,50 la hora y el resto se lo dan en negro. «Es una artimaña que se hace, además, con la complicidad de muchas asesorías jurídicas y laborales que se conocen este tipo de prácticas. Son colaboradores necesarios y eso ya lo hemos denunciado muchas veces a la Seguridad Social·, dice a Público Antonio Valdivieso.
También se dan los casos muy frecuentes, según este sindicato, de propietarios de pequeñas explotaciones familiares que se pasan con una furgoneta por las rotondas de los pueblos donde esperan cada mañana trabajadores, casi todos extranjeros, a ver si les cogen ese día para trabajar en un invernadero, sin ningún contrato y por un jornal que, generalmente, está por debajo del SMI.
Que se trabaje sin contrato, sin darse de alta en la Seguridad Social, es una de las infracciones más habituales, según Valdivieso, porque en muchos de los casos se trata de trabajadores en situación irregular en España a quienes por ley no está permitido contratar. Para acabar con este problema sería necesario, a su entender, afrontar un procedimiento extraordinario de regularización de cientos de personas que residen desde hace un tiempo en esta provincia y no tienen la oportunidad de legalizar su situación en España para acceder a un contrato, pero que sí trabajan en los invernaderos sin beneficiarse de ninguna cobertura social y explotados.
Los casos de explotación en el campo almeriense han dado pie a sentencias como la que en febrero de 2021 dictó el Juzgado de lo Penal número 1 de Almería, que condenó a un año y medio de prisión al empresario de un invernadero de Roquetas de Mar por un delito contra los derechos de los trabajadores, a raíz de una denuncia de un jornalero nacido en Burkina Faso. Según el fallo, firme al no haber sido recurrido por el condenado, los empleados carecían de contrato, no estaban dados de alta en la Seguridad Social, no disfrutaban de vacaciones o descanso semanal, sin horario definido y con disponibilidad las 24 horas del día, sin poder faltar al trabajo por enfermedad o cuestiones personales bajo la amenaza de poder ser despedidos, y con un salario de 40 euros por jornadas de 10 horas.
UGT estudió denunciarlo ante la fiscalía
En UGT también están preocupados por el volumen del fraude a la Seguridad Social que se comete cada día en el sector agrícola almeriense con pagos de salarios por debajo del SMI, tanto que en algún momento se han llegado a plantear denunciarlo en la fiscalía, asegura su secretaria provincial, Carmen Vidal. A su juicio, se trata de un tema complicado que se arrastra de muchos años atrás en los que no había ningún tipo de control sobre la actividad de los propietarios de cientos de invernaderos.
«No se puede decir que no vendemos suficiente cuando los datos dicen que cada año hay más exportaciones desde lo que se denomina la huerta de Europa. Entonces, si es así, ¿por qué no pagan lo que hay que pagar a los trabajadores y se cumple la ley?», se pregunta la responsable provincial de UGT.
El último informe de la entidad financiera Cajamar refleja que en la campaña 2021-2022 Almería registró «un máximo histórico» con la exportación de 2.864.211 toneladas de frutas y hortalizas por valor de 3.701,5 millones de euros, un 17,4% más que en el anterior ejercicio. La superficie de cultivo en invernadero siguió creciendo, un 0,8%, y alcanzó las 32.827 hectáreas. Y como balance final, los ingresos del sector crecieron un 14,2% y llegaron a los 2.940,2 millones de euros.
Sin embargo, pese a tal bonanza, el campo almeriense sigue sin disfrutar de un nuevo convenio colectivo y permanece anclado, por falta de acuerdo, al que se firmó hace ya ocho años, en 2015, y que, en buena parte, tampoco se cumple, según los sindicatos. Carmen Vidal asegura que lo han intentado muchas veces, pero no han conseguido que los empresarios se sienten a negociar un convenio, algo que sí han hecho, en cambio, los de otras provincias andaluzas con un importante sector agrícola, como Huelva, Jaén o Sevilla. Se han opuesto, según ella, incluso a que la Junta de Andalucía medie para negocien las dos partes. La patronal de ASAJA Almería, a preguntas de este periódico, ha eludido contestar sobre las inspecciones de Trabajo y el estancamiento de las negociaciones con las organizaciones sindicales para aprobar un nuevo convenio colectivo en el campo.
Seguir con un convenio de 2015 implica, a juicio del secretario provincial de CCOO, que se aplique una normativa laboral básica y anticuada que merma las condiciones de la mano de obra de la potente agricultura intensiva hortofrutícola almeriense. Eso cuando se cumple lo que dice el convenio -subraya Valdivieso-, porque en muchos casos los empresarios no respetan ni lo que se acordó hace ocho años, como es el caso del pago del complemento de antigüedad. «Lo único que quieren pagar es el Salario Mínimo, nada más, y aun así han protestado por la subida del SMI. Y lo peor es que el que está cobrando eso es un afortunado, porque el resto está cobrando por debajo, con jornales ocultos», explica el dirigente sindical.
Los municipios con la menor renta de España
La situación laboral del campo determina en gran medida la salud de toda la economía almeriense. Según los datos de CCOO, el 54% de los trabajadores asalariados de esta provincia cobraban en 2021 por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, que ese año estaba situado en 965 euros mensuales, hoy en 1.080 euros. Entonces, 102.000 de los 108.000 contratos firmados en Almería fueron de carácter temporal, un porcentaje que se ha reducido de forma notable con la reforma laboral que ha impulsado la modalidad del indefinido fijo discontinuo en detrimento del eventual.
Estas cifras ayudan a explicar la paradoja en la que se hallan inmersos los municipios almerienses con un mayor número de explotaciones hortofrutícolas y, a la vez, con la menor renta media por habitante de España. Es el caso de Níjar, Vícar, Adra y El Ejido, que suman cerca de 22.000 hectáreas de invernadero en sus municipios y, sin embargo, están situados a la cola del país en ingresos per cápita, entre 7.307 y 8.000 euros anuales, o sea, 21.000 euros por debajo de la renta más alta, que es la que registra Pozuelo de Alarcón, en Madrid, según el último informe de Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística.
Un informe del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, publicado en 2014 reflejó que Almería había sido en 2012 la provincia con un mayor índice de economía sumergida de toda España, un 31,4%, y, por tanto la primera de la comunidad autónoma de Andalucía, que, con una media de un 24,6%, (253.000 millones de euros) superaba entonces en cinco puntos el promedio nacional.
