El Gobierno (socialdemócrata) ha aprobado extender los privilegios fiscales de la iglesia católica a los poderes de otras cuatro confesiones religiosas, los ortodoxos, los budistas, los mormones y los Testigos de Jehová. El Ejecutivo lo explica como un paso más hacia la aconfesionalidad del Estado, que recoge la Constitución y sigue siendo una utopía e, incluso, el camino hacia el Estado laico, lo que es, literalmente, un chiste amargo.

Yo creía que la laicidad de un Estado suponía el fin de los privilegios de cualquier confesión, dirigiendo la religión exclusivamente hacia el ámbito privado de la gente y la autofinanciación de sus organizaciones a través de sus fieles.

La jerarquía católica, claro, está encantada con esta decisión del gobierno: ella siempre sale ganando con ese vastísimo patrimonio que tiene, alguno de oscura apropiación, cuyo IBI sigue sin pagar, por cierto, pese al bombo y platillo con los que el Gobierno (socialdemócrata) anunció que la iglesia católica pagaría dos impuestos menores, que suponen 16 millones de euros al año, y de los que, hasta ahora, estaba exenta. Ahora no pagarán el IBI ni el impuesto de sociedades cuatro confesiones religiosas más, además de la católica y de aquellas que ya tenían acuerdos con el Estado: la musulmana, la judía y la evangélica.

La base de la socialdemocracia que el Gobierno siempre se jacta de representar, la impulsan la equidad económica y la igualdad social, pero ellos han decidido que hay dos instituciones que están por encima de los propios principios del Ejecutivo y del resto de ciudadanos y ciudadanas: la monarquía, que se salta el principio democrático por excelencia, las elecciones, y las religiones, antes una; después cuatro, y ahora ocho con privilegios.

El Gobierno (socialdemócrata) lo llama “laicidad inclusiva”, que significa, al parecer, igualar a las religiones en sus privilegios y no suprimir estos privilegios para todos los ciudadanos y ciudadanas, igualándolos en derechos y obligaciones.

Dice el Gobierno (socialdemócrata) que estas religiones, las ocho, se equiparan a las ONG, como si tuviera algo que ver financiar la fe de una organización religiosa con la de ayudar a quienes cubren las necesidades de la gente vulnerable a la que debería proteger el Estado. Todavía tendrían que dar las gracias a las ONG por su labor, ¿pero qué le debe este país a las confesiones religiosas que pertenecen, insisto, al ámbito de las creencias particulares? Y no me hagan hablar sobre el papel del poder católico en España y de otras religiones en otros países, sobre todo, con las mujeres y la igualdad.

Lejos de caminar hacia la aconfesionalidad real y la laicidad añorada por los socialdemócratas y progresistas coherentes, España da un paso atrás con esta decisión del Gobierno (socialdemócrata), que hará mucho más difícil esa meta. No sé de qué nos sorprendemos, en todo caso, las republicanas llevamos toda la vida pidiendo un referéndum monarquía-república y cuando el rey Juan Carlos de Borbón abdicó en Felipe VI, no solo se le mantuvieron su privilegios, aun conociendo sus vergüenzas, sino que sigue siendo rey, como Sofía, en calidad de emérito y emérita. Ahora tenemos cuatro reyes, con sus privilegios, y ocho confesiones con los suyos. Y nos lo venden todo como una democracia plena … y socialdemócrata. Qué risa.