En el programa de hoy 16/05 Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levin e Inna Afinogenova, analizan una de las páginas más negras del periodismo de este país: el montaje contra 11 vecinos de el Raval acusados de terrorismo que finalmente resultaron inocentes al que contribuyó también Marc Marginedas, de El Periódico. Con la participación especial de David Fernández, colaborador de La Directa.
Día: 16 de mayo de 2023
¿Es ANA ROSA RACISTA y CLASISTA? | NOTICIAS BÁSICAS
Hoy, 16/05 en Noticias Básicas, hablamos de la propuesta que lleva el PP al Parlamento para reformar la justicia y asegurarse su control; también del informe policial sobre Infancia Libre que se elaboró con datos falseados; de Ana Rosa y Chinatown: clasismo y racismo en las fiestas de San Isidro; y de la OTAN que le ha dicho NO a Zelenski.
La edil de Vox en Parla detenida por liderar una red de tráfico de drogas renuncia a su puesto en las listas del 28M
Se le investiga por los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y defraudación de fluido eléctrico.
La Policía Nacional ha detenido a la candidata número tres en la lista del 28M por Vox en Parla (Madrid), Ana González Martínez, acusada de liderar una red de tráfico de drogas, en concreto de cocaína, en la zona sur de la Comunidad de Madrid y en una comarca de Toledo, han confirmado a EFE fuentes policiales. La edil del partido de ultraderecha ha renunciado a su puesto en las listas de las elecciones municipales del 28M.
Tanto González, actual concejala en el Ayuntamiento de Parla, como su marido han sido enviados a prisión provisional por orden del Juzgado de Instrucción número 3 de Illescas (Toledo), quien les investiga por los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y defraudación de fluido eléctrico.
Además, otras dos personas han sido arrestadas en la misma operación policial acusadas de los mismos delitos, pero éstas han quedado en libertad provisional.
En los registros realizados por los agentes, entre ellos en la vivienda de la candidata de Vox y su marido, se intervinieron varias armas blancas y de fuego, en concreto dos rifles y una pistola, así como diversas cantidades de cocaína y marihuana y dinero en efectivo.
También hallaron indicios de que en el domicilio del matrimonio, ubicado en Yeles (Toledo), se había desmantelado recientemente un cultivo de marihuana que podría albergar al menos 5.000 plantas, para lo que habían manipulado la instalación eléctrica con el objetivo de defraudar el suministro.
Tenían puertas fortificadas y perros de presa, así como sistemas de videovigilancia y de transmisiones, todo para impedir la acción policial.
Blanqueo
Según las investigaciones, el cabecilla del entramado era el marido de la concejala, quien se encargaba desde la vivienda de adulterar, almacenar y distribuir físicamente la droga.
Por su parte, la número tres de Vox en el próximo 28M realizaba funciones de vigilancia y gestionaba todo lo relacionado con las sociedades mercantiles que el entramado utilizaba para blanquear los beneficios que obtenían del tráfico de drogas.
La investigación se inició el pasado mes de diciembre, cuando los agentes supieron que la pareja, residente en la localidad toledana de Yeles, hacía su vida social en Parla, donde distribuían sustancias estupefacientes.
Las pesquisas constataron que adquirían cocaína para facilitársela a otros narcotraficantes que la destinaban a pequeños puntos de venta en Madrid y Toledo. Actuaban a cualquier hora del día y todos los días de la semana en su zona de influencia.
«Espero que quien es culpable sea condenado y que quien es inocente sea liberado. Estamos en contra del narcotráfico y no nos gusta que en España se ponga alfombra roja a los terroristas y a los narcos que trae el gobierno», ha señalado el presidente de Vox, Santiago Abascal, al ser preguntado sobre la edil de Vox detenida.
Pablo Iglesias, hasta en el váter: el inesperado cameo del exvicepresidente en el programa de Héctor de Miguel
La pesadilla de más de uno en este país hasta hace poco era abrir una puerta y encontrarse de frente y con media sonrisa a Pablo Iglesias Turrión. El mismísimo diablo con coleta (ahora con degradado) y responsable de todos los males de este país, a tenor de las portadas apocalípticas que le han dedicado (aunque no siempre).
Ahora esa experiencia la ha vivido el mismísimo don Héctor de Miguel en su programa Hora Ventipico de la Casena Ser. Se trata de un cameo del exvicepresidente que se ha visto tal que así:
Los siete candidatos de EH Bildu condenados por delitos de sangre renuncian a las listas electorales
Los miembros del partido abertzale han emitido un comunicado en el que anuncian su renuncia a las concejalías en caso de salir elegidos el próximo 28M.
Los siete candidatos de EH Bildu que fueron condenados en su día por la Audiencia Nacional por delitos de sangre han renunciado a sus puestos en las listas electorales de los comicios autonómicos y municipales del próximo 28M. Los miembros del partido abertzale han anunciado a través de un comunicado que no tomarán posesión como concejales si resultan elegidos en las urnas.
Todos ellos han emitido un comunicado para renunciar a los cargos públicos «en la medida de lo posible», puesto que las listas están cerradas y oficializadas desde hace varios días. Se trata de Jose Antonio Torre Altonaga, Asier Uribarri Benito, Lander Maruri Basagoiti, Begoña Uzkudun Etxenagusia, Jose Ramón Rojo González, Juan Carlos Arriaga Martínez y Agustín Muiños Díaz que, en un texto publicado por el diario Naiz, hacen pública su decisión.
Según la carta que recoge el citado medio, los siete candidatos dan este paso para mostrar su compromiso con la máxima de no añadir dolor a quien ha sufrido. Además, quieren dejar patente su adhesión al cambio de estrategia de la izquierda abertzale y su apuesta por las vías exclusivamente políticas y democráticas. Los miembros de la formación también expresan de esta manera su apoyo a la Declaración del 18 de Octubre, en la que EH Bildu reconocía por primera vez a las víctimas de ETA, y desmienten que el partido tenga como objetivo legitimar a la banda terrorista.
La semana pasada, el colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) denunció que 44 integrantes de las candidaturas de EH Bildu para las elecciones autonómicas y municipales en Euskadi y Navarra habían sido condenados por pertenencia y colaboración con ETA. Una noticia que los principales representantes políticos de la derecha española utilizaron para empañar la campaña desde que comenzó el pasado viernes.
«La configuración de las listas en nuestros respectivos municipios ha alcanzado una indudable trascendencia que nos obliga, por diferentes motivos, a retirar nuestras candidaturas en la medida de lo posible y asegurar que en ningún caso tomaremos el cargo de concejal», exponen los siete candidatos en una misiva conjunta. En el texto también se dirigen a las víctimas de ETA para demostrar su «compromiso» con «todas las personas que han sufrido este conflicto«.
Más allá de su renuncia, los siete firmantes creen que resulta «obvio» que se ha pretendido «dañar» a EH Bildu con «intereses partidistas y electoralistas que poco o nada tienen que ver con la construcción de la convivencia y la paz». Los candidatos se han referido a las declaraciones vertidas por PP, Ciudadanos y Vox, que han tachado de «indecentes» los pactos del Gobierno con la formación abertzale y han vuelto a utilizar el terrorismo como arma para arañar votos.
Bendodo, investigado por contratos opacos en la Junta, dejó un reguero de enchufes en la Diputación de Málaga
Un chófer como asesor presidencial, cargos del PP en puestos de confianza… El paso del número tres del PP por la Diputación de Málaga se saldó con polémicos fichajes. Ahora Anticorrupción investiga las contrataciones exprés de la Consejería de Presidencia cuando Bendodo la dirigió.
Una de las primeras cosas que hizo Elías Bendodo, el actual número tres del PP, cuando llegó en mayo de 2011 y de la mano del Partido Popular a la presidencia de la Diputación de Málaga fue comprometerse con la austeridad en el marco de la crisis económica de entonces, y a la vez firmar un decreto por el que nombraba asesor técnico presidencial a un funcionario del Ayuntamiento de Málaga, de apellido Sánchez, para que fuese su chófer, con un sueldo de 54.000 euros brutos al año, según pudo comprobar Público.
Ambos se conocían de la etapa en la que Bendodo (Málaga, 1974) fue concejal del Ayuntamiento. El nuevo presidente quería a Sánchez como su conductor; no le servía ninguno de los empleados de la plantilla del Parque Móvil de la Diputación de Málaga. Es más, poco después del polémico fichaje, tres de los trabajadores interinos del Parque fueron despedidos dentro de un proceso de recortes, según confirmaron fuentes sindicales a este diario.
El conflicto laboral desatado en la diputación, con 1.400 empleados, durante el mandato de Bendodo mantuvo en pie de guerra a los sindicatos, que también denunciaron el fichaje de Mercedes González, exdirectora del distrito de Puerto de la Torre, que dimitió, en marzo de 2013, al dar positivo en un control de alcoholemia. Al mes, fue contratada por Bendodo como asesora del PP, cobrando 41.052 euros al año, más que en el consistorio (39.015 euros).
Una década después de los numerosos y controvertidos contratos, trasvases de empleados y comisiones de servicio que beneficiaron a personal afín al PP, según las centrales sindicales, el actual coordinador nacional del Partido Popular, Elías Bendodo, se enfrenta a una investigación de la Fiscalía Anticorrupción por las contrataciones exprés en plena pandemia realizadas por la Consejería de Presidencia de la Junta cuando él la dirigía.
Contrataciones que vulneraron la ley
La Fiscalía Anticorrupción investiga si la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía prevaricó al formalizar en plena pandemia en torno a 3.400 contratos exprés sin respetar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el proceso de selección de los candidatos. Entre 2019 y 2022 Bendodo, actual coordinador nacional del Partido Popular, dirigió la consejería.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tumbó por ilegales esas contrataciones de personal laboral e interino que la Junta estableció mediante un peculiar mecanismo entre julio y octubre de 2020, que consistía en ser el más rápido en presentar la solicitud, sin que mediase concurso alguno de méritos.
Los aspirantes debían enviar su solicitud en 24 horas a la oferta publicada en la web de la Junta de Andalucía. Los más rápidos en inscribirse lograron la plaza. La mayor parte de las 3.400 ofertas fue para auxiliares de playa, una figura que debía velar por el cumplimiento de las medidas preventivas para la covid. Pero también se incorporó a informáticos, archiveros y técnicos de pesca, puestos que difícilmente serían de urgente contratación en una situación de pandemia.
Para el TSJA aquel sistema de contratación fue como «una lotería» de difícil control administrativo que despertó las sospechas de enchufismo y amiguismo. Diversas sentencias por vía de lo contencioso-administrativo, que culminaron en la resolución del Tribunal Superior de Justicia, han declarado ilegales esas convocatorias.
Además, por la vía penal, desde hace un año la Fiscalía Anticorrupción investiga en unas diligencias prejudiciales si el comportamiento de la Consejería de Presidencia, encabezada por Bendodo, incurrió en un delito de prevaricación administrativa, como adelantó El Plural y ha podido comprobar Público.
El origen de la investigación es una querella del PSOE andaluz, a la que ha tenido acceso este diario, que apunta al actual número tres del PP como presunto responsable del estrambótico e irregular proceso de contratación.
Un reguero de enchufes en la Diputación de Málaga
Las sospechas de los socialistas se dispararon ante un modo de proceder que no parece nuevo en la trayectoria de Elías Bendodo. Su paso como presidente de la Diputación de Málaga (2011-2019) dejó un reguero de enchufes, contrataciones opacas y trasvase de funcionarios adeptos al PP desde el Ayuntamiento de Málaga y la Junta a la diputación, según denunciaron las centrales sindicales.
En el tiempo que duró su presidencia, los sindicatos pusieron el grito en el cielo ante los nuevos fichajes de Bendodo y denunciaron que el despilfarro que suponían solo cuatro de los nuevos fichajes de personal externo ascendía a más de 200.000 euros al año. Pero hubo mucho más.
No solo fueron los 51 cargos de confianza que llegó a haber en la diputación malagueña en la época del presidente Bendodo —al final de la legislatura se vio obligado a reducirlos—, sino que además apenas se convocaron concursos de méritos para la promoción interna ni concursos públicos para el personal interino. Esos nuevos cargos supusieron tres millones de euros al año, como denunció en aquel momento el PSOE de Málaga.
Recortes para los empleados públicos
Mientras, los trabajadores de la diputación vieron cómo su nómina menguaba casi un 20% en los últimos años e incluso hubo dos ERE en empresas públicas del organismo que mandaron a trescientos empleados al paro, denunció ASeD (Asociación Sindicalismo en Diputación). Este sindicato alertó de que el presidente de la diputación estaba creando «una red de funcionarios a la medida del poder, afines al equipo de gobierno».
Desde CGT-Andalucía tacharon en aquel momento de «puro enchufismo, con apariencia de legalidad» las nuevas jefaturas de servicios en la Diputación de Málaga, copadas por «militantes del PP».
Se referían, por ejemplo, a un monitor deportivo de la diputación que fue nombrado, en diciembre de 2012, responsable de comunicación de la Delegación de Turismo por el sistema de la atribución temporal de funciones. Este mecanismo implica un nombramiento temporal y a dedo, que evita que todos los funcionarios de un determinado nivel puedan concurrir en igualdad de condiciones a ese puesto. En las actas de la Junta de Gobierno de aquella época consultadas por este periódico abundan casos similares.
Otro fichaje polémico señalado por los sindicatos fue el de E. B. como jefe de la Asesoría Jurídica, en marzo de 2013. Era el secretario de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y fue trasladado a la Diputación de Málaga en comisión de servicios, un instrumento que permite la legislación para casos de inaplazable y urgente necesidad de cubrir ese puesto, pero el abuso de esta figura en el organismo provincial de Málaga levantó ampollas.
Un antiguo árbitro al frente de la Oficina del alcalde
El exárbitro de fútbol Antonio Jesús López Nieto, retirado en 2003, fue fichado por Bendodo para que se encargara del área de Deportes de la diputación por 65.000 euros al año. Pero en 2013 le encargó una tarea muy distinta: dirigir la recién creada Oficina del Alcalde para atender las peticiones de subvenciones y otras necesidades de los regidores de la provincia. López Nieto llegó a decir ante la polémica suscitada: «Yo no estoy aquí por dinero. Estoy principalmente por mi relación personal con el presidente».
Otro cargo creado ad hoc para amigos fue el de asesor para asuntos taurinos. Bendodo designó para aquel puesto al exalcalde de Benalmádena, Enrique Moya, que había perdido la alcaldía en 2011 tras un pacto de las fuerzas de la oposición.
Consecuencias de los contratos exprés
En diciembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló los contratos exprés de la Consejería de Presidencia en plena pandemia y argumentó que la «excepcional situación» no puede llevar «a la absoluta supresión» de los derechos constitucionales ni a la «completa ausencia» de un mínimo procedimiento selectivo, en el que las plazas fueran adjudicadas por «riguroso orden de entrada».
La decisión también tuvo consecuencias para los trabajadores interinos que habían sido contratados mediante ese sistema y que quisieron que constara su experiencia en la Junta de cara a nuevas contrataciones. Pero el TSJA determinó que no podía tenerse en cuenta en procesos posteriores.
España responderá ante la ONU sobre la violencia institucional que ejerce la Justicia contra las madres y sus hijos
Cinco de los informes presentados por la sociedad civil al comité de la CEDAW denuncian la responsabilidad del Estado en la discriminación que sufren madres y menores en el sistema judicial.
España defenderá este martes ante la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) los avances producidos en materia de derechos hacia las mujeres. Se trata de la novena vez que nuestro país reporta sobre las acciones llevadas a cabo por el Estado para cumplir con los mandamientos de este máximo órgano de derechos humanos de las mujeres. En esta ocasión, los 23 expertos que forman la Convención (22 mujeres y un hombre elegidos por su conocimiento sobre los derechos de la mujer) tienen sobre la mesa al menos cinco informes enviados por organizaciones de la sociedad civil que denuncian cómo España ejerce violencia institucional sobre las mujeres a traves del sistema judicial, especialmente cuando lo que se denuncia es la violencia de género y la violencia sexual intrafamiliar que sufren sus hijos e hijas por parte de los padres.
Este tipo de documentación se conoce como informes sombra y es un mecanismo previsto en la Convención para que organizaciones o personas particulares puedan denunciar o hacer llegar a los expertos de la CEDAW las violaciones de derechos en que incurren los Estados miembros, para que puedan ser tenidos en cuenta en su interacción con los Gobiernos o en las recomendaciones finales que emiten a los Estados tras cada período de sesiones.
Según alertan varias expertas en derecho internacional consultadas por este periódico, es la primera vez que tantos informes apuntan a fallos en el sistema de protección de las mujeres y sus hijos en el sistema judicial. Estos fallos son definidos como una forma de «violencia institucional» al ser ejercida por el propio Estado por acción u omisión y, por ello, revisten una especial gravedad.
Cinco de los informes hablan de violencia del Estado
Los representante de la CEDAW tienen sobre la mesa un informe titulado Madres protectoras, enviado por una veintena de mujeres que denuncian cómo la justicia las ha discriminado y criminalizado tras denunciar la violencia sexual de los padres hacia sus hijos. El informe contiene, anonimizadas, las vicisitudes de estas mujeres, que en su mayoría han acabado sin la custodia de sus hijos e hijas tras años de litigios. En el informe a la Comisión denuncian estar siendo discriminadas por proteger a sus hijos de la violencia sexual y explican que esta discriminación «se encuentra basada en estereotipos de género que presentan a las madres como manipuladoras de sus hijas e hijos para dañar a los padres».
En una reunión informal con las organizaciones no gubernamentales previa a la sesión de este martes con los representantes del Gobierno Español, los miembros de la Comisión han podido escuchar de viva voz a algunas de las representantes que denuncian la inacción del Estado ante estas discriminaciones. Así lo hizo Isabel Martínez Hervás en representación de la Red de Madres Protectoras, que en su breve alocución (cada representante tenía asignados dos minutos), afirmó que tras denunciar los abusos sexuales paternos hacia sus hijos «se nos ha aplicado el Síndrome de Alienación Parental (SAP), que constituye un patrón estructural de estereotipos de género, vulneración de derechos a la infancia, incluidos el derecho a ser escuchados de forma adecuada y del interés superior del menor».
Martínez pidió a los miembros de la CEDAW que exija al Gobierno español «la puesta en marcha de un comité de investigación independiente que estudie las causas e identifique a los responsables«. Esta madre afirmó durante su presentación que, a pesar de las numerosas amonestaciones que Naciones Unidas ha hecho a nuestro país, los estereotipos de género siguen aplicándose de manera sistemática en el sistema de justicia y muchos de estos casos no son investigados ni castigados.
No ha sido la única. En nombre de la organización Alanna, que presentó también un informe sombra por la vulneración de derechos de hijas e hijos y de sus madres al denunciar abusos sexuales intrafamiliares, María Sevilla tomó la palabra de forma telemática. La que fuera presidenta de Infancia Libre explicó a los miembros del Comité de la CEDAW que, a pesar de los cambios legales, «no ha habido cambios efectivos». Según denunció esta madre, la Justicia sigue obligando a los hijos víctimas de violencia sexual intrafamiliar a seguir teniendo relaciones con sus padres. María Sevilla solicitó que se exija a España que estos casos sean juzgados en tribunales especializados en violencia de género.
La Plataforma CEDAW Informe Sombra, formada por más de 130 organizaciones feministas, también hace referencia en su escrito a la violencia institucional y al desamparo judicial que sufren las madres y sus hijos. El documento denuncia la persecución judicial que sufren estas mujeres, haciendo mención especial al caso de la veintena de madres criminalizadas por la supuesta investigación policial sobre Infancia Libre (archivada por la Fiscalía de Madrid).
Entre los informes presentados ante la CEDAW figura también uno elaborado por varias investigadoras de la Universidad Complutense de Madrid y del grupo Antígona, ligado a la Universidad Autónoma de Barcelona. Este grupo de expertas presentaron recientemente un informe encargado por el Ministerio de Igualdad que refleja cómo el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) es una práctica ampliamente extendida en el sistema de justicia español, hasta el punto de ser considerado como un «patrón» de comportamiento en la Justicia.
Entre sus hallazgos destacan que en el 86% de los casos en los que se aplica SAP, éstos acaban archivados en los juzgados, sin siquiera ser investigados. Estas investigadoras denuncian ante el Comité que España «no está implementando de manera adecuada la CEDAW ni tomando en cuenta las recomendaciones generales del Comité CEDAW, en particular la Nº 35, así como que no está actuando con debida diligencia en estos casos».
Numerosas advertencias de Naciones Unidas
La ONU ha advertido en numerosas ocasiones a nuestro país sobre la utilización de los estereotipos de género en la Justicia. En los dos últimos años la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias ha enviado hasta cinco comunicaciones a España preocupada por el uso del SAP en los juzgados e interesándose por la situación de madres concretas y sus hijos e hijas.
Esta relatoría, ha llegado a afirmar que en España parece existir un «patrón estructural» en la justicia que «desprotege a los niños y discrimina a las mujeres». Recientemente esta relatora ha realizado un informe sobre el uso del SAP en el mundo, en el que incluye a nuestro país.
En el año 2014 el Comité de la CEDAW condenó a nuestro país por el caso de Ángeles González Carreño, una madre que había interpuesto más de 50 denuncias para que se prohibiera que su hija tuviera visitas no vigiladas con su padre. En una de ellas, el progenitor asesinó a su hija y luego se suicidó. La CEDAW entendió que el Estado había fallado en la protección de esta madre y su hija y emitió una dura recomendación que instaba a España a reconocer su responsabilidad en el asesinato de esta niña, que indemnizara a la madre y que acometiera profundas reformas para garantizar que todos los operadores judiciales se formaran en perspectiva de género. La CEDAW entonces exigió a nuestro país que hiciera todo lo necesario para acabar con los estereotipos sexistas en la justicia.
Tal como explica a Público Gema Fernández, abogada de la organización Women’s Link que llevó este caso contra España, nuestro país acabó cumpliendo a duras penas parte de las observaciones de la CEDAW. González tuvo que litigar aún cuatro años más después de que la CEDAW el diera la razón, hasta que en 2018 Tribunal Supremo decretó que el Estado debía indemnizar a esta madre por negligencias en su actuación.
«Sin embargo, casi diez años después, España no ha puesto en marcha muchas de las recomendaciones de la CEDAW hizo este caso. No abrió una investigación para esclarecer los hechos y fallos y tampoco puso en marcha un sistema de formación de jueces y operadores judiciales, tal como se le exigió. Sigue sin existir un buen programa de formación hacia los operadores judiciales y una perspectiva de infancia en la Justicia», afirma Fernández.
Esta jurista considera clave que se esté hablando de violencia institucional y considera que dada la cantidad y contundencia de los informes presentados ante la CEDAW, ésta preguntará a España sobre este particular cuando nuestro país presente este martes su informe de logros y los expertos incluirán recomendaciones al respecto en sus observaciones finales.
Para la jurista Tania Sordo, experta en derecho internacional de las mujeres, existe una diferencia clave entre el caso de González Carreño y los informes que han presentado las organizaciones en esta ocasión ante la CEDAW. «En el caso de Ángela se habló de pedir responsabilidades al Estado, pero hasta ahora no se había visto de forma tan masiva e importante que se introduzca el término de violencia institucional y esto es un cambio importante que los miembros del CEDAW no pasarán por alto», afirma.
Mucho ruido, pocas nueces
España acude a la cita con la ONU con una amplia representación, que preside la Secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia hacia la mujer, Ángela Rodríguez. La comitiva incluye a un gran número de representantes del Ministerio de Igualdad, de Justicia, de Interior, de Asuntos Exteriores, de Sanidad y de Asuntos Sociales.
La amplia representación, sin embargo, contrasta con el escueto informe elaborado por nuestro país, que ocupa 42 páginas y en el que el Gobierno se ha acogido a la fórmula conocida como procedimiento simplificado, que consiste en responder sólo a algunas preguntas formuladas por los miembros del Comité. Este dato ha levantado indignación entre algunas organizaciones, que han pedido a la CEDAW que reprenda a España por la escueta labor. Otro dato curioso es que España estaba llamada a presentar su informe en 2020 y lo hizo en 2022 y desde entonces ha pedido varias prórrogas para presentarse ante los expertos de la ONU.
Se trata del noveno informe periódico de nuestro país desde que en 1983 ratificara la CEDAW. Los estados están llamados a hacer informes cada siete años.
El informe policial sobre Infancia Libre se elaboró con declaraciones de padres y datos falseados para inculpar a las madres
La investigación policial sobre la supuesta organización criminal se cimentó con los testimonios de los padres, que fueron incluidos en el oficio sin ningún tipo de comprobación. El informe criminalizó a 17 madres, tres médicos y dos abogados.
A finales de mayo de 2019, A.C.R. viajó de Granada a Madrid para denunciar ante la unidad de la Policía Nacional adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla que su exmujer, E.J.G., actuaba según el mismo modus operandi que otras que por entonces salían en medios de comunicación. La detención de María Sevilla (presidenta de la asociación Infancia Libre) a principios de abril de ese año y la de otras dos mujeres a las que se ligó a la organización casi un mes más tarde coparon de una forma sorprendente los espacios informativos y las tertulias televisivas.
A.C.R. había sabido por las noticias (o así lo afirmó) que esa unidad policial estaba elaborando un informe con distintos casos y que se entrevistaba con padres que afirmaban que sus mujeres también encajaban en la supuesta trama. En su denuncia ante los agentes, explicó que su expareja lo había denunciado por malos tratos psicológicos hacia su hija y que la menor había sido atendida por la pediatra de Granada N.P.U., a pesar de que no era su médica de referencia.
Esta pediatra había sido señalada por la Policía judicial como una de las colaboradoras necesarias de la trama junto a la psiquiatra A.M.R. de Granada y al psiquiatra A.E.N. de Madrid. Según la Policía, se dedicaban a realizar informes «falsos» y «a medida» para estas madres.
A la salida de A.C.R. del juzgado, había apostados en la puerta varios reporteros de televisión esperando poder recoger sus declaraciones. A cara descubierta afirmó que había ido con varios «padres afectados» a denunciar que no veían a sus hijos pese a no tener ningún tipo de condena (TVE a partir de minuto 36). A lo largo de los siguientes días, este padre apareció en diversos medios escritos y en varios programas de televisión. En algunos a cara descubierta, en otros con su imagen anonimizada.
En ellos contó que hacía más de tres años que no veía a su hija, que su expareja le había puesto ocho o nueve denuncias, de las que había salido absuelto, y que tras unos informes de la pediatra N.P.U. «hechos a la carta», la revinculación con su hija se había frenado. Tras su denuncia, el nombre de su expareja, E.J.G., fue incluido en la investigación de la Policía judicial. Ya era una supuesta criminal.
Sí veía a la niña, pero no consta en el informe
Lo que A.C.R. no contó a la Policía es que en el momento de realizar su denuncia, él, su expareja y su hija estaban inmersos en un proceso de mediación, ordenado por un auto judicial, cuyas sesiones se producían una vez a la semana. El auto está fechado el 28 de mayo de 2018, es decir, justo un año antes de que este padre se desplazara a Madrid. La mediación comenzó solo dos meses después de que la ordenara el juzgado y seguía en vigor cuando este hombre denunció a su expareja ante la Policía judicial.
El padre tampoco contó en su denuncia que durante un periodo de tiempo padre e hija se veían en un Punto de Encuentro Familiar (PEF) decretado por un juzgado y que estas visitas se habían suspendido en varias ocasiones por la negativa de la niña a ver al padre.
Llegaban allí madre e hija en la fecha y hora convenidas, pero la menor «llora en la desvinculación de la progenitora» y «permanece en las dependencias con sintomatología ansiosa», entraba en pánico y «verbaliza su negativa a ver al padre», tal como reflejan algunos informes que periódicamente el propio PEF remitía al juzgado y a los que ha tenido acceso este medio. Estas dificultades fueron las que impulsaron al juzgado a imponer una mediación.
La mediación comenzó cuando la niña tenía 12 años y duró cerca de dos. A los 14, la menor se plantó y dijo a las psicólogas que no quería ver más a su padre, dijera lo que dijera el juzgado, y que no volvería a las sesiones. En su informe final, las mediadoras recomiendan que la menor vea a su padre una vez al mes, en el momento en el que ella decida, y que las visitas no sean a solas, sino que esté acompañada por algún adulto.
Otro detalle que omitió A.C.R. y que no se recoge por la Policía es que en marzo de 2016, cuando su expareja lo denuncia por maltrato psicológico hacia la menor por dejarla encerrada en un coche en un descampado como castigo (el enésimo que sufría la menor, según testimonio de la madre), la familia vivía en La Zubia (un municipio situado a unos 10 kilómetros de Granada capital).
Fue el pediatra de esa localidad quien derivó a la menor a salud mental, donde fue tratada por ansiedad, por lo que la pediatra N.P.U. no estuvo involucrada en la denuncia hacia el padre ni en la retirada de visitas que le impuso un juzgado, ni emitió ningún informe hasta finales de 2016, cuando madre e hija ya se habían trasladado a vivir a Granada. Ninguno de los profesionales que examinaron en ese momento a la menor fueron incluidos en el informe de la Policía, firmado por el entonces jefe de la unidad de la Policía adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla, Pedro Agudo.
Durante el tiempo en que N.P.U. fue su pediatra, elaboró algunos informes siguiendo el protocolo de atención al maltrato, notificando las sospechas sobre el padre ante el relato y los síntomas que presentaba la niña, así como su visión contraria como pediatra al informe de la perito del servicio psicosocial del juzgado, que había puesto el foco sobre una supuesta interferencia de la madre hacia la niña.
Esta perito, M.R.P., también acudió a declarar ante la Policía, tal como refleja el oficio policial. La madre la había denunciado ante el Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía por aplicarle un falso Síndrome de Alienación Parental (SAP).
Lo curioso del informe policial es que no vincula a esta madre como miembro de la asociación Infancia Libre, sino que la incluye en el oficio sólo por el hecho de que la pediatra N.P.U. fuera la médica de su hija. Esta facultativa atiende a una población de unos 1.000 menores en Granada.
Posibles abusos denunciados por el centro hospitalario
La mujer M.V.C. también fue incluida en el informe de la Policía. Un par de partes médicos de urgencias del Hospital Materno Infantil de Granada realizados en fechas distintas y firmados por diferentes profesionales alertaron al juzgado sobre posibles abusos sexuales de su hijo y se inició una investigación judicial. El primero de los partes está fechado en diciembre de 2017, cuando el niño tenía 19 meses; refleja arañazos en la zona del mentón y debajo de la mandíbula tras haber pasado la tarde con su padre. El segundo, con fecha de 5 de julio de 2018, describe una fisura anal.
Cuando este parte fue emitido, la pediatra habitual del niño estaba de vacaciones, por lo que la pediatra de urgencias derivó a la madre a otro centro sanitario que está a pocos metros del hospital y en el que trabajaba N.P.U. Se trata del único informe que esta pediatra realiza sobre este menor y lo hizo siguiendo el protocolo después de que el hospital abriera un procedimiento por posibles abusos sexuales.
Este hecho fue el que impulsó a J.J.M.J., el padre, a dirigirse a la Policía judicial a poner una denuncia afirmando que en su caso también había coincidencias en cuanto al supuesto modus operandi. Una única supuesta coincidencia con otros casos (la misma pediatra) fue suficiente para que la Policía incluyera el nombre de la madre en el informe como supuesta participante en una trama criminal.
Lo que oculta este hombre a la Policía (al menos en el relato del oficio no se recoge) es que, tras la denuncia de los supuestos abusos hacia su hijo, la madre decidió denunciar también la violencia de género que había sufrido ella mientras duró la relación, hechos que estaban siendo investigados cuando él acude a la Policía judicial.
Otro de los datos que no aporta el informe es que, tras los partes médicos de lesiones, el juzgado de familia modificó en diciembre de 2018 el régimen de visitas del padre con el menor. Denegó la petición de la madre de retirarle las visitas del niño al padre, pero estableció (en acuerdo con la Fiscalía) un régimen de visitas tuteladas en el PEF y justificó la decisión de forma expresa en el auto por no ser «creíble la explicación que al respecto ha dado el padre —que es la madre la causante de las lesiones para privarle de las visitas—».
La Policía insta al juzgado a detener a una madre de Granada
Otro hombre, M.G.G., se puso en contacto con la Unidad de la Policía Judicial para denunciar que su expareja, R.O.I., no solo empleaba, según él, un modus operandi similar a las otras mujeres que salían en los medios, sino que había estado ligada directamente a Infancia Libre.
R.O.I. fue la vicepresidenta de dicha asociación mientras ésta estuvo en activo, entre el 30 de agosto de 2015 (cuando se registra) y mayo de 2017, tal como ha reflejado la Fiscalía que ha investigado el oficio policial. Sin embargo, la denuncia de la madre por presuntos abusos sexuales de la hija que tenían en común fue presentada en 2014, mucho antes de que se sentaran las bases de la supuesta organización criminal.
El informe policial afirma que el padre aportó documentos que constataban que R.O.I. había incumplido en diversos momentos las visitas con su hija y que fue multada por ello por el juzgado. También afirma Pedro Agudo en el informe que el juzgado de instrucción número 9 de Granada, «que conoce el asunto por desobediencia y quebrantamiento de los deberes de custodia», le encargó a esa unidad policial localizar a la madre para su citación y toma de declaración en sede judicial. Además refleja que en esa comparecencia en el juzgado «se establece de forma provisional, y para dar solución al quebrantamiento grave que estaba ocurriendo, la guardia y custodia provisional para la tía paterna de [nombre de la hija], con un régimen de visitas restrictivo para [nombre de la madre] en un punto de encuentro familiar».
En efecto, R.O.I. fue llamada a comparecer ante el juzgado bajo apercibimiento de detención si no lo hacía. Pero el informe policial omite información clave para entender el caso de esta madre y la participación directa de la Policía judicial para que se llevara a cabo dicha citación.
El 14 de junio de 2019, el jefe de la unidad de la Policía adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla, Pedro Agudo, firma un escrito dirigido al juzgado de instrucción nº 9 de Granada. En el oficio, al que ha tenido acceso Público, Agudo hace un repaso de las actuaciones llevadas a cabo por su unidad en relación a la supuesta organización criminal, relatando la detención de tres mujeres a las que liga a dicha trama: la presidenta de Infancia Libre, María Sevilla, y otras dos que a lo largo del mes de mayo de ese año fueron puestas a disposición judicial.
En su escrito al juez, Agudo afirma que en el caso de R.O.I. hay similitudes con los anteriores, realiza un repaso por la historia judicial de esta madre y advierte de que «de forma reiterada y grave» ha desatendido las «distintas advertencias judiciales» y que está incurriendo en «conductas delictivas».
Por estos motivos el jefe policial pide al juzgado que «comisione a esta Unidad investigadora para la localización, detención y puesta a disposición judicial» y que adopte «medidas urgentes en orden a determinar la guarda y custodia de la menor [nombre de la hija], conforme al interés superior de la menor». El policía le pide al juez que actúe con celeridad, puesto que «la única vía de investigación de este equipo» para localizar a la menor es el lugar en que la niña está escolarizada, advirtiendo que se acerca el periodo de vacaciones de verano.
El 17 de junio, solo tres días después de la fecha del oficio que la Policía envía al juzgado, el juez de dicha instancia notifica a la madre la obligación de personarse en el juzgado. R.O.I. se presentó de forma voluntaria, pero miembros de la Policía judicial (diversos medios citaban a Agudo entre ellos) siguieron sus pasos hasta el juzgado, dando la impresión de que estaba siendo detenida. De hecho así lo contaron la mayoría de los medios de comunicación ese día.
El juez, tal como había pedido la Policía en su oficio, tomó medidas en relación a la custodia de la menor. En ese mismo momento retiró la custodia a la madre y se la entregó a la tía paterna en una actuación que poco más tarde, en noviembre de 2020, la Audiencia Provincial de Granada consideró ilegal, porque el juez instructor «carecía de competencia para acordar las medidas de naturaleza civil que acordó».
Tanto el informe de la Policía judicial como el oficio que esta unidad envió al juzgado de Granada ocultaron datos clave. Por un lado, que M.G.G. había sido condenado por violencia hacia la madre. Por otro, que desde 2017 y por sentencia firme, ésta tenía concedida la guarda y custodia en exclusiva de la menor y que esa misma sentencia había archivado una orden de busca y captura por sustracción contra la madre. La sentencia mencionada decretó que las visitas de la niña con su padre debían ser establecidas de mutuo acuerdo entre los progenitores y presentadas ante el juzgado, pero este documento nunca se presentó, ni existe registro de que el padre lo hubiera solicitado.
Finalmente, a mediados de enero de 2020, la justicia devolvió a la madre la custodia de su hija tras siete meses durante los cuales ambas solo pudieron verse cada 15 días en un punto de encuentro. Siete meses de separación y sufrimiento pese a que R.O.I. no estuvo nunca en paradero desconocido ni había incumplido ninguna orden judicial, como afirmaba el oficio policial.
Entre abril y julio de 2019, la unidad de la Policía Nacional adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla emprendió una supuesta investigación para demostrar que un grupo de mujeres de distintos lugares de España (principalmente Granada y Madrid), dos abogados y tres profesionales de la sanidad pública se habían asociado para crear una organización criminal: Infancia Libre. El objetivo de esta trama consistía, según la Policía, en denunciar falsamente a los padres de abusar sexualmente de sus hijas e hijos con el fin de quitarles la custodia y quedársela ellas en exclusiva.
La supuesta investigación policial acabó acusando a 22 personas, entre ellas a 17 madres. En enero de 2020 la Fiscalía Provincial de Madrid la archivó por no encontrar ningún indicio de organización ilícita. Sin embargo, a día de hoy los bulos vertidos siguen ocupando espacio en medios de comunicación, juzgados y debates públicos e influyendo en los procesos judiciales de estas mujeres y de otras madres que no se atreven a denunciar las agresiones sexuales intrafamiliares.
A lo largo de los últimos cuatro años, ‘Público’ ha realizado una amplia labor de documentación sobre este caso e investigado los expedientes de un amplio número de madres criminalizadas en esta caza de brujas. Comparando la amplia documentación recabada, la conclusión es clara: el supuesto informe policial estuvo construido exclusivamente a partir de declaraciones de hombres acusados de haber ejercido violencia de género o violencia sexual hacia sus hijos, con datos y declaraciones falsas o retorcidas que no pasaron por ningún tipo de verificación o que directamente falsearon la realidad a sabiendas.
Esta actuación policial tuvo y sigue teniendo serias consecuencias psicológicas y judiciales para las mujeres y sus hijos, así como para algunos profesionales de la sanidad pública que siguen siendo cuestionados por esta falacia.
Los casos que se recogen en esta información son solo tres de los muchos que ‘Público’ tiene documentados.
NOTA: ‘Público’ ha decidido utilizar iniciales en todos los casos para respetar la identidad de las personas (algunas de las cuales aún continúan en procedimientos judiciales), aunque algunos de estos nombres se han hecho públicos y han sido aireados por distintos medios de comunicación.