El PSOE insta a la Comunidad de Madrid a poner el foco en la calidad de los alimentos en los futuros contratos.
La Comunidad de Madrid mantendrá hasta marzo de 2024 el contrato a la Plataforma Femar, la empresa encargada de distribuir la comida en los centros residenciales públicos a su cargo. Se trata de una compañía que ha sido denunciada públicamente por los residentes, los trabajadores y las familias de los mayores por el mal estado en el que llegan los alimentos que consumen.
Femar, incluso, ha sido valorada con puntuaciones negativas en varias ocasiones por Quimicral, la consultora en seguridad nutricional contratada por la propia Administración autonómica para inspeccionar su funcionamiento, tal y como adelantó Público. No obstante, aunque antes de las elecciones Isabel Díaz Ayuso prometió sacar una nueva licitación en enero del año que viene, el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 26 de julio la prórroga de tres de los lotes que gestiona la entidad.
La Consejería de Asuntos Sociales, en declaraciones recogidas por la Cadena Ser, ha asegurado que «habrá nuevo contrato con más inversión en marzo y que han actuado con la mayor celeridad posible de acuerdo a lo que supone tramitar un contrato de tal envergadura según los plazos legales».
De hecho, el departamento ha afirmado que incrementará en un 25% el precio de los menús. Sin embargo, el PSOE advierte de que la cifra exacta para financiar este servicio todavía se desconoce y no se sabrá con certeza hasta que se publiquen los pliegos.
«Si los criterios son los mismos que en los pliegos todavía vigentes, la subida probablemente quedará en nada porque ganará la empresa que más baje los precios», ha alertado Lorena Morales, portavoz de Asuntos Sociales socialista en la Asamblea de Madrid.
El contrato firmado entre la Comunidad y Femar, que entró en vigor en septiembre de 2022 y continúa, no consideraba ninguna puntuación para la calidad de las comidas o la calidad del servicio, sino que se enfocaba en abaratar los costes, con siete puntos sobre diez enfocados en la bajada de precios. «Si esto se repite, volverá a ganar la compañía que tire el presupuesto más bajo«, ha insistido Morales.
La diputada explica que «antes todas las residencias tenían el mismo presupuesto por usuario y cada una le compraba los alimentos a unos proveedores acreditados por la Comunidad de Madrid directamente. No había este coste extra que tiene tener una empresa intermediaria».
Tras la decisión adoptada por el equipo de Ayuso, las personas que viven en las residencias y dependen de esta distribuidora seguirán teniendo que soportar comer y cenar cada día estos alimentos bajo condiciones cuestionables.
Coliflores con moho, jamón podrido, chorizo con listeria o pescado pasado y con espinas para mayores con disfagia son algunas de las deficiencias que los residentes, familiares y trabajadores han criticado. Muchos de estos platos, además, han sido fotografiados por los mismos, ante la incredulidad del Ejecutivo, que ha llegado a acusarles de faltar a la verdad.
Desde la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores también han mostrado su desaprobación. «Consideramos que es un episodio más de lo que significa una dejación de funciones absoluta por parte de la Comunidad de Madrid sobre el cuidado de las personas mayores. Estamos hablando de que gestionan directamente 43 residencias sobre un total de 500 y ni siquiera en esas quiere encargarse de las comidas y de la calidad de las comidas de los residentes. Nos parece totalmente escandaloso«, expresan.
La asociación, incluso, califica de «inmoral» la actuación de Ayuso: inmoralidad. «¿Por qué se tiene que externalizar el servicio de comidas en estos centros públicos? ¿Cuál es el negocio? ¿De dónde sale el beneficio de las empresas?«, se preguntan sus integrantes.