En esta nueva entrega de HECD!, Marina Lobo entrevista al periodista Javier Ruiz para hablar sobre las consecuencias económicas del conflicto entre Israel y Hamás sobre la Franja de Gaza. Además, también repasará la actualidad política nacional, con el foco puesto en la última ocurrencia de Isabel Díaz Ayuso; y mirará a Argentina, que celebra elecciones presidenciales este domingo.

 

En la escuela primaria de la aldea Masafer Yatta (Cisjordania) estudiaban una veintena de niños y niñas. El 23 de noviembre de 2022, tan sólo un año después de su construcción, excavadoras de las fuerzas de seguridad israelíes demolieron la estructura del centro educativo. El emplazamiento de la escuela es ahora un campo de tiro donde militares israelíes entrenan.

La infraestructura había sido financiada con una de las muchas partidas de cooperación al desarrollo de la UE. Desde hace años, este dinero es destinado a la construcción de infraestructuras en los territorios palestinos de Franja de Gaza y Cisjordania: escuelas, canalizaciones, hospitales, establos y otros equipamientos.

Tras los atentados perpetrados por Hamás el pasado 7 de octubre, el comisario de Vecindad y Ampliación de la UE, Olivér Várhelyi, puso en duda el envío de estas ayudas a Palestina. Pero lo cierto es que, antes de que el repunte de violencia en la región pusiera en el punto de mira estos fondos, las infraestructuras levantadas con ellos llevaban años siendo boicoteadas por el Estado de Israel.

Desde 2009, las autoridades israelíes han demolido –parcial o completamente– 9.887 infraestructuras en territorio palestino, según la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de la ONU (UN OCHA). De ellas, 1.691 estaban financiadas por organismos internacionales, principalmente por la UE y sus Estados miembros, si bien este recuento sólo abarca el periodo 2016-2022. En términos económicos, supone la pérdida de infraestructuras por valor de 2,44 millones de euros provenientes de las ayudas de cooperación al desarrollo de los Estados miembros de la UE.

Las demoliciones han provocado el desplazamiento de, al menos, 14.000 palestinos

Pero el coste humano es aún mayor. Al menos 233.718 personas se han visto afectadas por estas demoliciones y desalojos, llegando a provocar el desplazamiento de alrededor de 14.000 palestinos, según los datos oficiales reportados a la ONU y a la Comisión Europea por parte de las Organizaciones no gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) que trabajan sobre el terreno.

Por ello, en sucesivas declaraciones e informes de la situación, la UE ha instado a Israel a detener las demoliciones y desalojos, que no han hecho sino «aumentar el sufrimiento de la población palestina y agravar aún más un ambiente ya tenso». Y es que, en paralelo a la radicalización del Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu, las demoliciones, desalojos, detenciones y la violencia de los colonos contra palestinos en territorios ocupados, habían convertido la región en un polvorín.

Incluso el comisario europeo de Gestión de Crisis, Janez Lenaricic, se manifestó a través de su cuenta de X [antes Twitter], «especialmente preocupado por el aumento de la violencia contra los palestinos, las demoliciones y confiscaciones de bienes y estructuras humanitarias».

De enero a septiembre de este año, antes de los atentados de Hamás y del posterior asedio israelí a la Franja de Gaza, ya se habían destruido 749 infraestructuras en territorios palestinos. La segunda cifra más alta en tan sólo nueve meses desde que existen registros, sólo superada en el año 2016.

El 78% de las demoliciones en los últimos 15 años tuvieron lugar en la Zona C de Cisjordania, término con el que los Acuerdos de Oslo de 1993 bautizaron a los 60 kilometros de territorio palestino al este de la región. En aquella negociación, las entonces autoridades israelíes y palestinas establecieron una hoja de ruta para la solución de los dos Estados, que debía culminar cinco años después.

Los Acuerdos dividieron el mapa de Cisjordania en tres áreas –A, B, C–, bordeadas desde 2002 por un muro de alambre y cemento que lo separa del resto del territorio israelí y cuyo trazado fue declarado ilegal por la Corte Penal Internacional en 2004.

La Zona A está administrada completamente por la Autoridad Nacional Palestina (ANP). La Zona B se encuentra bajo el control administrativo de la ANP, mientras que Israel posee la autoridad militar. Ambas áreas están compuestas por 165 «islas» de tierra desconectadas que en suma abarcan aproximadamente el 30% de Cisjordania.

Por último, la Zona C, administrada militar y civilmente por Israel, se extiende por el este de Cisjordania suponiendo el 60% de este territorio. En esta última zona es donde se encuentran los asentamientos israelíes –conocidos como  «colonos»–, zonas de entrenamiento militar y parques naturales. También, donde se acumulan la mayor parte de las demoliciones de infraestructuras palestinas: un total de 7.703 en los últimos 15 años.

A finales de 2016, la ONU aprobó una resolución por la que condenaba los asentamientos israelíes en territorios palestinos. La decisión contó con la abstención de EEUU, que todavía bajo la Administración Obama, días antes de abandonar la Casa Blanca. También la UE se ha posicionado en repetidas ocasiones en contra de esta política.

En febrero de este mismo año, el Servicio Europeo de Acción Exterior de la UE (SEAE) se pronunció en contra de la legalización por parte de Israel de nueve asentamientos ilegales en el territorio ocupado y reiteró «su posición de que los asentamientos son ilegales según el derecho internacional y que no reconocerá ningún cambio en las fronteras de 1967 distintos de los acordados por las partes».

El SEAE también se mostró, siete meses antes de los atentados de Hamás, «gravemente preocupada por el aumento de las tensiones y la violencia» en la región y se ofreció a mediar para «ayudar a las partes a reconstruir un camino hacia el diálogo y trabajar juntas para revertir el ciclo negativo de violencia y evitar más pérdidas de vidas».

La política de asentamientos de Israel contrasta con la dificultad de los palestinos para edificar en lo que los organismos internacionales reconocen como su legítimo territorio. Con la excusa de la falta de un plan urbanístico, el Estado de Israel lleva años restringiendo duramente los permisos de construcción en esta área, lo cual también afecta a los proyectos de cooperación para el desarrollo financiados por la UE.

El 97% de las demoliciones se debieron a la falta de permisos,  imposibles de conseguir para palestinos

«Sin ninguna posibilidad de recibir un permiso y construir legalmente, las necesidades de una población en crecimiento no dejan a los palestinos otra opción que desarrollar sus comunidades y construir casas sin permisos«, analiza el el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados (B’Tselem).

Es también la única solución para las organizaciones palestinas que trabajan sobre el terreno con el respaldo de los fondos europeos, asumiendo el riesgo de que las autoridades sionistas derriben las infraestructuras.

Síntomas de un apartheid

La demolición de un establo para vacas propiedad de la cooperativa de Duma, una aldea palestina de Cisjordania, se llevó a cabo a penas unos meses después de su construcción y sin previo aviso, según las fuentes consultadas por Público.

Este proyecto fue financiado desde España por el Gobierno de Navarra y tenía como objetivo promover «la economía social y solidaria como herramienta para superar la desigualdad en Palestina».

La falta de permisos de construcción es la razón principal por la que Israel lleva años derribando infraestructuras en territorio palestino. Esta ha sido la excusa que han dado las autoridades sionistas en el 97% de las demoliciones llevadas a cabo, incluidas las de infraestructuras financiadas por la UE y sus Estados miembros. De nuevo, la mayoría de ellas se produjeron en la Zona C de Cisjordania.

En sucesivos reportes sobre las demoliciones, la Oficina de Representación de la Unión Europea en Franja de Gaza y Cisjordania ha afirmado que estos permisos «son casi imposibles de obtener para palestinos en la Zona C y este de Jerusalén». También la organización B’Tselem advertía en 2017 que «las probabilidades de que un palestino reciba un permiso de construcción en el Área C –incluso en terrenos de propiedad privada– son escasas o nulas».

Para quienes viven estos hechos de forma cotidiana, las demoliciones tienen como objetivo «eliminar las formas de subsistencia de los palestinos en el territorio ocupado», declara a Público una cooperante española que trabajaba sobre el terreno y que prefiere no dar su nombre para evitar recortes en los fondos que recibe la organización para la que trabaja.

Además, no son los únicos argumentos por los que Israel decide acabar con las edificaciones de palestinos. Desde 2009, un 0,9% de las demoliciones llevadas a cabo en los territorios ocupados se debían a operaciones militares, mientras que otro 1,3% a demoliciones punitivas –una medida de castigo para las familias de palestinos detenidos por ataques o presuntos ataques a la población israelí–.

Estas políticas de demolición, junto a «los asesinatos arbitrarios extrajudiciales, tortura, negación de derechos fundamentales, una tasa abismal de muertes infantiles, castigos colectivos, un sistema judicial militar abusivo» componen lo que el relator especial de la ONU para Derechos Humanos para Palestina, Michael Lynk, declaró como apartheid en su reporte de 2022. Hechos ante los que Europa lleva décadas mirando hacia otro lado.

Silencio de la UE

De la defensa de Europa de los acuerdos internacionales sobre Palestina sólo quedan escombros. Desde hace años, la estrategia diplomática de la UE con esta región se basa en invocar al derecho internacional, llamar a la calma a israelíes y palestinos y aumentar las partidas de ayudas en la región que terminan siendo boicoteadas por Israel.

En lo relativo a las demoliciones, la UE «únicamente toma nota», explica a Público el eurodiputado de The Left, Miguel Urbán. Así lo evidencia la Comisión Europea en su respuesta a las preguntas formuladas por Verds/ALI, S&D, NI, The Left sobre la vulneración del Estado de Derecho en los territorios palestinos ocupados, en la que explica que «mantiene registro de todas las demoliciones y confiscaciones de estructuras financiadas por donantes, incluidos los activos financiados por la UE y los daños financieros conexos».

También asegura, que ha «exigido a Israel en varias ocasiones que devuelva los activos financiados por la UE que ha demolido, desmantelado o confiscado, o que pague una indemnización por ello». Sin embargo, confirma Urbán, a día de hoy no hay constancia de que el Estado de Israel haya devuelto ninguno de los bienes destruidos por las fuerzas ocupantes.

Por cada trabajador detenido, material confiscado o infraestructura demolida, la UE recaba datos y elabora un informe. Pero sobre el terreno, la voluntad de mediación de la UE no se traduce en nada. «Nos han dejado solas», confirma una cooperante española  que trabaja en Cisjordania.

En este contexto de inmovilismo internacional y de recrudecimiento de las tensiones en la región, la UE ha hecho de las ayudas su mecanismo de compensación. Según Luca Gervasoni, fundador del Instituto Internacional para la Noviolencia Activa (NOVACT) y profesor colaborador de la UOC, la ayuda de la Unión Europea ha pasado en los últimos 10 años de los 250 millones de euros a los 300 millones.

Gervasoni vincula este aumento «al recrudecimiento de las políticas de ocupación militar ilegal y desplazamiento forzado de personas generado por el ejecutivo israelí, que ha dejado sin oportunidad de trabajo, casa o refugio a miles de personas en la última década».

Para Urbán, con las ayudas la UE también busca «limpiar su conciencia por una política de apoyo incondicional a Israel». De hecho, tras el repunte bélico entre Israel y Hamás y en mitad de las acusaciones de crímenes de guerra al Gobierno de Netanyahu, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, ha anunciado varias ampliaciones de la dotación humanitaria para Gaza.