Almería es la zona más árida de Europa y, paradójicamente, se ha convertido en la huerta del viejo continente. La expansión de los cultivos industriales, sin embargo, está acelerando el desgaste de la tierra y abocando a la región a la escasez en un momento en el que los periodos de sequías se vuelven cada vez más recurrentes.

«Hay una degradación cuantitativa y cualitativa de los recursos hídricos. Los niveles de los acuíferos son bajos y se están agotando y, luego, hay un problema de vertidos de pesticidas y nitratos que deterioran la calidad del agua», expone Jaime Martínez Valderrama, investigador del CSIC que lidera una publicación en la revista académica Water Resources Management sobre los problemas hídricos del campo almeriense.

En la actualidad, los datos del Ministerio para la Transición Ecológica revelan que los embalses de Almería están por debajo del 10% de su capacidad. Aunque la agroindustria sí se nutre de estas reservas, la sequía es la causa principal de esta situación de crisis. Donde la agricultura intensiva sí está provocando problemas es en las masas de agua subterránea que nutren a la mayoría de tierras de cultivo que, a vista de satélite, se ven como un mar de plástico. La capacidad natural de recarga de los acuíferos es inferior a la velocidad de extracción llevando a los recursos hídricos al borde del colapso.

En el campo de Dalías, la extracción de agua es un 158% superior a la velocidad natural de recarga del acuífero (el tiempo en el que las lluvias y otros procesos consiguen llenar los pozos). En Níjar, el bombeo de agua para regadío es un 250% superior a la capacidad de recuperación de las masas de agua subterránea y en el Medio-Bajo Andarax el uso de agua es un 149% superior al ritmo en el que los pozos se terminan de llenar.

En Almería, además, buena parte de los acuíferos son costeros. «Hay un equilibrio natural entre el agua salada del mar que entra y el agua dulce. Si este equilibrio de altera, aumenta la salinidad y esto es lo que está ocurriendo, que hay menos agua y la que queda es salada, no en su totalidad, pero inservible para regar. El acuífero de Níjar esta completamente salinizado desde los años 90, por ejemplo», expone Martínez Valderrama.

A ello se suman las filtraciones de herbicidas y la contaminación de plásticos y microplásticos de un modelo agrario basado en los cultivos en invernaderos. La investigación del CSIC revela que sólo en la zona occidental de Almería se abandonan unas 30.000 toneladas de materiales plásticos derivados de residuos agrarios.

Desaladoras, CO2 y eficiencia que no reduce el consumo

La alternativa al colapso no pasa por un cambio en el modelo agrario, sino en la intensificación de los medios de producción. Las desaladoras se han convertido en el aliado de la agroindustria y ello requiere del uso de motores que funcionan, en su mayoría con combustibles fósiles. La planta de desalinización de Carboneras, la segunda más grande del mundo, depende de una planta térmica térmica alimentada por carbón, actualmente en desmantelamiento, que ha dejado una huella de dióxido de carbono asociada de hasta 1,48 kg de CO/m3.

«Luego están las emisiones de CO2 asociadas al transporte de mercancías, porque se trata de una producción muy destinada a la exportación hacia Europa», agrega el investigador del CSIC. Aproximadamente se despliegan entre 1.500 y 2.000 camiones de frutas y hortalizas al día, según las estimaciones realizadas por los expertos. En cómputo, la huerta de Almería emite 6.982 toneladas de CO2 diarias.

La otra alternativa complementaria es la de la modernización del regadío. El Ministerio de Agricultura ya ha lanzado este año un plan de inversión público-privada de 745 millones de euros para mejorar la eficiencia de los sistemas de regadío. Esta medida, sin embargo, tampoco es la solución a los problemas de Almería y del resto de territorios de España amenazados por la desertificación de sus ecosistemas.

«Es la solución más intuitiva, pero no arregla el problema. A nivel de parcela si puede servir, el problema es que si en una parcela ahorramos 50 litros, esa cantidad se termina invirtiendo en crear una nueva parcela de riego. Es lo que se denomina paradoja de Jevons; a medida que aumentas la eficiencia, aumentas el consumo», zanja Martínez Valderrama.

El expresidente de la Deputación de Ourense, del PP provincial y senador por designación autonómica Manuel Baltar gastó antes de dejar su cargo en julio pasado más de 55.000 euros del presupuesto público en incentivos y gratificaciones a una treintena de funcionarios de su círculo de confianza.

Según la documentación a la que ha tenido acceso Público, los mayores beneficiarios, con cantidades superiores a los 2.000, los 3.000 y los 5.000 euros, son el que fuera su chofer personal y responsable del servicio de conductores de la institución, otros tres trabajadores de su secretaría personal y varios altos cargos y mandos intermedios de diversos departamentos.

Fuentes internas de la Deputación han confirmado a Público que la mayoría de las personas más próximas a Baltar que desempeñaron puestos de confianza durante sus mandatos han sido confirmadas en sus puestos tras el ascenso a la presidencia del nuevo líder del PP ourensano, Luis Menor, alcalde de la localidad de Pereiro de Aguiar.

Menor fue senador hasta el pasado agosto y es presidente del partido en la provincia desde la renuncia de Baltar en octubre pasado.

Hombre de confianza de Feijóo

Según confirman fuentes del PP, Menor es una persona de la plena confianza del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de su sucesor en la Xunta, Alfonso Rueda, quienes le impulsaron como nuevo líder del partido en la provincia.

Público ha tratado sin éxito de contactar con Baltar para obtener una valoración sobre los sobresueldos cobrados por el personal de su círculo íntimo en la Deputación. El entorno del nuevo presidente sí ha respondido alegando que se trata de «una cuestión de gestión interna, debidamente fiscalizada por los órganos de control de la Deputación y con pleno arreglo a derecho».

El expresidente renunció a seguir al frente de la Deputación y del PP ourensano tras haber sido imputado por un delito contra la seguridad vial por conducir a 215 km/h el coche oficial de la Deputación, causa que se sigue contra él en el Tribunal Supremo dado que después de esa infracción obtuvo la condición de aforado, cuando Feijóo y Rueda acordaron facilitarle un escaño en el Senado por designación del Parlamento de Galicia.

Entre las gratificaciones que Baltar entregó antes de marcharse a una treintena de funcionarios destacan las que percibieron tres personas adscritas a su secretaría personal por valor de 5.400,49 euros, 5.209,90 euros y 5.200 euros, respectivamente. Su chófer oficial percibió otros 4.200 euros, y un alto cargo del departamento de Obras, otros 3.285 euros.

Retribuciones extraordinarias

Además, hay otros tres funcionarios con retribuciones extraordinarias por encima de los 2.000 euros y otros 19 con percepciones por encima de los de mil. El resto de cantidades oscilan entre los 260 y los 950 euros.

Entre los beneficiarios hay funcionarios con plaza fija, interinos y personal laboral. Las citadas fuentes aseguran que en varios casos se trata de militantes del PP o simpatizantes del partido que se habrían presentado en puestos medios en las candidaturas del partido en alguno de los procesos electorales de los últimos años.

Esas personas recibieron esas cantidades en concepto de gratificaciones e incentivos a la productividad, a pesar de que en sus nóminas figuran ya complementos que representan en algunos casos el doble de sus salarios base.

Varios de los beneficiarios son militantes del PP o simpatizantes del partido que se presentaron en sus listas

Según ha podido saber Público, los presupuestos de la Deputación de Luis Menor para el año que viene mantienen la misma previsión de gasto en retribuciones extraordinarias que los que había dejado Baltar para 2023. Eso no quiere decir que el nuevo presidente vaya a seguir usándolos, pero sí que se reserva la posibilidad de hacerlo.

Con los votos de Jácome

Menor pudo aprobar los nuevos presupuestos gracias a los votos de la Democracia Ourensana de Gonzalo Pérez Jácome, el alcalde de Ourense a quien, a su vez, el PP apoya en el Ayuntamiento para que pueda mantenerse en la Alcaldía.

Además de su procesamiento en el Supremo, Baltar se enfrenta a una investigación abierta por la Fiscalía por los audios desvelados por Público en los que su hermano reconocía supuestas mordidas de ambos en la contratación de obras del organismo.

Antes de su renuncia también se supo que la Deputación se había negado a identificar al conductor en varios expedientes por exceso de velocidad asignados al coche que él conducía, y que otros correspondientes a otros vehículos oficiales de la Deputación habían sido asumidas ante la Dirección General de Tráfico por familiares de su anterior conductor, ya jubilado.

Al menos en uno de esos casos, una de esas personas, también trabajadora del organismo, habría visto mejoradas sus condiciones laborales al ver consolidada su plaza poco después de señalarse como responsable de la infracción y asumir el pago de la multa.