La izquierda gallega se une en la manifestación por la sanidad pública | NOTICIAS BÁSICAS

Hoy en Noticias Básicas contamos la multitudinaria manifestación celebrada en Santiago a favor de la sanidad pública gallega, la intención del gobierno de llevar agua en barco desde Valencia a Cataluña, el inicio de la negociación entre Trabajo y los sindicatos del decreto que recorta las cotizaciones a los desempleados mayores de 52 años, la lucha de un edificio en Lavapiés contra la especulación inmobiliaria o el resultado de las elecciones en El Salvador. Todo esto y más a partir de las tres y media en Canal Red.

Un consejero de RTVE denuncia la censura a Podemos en el Telediario de La 1

Elena Sanchez, presidenta de RTVE — Gustavo Valiente / Europa Press

Los informativos de este sábado de la cadena pública han informado de PSdeG, PP, BNG, Sumar y Vox, pero no de un acto de la formación morada en Ourense

Roberto Lakidain, uno de los nueve consejeros que forman parte de Consejo de Administración de la Corporación Radio y Televisión Española (CRTVE) que preside de forma interina la periodista Elena Sánchez, ha denunciado en redes sociales la cobertura informativa que los telediarios de La 1 están dedicándole a Podemos en las elecciones gallegas.

A pesar de que el plan de cobertura de TVE prevé cobertura a seis partidos políticos, según la representación, entre los cuales está incluida la formación morada, la cadena pública ha censurado a Isabel Faraldo, candidata de Podemos a la Xunta de Galicia, en su informativo de este sábado.

En el informativo, han aparecido PP, PSdeG, BNG, Sumar y Vox, pero no así Podemos que en el plan de cobertura electoral del ente público ocupa el mismo espacio de representación que la formación de Yolanda Díaz y por encima de Vox.

La mañana del sábado 3 de febrero, Podemos celebró un acto electoral desde Ourense que, además de con la participación de su candidata, contó también con la presencia de María Teresa Pérez, portavoz estatal de la formación morada, para denunciar el problema de la vivienda. Como destaca Lakidain, la televisión autonómica, sin embargo, sí le ha dado cobertura.

“TVE se excusará. Hablará de los criterios periodísticos, de que el tiempo se mide durante toda la campaña y de todo bla, bla, bla imaginable. Han incumplido la instrucción 4/2011 de la Junta Electoral, faltan al principio de igualdad y neutralidad”, ha asegurado el consejero de la corporación pública en la red social X.

En la misma línea, Lakidain ha insistido en que “bajo un criterio periodístico, honesto y profesional, resulta inexplicable la censura de hoy. TVE, manipulando la información, rompe la obligada neutralidad que debe cumplir”. Así, el consejero de RTVE considera que Podemos Galicia “tiene argumentos para denunciarlo ante la Junta Electoral”.

Por último, Roberto Lakidain ha subrayado que la neutralidad de los medios públicos -y privados- en un proceso electoral como el que se está desarrollando en Galicia es una exigencia democrática de primer nivel. Abrir espacios a la manipulación informativa y a la censura es un error enorme que TVE no se puede permitir”.

El País también oculta a Podemos Galicia

El periódico del Grupo Prisa que dirige Pepa Bueno también ha ocultado a la formación morada en un reportaje que ha publicado este domingo sobre los comicios gallegos. En la pieza, titulada ‘El feudo de la derecha que vota más a la izquierda’, el periodista Xosé Hermida ha afirmado que «el campo progresista se divide en tres opciones: PSOE, Sumar y BNG», excluyendo de esta ecuación a Podemos Galicia cuya candidata es la coruñesa Isabel Faraldo.

UGT denuncia el recorte a las pensiones de los mayores de 52 en el Decreto-ley de Yolanda Díaz y exige retirarlo

Pepe Álvarez, Secretario General de UGT y Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno — Eduardo Parra / Europa Press / ContactoPhoto

Pepe Álvarez trasladará en la mesa de negociación con la vicepresidenta su exigencia de suprimir el recorte del Real Decreto-ley para haya acuerdo, según informa El Mundo

Hoy arrancan las negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales para abordar la reforma del subsidio por desempleo, tras fracasar su convalidación en el Congreso con el voto en contra de los cinco diputados de Podemos, por la negativa de los morados a asumir el recorte a los desempleados mayores de 52 años.

Tal y como está redactado el Real Decreto-ley 7/2023, la vicepresidenta Yolanda Díaz no cuenta con el consenso de los agentes sociales y, por ello, convocó a la Mesa del Diálogo Social para negociar un nuevo texto. Esta misma mañana, según informa El Mundo, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha acordado con su ejecutiva su postura de plantarse ante Díaz y exigir la supresión del recorte a las pensiones de los mayores de 52 años que cobran el subsidio por desempleo para que haya acuerdo.

De esta forma, UGT se suma a Podemos en la exigencia de retirar del Decreto-ley la medida incluida en el texto que dicta así: “Reducción en el porcentaje a aplicar a la base de cotización a todas las personas beneficiarias del subsidio para mayores de 52 años: en 2024 descenderá al 120% e irá reduciéndose un 5% cada año hasta que en el año 2028 se quedará en el 100%”. Pepe Álvarez trasladará a Díaz que este recorte penalizaría a los desempleados que accedan a una jubilación anticipada por necesidad.

Desde el sindicato se muestran implacables en su postura y rechazan cualquier vía alternativa: el recorte debe ser suprimido del texto para que cuenten con su apoyo. También rechazan la defensa que hizo la vicepresidenta del recorte, amparándose en que el exceso de cotización del 125% en los parados ya no tenía sentido con el actual SMI y, por este motivo, había que reducirlo.

Yolanda Díaz se ve obligada ahora a sentarse a renegociar el Decreto-ley propuesto desde Trabajo para conseguir su aprobación, de la cual depende la confirmación de la Comisión Europea del cuarto pago de los fondos europeos. Con la retirada del recorte, tal y como exigió Podemos desde el primer momento, recabaría no solo el acuerdo con los agentes sociales sino, también, los votos de los diputados de la formación morada.

 

 

El CIS rebaja las opciones de mayoría absoluta del PP en Galicia y abre la posibilidad de un gobierno de izquierdas

El Centro de Investigaciones Sociológicas publica una nueva encuesta de cara a las elecciones gallegas.

Santiago de Compostela
Manifestación en Santiago de Compostela por la sanidad pública este sábado 4 de febrero, en plena campaña electoral gallega.  Álvaro Ballesteros / EUROPA PRESS

La nueva encuesta del CIS da alas a la izquierda en Galicia. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, que ha publicado el avance de su última encuesta en tierras gallegas de cara a las elecciones, que se celebrarán el próximo 18 de febrero, el Partido Popular (PP) perdería opciones de lograr la mayoría absoluta con respecto a la anterior encuesta y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) continuaría en tendencia ascendente.

Así, los resultados en estimación de voto calculados a partir de las 3.743 entrevistas que realizó, entre el 29 de enero y el 1 de febrero, el centro que dirige José Félix Tezanos otorgan al PP entre 34 y 38 escaños. Precisamente, el 38 es el número mágico en Galicia. Es el mínimo de diputados que debe conseguir una formación para lograr la mayoría absoluta y, por tanto, el único resultado que le vale al Partido Popular de Alfonso Rueda para mantener el bastón de mando.

La nueva encuesta del CIS da alas a la izquierda en Galicia. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, que ha publicado el avance de su última encuesta en tierras gallegas de cara a las elecciones, que se celebrarán el próximo 18 de febrero, el Partido Popular (PP) perdería opciones de lograr la mayoría absoluta con respecto a la anterior encuesta y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) continuaría en tendencia ascendente.

Así, los resultados en estimación de voto calculados a partir de las 3.743 entrevistas que realizó, entre el 29 de enero y el 1 de febrero, el centro que dirige José Félix Tezanos otorgan al PP entre 34 y 38 escaños. Precisamente, el 38 es el número mágico en Galicia. Es el mínimo de diputados que debe conseguir una formación para lograr la mayoría absoluta y, por tanto, el único resultado que le vale al Partido Popular de Alfonso Rueda para mantener el bastón de mando.

En la encuesta que realizó el CIS antes de la que se ha publicado este 5 de febrero, el suelo de escaños a los que aspiraría el PP en las elecciones —siempre según la estimación que hace el CIS— se situaba en 36 escaños, mientras que en esta última se sitúa en 34, muy lejos de la mayoría absoluta. El mejor de los escenarios para Rueda, en cambio, no ha variado: 38 escaños y una mayoría absoluta por los pelos. Muy lejos, en cualquier caso, de los 42 que ostenta en la actualidad.

El BNG de Ana Pontón, que, actualmente, cuenta con 19 escaños en el Parlamento de Galicia, se situaría en una horquilla de entre 22 y 26. Su proyección de voto ha ido creciendo a medida que han ido pasando los días. No ha pasado lo mismo con José Ramón Gómez Besteiro y el PSOE. Esta última encuesta del CIS le da entre 13 y 15 escaños, dos menos de los que le dio la anterior.

Marta Lois (Sumar) se mantiene en la batalla por lograr representación en la Xunta, aunque la encuesta le da solo entre cero y un escaño. La misma estimación que le pronostica a Democracia Ourensana, el partido del alcalde de derecha populista de Ourense Gonzalo Pérez Jácome, y a su candidato en estos comicios, Armando Ojea.

Ni Podemos ni Vox lograrían ningún escaño. El porcentaje estimado de voto que conseguirían los primeros es del 0,3%, mientras que el de los segundos escala hasta el 0,9%. En cualquier caso, el CIS no les da posibilidades de representación.

El porcentaje estimado de voto para el Partido Popular se situaría en el 42,2%; el del BNG, en un 32,9%; el del PSOE, un 20,1%; el de Sumar, en un 2,1% y el de Democracia Ourensana, en un 0,4%. Los datos arrojan un escenario más abierto a medida que pasan los días y las casi dos semanas que quedan por delante serán cruciales.

Pontón, la candidata mejor valorada

El estudio también ha incluido preguntas acerca de los líderes que encabezan las listas en estas elecciones. Ana Pontón es la candidata a la que los ciudadanos valoran con una nota más alta (5,74), por delante de Alfonso Rueda (5,37). Son los únicos dos que aprueban. Gómez Besteiro se queda a las puertas de ese aprobado con un 4,86; a Marta Lois, los ciudadanos le dan un 3,98; a Isabel Faraldo (Podemos), un 3,21, y a Armando Ojea, un 2,89.

También pregunta el CIS a los encuestados qué candidato «creen que se preocupa más por los problemas de Galicia«. También en ese caso supera Pontón a Rueda. Un 36,8% así lo consideran, por un 32,1% que creen que es el candidato popular el que más se preocupa. El resto de los líderes se sitúan muy lejos de la del BNG y el del PP.

Cambian las tornas cuando a los encuestados se les pregunta a qué candidato prefieren como presidente de la Xunta. Rueda es el preferido para presidir Galicia con un 37,8% de la muestra a su favor. Pontón cae a un 31,9%. Como en los casos anteriores, el resto de los candidatos caen a porcentajes mucho más bajos.

Ayuso acude a la Justicia para evitar que las actas de las residencias durante la pandemia salgan a la luz

La solicitud de un particular de estos datos fue rechazada por la Viceconsejería de Interior, aunque el Consejo de Transparencia obligó a la Comunidad de Madrid a revelar la información en un plazo de 20 días.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un acto en Madrid, a 2 de febrero de 2024.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un acto en Madrid, a 2 de febrero de 2024.  Diego Radamés / EUROPA PRESS

La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) un recurso para evitar que las actas de visitas a las residencias de mayores durante la pandemia de la covid-19 salgan a la luz, según ha adelantado la Cadena Ser.

Un particular solicitó en febrero de 2022 al Portal de Transparencia «las Actas de Inspección de Residencias de Mayores y otros centros residenciales» realizadas por la Policía municipal, que permanecen bajo custodia y sin que nadie haya podido ver aún su contenido completo, pero se encontró con la negativa de la Viceconsejería de Interior.

A pesar de que Interior consideraba que revelar esta información podía colisionar con la Ley de protección de datos, el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid obligó al Gobierno de Ayuso a remitir «la información solicitada por el Reclamante, en el plazo máximo de 20 días», después de que el particular en cuestión recurriese la negativa.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid ha acudido a los tribunales para evitar revelar esta información con un recurso por la vía de lo contencioso-administrativo.

Para el Consejo de Transparencia no debería suponer un problema dar esta información «si se efectúa la previa disociación de los datos de carácter personal» para que no se pueda identificar a los afectados.

Con todo, la Comunidad de Madrid se escuda en que se trata de un «elevado volumen de información», calculado en «más de mil expedientes», en algunos casos escritos a mano y en los que «aparecen datos de carácter personal» como «el nombre de la persona fallecida o enferma». Es por ello, que alega que necesita una «aplicación informática avanzada», la cual «no dispone con carácter general» y tendría que reelaborar toda la información.

El demandante, por su parte, asegura que la documentación solicitada está acotada a fechas concretas, la ley de protección de datos no se aplica a personas fallecidas y que en la administración es habitual el uso de PDF. Además, la Comunidad adquirió «2.600 licencias de Adobe Acrobat» en 2019, añade.

El Consejo de Transparencia ha dado la razón al particular y argumenta que esta información permite conocer más detalles «sobre las actuaciones llevadas a cabo por la Policía local de Madrid en residencias de mayores» y considera que existe «un interés público prevalente sobre los derechos a la protección de datos». 

Al tratarse de actuaciones llevadas a cabo por la Policía municipal, el Consejo llama la atención sobre que esta información esté en manos de la Comunidad. «Este Consejo no ha conseguido averiguar la razón por la que esta documentación obra en poder de la Comunidad y no en el Ayuntamiento», argumenta.

Agotada así la vía administrativa, la Comunidad de Madrid ha acudido a la vía de lo contencioso-administrativo para evitar que esta información salga a la luz.

Durante los tres años de pandemia, un total de 34.571 mayores fallecieron en residencias. Hasta 20.000 de estas muertes se registraron solo en el 2020. Desde entonces, las familias han interpuesto cientos de querellas, pero no se ha resuelto ni una condena.

 

La Audiencia Nacional investiga la persecución de las cloacas de Interior a Podemos

El juez Santiago Pedraz debe decidir si admite todas las pruebas cosechadas tras una querella de la formación morada contra la cúpula de Interior del Gobierno del PP de Mariano Rajoy. 

Imagen de archivo de la puerta de la Audiencia Nacional.
Imagen de archivo de la puerta de la Audiencia Nacional.  EUROPA PRESS

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tiene sobre su mesa una querella para investigar la persecución que realizó el Estado contra Podemos durante el Gobierno de Mariano Rajoy. El magistrado, de esta forma, tendrá que que decidir si analiza cómo la cúpula policial del Ministerio de Interior del Gobierno del PP utilizó recursos de manera ilegal, al menos durante los años 2015 y 2016, para espiar a la formación morada, entonces en la oposición.

Las pruebas de la Audiencia Nacional revelan que el espionaje ilegal se habría materializado a través de numerosos informes, la mayoría de ellos adulterados con datos falsos, que fueron filtrados a medios de comunicación y tabloides de extrema derecha por los jefes policiales y altos cargos de Interior.

El juez Manuel García-Castellón, instructor de la operación Kitchen, incorporó al sumario varias conversaciones telefónicas de Whatsapp entre el secretario de Estado de Seguridad de aquel Gobierno del PP, Francisco Martínez, y varios jefes policiales. En las transcripciones se puede ver cómo los mandos policiales pusieron en marcha varias operaciones presuntamente ilegales contra dirigentes de Podemos. Una información que se presentó como prueba en una querella contra los exjefes del Ministerio de Interior para denunciar la persecución al partido morado.

El reparto de la querella le correspondió al juez Santiago Pedraz, que envió los documentos al juzgado número 6 que dirige Manuel García-Castellón. Podemos recurrió esta decisión y alegó que este magistrado había manifestado públicamente su rechazo al exdirigente de Podemos, Pablo Iglesias, a quien ya intentó imputar por el denominado caso Dina.

Tal y como informa El País, el juez García-Castellón acumula numerosas pruebas sobre estas actuaciones ilegales de la Policía contra Podemos, pero nunca ha abierto una investigación.

Ahora, la Sala de lo Penal a la que recurrió Podemos ha resuelto que la competencia de esta investigación corresponde a Santiago Pedraz. Si el magistrado admite las pruebas, la Audiencia Nacional investigará por primera vez la persecución política y policial a la formación morada por parte del PP de Mariano Rajoy.

♟️Tensiones en el partido judicial | El Tablero

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