El 22 de mayo, GIPRI junto al Colectivo de Juristas por el respeto de los acuerdos internacionales en Francia (CJRF), así como un grupo de ciudadanos han solicitado por escrito al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan que se abra una investigación contra la presidenta de la Comisión Europea. Se le acusa de complicidad en los crímenes de guerra y el genocidio contra los palestinos en los territorios ocupados, incluida la Franja de Gaza.

El escrito legal que ha sido trabajado por varios grupos de Derechos Humanos y prominentes académicos y expertos en derecho penal internacional, solicitan al fiscal iniciar investigaciones basándose en los informes de organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros, como el caso de la carta enviada el 14 de febrero de 2024 por Pedro Sánchez y el Primer Ministro irlandés por ese entonces, Leo Varadkar.

El escrito considera a Von der Leyen responsable por ayudar en la comisión de crímenes y violaciones del Derecho Internacional Humanitario en el sentido del artículo 25(3)(c) del Estatuto de Roma de la CPI, es decir, esta sería responsable a título individual como cómplice o encubridor de la facilitación de comisiones de crímenes, así como tentativas o de proporcionar medios para la comisión de este. De igual manera, consideran que no goza de inmunidad ante la CPI conforme el artículo 27 del Estatuto de Roma.

En el mismo sentido, se la considera cómplice de violaciones del artículo 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma, es decir, de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra brindando apoyo militar, político y diplomático a Israel y por no tomar acciones a tiempo en nombre de la Comisión Europea para prevenir el genocidio como se requiere en la Convención contra el genocidio de 1948, deber que conforme la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y el Estatuto de la CPI es atribuible a todos.

Así mismo, finalizan asegurando que Von der Leyen no puede negar el conocimiento de que supiera que se estuvieran cometiendo estos crímenes, sobre todo a partir del momento en el que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dicto medidas provisionales el 26 de enero de este año a raíz de la demanda de Sudáfrica.