La jueza Inmaculada Iglesias ha citado el próximo 10 de abril a Alberto González Amador para que declare en calidad de investigado en la pieza separada abierta por la posible comisión de delitos diferentes a los que se instruyen en la causa principal sobre un presunto fraude fiscal.

En el auto, la jueza señala que procede la citación a los efectos del esclarecimiento de los hechos relatados, que «pueden ser constitutivos de delito de corrupción en los negocios y administración desleal», dado que la sociedad Quirón Prevención puede ser perjudicada por los hechos presuntamente cometidos por Alberto González Amador, en su propio nombre y como responsable de Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente S.L. en connivencia con los responsables de Quirón Prevención.

González Amador compareció el pasado 24 de febrero ante la magistrada como investigado en la pieza principal, si bien se acogió a su derecho a no declarar por consejo de sus abogados hasta que este recurso se resolviera al afectar a la causa que se instruye por dos delitos fiscales.

Los magistrados estimaban que en el presente «momento procesal resulta procedente la sustanciación del proceso en orden a esclarecer si los hechos objeto de la pieza separada abierta pueden ser constitutivos de infracción penal».

«Las operaciones económicas y jurídicas realizadas, podrán o no tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta», señalaban los jueces.

La magistrada acordó el pasado mes de octubre abrir una investigación aparte del procedimiento principal por el supuesto uso de una sociedad instrumental para «ocultar unos ingresos» del Grupo Quirón que debían haber sido declarados.

Nuevos delitos

La pieza separada se abría para investigar posibles nuevos delitos «en la utilización de la sociedad instrumental o de pantalla a Masterman S.L mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona S.L –empresa de Alberto González Amador– y su cliente Quirón Prevención S.L».

La resolución analizaba «si los hechos relacionados con la utilización de la sociedad interpuesta Materman SL para ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados por Maxwell Cremona S.L. pueden ser constitutivos de otros delitos que deben ser investigados».

La acusación popular entendía que detrás de la simulación subjetiva de ese negocio jurídico puede haber «una administración desleal, como apunta el Abogado del Estado o incluso un delito de corrupción en los negocios o ambas cosas atendiendo al importe pagado de casi 500.000 euros por las participaciones de Masterman S.L en ese momento propiedad de la mujer del presidente de Quirón Prevención».

Entiende que podría tratarse de «una contraprestación que podría deberse por la adjudicación de los contratos que le fueron adjudicados a Maxwell y después a Masterman por Quirón Prevención o bien una contraprestación por la operación en la que Maxwell intermedió y por la que MAPE Asesores adquirió productos sanitarios de las empresas FCS Products, SL e Inteconn, INC ya que como resultado de esas operaciones, Maxwell facturó a ambas empresas 2.021.900 euros en 2020».