Hace escasas semanas saltaba a la luz la comida que tuvo lugar entre la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, y Florentino Pérez, conocido magnate de las finanzas. En el encuentro les acompañaban Antonio García Ferreras y Baltasar Garzón.

Las sospechas que recayeron en relación a ese encuentro, envueltas por el alto grado de intimidad y discreción de la comida celebrada en el restaurante madrileño El Telégrafo, se centraron en señalar “la complicidad de la Fiscalía para algunas de las causas pendientes que el presidente de ACS tiene todavía con la Justicia. Sin ir más lejos, el caso del 3%, ya que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata sostiene que la empresa de Pérez pagó durante años a CDC (Convergència Democrática de Catalunya) para conseguir contratos públicos” según Vozpópuli.

Ahora a ellas se le suma el caso de las residencias de mayores. Clece Mayores, una de las filiales propiedad de Florentino Pérez, se ha visto involucrada en la dramática situación vivida durante los primeros momentos de la pandemia, donde fallecieron, solo en la ciudad de Madrid, más de 6.000 ancianos.

Aralia Servicios, Clece Mayores, Domus VI, Vitalia y Orpea se encuentran en el punto de mira de los familiares de las víctimas, organizados en la agrupación Marea de Residencias. Acusando de “homicidio por imprudencia” entre otros delitos, han presentado varias querellas no solo contra los grupos gestores, sino también contra políticos como Isabel Díaz Ayuso y varios de sus consejeros por la falta en la toma de medidas.

La sorpresa para la agrupación radica en las trabas que Fiscalía les está poniendo para judicializar los casos. Aseguran que la pretensión es “archivar las causas” porque “considera que no son punibles los hechos”, explicaba para Público uno de los abogados.

Destaca, sobre todo, el caso de Clece Mayores, propiedad de Florentino Pérez, que la Fiscalía ha decidido salvar. Los otros cuatro grupos tienen abiertas diligencias. Hechos que han provocado que salten las alarmas en el entorno de los afectados y abogados, quienes dicen creer que la comida celebrada entre el empresario y la Fiscal podría haber estado orientada a negociar el arrepentimiento del primero.