La tesis del juez que persigue a Podemos, Juan José Escalonilla, se ha desmontado radicalmente. Una denuncia basada en “rumores” de un abogado que buscaba venganza por haber sido despedido, se convirtió en una «macrocausa» de supuesta financiación irregular y múltiples delitos. De las siete lineas de investigación que se abrieron a raíz de la denuncia de Calvente en el juzgado de instrucción 42 de Madrid, se han archivado seis.

El delirio del exabogado de Podemos dio lugar a numerosas elucubraciones que han copado horas de tertulias televisivas y portadas de periódicos. Se acusó a Podemos de tener una ‘caja B’, de irregularidades en sus donaciones y hasta de licitación irregular de las obras de la sede. Todo se ha demostrado que era mentira.

Ahora, el juez Escalonilla consciente de que su papel ha quedado en evidencia intenta desesperadamente alargar el caso con una segunda prórroga. En un auto del pasado 27 de enero, en contra del criterio de Fiscalía y de todas las partes, dictó alargar durante seis meses más la investigación prospectiva.

La Fiscalía ha sido contundente en sus últimos escritos: no hay simulación del contrato con la consultora Neurona y la instrucción está terminada. Las diligencias que quedan pendientes -una pericial con la que Escalonilla pretende tasar el precio de los trabajos y la declaración de dos trabajadores de Neurona desde México- ya estaban ordenadas dentro de la prórroga anterior, por lo que no justifican otra prórroga.

UN JUEZ EMPECINADO. ¿POR QUÉ ESCALONILLA QUIERE TASAR AHORA EL PRECIO QUE PODEMOS PAGÓ POR LOS TRABAJOS?

Tras verse acorralado por la evidencia de las pruebas -entre ellas más de 1.400 trabajos realizados por Neurona y doce testigos que acreditaron estas labores- Escalonilla tuvo que reconocer que no hubo un contrato simulado como denunciaba Calvente. Es decir, el motivo que utilizó para justificar la investigación contra Podemos quedaba desmontado. Pero el juez sigue empecinado, y en una huída hacía adelante, ha solicitado una pericial para evaluar si el precio que se pagó por estos trabajos es adecuado.

Ante esto, la Fiscalía dejó un recado al juez: Podemos «puede contratar con los proveedores que considera oportuno». Además, resalta un detalle clave: Neurona se pagó con fondos propios del partido, no con fondos electorales, lo que descarta por completo el supuesto delito electoral con el que Escalonilla está empecinado.

A lo anterior hay que añadir, que la tasación que ha ordenado Escalonilla tiene trampa, pues el juez ha mandado tasar solo un tercio de los trabajos que la consultora realizó para el partido morado.

LOS GANADORES Y LOS PERDEDORES DE LA PERSECUCIÓN A PODEMOS

En pocos meses todo estará cerrado, pero el daño causado a las víctimas de esta denuncia falsa será irreparable. No habrá reparación mediática para el partido morado, ni para Juan Carlos Monedero, Juanma del Olmo, Daniel de Frutos, Carlos García, Rocio Val y el resto de señalados.

Pero no todo son penas, hay alguien a quien parece que no le ha ido tan mal. Tras meses de persecución, Escalonilla ha conseguido hacerse hueco en lucrativos eventos empresariales de la mano del magistrado Eduardo de Urbano Castrillo. Este juez es famoso porque firmó la cuestionable condena contra Isa Serra y no vio delito en el cartel electoral de Vox que criminalizaba descaradamente a los menores no acompañados. En 2017, permitió que el autobús de la organización ultracatólica HazteOir circulase con mensajes que atacaban los derechos de las personas trans.

La imagen que se traslada a la opinión pública es que los jueces que investigan o condenan a personas vinculadas a Podemos son luego invitados a participar en actividades de empresas privadas en las que se reciben grandes cuantías económicas.

¿DÓNDE ESTÁ AHORA CALVENTE?

En la actualidad, José Manuel Calvente se enfrenta a una suspensión en el ejercicio de la abogacía tras una denuncia interpuesta por Podemos en el ICAB -Colegio de Abogados de Barcelona- por su mala praxis en sus actuaciones al impulsar una investigación contra uno de sus clientes mediante una denuncia falsa. La Comisión de Deontología del ICAB tendrá que pronunciarse próximamente al respecto.

Pero este asunto no está exento de polémica. Emma Gumbert, quien fuese miembro de la Junta de Gobierno de este órgano en el ICAB hasta 2021, es una de las socias del despacho de abogados que asesora a Calvente en la causa contra Podemos. Emma Gumbert ha abandonado el órgano del ICAB justo después de que LUH destapara sus vínculos con Calvente.

Sin duda el abogado que tenía un modesto sueldo en Podemos ahora parece que cuenta con abundantes recursos económicos. Para que su denuncia tuviese recorrido en los tribunales, Calvente recurrió al prestigioso despacho de abogados del que forma parte Gumbert, el bufete Antrás de Barcelona, que destaca por sus lazos con el poder económico y político y con tarifas al alcance de muy pocos. Entre sus clientes se encuentra el FC Barcelona o Hospital Clínic de Barcelona.

De momento no ha trascendido para quién trabaja en la actualidad Calvente después de organizar el montaje contra Podemos. Las consultas que ha realizado este medio han dado como resultado un ‘portazo’, nadie quiere hablar y hay mucho oscurantismo. «En los últimos tiempos se ha relacionado con gente muy turbia», es la poca información que se obtiene al preguntar a conocidos del exabogado en Barcelona. Queda por lo tanto una duda, que este medio aún no ha podido resolver ¿quién está contratando ahora a Calvente y cuáles son sus fuentes de ingresos?