Los empresarios se embolsaron casi siete millones de euros en comisiones, según la investigación, en una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid con la venta de material sanitario durante la pandemia.
«Comisiones desorbitadas» para «enriquecerse exageradamente a costa» de la pandemia. El escrito de conclusiones del fiscal es tan contundente como las comisiones que se embolsaron los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina en el conocido como caso Mascarillas, por el que ingresaron casi siete millones de euros por hacer de intermediarios en la compra de material sanitario defectuoso para el Ayuntamiento de Madrid en plena pandemia.
La Fiscalía Anticorrupción pide en total 24 años de prisión para los acusados de esta presunta estafa que llegó a salpicar a Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien facilitó el contacto del Consistorio a Medina para que hiciera su millonaria oferta.
El peor parado en esta investigación es Luceño, considerado el cerebro de la operación. El fiscal solicita una condena de 15 años de prisión para él y otra de nueve años de cárcel para el aristócrata Luis Medina.
El fiscal Luis Rodríguez Sol ha presentado ya su escrito de conclusiones provisionales en el que acusa a Luceño de los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y oficial y otro agravado contra la Hacienda Pública.
Al hijo del duque de Feria y Naty Abascal, Luis Medina, le considera coautor de estafa y falsedad en documento mercantil por esta operación de compraventa de material sanitario en la que, según la investigación, se embolsaron 6,6 millones de dólares en comisiones (algo menos de siete millones de euros).
En su escrito, además de la pena de cárcel, Anticorrupción pide para Luceño una multa total de 5,6 millones de euros, mientras que para Medina solicita 450.000 euros, y reclama que ambos indemnicen a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, que fue la que formalizó la compra, con la cantidad correspondiente a las comisiones que ganaron y al sobreprecio que pagó el Ayuntamiento.
