La retirada de acreditaciones en el Parlamento a los medios de extrema derecha que retransmitieron el ahorcamiento de un muñeco de Pedro Sánchez, como pide el PSOE, abre un debate que visibiliza la dificultad de poner coto al activismo ultra.
La propuesta que el PSOE hará llegar al Congreso y al Senado, así como a los parlamentos autonómicos, para que retiren la acreditación de prensa a los pseudomedios que figuran en el cartel oficial del evento celebrado en Nochevieja en la calle Ferraz, durante el cual se ahorcó y apaleó a un muñeco que representaba a Pedro Sánchez, abre un debate complejo que se adentra en los derechos fundamentales sobre la libertad de expresión y el derecho a la información.
A raíz de las protestas ante la sede del PSOE, en la madrileña calle Ferraz, los socialistas han decidido retirar la acreditación de prensa para los actos del partido a los medios que figuraban en la convocatoria de las protestas de Nochevieja, que ya investiga la Fiscalía.
Estos medios o «pseudomedios», como los califican fuentes del PSOE, son EDA TV, Ok Diario, La Gaceta, Informa Radio, InfoVlogger, La Cosa Está Muy Negra y Periodista Digital. Todos ellos participaron en la retransmisión del ahorcamiento simulado a Pedro Sánchez el pasado 31 de diciembre.
El PSOE ha anunciado que pedirá amparo a las asociaciones de la prensa, FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España), APM (Asociación de la Prensa de Madrid) y APP (Asociación de Periodistas Parlamentarios), así como al Colegio Oficial de Periodistas, «ante los continuos ataques e insultos que desde estos pseudomedios se dirigen al PSOE a diario y al discurso de odio que practican».
Además, los socialistas inciden en que pedirán a estas entidades representativas de los periodistas que den su apoyo a la solicitud que el PSOE formulará ante el Congreso y Senado para que se retire la credencial de prensa a los pseudomedios que retransmitieron el ahorcamiento en Ferraz.
«No queremos que nadie confunda a los periodistas que hacen su trabajo a diario con honestidad con los pseudomedios que han proliferado en el ámbito de la extrema derecha«, señalan desde el PSOE.
La petición del PSOE y su comprensible enfado, y por extensión, el de los demócratas, abre un debate con muchas aristas y pocas posibilidades, hoy por hoy, de avanzar hacia una solución que respete el derecho a la información, consagrado en el artículo 20 de la Constitución, y a la vez ponga coto a los desmanes pseudoperiodísticos de la ultraderecha.
Las asociaciones de prensa no concretan
Las asociaciones de prensa interpeladas por el PSOE han lanzado un comunicado conjunto en el que descargan la responsabilidad de las acreditaciones a los gabinetes de comunicación del Congreso y del Senado y no aportan posibles soluciones para evitar que el Parlamento pueda acreditar medios de comunicación como EDA TV, Ok Diario, La Gaceta, Informa Radio, InfoVlogger, La Cosa Está Muy Negra y Periodista Digital, que el PSOE califica de «pseudomedios». La mayoría de ellos tienen en común una ideología ultra: desde el negacionismo climático y el de la violencia de género a la difusión de bulos.
Las asociaciones de prensa citadas recuerdan en su comunicado que siempre han pedido a las instituciones que «las acreditaciones para ejercer el periodismo respondan a criterios profesionales y no sea una vía por la que puedan introducirse activistas ajenos a ese objetivo de difundir información veraz al que tiene derecho el ciudadano».
La FAPE, la APM y la APP indican además: «Siempre hemos defendido el libre ejercicio del periodismo y que las instituciones faciliten al máximo esa misión, uno de los pilares del artículo 20 de la Constitución. Los límites a esa función los marca la ley. Los periodistas, como todos los ciudadanos, estamos sometidos a la ley y cualquier vulneración de los derechos de los ciudadanos que se registre en una información puede llevarse a los tribunales».
Más contundente se muestra la Red de Colegios Profesionales de Periodistas, que manifiesta en otro comunicado «su total oposición a que personas que no son periodistas pretendan ejercer la profesión periodística y pseudomedios de comunicación quieran engañar a la ciudadanía haciéndose pasar por verdaderos medios de comunicación».
La Red de Colegios Profesionales de Periodistas, que agrupa a los Colegios de periodistas de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra y País Vasco, defiende que en las ruedas de prensa de instituciones públicas «solo deberían poder participar periodistas que trabajan en medios de comunicación, ya que es la única manera de que una herramienta tan importante para el periodismo como son las ruedas de prensa no se desvirtúen».
¿Quién define lo que es un medio de comunicación?
Pero ¿quién define lo que es un medio de comunicación? ¿Puede el Parlamento discernir entre el periodismo y el pseudoperiodismo a la hora de otorgar acreditaciones de prensa?
La decisión sobre las acreditaciones recae sobre la Dirección de Comunicación del Congreso, según señalan fuentes oficiales de la Cámara Baja a este medio. Las mismas fuentes hablan de que existen unos criterios «técnicos, objetivos e institucionales» para conceder las acreditaciones. Entre ellos, estar constituida simplemente como empresa informativa con una sede.
Desde la Plataforma por la Libertad de Información (PLI) se advierte del peligro de censura que pueden suponer planteamientos que pretendan limitar la libertad de información. «El problema de querer abrir estos melones es que se pueda vulnerar la libertad de expresión», indica Javier Sierra, profesor de Derecho Constitucional de la UNED y miembro del grupo de juristas de la PLI.
«La libertad de expresión y el derecho a la información, tan íntimamente ligados, no deben tocarse. Con independencia de la línea editorial de cada medio, lo que tendría que hacerse es definir claramente unos criterios para todos los medios por parte de las instituciones que deben acreditar a los periodistas, como el Congreso y el Senado. Y quienes no cumplan deberían quedarse fuera de la acreditación», explica Javier Sierra.
Para este jurista, los criterios que hay que fijar «entre las asociaciones de prensa y las instituciones» deben servir para todos los medios, sean de la ideología que sean. «No pueden ser los políticos los que digan qué es un medio de comunicación. Y respecto a los discursos de odio, son los jueces los que deben sentenciar si algo es delito de odio», asevera Sierra.
Respecto a la polémica sobre si determinados pseudomedios deben o no estar acreditados para cubrir la actualidad parlamentaria, desde la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) se limitan a señalar: «El periodismo que defendemos es el que implica rigor y ética profesional, que es el periodismo que debe existir en una democracia».
Comportamientos periodísticos que distan mucho de lo que han relatado en ocasiones los periodistas que cubren el Congreso de los Diputados en relación a los corresponsales de los pseudomedios de la ultraderecha: «Van a reventar las ruedas de prensa» o «Nunca se les ve tomando notas, solo aguardan el momento para liarla».
El precedente de la retirada de acreditación
Uno de esos comportamientos fue el de un periodista de OK Diario, que grabó sin consentimiento en los despachos del Congreso de los dirigentes de Unidas Podemos Pablo Iglesias e Irene Montero en julio de 2019. Por ello, la Presidencia del Congreso le retiró la acreditación de prensa por incumplir la Instrucción sobre información gráfica en la Cámara.
Pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anuló la retirada de la acreditación, dando la razón al informador, que había alegado que la medida afectaba a su derecho fundamental a comunicar información veraz por cualquier medio de difusión. El Supremo dictaminó que la norma aplicada por el Congreso no autoriza la retirada de la acreditación a quien no es informador gráfico; además, publicar fotografías de los despachos de los diputados no afecta a su intimidad si no muestran ningún aspecto de la esfera personal, dijo el Supremo.
Los vetos de Vox a la prensa
Los vetos a determinados medios de comunicación por parte de un partido político los inauguró Vox, en una constante batalla contra el periodismo que visibiliza sus postulados ultras.
El Tribunal Supremo sentenció que los partidos no pueden excluir a ningún medio de sus actos electorales, al confirmar los acuerdos en los que la Junta Electoral Central (JEC) se dirigió a Vox en noviembre de 2019 y le dijo que no podía vetar a periodistas de sus mítines durante la campaña del 10N.
El Supremo desestimó el recurso de la formación que lidera Santiago Abascal contra los acuerdos de la JEC al considerar que la exclusión de periodistas de El País y de la Cadena Ser de sus mítines supone «un menoscabo de las garantías de transparencia y objetividad del proceso electoral».
Para Vox, los periodistas de medios de la izquierda son «activistas, que siempre hablarán mal de nosotros». Así constaba en las órdenes que la jefa de prensa de la formación dio a los diputados ultras y en las que les instaba a no hablar nunca con periodistas de varios medios, incluidos los de Público.