La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se encuentra en el ojo del huracán ante las manifestaciones que reclaman medidas efectivas para la rebaja de los alquileres y la escasez de vivienda en España.
Su cartera ha sido una creación expresa del actual Gobierno de Pedro Sánchez, con el reto por delante de afrontar la grave crisis habitacional que sufre el país, pero con una naturaleza controvertida: la realidad es que las competencias en la materia están transferidas a los ayuntamientos y comunidades autónomas.
A pesar de que su objetivo es atajar el actual contexto de la vivienda, la realidad es que Rodríguez no aparenta tener un gran interés personal en cambiar los esquemas actuales. Es multipropietaria y, con ello, es complicado que se oponga a uno de los principales problemas que encarecen el precio de la vivienda en España.
Junto con la ley de alquileres, tan solo aplicada hasta la fecha en Cataluña, la ministra de Vivienda ha generado polémica por llamar en septiembre a la «solidaridad» de los caseros para atajar los elevados precios de los inmuebles: «España es un país solidario y, en su mayor parte, el parque de vivienda en alquiler pertenece a propietarios particulares, a pequeños propietarios. Yo les pido que se hagan cargo de esta causa, de esta necesidad social y que valoremos esas rentabilidades en términos sociales, que esos precios estén de acuerdo con las capacidades de los españoles y españolas», afirmó en Cadena SER.
