Los que piden no acudir a las mesas podrían ser aún más. Por el momento, uno de cada cuatro de los cerca de 82.000 ciudadanos que han sido elegidos en el conjunto de Cataluña para ser presidentes o vocales de las 9.117 mesas electorales para las elecciones del 14 de febrero, no quiere acudir a pesar de poder incurrir en un delito grave.
A pesar de que la Generalitat no cesa en sus esfuerzos para asegurar que las elecciones que se celebrarán el próximo 14 de febrero son tan seguras como hacer cualquier actividad cotidiana como ir al trabajo o al supermercado, no para en la comunidad el número de peticiones de personas que han pedido ser eximidas de formar parte de una mesa electoral.
La cifra ha crecido de manera preocupante en los últimos días y ya suponen un 25% del total de 82.251 ciudadanos que han sido convocados en alguna de las 9.117 mesas electorales distribuidas por toda la región. La mayoría ha alegado motivos médicos en plena tercera ola por la pandemia y el miedo al contagio. Sin embargo, deberán presentar un informe médico facultativo que acredite su solicitud.
La ley española es muy estricta con el cumplimiento del deber de los miembros de la mesa electorales en una jornada electoral. Son nueve miembros por cada mesa (un presidente y dos vocales, con dos suplentes para cada puesto), y son elegidos por sorteo. Deben presentarse en el colegio electoral puntualmente y si no lo hacen incurren en un delito castigado con penas de multa o incluso podrían ir a prisión.
La formación de estas mesas compete a los ayuntamientos de cada localidad, y los miembros de mesa deben ser mayores de 18 años y menores de 70 y deben saber leer y escribir. Cualquier ciudadano que quiera quedar eximido de esta responsabilidad debe presentar un escrito formal a la Junta Electoral alegando los motivos por los cuales piden ser liberados y deberán entregar toda la documentación pertinente que acredite su solicitud en los siete días siguientes a recibir el comunicado oficial de que deben formar parte de la mesa.
La Junta de Barcelona, ante esta situación insólita, ha pedido asesoramiento forense y contará con médicos que determinarán hasta que punto las solicitudes de los ciudadanos alegando causas médicas derivadas de la pandemia para eludir sus responsabilidades el día de la votación, son verídicas o forman parte de un alud de cierta picaresca debido a la situación de emergencia sanitaria.