Mi Columna
Eugenio Pordomingo (27/3/2017)
Iba a titular esta Columna así: “El Gobierno de España, Obiang Nguema y la Embajada de Guinea Ecuatorial en Madrid, guardan un silencio vergonzoso y culpable”, pero me percaté de que no recogía la verdadera cuestión de fondo, que es la causa y el motivo de todo lo que acontece en torno a Guinea Ecuatorial y sus relaciones con España. Y empiezo por lo acontecido a la empresa CPT (Compañía de Productos Tropicales).

Ante el silencio, vergonzoso y culpable, del Gobierno de España, de Teodoro Obiang Nguemay de Purificación Angué Ondo, Embajadora de Guinea Ecuatorial en Madrid, la empresa Compañía de Productos Tropicales S. A. (CPT),  se ve obligada a ampliar la información facilitada hasta el presente respecto al robo y saqueo del que fue objeto en Guinea Ecuatorial.

La empresa Compañía de Productos Tropicales S. A. (CPT), fue objeto de varias tropelías en la República de Guinea Ecuatorial. Todos los abusos, desmanes, arbitrariedades y atropellos de los que fue objeto esa compañía y sus directivos, fueron llevados a cabo por el entramado compuesto por políticos, funcionarios y Poder Judicial. Por supuesto, con el consentimiento, connivencia y beneplácito del dictador Obiang Nguema. De otra manera no hubiera sido posible tanto desafuero y tanta impunidad.

Todo ello aconteció hace ahora diecisiete años, pero no por eso vamos a tener que dejar que denunciar, reclamar y exigir disculpas y resarcimiento económico.

Las denuncias que CPT  ha hecho en España nunca fueron atendidas por los gobiernos de Aznar, Zapatero y Rajoy, ni por el Congreso de los Diputados y Senado. Tampoco el Defensor del Pueblo, entonces dirigido por Enrique Múgica Herzog. Huelga decir, que tampoco la Casa Real mostró el más mínimo interés. Esas y otras instituciones recibieron amplia documentación (dosieres).

Diversos departamentos e instituciones de la Unión Europea tuvieron, asimismo, un comportamiento similar.

Como digo, la denuncia que hizo esta empresa ante el gobierno que preside Rajoy ya la había hecho anteriormente al Presidente José María Aznar, a José Luis Rodríguez Zapatero y al entonces Ministro de AA. EE., Miguel Ángel Moratinos. Unas veces hubo silencio, las más respuestas incoherentes que no se ajustaban a los hechos denunciados y ampliamente documentados.

A la vista de lo que se ha ido conociendo a través de los medios de comunicación, entre ellos, páginas de internet de grupos opositores al dictador guineano y del digital Espacios Europeos, es fácil encontrar la respuesta,

En marzo y en diciembre del año 2014, CPT se dirigió al presidente Mariano Rajoy, recordándole que el Consejo General del Poder Judicial de Guinea Ecuatorial se había comprometido el 29 de enero de ese año, a investigar los hechos denunciados y contestar al Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

Como de “auténtica vergüenza, desatención, inactividad administrativa, negligencia y,  lo que es peor, connivencia con el régimen de Obiang Nguema” calificó CPT la actuación de las instituciones españolas, a las que se denunciaron las tropelías de las que fueron objeto: “Mariano Rajoy no nos ha hecho ni caso”, recogió el digital Hispanidad de boca de un directivo de la empresa.

El 23 de noviembre de 2015, me dirigí como director de esa compañía a la Embajadora de Guinea Ecuatorial en España, Purificación Angué Ondo, pidiéndole que hiciera las gestiones oportunas a fin de “conocer el resultado del procedimiento llevado a cabo en el caso de la reclamación de la empresa Compañía de Productos Tropicales, CPT”.

El contenido de esa misiva, a fin de evitar equívocos, fue el siguiente:

“Como consecuencia de mi reclamación ante la Embajada del Reino de España en Malabo, el entonces titular de la misma, Carlos Robles Fraga, se dirigió al Presidente de la Cámara de los Representantes del Pueblo, quien le contestó el 29 de enero de 2004, comprometiéndose a “dar traslado a la Sala de lo Contencioso  Administrativo de la Corte Suprema  de Justicia para que resuelva lo que en derecho proceda tras la averiguación de los sucesos”.

El señor Salomón Nguema Owono, por entonces Presidente de la Cámara de los Representantes del Pueblo, se comprometió con el Embajador español que daría traslado del “expediente que desde Madrid promueve Don Pordomingo Pérez (sic) en representación de la Sociedad Mercantil  “COMPAÑÍA DE PRODUCTOS TROPICLAES S. A.”, con sede en nuestro país, solicitando amparo por los hechos acaecidos a la misma”.

En la carta-oficio a la que aludo, el Presidente de la Cámara afirma también “que este Parlamento seguirá de cerca el proceso y le mantendrá siempre informado de su medida”.

En numerosas ocasiones me he dirigido al Gobierno de Guinea Ecuatorial, pero jamás he recibido contestación a mis requerimientos, como tampoco parece que lo haya recibido el Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

Como usted sabe la empresa “Compañía de Productos Tropicales S. A., CPT” fue víctima  de un expolio en el que participó la Administración Estatal,  que la obligó a abandonar sus actividades –algunos de sus directivos sufrieron agresiones-, además de la pérdida total de sus equipos (vehículos todoterreno, camiones, tractores, etc., etc.).

A pesar de los numerosos escritos, incluso dirigidos al Presidente de la República de Guinea Ecuatorial, jamás he tenido contestación a ninguno de ellos. Todo el expediente relativo a ese expolio obra en poder de las autoridades de Guinea Ecuatorial, como reconoce en el escrito que adjunto, el Presidente de la Cámara de los Representantes del Pueblo”.

La señora Embajadora de la República de Guinea Ecuatorial ni se ha dignado en acusar recibo de esta petición. Claro, que tampoco lo ha hecho la Embajada de España en Malabo ni La Moncloa.

Lo peor de todo, es ver como nuestros gobiernos, diplomáticos y supuestos representantes del pueblo, hacen de su ejercicio y función –por la que cobran-, dejadez de funciones, cuando no otras tareas en beneficio propio. Puertas giratorias, de Presidente o Ministro a lobista.

La exigencia de responsabilidades administrativas o de otro tipo, no ha quedado exenta de nuestras reclamaciones. De hecho, se ha denunciado una posible “inactividad administrativa”, según recoge el  Real Decreto 1473/2000 de Estructuración Básica del Ministerio de Asuntos Exteriores Español, cuya filosofía es “defender los intereses de los españoles y llevar a cabo una adecuada  y eficaz política  de protección de los ciudadanos españoles en el exterior”.Asimismo, de acuerdo con varios de los artículos  de la Ley 30/02 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del  Procedimiento Administrativo Común. También se solicitó a Presidencia, Ministerio de AA. EE., Senado y Congreso de los Diputados, las comunicaciones habidas respecto al caso denunciado, la entrega de fotocopia del expediente  de CPT, así como de las comunicaciones escritas entre distintas Administraciones, una de ellas referida al trámite que se siguió respecto al escrito dirigido al Ministerio de Economía (mayo de 2003) cuyo ministro era por entonces Rodrigo Rato, en el que solicitaba se nos resarciera económicamente de los robos, agresiones y actuaciones de la Administración de la República de Guinea Ecuatorial, bien con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, o detrayendo de la posible condonación de la deuda que Guinea Ecuatorial tiene con España.

Después de ahondar en asuntos de macro-corrupción en España, aunque relacionados con Guinea Ecuatorial, como el Guinextebank, la cooperación española y políticos, me topé con el BOE de fecha 28 de octubre de 1988 (Comisión para el Estudio del Desarrollo de la Cooperación entre España y Guinea Ecuatorial), donde figuran las Propuestas de Resolución que presentó por aquellas fechas el Diputado por Barcelona del Grupo Mixto, Pedro Costa Sanjurjo, miembro de esa comisión, éste dice:

“Tras los trabajos habidos en la Comisión, las comparecencias, los documentos analizados, y los estudios realizados “in situ” en el viaje que tuvimos ocasión de realizar a Guinea Ecuatorial, así como las diversas entrevistas con personalidades de aquel país, tanto gubernamentales como de la oposición y diversas investigaciones realizadas por este Diputado, estoy en condiciones de presentar las siguientes propuestas de resolución, no sin dejar constancia de que para un total y profundo conocimiento hubiera sido necesario poder oír al señor Francisco Fernández Ordóñez, que reúne la triple faceta de exministro de Hacienda, ex-Presidente del Banco de Exterior de España y Ministro de Asuntos Exteriores, pieza esencial del desarrollo de nuestra relación y cooperación con Guinea Ecuatorial y lamentando no haber tenido acceso a diversa documentación solicitada reiteradamente como el informe de Exteriores y el estado de los saldos y créditos en el momento de la venta de la parte española del Guinextebank. Habiendo llegado a la conclusión de la inviabilidad de la cooperación tal y como se entiende actualmente, presento las siguientes: PROPUESTAS DE RESOLUCION”.

Y sigue el diputado: “Se propone invertir 50.000 millones en un período de cinco años, a razón de 10.000 millones anuales y para los siguientes fines y con las siguientes condiciones:
España reanuda la protección de todo tipo de riesgos  a las empresas españolas, al darse cuenta que compañías extranjeras ocupaban su lugar.
Guinextebank. La crisis del Guinextebank se agudizó en este período. Los depósitos de clientes no se contabilizan en su totalidad, y los créditos se conceden sin estudios de solvencia y sin garantías suficientes; lo que se traduce en un déficit patrimonial de más de 1.400 millones de pesetas en 1987. En este período la mayor parte de los recursos ajenos del Banco proceden del BEAC…”.

Y más: “El Gobierno español a la vista de las auditorías examinadas por la Comisión, acuerda liquidar la participación del BEE en Guinextebank y conceder un crédito equivalente al total del déficit patrimonial acumulado; de los cuales sólo 500 millones de pesetas corresponden a los depósitos de españoles.

No se ha podido discernir quién ni cómo ha adoptado las decisiones que han conducido a la espiral de desastre desde 1985 hasta la liquidación del Banco. La actual política de cooperación se ha saldado con un fracaso”.

Muy interesante: “Antes de entrar en las propuestas, este Grupo, desea explicitar que las mismas no suponen dar por zanjado el pasado de la cooperación con Guinea. Por el contrario, planteamos la necesidad de proseguir las acciones hasta el esclarecimiento completo, con las consiguientes responsabilidades que pudieran derivarse, de las situaciones siguientes:

– Guinextebank. Desentrañar las responsabilidades reales de la Administración española en las irregularidades que se han cometido. Actuar en derecho frente a los posibles morosos beneficiarios de créditos.
– Créditos ICO. Investigar la cuantía y el destino final de los fondos a la cooperación que han tenido su origen en el Instituto de Crédito Oficial.
– Empresas contratistas. Comprobar los mecanismos para la adjudicación de contratas y evaluación de los costos de obra en los casos de aquellas empresas que han sido contratadas por la cooperación.
– Mercado paralelo. Investigar las razones por las que la Administración española acude, generalizadamente, al mercado paralelo en Guinea, el control del cambio y el destino final de los fondos sobrantes”.

Las propuestas fueron interesantes, honestas y valientes, entre ellas que se remitiera “todo este asunto al Defensor del Pueblo”.

Ahí van algunas de esas propuestas:

“- Sargento Mikó. Investigar la situación del Sargento Mikó y comprobar así si el Gobierno cumple los compromisos contraídos en este asunto.
– La monja Carmen Samaranch. Conocer el resultado de la investigación a que se comprometió el Gobierno sobre la extraña muerte de Carmen Samaranch.
La Comisión expresa su criterio en el sentido de que su labor no ha sido facilitada por los organismos públicos sufriendo, en varias ocasiones, auténticas situaciones de obstrucción”.

La Comisión expresó la urgente necesidad de proseguir el estudio e investigación de los asuntosGuinextebank, Créditos ICO a la cooperación, actividades de las empresas contratadas, situación actual del Sargento Mikó y causas de la muerte de la religiosa Carmen Samaranch.

Y ahora la exigencia de responsabilidades:
“La Comisión entiende que del fracaso de la gestión y de las graves irregularidades que se constatan en la cooperación con Guinea derivan responsabilidades políticas que en democracia han de tener como consecuencia el cese de los responsables, estimando por tanto necesario el cese del señor Fernández Ordoñez, don Luis Yáñez y don Fernando Riquelme, como máximos responsables”.

Y a cuento de la MATERIA RESERVADA: “se han ocultado mil y un negocios que han jalonado unas inciertas relaciones entre España y Guinea Ecuatorial.  Los actores han sido variopintos: Agencia Española de Cooperación Internacional, fondos reservados del Estado, supuestamente destinados a la oposición guineana –una buena parte de ellos se quedaban en manos de los transportistas “blancos”-, el chusco asunto del Banco Guinextebank, las subvenciones y apoyos de Focoex (ministro socialista Carlos Solchaga, mujer y amigos), sin excluir la presencia del muerto viviente Francisco Paesa, ni la de José Luís Graullera, nombrado por Adolfo Suárez embajador en Guinea Ecuatorial. En esa misma etapa no hay que obviar la figura del economista  Alberto Recarte, por entonces consejero para asuntos económicos”.

En fin, con estos datos –hay muchos más que iremos publicando-, qué se puede esperar.