Marzo fue el mes que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva se puso como tope para anunciar oficialmente su candidatura. Pero en sus declaraciones públicas y en las redes sociales, el líder del Partido de los Trabajadores (PT), de 76 años, lleva ya tiempo presentándose como futuro candidato presidencial para los comicios de octubre, que se avecinan como los más polarizados de la historia de Brasil.
Y en ese tono llevó a cabo su visita a México, donde el miércoles se reunió con el mandatario, Andrés Manuel López Obrador.
«Si gano las elecciones, vendré aquí este año para consolidar la más importante relación política entre Brasil y México, que se dará a partir de 2023», comentó.
«Solo envejecemos si no tenemos una razón para vivir, si no tenemos una causa. Y tengo muchas razones para vivir. Me caso este año. Y recuperaré la democracia y la dignidad para el pueblo brasileño», escribió en su Twitter Lula, que dirigió Brasil entre 2003 y 2010 y que sigue gozando de un enorme prestigio internacional, especialmente por los logros en la reducción de la pobreza.
En una entrevista al periódico La Jornada también habló sobre su posible candidatura: «Soy un expresidente que está evaluando, hablando con mucha gente [para decidir] si seré candidato una vez más, una decisión que se supone que debo tomar al volver de México».
De confirmarse, sería la sexta candidatura del exsindicalista, líder en las encuestas, con un 42,2 % de intención de voto.
Todo indica que las elecciones se reducirán a un durísimo pulso entre él y el presidente Jair Bolsonaro, su gran enemigo político, que cuenta con 28 % de intención de votos.
Ninguno de los otros candidatos tiene por ahora fuerza para hacerles sombra.
Ni siquiera Sergio Moro, el exjuez líder de la operación anticorrupción Lava Jato que condenó a Lula a la cárcel, con la posterior inhabilitación del exmandario en 2018, y que luego se convirtió en ministro de Justicia de Bolsonaro. Hasta que rompió con él.
Vuelta al ruedo político
El líder histórico de la izquierda, que inició su carrera en la década de los 70 y 80, recuperó sus derechos políticos en abril del año pasado tras la anulación de las condenas por corrupción en su contra, entre ellas, la que le llevó a la cárcel un año y siete meses.
Ese proceso, en el que se le acusaba de recibir un departamento triplex en Guarujá como soborno de una constructora a cambio de contratos en Petrobras, fue cerrado.
Desde entonces también quedaron archivados o suspendidos otros dos casos importantes. Uno en el que fue acusado de aceptar que dos constructoras pagasen las reformas de una hacienda en Atibaia, en Sao Paulo, y otro por irregularidades en la financiación del Instituto Lula.
El miércoles, el exobrero metalúrgico, que siempre dijo ser víctima de una persecución judicial, obtuvo otra victoria con el último proceso que le quedaba abierto en la Justicia.
Ricardo Lewandowski, uno de los jueces de la Corte Suprema, desestimó la causa en la que Lula era señalado por supuestamente usar su influencia para que el Gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016), su sucesora en la Presidencia, adjudicara a una empresa sueca una licitación para la compra de 36 cazas Gripen paras las Fuerzas Armadas brasileñas.
La decisión deberá ser analizada ahora en conjunto por los once jueces de la máxima corte.
«Es un importante registro histórico sobre el uso estratégico del derecho con fines ilegítimos (‘lawfare’), que fue practicado por la ‘Operación Lava Jato’, que atentó contra el propio Estado de derecho y lesionó la democracia en el país», señalaron los abogados.
