El Ministerio de Defensa de Rusia volvió a denunciar este jueves las actividades biológicas militares de Estados Unidos en el territorio ucraniano y acusó a Washington de lo que llamó numerosas violaciones de la Convención sobre Armas Biológicas (CABT).

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Según la versión de la cartera de Defensa, el Ejército estadounidense habría aprovechado «las lagunas existentes en el derecho internacional y la falta de un mecanismo de verificación claro, [lo cual permitió que] la administración de los EE. UU. haya desarrollado constantemente sus capacidades militares y biológicas en varias regiones del mundo».

Rusia recuerda que esta es la más reciente de las revelaciones que su Ministerio de Defensa ha hecho al respecto, ya que con anterioridad proporcionaron un esquema sobre la coordinación estadounidense de laboratorios biológicos e institutos de investigación en Ucrania.

En este caso, señalan al Centro de Ciencia y Tecnología de Ucrania (STCU), una organización aparentemente no pública que no tiene nada que ver con el Pentágono con sedes en Kiev y oficinas regionales en Bakú, Chisinau y Tbilisi, así como en Kharkov y Lvov.

De acuerdo al Ministerio de Defensa de Rusia descubrió que la principal actividad del STCU es actuar como un centro de distribución de subvenciones para investigación de interés para el Pentágono, incluida la investigación de armas biológicas.

Solo en los últimos años, Washington habría gastado más de 350 millones de dólares en proyectos del STCU a través de clientes y patrocinadores estadounidenses como el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa. La financiación también se proporciona a través de la Agencia de Protección Ambiental, los Departamentos de Agricultura, Salud y Energía de EE.UU., apuntan.

Con un documento que procedería del STCU, Washington, de acuerdo a Rusia, en realidad reconoce el trabajo de los expertos ucranianos en el desarrollo de la entrega y el uso de armas de destrucción masiva, y considera apropiado continuar financiandolos.

El Mecanismo del Secretario General de las Naciones Unidas para investigar la sospecha de uso de armas biológicas y toxínicas, así como el Protocolo de Ginebra de 1925 para la prohibición del uso de gases asfixiantes, venenosos u otros gases y métodos bacteriológicos de guerra y conflicto militar, no cubren la verificación de las actividades biológicas de los Estados Partes. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, con sede en La Haya, tampoco tiene esa autoridad.