Hasta diez fuerzas políticas reclaman una investigación sobre el «espionaje e intromisión a la privacidad a través de los malware Pegasus y Candiru de líderes políticos, activistas, abogados, periodistas, instituciones y sus familiares y allegados».
Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, Junts, CUP, BNG, PDeCAT, Más País y Compromís han registrado este miércoles una petición para crear una comisión de investigación sobre el presunto espionaje a 65 políticos, abogados y activistas relacionados con el independentismo catalán y vasco a través del sistema israelí de Pegasus, que solo pueden adquirir los gobiernos.
Con esta petición, los socios del Gobierno, incluido Unidas Podemos, elevan la presión sobre el PSOE, cuyo apoyo es indispensable para que esta comisión reciba luz verde y pueda constituirse en la Cámara Baja. En concreto, las diez fuerzas políticas reclaman una investigación sobre el «espionaje e intromisión a la privacidad a través de los malware Pegasus y Candiru de líderes políticos, activistas, abogados, periodistas, instituciones y sus familiares y allegados».
Al margen de los partidos soberanistas con dirigentes espiados entre sus filas (ERC, EH Bildu, Junts, PDeCAT y la CUP), según la investigación de la organización Citizen Lab (un grupo de expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto) publicada este lunes por The New Yorker, Unidas Podemos y el resto de socios parlamentarios del Ejecutivo han plasmado su firma en esta iniciativa que tendrá que afrontar su primer filtro en la Mesa del Congreso, previsiblemente el próximo martes.
Los investigados, entre los que se encuentran el actual president de la Generalitat, Pere Aragonès, y los anteriores, Quim Torra y Artur Mas; líderes de partidos políticos, como Arnaldo Otegi (EH Bildu), Marta Rovira (ERC), Jordi Sánchez (Junts) o Anna Gabriel (CUP); o los diputados Jon Iñarritu, Ferrán Bel y Albert Botran, «habrían sido objeto de espionaje ilegal, hecho que socaba derechos fundamentales, como son el del respeto y protección individual a la intimidad y privacidad, el secreto de las comunicaciones o el derecho de defensa, con vulneración del ordenamiento jurídico vigente», reza la iniciativa.
Asimismo, teniendo en cuenta que el fabricante del este software, la compañía israelí NSO, afirma que «Pegasus solo se vende a fuerzas del orden y agencias de inteligencia, la responsabilidad sobre el espionaje apunta directamente al Gobierno español», prosigue el texto toda vez que destaca que todavía «no se ha dado respuesta» a las actuaciones llevadas a cabo por las cloacas de Interior en relación a la asunción y depuración de responsabilidades.