El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios debe aceptar una petición de la plataforma de víctimas del accidente del Alvia para investigar de nuevo el siniestro.
Casi diez años han pasado desde que se produjo el accidente del Alvia en Angrois. Las víctimas siguen presionando para que de una vez por todas se haga justicia. De hecho, una nueva decisión judicial podría fomentar que se traten de esclarecer los hechos del trágico suceso en Santiago de Compostela. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) realice una nueva investigación.
Concretamente, el juzgado ha sentenciado que la CIAF debe tramitar una petición de la plataforma de víctimas del accidente del Alvia para que abra una nueva indagación técnica que ha de ser independiente. El BNG ha valorado de forma positiva esta decisión judicial.
Ana Miranda, portavoz de la formación en Europa, ha expresado que seguirán presionando «para que en este mandato se cumpla y se realice una investigación independiente». Ante la Comisión Europea (CE), ha denunciado «las manipulaciones del Ministerio de Fomento en 2016 respecto a la presión ejercida sobre el Ejecutivo de la Unión Europea para que desconociera el contenido del informe de la Agencia Europea de Seguridad Ferroviaria (ERA) sobre las causas del accidente de Agrois».
De hecho, ha recordado que estas manipulaciones contribuyeron a culpar exclusivamente al conductor del tren mientras se trataba de tapar las críticas que la propia UE estaba realizando a la investigación oficial desarrollada por la CIAF. También ha apuntado que, tras una denuncia del BNG, la CE inició en 2019 un proceso para sancionar a España por incumplir la normativa europea de seguridad ferroviaria.
Las víctimas del accidente, que se produjo en julio de 2013, han afrontado un largo proceso que deriva en el comienzo del juicio sobre este asunto el próximo 20 de septiembre. Este procedimiento judicial se alargará hasta 2023. Durante unos nueve meses se recogerán declaraciones, peritos, palabras de testigos para que, finalmente, se dicte una sentencia sobre el siniestro, en el que murieron 80 personas y 144 resultaron heridas.