Tras 15 años de sentencias condenatorias, los jueces alegan que su derribo todavía es improcedente porque cuenta con licencia urbanística del Ayuntamiento de Carboneras
La piqueta seguirá aún a la espera de derribar el hotel de El Algarrobico en Carboneras (Almería), símbolo del urbanismo desaforado en la costa. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rechazó el pasado jueves la demolición del hotel pedida por Greenpeace tras la mochila de sentencias contrarias a su legalidad que ha acumulado durante 15 años. El laberinto judicial sobre su devenir acabó en 2016 con la sentencia del Tribunal Supremo, que dictaminó que las obras se realizaron en un “suelo no urbanizable de especial protección del parque natural de Cabo de Gata-Níjar”. Pero cinco años después, la desaparición de este edificio fantasma permanece en un limbo.
Los jueces del alto tribunal andaluz consideran que el derribo no se puede ejecutar de momento porque el Ayuntamiento de Carboneras otorgó la licencia de obras en 2003, que sigue vigente, y antes de que se pronuncie la Justicia sobre la demolición, el consistorio de este municipio de cerca de 8.000 habitantes debe anularla. “La demolición por razones de legalidad de las obras construidas solo es una decisión que corresponde a la Administración o Administraciones, una vez finalizado el procedimiento de revisión de oficio de la licencia”, dictamina la Sala Cuarta de lo Contencioso Administrativo del TSJA. “La obra dispone de un título jurídico válido mientras no se establezca lo contrario”, matizan los magistrados.
De este modo, la pelota está en el tejado del Ayuntamiento de Carboneras (gobernado por el PSOE), que debe anular la licencia concedida hace 18 años si cumple los requerimientos de la justicia. Mientras, la organización ecologista recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo. “Ya existen sentencias del Supremo que ordenan derribos con licencia como en Marina Isla de Valdecañas en Cáceres y además alegaremos el efecto cascada: si un planeamiento es ilegal, los actos posteriores en ese terreno no urbanizable también lo son”, avanza José Ignacio Domínguez, el abogado que lleva el caso para Greenpeace.
Desde la sentencia del Supremo en 2016, el Gobierno y la Junta comenzaron a negociar el derribo del Algarrobico y cómo se pagaría la factura, que podría ascender a 7,1 millones. Pero para demoler este símbolo del ladrillo hace falta un fallo judicial que inste a ese derribo o un acuerdo con la promotora. En su día la constructora Azata rechazó recibir 2,3 millones por los terrenos en el retracto avalado por la justicia, y esto complicó aún más el enrevesado recorrido posterior de este caso.