El acuerdo alcanzado entre las instituciones del bloque comunitario no supone fijar un umbral mínimo común.
El pleno del Parlamento Europeo ha dado este miércoles su visto bueno al acuerdo alcanzado el pasado junio entre los negociadores de las instituciones de la UE para establecer un marco común que asegure salarios mínimos dignos. El objetivo es mejorar la prosperidad y la cohesión social en el bloque pero que, sin embargo, no supone fijar un umbral mínimo común para los Veintisiete.
Con las nuevas reglas, cada Gobierno deberá evaluar si los salarios mínimos en su país son adecuados para garantizar un nivel de vida «digno», atendiendo a criterios como las condiciones socieconómicas, el poder adquisitivo o la evolución de los niveles de productividad a nivel nacional. Los países de la UE en los que el salario mínimo esté protegido a nivel de convenios colectivos no estarán obligados a introducirlo ni hacer que dichos convenios sean de aplicación universal.
Los Estados miembro sí tendrán que fortalecer las negociaciones sectoriales e intersectoriales para proteger a los trabajadores asegurando un salario mínimo y, en aquellos países de la UE en donde menos del 80% de la plantilla esté amparada por un convenio colectivo, tendrán que crear y hacer público un plan de acción que aumente esta cobertura, implique a agentes sociales e informe a la Comisión Europea de las medidas adoptadas.
En todo caso, la fijación del salario mínimo seguirá siendo una competencia de los Estados miembro, que tendrán que asegurarse de que permita a los trabajadores llevar una vida digna, teniendo en cuenta el coste de la vida y el nivel salarial general.
A la hora de evaluar si sus salarios mínimos legales vigentes son adecuados, las autoridades podrán tomar como referencia una cesta de bienes y servicios a precios reales, o bien el 60% de la mediana salarial bruta y el 50% del salario medio bruto.
Además, los gobiernos estarán obligados a establecer un sistema para asegurar el cumplimiento de las nuevas reglas y abordar problemas como la subcontratación abusiva, los falsos autónomos, las horas extra no declaradas o el aumento de la intensidad del trabajo.
Este sistema deberá incluir medidas de supervisión fiables, controles e inspecciones sobre el terreno, de acuerdo a la nueva normativa, que este miércoles ha sido adoptada por el pleno del Parlamento Europeo con 505 votos a favor, 92 en contra y 44 abstenciones. Los Veintisiete tendrán un plazo de dos años a partir de la publicación de la directiva en el Diario Oficial de la UE para trasladar el nuevo marco legal a su legislación.