La vista oral llega, nueve años después de comenzar la investigación, con el cambio de criterio de la Fiscalía, que ya no acusa de cohecho al magnate de la noche mallorquina. Junto a él se sientan en el banquillo, cuatro colaboradores, cuatro funcionarios y 15 agentes de policía, acusados estar a sueldo del ‘capo’ Cursach para perjudicar los negocios de la competencia.

Arranca, nueve años después de que comenzara la investigación, el juicio por la pieza principal del caso Cursach, que versa sobre los presuntos sobornos por parte del magnate del ocio mallorquín, Bartolomé Tolo Cursach, a agentes de las Policías Locales de Palma de Mallorca y Calvià para favorecer a los establecimientos de su emporio frente a los de la competencia entre los años 2000 y 2016.

En líneas generales, esta es la síntesis de los hechos que se juzgarán a partir del próximo lunes, 13 de junio, en la Audiencia de Palma. Un proceso con 24 encausados que se alargará casi 150 jornadas. Sin embargo, detrás de la simple descripción existe un enrevesado conglomerado delictivo, una mafia con tentáculos policiales, políticos y empresariales que Público sacó a la luz en una serie de exclusivas a cargo del periodista Carlos Enrique Bayo que diseccionan magistralmente los entresijos de 15 años de impunidad de la mafia de Cursach.

Hace escasos días, la Fiscalía hizo llegar a la Audiencia de Palma una nueva versión de su escrito de acusación con una tesis mucho más favorable para la mayor parte de los procesados. En 2018 pedía ocho años y medio para el presidente del Grupo Cursach por diversos ilícitos. Ahora elimina el presunto delito de cohecho para la inmensa mayoría de los acusados. Esto se traduce en un rebaja considerable de las peticiones de cárcel. 

Sorprendente cambio de tesis

Así, para el líder de la trama ahora los fiscales piden un año y seis meses por presunta pertenencia a organización criminal; una rebaja de siete años. Lo mismo para sus más cercanos colaboradores. Llama la atención la eliminación del eje central de la acusación fiscal, es decir, el delito de cohecho, ya que en 2018 la Fiscalía consideraba que desde el año 2000 hasta 2016, los gestores del Grupo Cursach «dieron las instrucciones y órdenes oportunas para que se llevase a cabo la práctica habitual de regalar u obsequiar a diversos funcionaros públicos que tenían competencias en temas que podían afectar la marcha de los negocios de ocio del grupo».

Ahora los fiscales han sustituido para Cursach y los suyos el presunto cohecho por la «inducción de la prevaricación administrativa» perpetrada por otros acusados. Sin embargo, los cuatro funcionarios y políticos que se sentarán en el banquillo cuentan sorpresivamente con el favor de la Fiscalía, que pide su absolución. Se trata de Pilar Carbonell, exdirectora general de Turismo, y Bernardí Seguí, otro cargo de Turismo para los que los fiscales pedían antes 10 años de inhabilitación. Para Julián Garau, funcionario del Ayuntamiento de Palma, y Jaime Nadal, del consistorio de Calvià ahora la Fiscalía solicita su absolución cuando antes pedía para cada uno cuatro años y seis meses de cárcel. 

Los peor parados en el arranque del juicio por lo que respecta a la posición del Ministerio Público son los 15 agentes de policía procesados, que habrían actuado en beneficio propio cuando presuntamente amedrentaron a los negocios competencia de Cursach. De hecho, la petición fiscal más alta es para el expolicía Gabriel Mayol, al que piden nueve años y seis meses de cárcel por presuntos delitos de cohecho, abuso de función pública con solicitud sexual, coacciones y revelación de secretos.

Una larga investigación con tropiezos

A finales de 2013 comenzó a instruirse en el Juzgado de Instrucción 12 de Palma de Mallorca una investigación sobre mafia policial que desembocó en el conocido caso Cursach: toda una serie de extorsiones a funcionarios públicos por orden del capo de la noche mallorquina para hacerse con el monopolio de los locales de ocio.

Tolo Cursach era el principal empresario de ocio de Mallorca, con las discotecas más grandes en las zonas turísticas, como Calvià y El Arenal. Llegó a ser el principal inversor del Mallorca Club de Fútbol. Su connivencia con el PP balear, que gobernó desde 1983 a 1999 ininterrumpidamente, provocó la destitución de la cúpula del PP de Palma de Mallorca en julio de 2016. 

Conexiones de la trama con el PP

Según planteó el juez Penalva –el segundo instructor tras el cambio de destino de la primera jueza– en 2016, José María Rodríguez, el entonces presidente del PP de Palma, sería «el artífice en la sombra del organigrama corrupto» ideado en la Policía Local de Palma para servir a los intereses de Cursach. El juez descubrió que se filtraron los exámenes de oposición a oficial que se hicieron en mayo de 2012 con el objetivo de «crear una estructura corrupta» para actuar con impunidad y «al servicio de determinados políticos y su partido».

El 28 de febrero de 2017 Cursach fue detenido junto al administrador de sus empresas, Antonio Bergas, y a su mano derecha, Bartolomé Sbert, que había sido director general de Turismo cuando Gabriel Cañellas (PP) presidía el Govern balear. El capo Cursach  permaneció en prisión provisional hasta el 14 de abril de 2018. Entonces comenzaron los ataques a la instrucción judicial, a cargo del juez Manuel Penalva y del fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, con el objetivo de ponerla en cuestión y desinflar las acusaciones e, incluso, anular las actuaciones.

Los investigadores descubrieron que el equipo del Gobierno municipal del PP pagó sobresueldos a determinados agentes de la Policía Local por espiar a políticos, incluso del propio PP, en prostíbulos. Es decir, una especie de patrulla de élite para encargos ilícitos.

Atacar al juez y al fiscal

El fiscal Miguel Ángel Subirán llegó a denunciar públicamente a través de la Unión Progresista de Fiscales el acoso al que estaba siendo sometido desde que inició la investigación: seguimientos, acoso en su vida privada, allanamiento de su casa y el robo de su moto.

También hubo campaña mediática. El entorno de Cursach, agentes investigados y sus abogados iniciaron una campaña en prensa para atacar al juez Penalva y al fiscal Subirán. Algunos medios de comunicación baleares parecían el altavoz de los investigados.

Pero el golpe definitivo contra el juez instructor llegó con la denuncia de dos abogados que describieron presuntos episodios de coacciones por parte del juez y del fiscal a una testigo, dueña de un prostíbulo. Esta mujer primero había identificado a clientes, a mandos policiales y a altos dirigentes del PP, pero luego se echó atrás.

Las conversaciones de Whatsapp del juez con la testigo se hicieron públicas. En ellas se podía escuchar al juez insultar a varios de los investigados. Aquello le costó el puesto. Fue apartado tras una recusación y en julio de 2021 el CGPJ le jubiló por incapacidad permanente. El exfiscal anticorrupción Subirán se jubiló también de forma anticipada en 2020.

Ataque a la libertad de prensa

El tercer juez que ha tenido el caso, Miquel Florit, tomó la lamentable decisión de requisar los móviles de dos periodistas –una redactora de Europa Press, Blanca Pou, y un redactor de Diario de Mallorca, Francisco Mestre– para atajar las filtraciones del sumario, en una insólita acción contra la libertad de prensa que finalmente no ha obtenido reproche penal, aunque el TSJ de Baleares calificó su decisión como «injusta».

No sólo ordenó la incautación de los móviles de trabajo de dos periodistas, sino que pidió el registro de un año de llamadas de la delegación de la Agencia Efe en Baleares. También solicitó las comunicaciones y la ubicación del teléfono móvil de una redactora con el propósito de identificar las fuentes de una información relativa a la investigación del caso Cursach.

Acabó apareciendo en la investigación emprendida por el juez Florit un chat mantenido entre el juez Penalva, el fiscal Subirán y los investigadores policiales. El descubrimiento sirvió para armar una acusación por presunta revelación de secretos contra los anteriores responsables de la instrucción de la causa.

Cursach contrató a Villarejo

Este diario descubrió las conexiones del comisario Villarejo con el empresario Cursach. Fue el comisario investigado el que diseñó una estrategia mediática a favor del capo balear y por ello recibió medio millón de euros. Público pudo acceder al informe confidencial, elaborado en marzo de 2005, que entregó Villarejo a Cursach sobre la guerra interna del PP que le estaba afectando a él y a sus negocios.

En el citado informe, Villarejo relataba que los exministros Abel Matutes y Eduardo Zaplana, junto al entonces presidente balear Jaume Matas, estaban utilizando el diario El Mundo, entonces en manos de Pedro J. Ramírez, y a su delegado en Baleares, Eduardo Inda, para «aniquilar a sus adversarios políticos» en las islas. Y Cursach estaba siendo atacado porque le consideraban aliado del anterior presidente balear del PP, Gabriel Cañellas, y del magnate de prensa Pedro Serra.