Arresto de Camacho, ¿persecución?, Gobierno responde con evidencias

El gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho

El Gobierno de Bolivia rechaza que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, sea un preso político y asegura que tiene pruebas de que financió el golpe.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, rechazó el miércoles en una rueda de prensa que la detención del líder opositor se trate de una persecución política y detalló que tenía al menos 33 elementos probatorios de que Camacho financió el golpe de Estado de 2019 contra el expresidente Evo Morales.

Se tienen 33 indicios o elementos probatorios en contra del señor Camacho, recabados por el Ministerio Público para emitir las imputaciones correspondientes para su detención preventiva en el penal de Chonchocoro”, dijo.

 

Del Castillo explicó a detalles el flujo financiero “del señor Luis Fernando Camacho días previos, el día del golpe de Estado y posteriores al mismo”. Apostilló que solo el día 12 de noviembre de 2019, el gobernador de Santa Cruz hizo dos transferencias bancarias al excomandante de la Fuerza Aérea, Jorge Terceros Lara. Los hechos indican, según dijo el ministro, “que existieron grandes movimientos financieros detrás del golpe de Estado” en el país.

El ministro dijo además que el padre del gobernador, José Luis Camacho, su hermana, Rosa María, y “otras ocho personas de su círculo cercano, están involucrados” en la financiación del golpe.

Del Castillo anunció que a base de las pruebas existentes que vinculan a Camacho con el financiamiento del golpe, se ampliará la denuncia contra el principal acusado en el Golpe de Estado I por el cohecho activo y seducción de tropas.

¿Quién es quién?

Camacho fue aprehendido el 28 de diciembre en Santa Cruz en medio del rechazo de sus simpatizantes y luego trasladado a La Paz, la capital, por el delito de “terrorismo” en el marco de su implicación en el golpe de Estado. El dirigente opositor cumple desde el viernes la detención preventiva por cuatro meses dictada por la Fiscalía. Anteriormente, la defensa de Camacho había denunciado que su cliente era blanco de una “persecución política”.

Santa Cruz, principal bastión de la derecha en Bolivia, vive protestas violentas organizadas por los grupos violentos progolpistas de la llamada Unión Juvenil Cruceñista (UJC) e identificados como “camachistas” desde la detención de Camacho. Los vándalos han prendido fuego a más de una decena de edificios públicos y bloqueado las principales rutas de acceso y salida a este departamento.