Fernández de Moya es el nº 2 de Montoro, elaboró estos presupuestos y ahora está imputado por…

Fernández de Moya es el nº 2 de Montoro, elaboró estos presupuestos y ahora está imputado por malversación, prevaricación y cohecho. Debe dimitir como Secretario de Estado de Hacienda». Alberto Garzón Espinosa en el Pleno de Presupuestos.

Resultado de imagen de Fernández de Moya es el nº 2 de Montoro, elaboró estos presupuestos y ahora está imputado por malversación, prevaricación y cohecho. Debe dimitir como Secretario de Estado de Hacienda". Alberto Garzón Espinosa en el Pleno de Presupuestos.

https://es-la.facebook.com/izquierda.unida/videos/10155735464323867/

LOS NEGOCIOS POR ENCIMA DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Casa Real y el Gobierno, cómplices de la dictadura saudí. 

En Arabia Saudita, la monarquía feudal, absolutista, fanática y criminal gobierna a su país y a su pueblo como una propiedad privada y con puño de hierro.

FRAN J. PÉREZ ESTEBANResponsable de Extensión Internacional de Izquierda Unida

21/09/2017

Que Arabia Saudita es una de las dictaduras más terribles del mundo, es algo que no discute nadie. Que además es uno de los países que financian el terrorismo internacional, y en concreto el yihadista, algo que todos los especialistas afirman sin ninguna duda. Que las relaciones de la Casa Real española con la monarquía absoluta que dicta y manda en ese país son privilegiadas, y que las reales familias se tratan fraternalmente, es un hecho desde hace décadas. Y que el gobierno y la Casa Real española viajan frecuentemente a ese país del golfo para hacer suculentos negocios de venta de armas y de otros asuntos nunca muy transparentes, algo suficientemente conocido por la opinión pública.

Si se toman estos hechos por separado, nada pasa. Pero si alguien en este país se atreve a analizarlos y a relacionarlos, para sacar las pertinentes conclusiones y exigir coherencia, transparencia y ética, entonces la maquinaria del Estado saca la propaganda de guerra que o bien ignora esas críticas o las desacredita sin entrar al fondo de los hechos denunciados. La censura informativa que ha protegido a la Casa Real española desde la transición (por un pacto de las élites con los medios informativos), que impedía a los periodistas informar sobre cualquier aspecto crítico o negativo de la Casa Real española, se extendió para proteger también los acuerdos económicos, negocios públicos y privados que Casa Real y gobiernos (del PSOE y del PP) firmaban con estas dictaduras criminales. Con ellas, Casa Real y Gobierno han establecido relaciones comerciales y políticas muy duraderas y cómodas, hasta ahora. Citamos a Marruecos, a Guinea Ecuatorial o Arabia Saudita, aunque hay más. Por eso en España Arabia Saudita es un país apenas conocido. No interesa que los ciudadanos conozcan esas relaciones tan vergonzosas.

Represión silenciada

La brutal represión a la que se ven sometidas las mujeres y los homosexuales, o la terrible persecución a disidentes políticos y activistas de derechos humanos por parte del régimen saudí, parecen importar muy poco a Casa Real y gobierno cuando de hacer negocios suculentos se trata. Apoyan así al lobby industrial-armamentístico español, al que representaba con descaro en el gobierno el hasta hace poco Ministro de Defensa Pedro Morenés; y la Casa Real sigue cobrando su comisión. A pesar de que hablamos de una monarquía feudal, absolutista, fanática y criminal que gobierna a su país y a su pueblo como una propiedad privada y con puño de hierro. Donde existe un control social espeluznante y una represión extrema y continuada. Pero para las élites españolas la verdad que no está publicada, ni es verdad, ni existe, ni tiene coste ni desgasta a rey y a gobierno. «Como me creo lo que oculto e invento, no me parece que miento», se nos dijo en El Quijote.

Entre las violaciones muy graves a los derechos humanos que son norma en Arabia Saudita están: la aplicación de la pena de muerte (horca, lapidación…) y otras penas crueles, inhumanas y degradantes; la prohibición de cualquier concentración pública o protesta alguna; la tortura sistemática a los detenidos o las deportaciones masivas a trabajadores inmigrantes, que son explotados en un régimen de semiesclavitud. La blasfemia, la traición o el asesinato, se pagan con la pena de muerte. El adulterio también, si estás casada/o (si no estás casada son ‘solo’ 100 latigazos). El hurto está penado con la amputación de la mano derecha y el bandidaje con la amputación de una mano y un pie.

La segregación por sexos es norma y ley, y la discriminación de las mujeres es absoluta; es el único país del mundo donde la mujer tiene prohibido conducir, y si lo hace es encarcelada. La mujer no puede salir sola a la calle (a la que debe salir absolutamente cubierta) o ir al médico, sin la compañía de un familiar. Y la violencia machista es cotidiana. La demencia llega al extremo de que en los centros comerciales no pueden probarse la ropa y deben hacerlo en casa. Se trata de un sistema de dominación y tutela patriarcal que las obliga a pedir permiso para todo a los hombres.

Entre el lobby armamentístico español y el petróleo

De otra parte, la disidencia y el activismo político opositor se paga siempre con la cárcel o la muerte. Recientemente han sido ejecutadas 47 personas por estos motivos, sin que la Casa Real española pestañeara o el gobierno hiciera una sola nota de protesta. Por los miles de presos políticos, la preocupación de Casa Real y Gobierno es cero. Miran para otro lado. Arabia Saudita tiene las mayores reservas de petróleo del mundo (solo superadas por Venezuela) y España se lo compra, al tiempo que le vende armas. Con natural cinismo, uno de los representantes cualificados del capitalismo español, el ministro de Economía, Luis de Guindos, reconoció en el parlamento este pragmatismo sin ética de su política exterior. Unidos Podemos, como es sabido, mantuvo la dignidad y denunció la hipocresía que suponen estos hechos. Desde IU, como sabéis, hemos ido más allá, y exigido incluso que las relaciones políticas y económicas con esta dictadura se suspendan.

Hay muy pocos países donde ocurren violaciones tan graves a los derechos humanos y que sean tratados con tanta benevolencia por los medios de comunicación españoles, por la Casa Real y por nuestro gobierno, que anteponen las relaciones económicas y negocios a los derechos humanos. El silencio mediático impuesto sobre estas violaciones de derechos humanos es necesario para que España le venda armas a Arabia Saudí, millones cada año. Hoy, muchas de ellas acaban en manos del terrorismo yihadista, otras se emplean para las guerras imperialistas, contra Siria o Yemen. Sobre Yemen también hay silencio mediático, y sin embargo, se trata de un país que está siendo destrozado por una guerra civil (con importante ayuda saudí) desde que se produjo allí el levantamiento de la primavera árabe. Más de 10.000 civiles han muerto desde que estalló el conflicto en marzo de 2015 y 18,8 millones de yemeníes requieren actualmente asistencia humanitaria. Hay 300.000 afectados por el cólera. Un escándalo ignorado por España, por su Casa Real y por su Gobierno.

Financiación del terrorismo yihadista

¿Y respecto al terrorismo yihadista? ¿Es posible condenar el terrorismo y no denunciar a su vez a sus financiadores? Todos los especialistas saben perfectamente, y publican, que Arabia Saudita lleva años financiando al yihadismo. La familia que reina allí practica e impone a su pueblo un fanatismo religioso extremista. ¿Se puede vender armas a tiranos, a quien las emplea para reprimir a su propio pueblo, y para alentar guerras imperialistas a través del más repugnante terrorismo internacional? ¿Es ética esta conducta? ¿Hasta cuando va a durar? La política exterior del Gobierno continúa ignorando los derechos humanos, como norma general, y Felipe VI ha heredado las relaciones peligrosas y sin escrúpulos morales de su padre con tiranos y dictadores. Hablar de hipocresía es poco. La Casa Real y el Gobierno son cómplices de la dictadura criminal de Arabia Saudita.

Negocios e hipocresía de los borbones

Por eso nadie puede escandalizarse de que en la contundente manifestación posterior al atentado terrorista de agosto en Las Ramblas de Barcelona, apareciesen numerosas pancartas de rechazo a esta hipocresía y a esta repugnante complicidad: «Vuestras guerras, nuestros muertos». La tremenda pitada, con silbidos y abucheos que recibieron Casa Real y Gobierno a su llegada a esta manifestación fue una vez más silenciada por los grandes medios, pero se encuentra fácilmente en la red Youtube. Las cosas existen y suceden, y a pesar de que se intenten tapar, con el tiempo, casi todo se sabe.

Como ha ocurrido con el origen de los negocios de Juan Carlos de Borbón con la dictadura saudí, que han sido desvelados al detalle en la magnífica y reciente biografía de Rebeca Quintans sobre el rey emérito. En ‘Juan Carlos de Borbón, una biografía sin silencios’, que ha editado AKAL, nos cuenta Rebeca Quintans que la relación se inició en 1973, cuando se produjo la primera gran crisis del petróleo, a raíz de la decisión de la OPEP de no exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra de Yon Kipur.

El ministro franquista de Economía, Barrera de Irimo, le pidió al entonces príncipe que mediase con el príncipe Fahd de Arabia Saudí, para conseguir una remesa rápida de petróleo. Por esa mediación, exitosa, el príncipe cobró una comisión, «que a todo el mundo le pareció muy normal», y a partir de ahí la relación se hizo fraternal y fructífera, y las comisiones también. Ya el periodista Rafael Gómez Parra denunció hace años que el rey Juan Carlos de Borbón se llevaba un 3{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} de cada barril de petróleo que España compraba. De algún lado ha tenido que salir su inmensa fortuna.

Yo es que soy un médico muy vulgar…

“Hijo o hija de puta: Forma vulgar de denominar a alguien mala persona.” Yo es que soy un médico muy vulgar. Cada uno es como es. Si no, decidme entonces por qué algunos permitís que os engañen y os roben lo que os pertenece por derecho. Os gusta que lo hagan? Quizás sois gilipollas integrales? O sois iguales de malas personas que ellos? Muchas boquitas vamos a callar que viven de engañarnos y de dividirnos. El pifostio que se os viene encima a algunos es para preocuparse seriamente.

Resultado de imagen de Yo es que soy un médico muy vulgar...

Un juez anula la venta de miles de viviendas públicas de Madrid a un fondo buitre

El juzgado contencioso número 29 de la capital estima el recurso de una afectada cuya vivienda pública fue vendida a un fondo buitre y anula además el acuerdo de enajenación de casi 3.000 viviendas del IVIMA a Azora Gestión en 2013

Manifestación contra los fondos buitre en la Puerta del Sol de Madrid
Manifestación contra los fondos buitre en la Puerta del Sol de Madrid / Alberto Pozas
 Un juez ha anulado la venta de casi 3.000 viviendas públicas de la Comunidad de Madrid a un fondo buitre. El juzgado de lo contencioso-administrativo número 29 de la capital ha decidido estimar la demanda presentada por una vecina de Navalcarnero y no sólo anula su relación con el fondo buitre sino que tumba también el acuerdo de mediados de 2013 con el que el gobierno regional madrileño vendió 2.935 viviendas, 3.084 garajes, 1865 trasteros y 45 locales a Azora Gestiónpor poco más de doscientos millones de euros.

MÁS INFORMACIÓN

La sentencia, a la que ha tenido acceso la Cadena SER y dictada hace unos días, resuelve el caso de una mujer que accedió en 2007 a una vivienda de protección oficial del Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA) en 2007, beneficiándose entre otras cosas de una reducción del alquiler del 90{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} en la localidad madrileña de Navalcarnero. Unas condiciones que empeoraron drásticamente cuando seis años más tarde el gobierno regional vendió su casa a un fondo buitre.

En un primer momento la Justicia ni siquiera le reconoció el derecho a recurrir pero una sentencia favorable del Tribunal Supremo a finales del año pasado le permitió volver a la carga: ahora el juzgado 29 de lo contencioso de la Gran Vía le ha dado la razón, ha anulado la transmisión de su contrato de alquiler del IVIMA al fondo buitre y ha tumbado también el acuerdo de este organismo que vendió un total de 32 promociones inmobiliarias a Azora Gestión por 201.000.007 euros, entonces con Ignacio González como presidente de la Comunidad.

La sentencia, que todavía es recurrible, cuestiona de forma contundente el proceso que siguió el gobierno regional madrileño para enajenar las viviendas públicas y, sobre todo, que declarase su innecesariedad «sin que se explique ni justifique dicha afirmación con ningún tipo de informe o análisis complementarios de carácter técnico, económico, financiero y legal».

Derecho a «vivienda digna»

El magistrado pone el foco en un aspecto concreto de la enajenación llevada a cabo por el ejecutivo de Ignacio González en el verano de 2013: la declaración de innecesariedad de las 32 promociones de vivienda pública para allanar su venta. «No se ofrece ni justifica la razón o el porqué dejan de ser necesarias dichas promociones, cuando juntan un total de 2.935 viviendas, que cumplen una función social, como es la de proporcionar a clases desfavorecidas una vivienda digna», no viendo claro tampoco cómo cuadra vender vivienda pública con «el fin fundamental del IVIMA, proporcionar el acceso a una vivienda digna a clases desfavorecidas».

Manifestación contra la venta de vivienda pública a fondos buitre
Manifestación contra la venta de vivienda pública a fondos buitre / Alberto Pozas

Para el magistrado, «la falta de motivación o de justificación del requisito de innecesariedad de dichas promociones» es clara, destacando que sólo se podría haber justificado el movimiento si no hubiese existido una demanda y estuviesen desocupadas, algo que no sucedió ya que las casas estaban ocupadas en un ochenta por ciento. Ni eran innecesarias ni su enajenación se hizo a favor del interés público, y además la sentencia critica que una decisión que afectó a 32 promociones inmobiliarias no pasase por manos del Consejo de Administración del IVIMA.

Batalla legal

Después de un lustro de lucha por parte de las asociaciones de afectados, tanto en la calle como en los tribunales, han sido una vecina de Navalcarnero y su abogado de oficio quienes se han llevado por delante una de las operaciones más polémicas perpetradas en materia de vivienda por la administración pública madrileña. En un primer momento, tal y como reveló la Cadena SER, la jurisdicción contencioso-administrativa cerró las puertas a los afectados al no reconocerles la legitimaciónpara solicitar la nulidad de la venta de estos pisos: fue el Tribunal Supremo el que, a finales de noviembre del año pasado, les reconoció este derecho y obligó a este juzgado a revisar su caso, el primero en el que se ha dictado sentencia con estos nuevos mimbres.

El fallo de la sentencia es contundente: el acuerdo de la Dirección de Gerencia del IVIMA de 29 de agosto de 2013 que vendió la vivienda pública queda «anulada totalmente«, dejando el juez «sin efecto alguno la adjudicación y enajenación» que acordó. Fuentes jurídicas y fiscales apuntan a que, con esta resolución en la mano, los afectados pueden recurrir con garantías en los tribunales para intentar que su vivienda vuelva a ser de titularidad pública, mientras la Comunidad de Madrid decide cómo asimilar por la vía administrativa esta sentencia.

Investigación penal

Las acciones judiciales de los afectados contra este proceso de enajenación discurre en paralelo a la investigación penal que desarrolla el juzgado 48 de Plaza de Castilla contra los responsables del proceso: Ana Gomendio y Juan Van-Halen, exdirectores generales de un IVIMA ahora transformado en la Agencia de la Vivienda Social, están imputados y la Fiscalía les atribuye delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Juan Van-Halen en una foto de archivo
                       Juan Van-Halen en una foto de archivo / Ministerio de Fomento

El caso sigue bajo investigación, aunque el Ministerio Público tiene claro que se trató de un proceso «trufado de irregularidades«, según un informe aportado al caso. La Fiscalía coincide con el juzgado 29 en definir como «raro, extraño, desacostumbrado, excesivamente peculiar u original» el proceso de declaración de innecesariedad del parque de vivienda pública de once municipios de la región.

VIVIENDA

Hacienda avala que la Comunidad de Madrid vendiese su vivienda pública por 200 millones

Un informe del Ministerio aportado a la causa que investiga la operación tasa en 208 millones de euros la venta de 32 promociones de vivienda pública del IVIMA, que en 2013 se ejecutó por siete millones menos de los estimados por Hacienda

Protesta contra fondos buitre en Madrid

           Protesta contra fondos buitre en Madrid / Alberto Pozas

Hacienda está conforme con el precio que pagó Azora Gestión por casi 3.000 viviendas públicas de la Comunidad de Madrid en 2013. Un informe del departamento que dirige Cristóbal Montoro aportado a la causa que investiga esta operación por la vía penal afirma que los 201 millones que pagó el fondo buitre al ejecutivo de Ignacio González estaba ajustado al mercado del momento, frente a las acusaciones de «infraprecio» de la Fiscalía.

MÁS INFORMACIÓN

El fondo de inversión se hizo con las 32 promociones de vivienda pública regional, repartidas por once municipios de Madrid, por un total de 201 millones de euros: el informe aportado a la causa por Hacienda a petición del juez concluye que Azora Gestión pudo pagar de menos, pero apenas siete millones de euros, tasando los inmuebles en un total de 208.275.091,99 euros.

Hacienda realiza el cálculo del valor actualizado, según explican las conclusiones del informe, teniendo en cuenta por ejemplo que en esas fechas «se detecta una bajada continuada de los precios en el mercado inmobiliario, producida por el exceso de oferta y la baja demanda, debido en gran parte a las dificultades financieras para conseguir créditos tanto para los promotores como para los particulares» haciéndose eco también de «la inseguridad, por parte de estos últimos, de falta de garantías en la continuidad en el empleo».

También influye en la bajada de precios, explica Hacienda, «la comercialización por parte de las entidades bancarias de sus carteras inmobiliarias, ofreciendo a sus posibles compradores ofertas y garantías de crédito», atribuyendo a cada una de las promociones un valor de entre 900.000 euros y 22 millones.

Segundo capote de Hacienda

El juzgado 48 de Madrid investiga desde hace años la enajenación de casi 3.000 viviendas públicas a un fondo de inversión, con dos exdirectores generales del Instituto de Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA) imputados: Ana GomendioJuan Van-Halen. Se trata del segundo informe aportado por Hacienda que apunta al archivo de la causa: uno anterior negó de forma tajante que los directivos del IVIMA hubiesen podido lucrarse personalmente con esta operación.

Protesta contra la venta de vivienda pública a fondos de inversión
Protesta contra la venta de vivienda pública a fondos de inversión / Alberto Pozas

Unas afirmaciones que chocan frontalmente con lo afirmado por la Fiscalía en un informe reciente: el Ministerio Público considera que, entre otras irregularidades, la administración madrileña buscó entregar las viviendas a Azora a precio de saldo: hay «indicios de uso de artificio para la venta infraprecio«, asegurando en este informe que todas las pruebas, vistas en su conjunto, «ofrecerían la imagen fiel y exacta de una conducta malversadora o defraudatoria».