Autor: admin
“Señores del PP, a los que roban, aunque se envuelvan en banderas, se les llama Ladrones»
Todas las encuestas de las elecciones catalanas del 21-D
01/11/2017
Tras la aprobación del Senado a la medidas del artículo 155 de la Constitución que presentaron PP, PSOE yCiudadanos, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, disolvió el Parlament de Catalunya y convocó elecciones autonómicas catalanas para el 21 de diciembre. En paralelo, el pleno del parlamento catalán aprobó unadeclaración unilateral de independencia (DUI), aunque según el guion de los independentisas el siguiente paso sería pasar por las urnas en unas elecciones constituyentes, de momento, tanto PDeCat como ERC comunicaron que se presentarán a los comicios convocados por el gobierno central.
En cuanto sonaron las primeras campanas anunciando unas elecciones, los principales medios de comunicación levantaron el teléfono para ponerse en contacto con las empresas de realización de encuestas correspondientes. Estas son algunas de las encuestas que se han hecho a partir del mes de octubre para las elecciones catalanas del 21-D:
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El Periódico de Catalunya (28/10/2017)
Según la encuesta realizada por el Gabinet d’Estudis Socials d’Opinió Pública (GESOP) para El Periódico de Catalunya, las fuerzas independentistas (ERC, PDeCat y CUP) seguirián manteniendo la mayoría en escaños en el Parlament. La sorpresa de esta encuesta es el aumento del PSC que estaría muy cerca de ser el partido de la oposición ante la caída de Ciudadanos que muestra el mismo gráfico. Por lo tanto, el orden de los partidos que más escaños obtendrían según El Periódico de Catalunya sería el siguiente.
1. ERC (43-44)
2. Ciudadanos (21-22)
3. PSC (20-21)
4. PDeCat (18-19)
5. Catalunya en Comú (11-12)
6-7: PPC (9-10) y CUP (9-10)
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El Mundo (29/10/2017)
La encuesta realizada por Sigma Dos para El Mundo no da la mayoría en escaños a las fuerzas independentistas. Mantiene a Ciudadanos como partido en oposición aumentando en escaños y PSC en tercera disminuyendo. Un dato curioso que nos ofrece el gráfico es la distinción en porcentaje de los partidos independentistas (42,5{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea}) y los Constitucionalistas (43,4{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea}) dejando a Catalunya Sí que es Pot entre dos aguas. Según la encuesta de El Mundo, los partidos con mayor escaños irían en este orden:
1. ERC (41-43)
2. Ciudadanos (26-28)
3. PSC (20-22)
4. PDeCat (13-15)
5. CSQP (13)
6. PP (10-12)
7. CUP (7)
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La Razón (30/10/2017)
La Razón encargó la realización de la encuesta a NC Report. Según los resultados, los partidos independentistas se quedarían a solo tres escaños de la mayoría absoluta del Parlament. Respecto a las elecciones autonómicas de 2015, la encuesta muestra una mejora de los demás partidos. La suma del bloque constitucionalista (C’s, PSC y PPC) tampoco alcanzaría la mayoría necesaria. Entonces, según la encuesta de La Razón quedaría así:
1. ERC (41)
2. Ciudadanos (26)
3. PDeCat (18)
4. PSC (17)
5. CSQP (14)
6. PPC (13)
7. CUP (6)
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Centre d’Estudis d’Opinió (31/0/2017)
Según el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) el independentismo mantendría su mayoría en escaños en el Parlament de Catalunya. Aún así, y como vemos en el gráfico realizado por El Periódico de Catalunya, la suma de votos obtenidos tanto por Junts el Sí (ERC y PDeCat) y la CUP no llegarían al 50{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea}. La encuesta muestra un aumento de escaños ara los demás partidos, sobre todo CSQP. Según este estudio las fuerzas en el Parlament quedaraían en este orden.
1. Junts pel Sí (60-63)
2. Ciudadanos (25-26)
3. PSC (17-19)
4. CSQP (12-24)
5. PPC (10-11)
6. CUP (8-9)
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El Español (31/10/2017)
La encuesta realizada por Sociométrica para El Español da una mayoría absoluta muy justa a la unión de los partidos independentistas. Las formaciones que salen mejor paradas según este sondeo son Ciudadanos (+1), CSQP (+2) y PPC (+1). En cambio la CUP perdería escaños (-3) y el PSC mantendría los que tuvo en las elecciones autonómicas de 2015. Según la encuesta publicada por El Español las fuerzas en el Parlament quedarían de la siguiente manera:
1. ERC (48)
2. Ciudadanos (26)
3. PSC (16)
4. PdeCat (13)
5. CSQP (13)
6. PPC (12)
7. CUP (7)
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La Vanguardia (05/11/2017)
Según la encuesta publicada en La Vanguardia y realizada por la empresa GAD3, las fuerzas independentistas se quedarían a dos escaños de alcanzar la mayoría absoluta en el peor de los casos. En este sondeo, los mejor parados son Ciudadanos, que ganaría entre dos y tres escaños, y PSC que ganaría entre tres y cuatro. CSQP perdería un diputado según esta encuesta, en el que aparece como Catalunya en Comú, y quedaría por debajo del PPC. El ránquing de fuerzas quedaría así según La Vanguardia:
1. ERC (45-46)
2. Ciudadanos (27-28)
3. PSC (19-20)
4. PdeCat (14-15)
5. PPC (10-12)
6. Catalunya en Comú (9-10)
7. CUP (7-8)
Rueda de prensa de Irene Montero tras la junta de portavoces. 7 de Noviembre.
Jefe policial revela presiones “desestabilizadoras” contra la UDEF para intentar parar el caso Gürtel
EUROPA PRESSMADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) –
El inspector jefe en la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal (UDEF) Manuel Morocho, responsable policial del caso Gürtel, ha lamentado las presiones y querellas con las que se trató de «desestabilizar» esta instrucción y ha reconocido que echa en falta la creación de «un organismo central de lucha contra la corrupción» que permita ganar en eficacia en las investigaciones judiciales.
En su comparecencia este martes en la comisión de investigación del Congreso sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular, Morocho ha recordado las siete querellas que interpusieron contra él diferentes dirigentes del Partido Popular descontentos con la investigación desarrollada por la UDEF en el marco del caso Gürtel.
Según este inspector de la Policía condecorado por Gobiernos del PSOE y del PP y formado en el FBI, España debería hacer caso a las recomendaciones de instituciones internacionales y crear una oficina central que «aglutine a diferentes agencias» para dar soporte a los órganos judiciales, ganando en eficacia con la reducción de plazos y la profundización en los aspectos «más complejos».
Este organismo, ha subrayado, precisaría de dotación presupuestaria, recursos humanos e «independencia en su funcionamiento». Morocho ha recordado, a preguntas de los grupos parlamentarios, que todas las denuncias que recibió de los investigados en Gürtel fueron archivadas. «El objetivo era muy claro», ha dicho, «desestabilizar la investigación».
También se ha referido a las «limitaciones» que padecen los testigos protegidos y denunciantes de casos de casos de corrupción. «Se necesita empoderar cargos como el del interventor de un ayuntamiento y establecer canales para que una conducta corrupta tenga un canal seguro de denuncia», ha sostenido.
El inspector Morocho ha explicado que no podía pronunciarse en detalle sobre cuestiones que aún no habían sido juzgadas, remitiéndose a los informes policiales en poder del tribunal que en la actualidad juzga la denominada etapa de Gürtel I (1999-2005).
Sí ha reconocido que el dinero al que se refiere los ‘papeles de Bárcenas’ «probablemente esté rondando» entre los 4 y 6 millones de euros, así como que en la investigación por la ‘caja B’ del PP aparecen «indiciariamente» anotaciones que afectan a dirigentes ‘populares’, entre ellos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
La comisión de investigación ha incluido también la comparecencia del ex comisario general de Policía Judicial Juan Antonio González García, ya jubilado, y que fue cesado de su puesto semanas después de que Mariano Rajoy ganara sus primeras elecciones en 2011.
Tanto este antiguo mando policial como su predecesor en el uso de la palabra han negado que trabajaran para una «policía política al mando de Rubalcaba», exministro del Interior y exlíder del PSOE, recordando que ésta era una expresión habitual de Ignacio Cosidó en su etapa de diputado del PP, antes de pasar a ser director general de la Policía con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior.
González García se ha referido a la corrupción como «hechos aislados», subrayando que no es cierto que en España haya más casos que en otros países. «Además», ha señalado, «creo que se está corrigiendo la cosa».
En su comparecencia ha surgido el nombre del polémico comisario José Villarejo, recientemente encarcelado por orden de la Audiencia Nacional. «Facilitó informaciones de interés en algún caso», ha asegurado, sin entrar en detalles.
PSOE, la historia de una traición permanente
A continuación, un archivo de enlaces dividido en 34 puntos con los principales atropellos del PSOE postfranquista hasta la fecha. Estoy convencido de que falta mucha información, pero creo que toda esta documentación es más que suficiente para darse cuenta de qué intereses representa este partido político que se dice “socialista” y “obrero”, que cada cual saque sus propias conclusiones. Agradecer toda esta información a Adrián Montesinos por la labor de recopilación y trabajo incansable, y a Juan Santiso por hacérmela llegar.
1) Las PRIVATIZACIONES de EMPRESAS PÚBLICAS (algunas de ellas, como Repsol, Telefónica o Argentaria, con beneficios millonarios)
2 ) el TERRORISMO DE ESTADO de los GAL
3) El Caso FONDOS RESERVADOS (uso irregular de los fondos reservados del Ministerio del Interior durante la década de 1983-1994)
4) Las reformas laborales al servicio de la patronal en los años 80
5) El CASO FILESA
6) La TASA MÍNIMA DE PARO de 16,3{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} en los 14 años de gobierno de Felipe González (de 1982 a 1996)
7) El “MEDICAMENTAZO” de 1993
8) La LEY CORCUERA y la “patada en la puerta” (precepto que fue anulado por el Tribunal Constitucional dos años después).
9) Las ETT’s (empresas de trabajo temporal)
10) El DESMANTELAMIENTO de la INDUSTRIA.
11) Las TORTURAS a detenidos (y los indultos a los torturadores)
12) La REPRESIÓN POLICIAL (durante los gobiernos de Felipe González la policía disparaba incluso con armas de fuego. En una manifestación de estudiantes en 1987 una bala impactó en una chiquilla de 14 años; el PsoE se desentendió y ni siquiera se disculpó)
13) El ESPIONAJE a PARTIDOS POLÍTICOS.
14) Las ESCUCHAS ILEGALES del CESID
15) la financiación de COLEGIOS RELIGIOSOS con dinero público a través de la EDUCACIÓN CONCERTADA (introducida con la ‘Ley Orgánica de Derecho a la Educación’ de 1985),
16) Las SICAV
17) VENTA DE ARMAS a la dictadura de Pinochet y a países que no respetan los Derechos Humanos.
18) Los RECORTES de gastos sociales.
19) El irrisorio incremento de 219,25 € del SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL en 14 años de gobierno de Felipe González.
(1982: 28.440 pesetas = 170,93 euros)
(1983: 32.160 pesetas = 193,29 euros)
(1984: 34.740 pesetas = 208,79 euros)
(1985: 37.170 pesetas = 223,40 euros)
(1986: 40.140 pesetas = 241,25 euros)
(1987: 42.150 pesetas = 253,33 euros)
(1988: 44.040 pesetas = 264,69 euros)
(1989: 46.680 pesetas = 280,55 euros)
(1990: 50.010 pesetas = 300,57 euros)
(1991: 53.250 pesetas = 320,04 euros)
(1992: 56.280 pesetas = 338,25 euros)
(1993: 58.530 pesetas = 351,77 euros)
(1994: 60.570 pesetas = 364,03 euros)
(1995: 62.700 pesetas = 376,83 euros)
(1996: 64.920 pesetas = 390,18 euros)
20) El INDULTO en 1988 al golpista franquista Alfonso Armada condenado por el GOLPE DE ESTADO del 23-F (llevaba cumplidos 7 de los 26 años de condena)
21) El INDULTO en 1984 al franquista y ex capitán de la Guardia Civil, Vicente Gómez Iglesias, condenado por participar en el GOLPE DE ESTADO del 23-F (llevaba cumplidos 3 de los 6 años de condena).
22) INDULTO en 1994 al delincuente franquista Jesús Gil condenado por un DELITO DE ESTAFA.
23) La CENSURA, la MANIPULACIÓN y las corruptelas de la TVE de los años 80 y 90.
24) La FINANCIACIÓN de la IGLESIA con dinero del fisco.
25) La SUPRESIÓN del IMPUESTO DE PATRIMONIO.
26) Las REFORMAS LABORALES de carácter NEOLIBERAL de 2010 y 2011
27) La REFORMA del artículo 135 CE (para dar prioridad absoluta al pago de la deuda pública sobre cualquier otra partida presupuestaria)
– http://www.europapress.es/nacional/noticia-zapatero-recalca-referendum-constitucion-no-necesario-20110921102550.html
28) La negativa sistemática a la DACIÓN EN PAGO.
29) La INDIFERENCIA absoluta ante el drama de los DESAHUCIOS.
30) El apoyo incondicional a la GUERRA DE LIBIA.
31) El INDULTO al DELINCUENTE FINANCIERO del Banco Santander, Alfredo Saénz (un indulto concedido de forma tan irregular que dos años después fue anulado por el Tribunal Supremo).
32) Las SUBVENCIONES a la FUNDACIÓN FASCISTA que homenajea a los combatientes de la División Azul (la “Hermandad de Combatientes de la División Azul”).
33) La aprobación (junto con el PP) de la Ley 15/97 que abrió la puerta legal a la PRIVATIZACIÓN de la SANIDAD.
34) La PERPETUACIÓN de la MONARQUÍA (impuesta a dedo por el dictador Franco)
– http://www.eldiario.es/politica/PP-PSOE-Mesa_del_Congreso-Ley_Organica_abdicacion_0_267374028.html
La oscura historia del PSOE
Algunos de los casos más relevantes de corrupción en el Gobierno de Felipe González Márquez (1982-1996):
Durante los últimos años del gobierno de Felipe González (especialmente en la IV y V Legislaturas), se sucedieron diversos escándalos de corrupción:
- Caso Flick: trama española de un gran caso de financiación ilegal de partidos y evasión de impuestos en la RFA, por parte del multimillonario ultraderechista Friedrich Karl Flick. La Fundación Friedrich Ebert, próxima al SPD, destinó donaciones de Flick por valor de millón de marcos para financiar al PSOE.
- Caso KIO: suspensión de pagos por valor de 300.000 millones de pesetas (1.803 millones de euros). El gerente de esta sociedad en España, Javier de la Rosa, y sus colaboradores habrían robado, según acusación particular, 30.000 millones de pesetas (180 millones de euros).
- Caso Wardbase, una causa separada del anterior, referida a un pago fraudulento realizado por Javier de la Rosa a Manuel Prado y Colon de Carvajal por importe de 1.900 millones de pesetas.
- Caso de los fondos reservados: desvío de partidas destinadas a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico por valor de 5 millones de euros entre los años 1987 y 1993 para uso privado, enriquecimiento personal y pago de sobresueldos y gratificaciones a siete altos funcionarios del ministerio del Interior.
- Caso Rumasa: expropiación, venta y liquidación de este holding en una operación que supuso su quiebra total, debido a las irregularidades en su gestión por parte de la familia Ruiz-Mateos.
- Caso Filesa: financiación ilegal del PSOE a través de las empresas tapadera Filesa, Malesa y Time-Export, que entre 1988 y 1990 cobraron importantes cantidades de dinero en concepto de estudios de asesoramiento para destacados bancos y empresas de primera línea que nunca llegaron a realizarse. Entre las personas vinculadas a estas operaciones se encontraban el diputado socialista por Barcelona, Carlos Navarro, y el responsable de finanzas del PSOE, Guillermo Galeote. Posteriormente fue desglosado en:
- Caso Ave, cohecho y falsedad en relación con las supuestas comisiones ilegales obtenidas por la adjudicación del proyecto del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla; a su vez desglosado en:
- Caso Seat: pago de 175 millones de pesetas por parte del SEAT al PSOE, para la recalificación irregular de terrenos de SEAT, con el objetivo de financiar ilegalmente al PSOE. Aunque en la Sentencia consideró probados los hechos, absolvió a los acusados por haber prescrito el delito.
- Otros 3 sumarios.
- Caso Ave, cohecho y falsedad en relación con las supuestas comisiones ilegales obtenidas por la adjudicación del proyecto del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla; a su vez desglosado en:
- Caso Osakidetza: en las oposiciones al Servicio Vasco de Salud de 1990 se detectó un “cambiazo” masivo de exámenes que obligó a repetir gran parte de las pruebas, a las que se habían presentado cerca de 50.000 aspirantes. Por su presunta relación con este caso fueron detenidos Pedro Pérez, director de gestión económica de Osakidetza, y otras tres personas militantes del PSOE, acusadas de fraude con objeto de beneficiar a miembros del PSOE y UGT e instalar un grupo de personas afines en posiciones de responsabilidad.
- Caso Cesid: escuchas ilegales practicadas por los servicios secretos españoles en la sede de Herri Batasuna en Vitoria.
- Operación Mengele: presunto secuestro y expermientación ilegal con tres mendigos, uno de los cuales murió, por parte del Cesid y el cardiólogo Diego Figuera, con objeto de probar un sedante que debía administrarse al dirigente etarra Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, al que se planeaba secuestrar. La causa procesal, instruida por el juez Garzón, fue sobreseída en 1999 a petición de la Fiscalía General.
- Caso Guerra: juicios a Juan Guerra, hermano del vicepresidente Alfonso Guerra, por cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones., de los que fue finalmente absuelto en su mayoría y que supuso uno de los mayores juicíos mediáticos del país en muchos años.
- Caso Casinos: desvío de unos 3.000 millones de pesetas de la sociedad Casinos-Inverama por parte de su presidente, Artur Suqué, mil de los cuales habrían sido destinados a la financiación ilegal de Convergencia i Unió.
- Caso Ibercorp: especulación bursátil con valores bancarios por parte de Mariano Rubio, entonces gobernador del Banco de España.
- Caso Urbanor: una serie de irregularidades en las transacciones para la construcción de las famosas torres KIO, cuando la sociedad Urbanor vendió los terrenos de la Plaza Castilla de Madrid, al grupo kuwaití KIO. Reconociendo los hechos delictivos, el Tribunal Supremo absolvió a los acusados por las prescripción de los mismos. Sin embargo, la Audiendia de Madrid dictó en 2010 pena de cárcel, ratificada por el propio Supremo, por falsedad documental en su defensa.
- Caso Sarasola: gestión irregular por parte de este empresario guipuzcoano del Hipódromo de La Zarzuela y la concesión de la quiniela hípica; presuntos delitos de estafa y alzamiento de bienes en la Sociedad Española de Banca de Negocios.
- Caso Urralburu: una trama de prevaricación y cohecho por el cobro de comisiones ilegales en las obras públicas realizadas por el gobierno del presidente socialista de Navarra, Gabriel Urralburu, entre 1987 y 1991. Urralburu, fue procesado y condenado junto al ex consejero Antonio Aragón.
- Caso Bardellino: la liberación bajo fianza y huida del dirigente de la camorra napolitana Antonio Tonino Bardellino.
- Caso Godó: escuchas ilegales o espionaje telefónico realizadas en 1992 por ex agentes del CESID a personal del periódico La Vanguardia, por encargo del empresario Javier Godó, el cual fue finalmente exculpado. El informe policial acusaba al propio CESID de controlar la red.
- Caso BFP: en 1992 se descubrió un delito de estafa cometido a través de una red de pagarés de empresa falsos de BFP Gestión y Asesoramiento Financiero, por valor de 4.000 millones de pesetas. En 1994 fueron procesados y encarcelados Jordi Planasdemunt, alto cargo de CiU y director general del Institut Català de Finances, y otras 10 personas, entre ellas Salvador Forcadell, Caries Vila y Joan Basols.
- Caso Gran Tibidabo: causa contra el empresario Javier de la Rosa y otras siete personas, entre ellas Manuel Prado y Colón de Carvajal y la esposa de la Rosa, Mercedes Misol, por la descapitalización de la compañía Grand Tibidabo presuntamente en beneficio propio, bajo la acusación de delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
- Caso Estevill, trama de corrupción judicial en torno al ex juez y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, Luis Pascual Estevill, condenado por delitos de cohecho y prevaricación.
- Caso Turiben: una presunta red de facturas falsas utilizada por miles de militares y agentes de policía para estafar al Estado justificando dietas.
- Caso Salanueva: Detención de la ex directora del BOE, Carmen Salanueva, por una presunta malversación de fondos el 29 de noviembre de 1993. Se estima que pudo cometer un fraude al adquirir papel prensa por un valor total de 2.385 millones de pesetas, precio muy superior al del mercado, causando un perjuicio de más de 653 millones para el BOE y Hacienda. Fue puesta en libertad el 1 de diciembre. En 1994 fue denunciada por imitar por teléfono la voz de Carmen Romero y de la Reina para quedarse con cuadros de un pintor famoso con falsas promesas.
- Caso Expo’92: cohecho, prevaricación y un agujero de más de 210 millones de euros. Fue archivada por juez Garzón tras siete años de instrucción.
- Caso Roldán: llamado así por Luis Roldán, director de la Guardia Civil entre 1986 y 1993, enriquecido ilícitamente con el robo de 400 millones de pesetas de fondos reservados y 1.800 millones más en comisiones de obras del Instituto Armado.
- Caso Paesa, vinculado al anterior.
- Caso Banesto: un agujero patrimonial de 3.636 millones de euros (605.000 millones de pesetas) que dejó en la estacada a siete millones de clientes, medio millón de accionistas, 15.000 trabajadores y 50 empresas en las que la entidad participaba.
- Caso Palomino: el cuñado de Felipe González, Francisco Palomino, ganó 346 millones de pesetas gracias a la venta de su empresa, en quiebra técnica, por 310 millones a CAE, (luego comprada por Dragados), cuya cartera de obras para el MOPU se multiplicó. Posteriormente, una investigación le vinculó con la mala calidad de las rejas de la cárcel de Sevilla 1.
- Caso GAL: creación y financiación ilegal de una organización terrorista que asesinó a 27 personas del entorno de ETA entre 1982 y 1987, con implicación de policías, guardias civiles y altos cargos del gobierno socialista, entre ellos el ministro del Interior José Barrionuevo, el secretario de Estado de seguridad Rafael Vera, el gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, el secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo García Damborenea y el General de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo. El propio González fue acusado de ser el “señor X”, el dirigente del entramado GAL.
- Petromocho: fraude perpetrado por un tal Jean-Maurice Lauze, presunto intermediario en una falsa inversión saudí de 100.000 millones de pesetas en un proyecto para construir una refinería de petróleo en las cercanías del puerto de El Musel, en Gijón. El proyecto debía recibir una subvención estatal de 1.000 millones de pesetas. El escándalo provocó la dimisón del presidente socialista de Asturias, Juan Luis Rodríguez-Vigil, sin que el asunto llegara nunca a aclararse completamente.
- Caso PSV: fraude y apropiación indebida de 18.588 millones de pesetas, para enriquecimiento personal y financiación ilegal de la UGT a través de esta cooperativa de viviendas y de su gestora, IGS.
- Caso Hormaechea: prevaricación y malversación de caudales públicos por parte del popular Juan Hormaechea, ex alcalde de Santander y ex presidente de Cantabria, condenado en octubre de 1994 a seis años de prisión mayor y 14 de inhabilitación.
VI y VII Legislaturas
* Caso Pallerols: en 1997 salió a la luz pública esta presunta operación de financiación irregular de Unió Democràtica a través del desvío de las subvenciones recibidas por las empresas controladas por el empresario Fidel Pallerols y su esposa para realizar cursos de formación laboral. Sobreseído provisionalmente en diciembre de 2005, fue reabierto por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona en noviembre de 2006.
* Caso Forcem: presunto fraude en la Fundación para la Formación Continua (FORCEM), constituida en 1992 por CCOO, UGT, CEOE, CIG y CEPYME para la gestión de las subvenciones para la formación de los trabajadores concedidas por el INEM con fondos de la Unión Europea. Algunas de las empresas receptoras de fondos realmente carecían de actividad, empleados y alumnos. La Fiscalía pidió el procesamiento de 6 cargos de UGT por el fraude de 100 millones de euros, y el informe del Tribunal de Cuentas remitido al Congreso detectó responsabilidades penales y civiles en dos de sus máximos responsables.
* Caso Gescartera: un agujero patrimonial de 108 millones de euros en esta sociedad de inversión.
Todos estos casos de CORRUPCIÓN, pertenecen al la época del Felipismo. A día de hoy el Caso Chaves, cumple con todos los “requisitos” como para ser el “emblema” de la CORRUPCIÓN “zapaterista”.
Estos son los “casos de CORRUPCIÓN” de la época de José Luis Rodríguez Zapatero:
VIII Legislatura
Durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (VIII Legislatura), han trascendido los siguientes:
* Caso de los sellos: intervención gubernamental, el 9 de mayo de 2006, de Afinsa y Fórum Filatélico, las dos mayores compañías de filatelia del país, por presunta estafa, insolvencia punible y administración desleal. 460.000 afectados han perdido sus ahorros como consecuencia de la intervención.
* Caso de las facturas falsas: presunto enriquecimiento personal y financiación ilegal del PSOE de Sevilla con dinero público a partir de facturas falsas e infladas por parte del alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín y sus colaboradores.
* Caso Montilla: la condonación por parte de La Caixa de una deuda de 6’5 millones de euros pendiente de liquidar por parte del PSC.
Pero el más “entendible” acto de CORRUPCIÓN para el ciudadano, sea andaluz o no, es el del miembro del “clan de la tortilla sevillana”, ex-presidente para más “inri” del Partido Socialista Obrero Español, ex-Presidente andaluz, ex-Vicepresidente del Gobierno de Zapatero, aunque por poco tiempo, pues después de declarar en las Cortes, se supone que dimitir, por haber sido un “papá” corrupto, dándole un “regalito” a la empresa “Aguas Teñidas”, para que diesen un trabajo a su hija Paula, la “conseguidora”. Se trata del ex-sindicalista Manolo Chaves.
En la actualidad, está imputado e investigado con su compañero y también ex-Presidente de la Junta de Andalucía, por los casos ERE’s y el de los Cursos de Formación, por la juez Alaya.
Las sombras de Felipe González
El tercer presidente de la democracia española goza de una fama gloriosa que se contrapone a grandes escándalos a menudo olvidados y que incluyen corrupción, terrorismo y hasta apoyos de herederos del nazismo.
Esta es la historia de cómo un democristiano de centroderecha fue elegido para acabar con el socialismo con vistas a la Transición, cuando se necesitaba hacer creer a la gente que podían elegir entre izquierda y derecha y no una amalgama neoliberal monocromática como ha resultado ser. Veamos las mayores sombras que ha dejado y sigue dejando el personaje de Felipe González.
1. Corrupción
La mayor parte de la corrupción a la que acostumbramos ahora es al saqueo de las arcas públicas pero, de un tiempo a esta parte, la gente comienza a ver que destruir las instituciones públicas para malvenderlas y recibir contrapartida es la mayor de las corrupciones. De este modo, Felipe González abrió el camino que luego seguirían otros presidentes y privatizó cerca de 80 empresas públicas en los 14 años que controló España: SEAT, ENASA, Trasatlántica, Viajes Marsans, Indra, Endesa, Repsol, Argentaria o Telefónica, entre otras. Muchas de ellas daban cuantiosos beneficios y hoy tienen un valor bursátil mayor al de todas las privatizaciones realizadas en la democracia juntas. Otras se fusionaron con empresas del sector para consolidar grandes monopolios u oligopolios privatizados, como en los casos de BBV y Gas Natural, hoy BBVA y Gas Natural Fenosa –donde el propio Felipe González ha acabado embolsándose medio millón de euros desde su consejo de administración-.
El resultado de la mal gestionada entrada de España en la Unión Europea y la consecuente y progresiva desindustrialización, así como todas las consecuencias de las privatizaciones, dejaron una desorbitada tasa de paro (20{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea}) y, como respuesta, se han venido produciendo todas las medidas de austeridad y precariedad que todos conocemos -y padecemos- en la actualidad. Vender el país para luego enriquecerse con los empresarios es una forma de corrupción.
2. Terrorismo
Uno de los casos más sangrantes del gobierno del PSOE de Felipe González fue el escándalo de los GAL, los Grupos Antiterroristas de Liberación. Estos grupos parapoliciales fueron creados con el fin de asesinar a los miembros de la banda terrorista ETA empleando métodos comparables -e incluso peores en ocasiones- a los de la propia banda. El Estado y más concretamente el Ministerio del Interior debe encarcelar a los terroristas pero nunca asesinarles desde el punto de vista del Derecho Internacional; por no hablar de los sonados secuestros, las torturas y los famosos entierros en cal viva. Incluso se llegó a asesinar a personas sin adscripción con la misma ETA.
Como consecuencia y a raíz de la publicación de un secuestro, Pedro J. Ramírez y distintos medios de la época se enzarzaron con el Gobierno en una serie de escándalos. Fue Baltasar Garzón quien, mediante la apertura de varios casos, finalizó la investigación con el ingreso en prisión de, entre otros, el Ministro de Interior de Felipe González, José Barrionuevo, así como del Secretario de Estado, Rafael Vera. Ambos fueron indultados parcialmente por los posteriores gobiernos, junto a otros implicados que habían financiado a los terroristas de Felipe González entre 1983 y 1989.
A pesar de que nunca se pudo demostrar que Felipe González fuera el máximo dirigente al mando de los GAL, el conocido como ‘señor X’, sí quedó meridianamente claro una vez González dijo haber tenido la posibilidad de volar a la cúpula de ETA y descabezarla, pero decidió no hacerlo, por lo tanto sí estaría al tanto de todas las acciones de su peculiar terrorismo de Estado.
3. Narcotráfico
Felipe González invitó a su toma de posesión como Presidente del Gobierno en 1982 a Pablo Escobar, el famoso narcotraficante colombiano, fundador del Cártel de Medellín. Fue encontrado en la suite presidencial del Hotel Palace con otros representantes colombianos y puso en alerta a la policía antinarcóticos. Felipe González siguió manteniendo íntimos lazos con representantes de derecha colombianos, hasta recibir la nacionalidad colombiana en 2014.
No obstante, en la década de los 80 la heroína corrió exitosamente por España. Mucho se ha especulado sobre si fue repartida para evitar la entrada en política de jóvenes de izquierda, principalmente en el País Vasco, pero no hay pruebas al respecto. Lo que sí hay son datos: las ciudades con mayores concentraciones de jóvenes de izquierda organizados o potencialmente problemáticos para el régimen eran las que más alijos de heroína recibían, mientras las sumisas burguesas apenas tenían presencia de esta dura droga que asoló España repentinamente en los años 80. Este fenómeno destacó en San Sebastián -llegó a ser la ciudad con mayor adicción del mundo- y zonas del País Vasco donde incluso ETA luchaba contra los narcotraficantes. Hay denuncias de sindicatos policiales reconociendo el papel de las Fuerzas de Seguridad del Estado en el tráfico de drogas en algunas ciudades, miembros de los GAL, de la Guardia Civil, etc.
4. Financiación ilegal
Este punto, como no podía ser de otro modo, fue incluso acreditado por la Justicia: existió financiación ilegal en el PSOE a finales de los 80. Se financiaron campañas electorales de manera ilícita. Se creó una trama de empresas (Filesa, Malesa y Time-Export), que inflaba contratos públicos para poder financiar al partido a base de comisiones. El caso Filesa sirvió al PSOE para demostrar de dónde recibían parte de sus ingresos, llegando a acreditarse 1.200 millones de pesetas recibidas de manera ilegal en comisiones. No obstante, ya se sabe que en España -a diferencia de la corrupción al uso- la financiación ilegal de partidos políticos no era delito; puesto que quien legislaba era quien se financiaba así -véanse caso Gürtel o caso Bárcenas-. Aun así, Felipe González tuvo que ir al juzgado a declarar como testigo.
El caso de los fondos reservados fue más delicado, pues la financiación procedía de los presupuestos reservados para la lucha contra dos de los temas a colación en el presente artículo: el terrorismo y el narcotráfico. Este dinero -hasta 5 millones de euros- fue destinado principalmente al cobro de sobresueldos por parte de altos cargos de la administración de Felipe González. De nuevo, el Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, fue enviado a prisión por el juez Garzón, y se juzgó a los ministros José Barrionuevo y José Luis Corcuera, ante la defensa permanente de un errado González: “Ni hay pruebas ni las habrá”.
5. Nazismo
Liderando el sector que pretendía acabar con el marxismo-leninismo que caracterizaba a un todavía socialista PSOE, Felipe González fue el protagonista absoluto del Congreso de Suresnes (1974). Logró el reconocimiento legítimo de la Internacional Socialista, bajo la influencia de su hermano alemán, el SPD. Tras un Congreso del partido donde propone abandonar el socialismo para girar a la derecha, los militantes rechazan estas intenciones y González anuncia su dimisión, de modo que se convoca un Congreso Extraordinario para capitular ante su chantaje, aceptar sus condiciones y lograr la sorpresiva victoria electoral posterior.
¿Cómo se logró un ascenso tan fulgurante? Aquí entra su socio el SPD y la larga tradición de turbia financiación, como el caso Flick. Del mismo modo que en España el PSOE se comprometió a amparar a todos los grandes empresarios que crearon su fortuna gracias al empleo de mano de obra esclava en el franquismo a cambio de su legalización, en Alemania ocurrió lo mismo con el nazismo. La familia Flick -entre otros grandes empresarios- logró amasar una fortuna multimillonaria empleando mano de obra esclava y, tras caer el III Reich, sobornó a todos los partidos de la RFA (satélite de EEUU, Francia y Reino Unido), entre los que se incluyen Liberales, el SPD (que destaca en la actualidad por firmar una Gran Coalición con Merkel) y la CDU-CSU (que ahora dirige Angela Merkel).
Los servicios secretos alemanes utilizaron cuatro fundaciones políticas, especialmente la socialdemócrata Sociedad Friedrich Ebert (primer presidente de la República de Weimar), con documentación falsificada, para proporcionar apoyo financiero, logístico y de entrenamiento al PSOE de Felipe González. Ante las acusaciones de recibir millones de marcos (y casi 3 millones de euros actuales según Der Spiegel) entre 1978 y 1981, la respuesta en la RFA del SPD fue la publicación de una serie de bulos sobre la RDA, verdaderamente socialista; y la España del PSOE organizó una comisión de investigación en las Cortes, que absolvió al PSOE, que tenía mayoría absoluta. Lo más esclarecedor fue la comparecencia del representante de Flick ante la pregunta de Santiago Carrillo: “Tengo entendido que el señor Flick fue condenado por el Tribunal de Nuremberg como criminal de guerra nazi. Y creo que usted es hijo del general que fue jefe del estado mayor de Hitler… Entonces, ¿cómo se explica que ustedes financien al PSOE?”. La respuesta fue clara y reconocida años después por el PSOE:
“Tratábamos de cerrar el paso al comunismo y el partido mejor situado para hacerlo era el PSOE”
Felipe González recibió, cuando aún era legal, financiación de conglomerados de la órbita nazi para evitar que en España gobernara nada a la izquierda de una socialdemocracia que renunciara al marxismo, como pasó con el SPD, pues fueron los comunistas y no el PSOE los que mantuvieron el papel principal de lucha contra el régimen durante el franquismo.
6. Apoyo a fondos buitre, golpistas y especuladores en Venezuela
La relación del gigantesco holding empresarial venezolano Cisneros con Felipe González es también una buena prueba de los verdaderos intereses del expresidente en el país sudamericano. El holding en cuestión está dirigido por María Antonieta Mendoza, madre del opositor Leopoldo López -encarcelado por instigar un muy violento golpe de Estado en Venezuela-.
El gobierno de González fue responsable de una de las mayores expropiaciones de la historia de España, la del grupo Rumasa. No fue un afán socialista, inexistente como vemos en la cantidad de privatizaciones, puesto que a continuación procedió -tras sanear la deuda con dinero público- a venderla al holding empresarial Cisneros. El valor que pagaron los socios venezolanos por el grupo de Ruiz-Mateos, incluyendo Galerías Preciados, fue de 1.000 millones de pesetas, pero acto seguido la vendieron por 30.000 millones de pesetas. ¿Una manera de financiar a la oposición venezolana encubierta? No se sabe. Pero al cabo de unos años, con supuesto apoyo del Gobierno de Aznar y Bush, el líder de la patronal venezolana y los opositores realizaron un golpe de Estado contra Chávez.
Del mismo modo, la familia de Henrique Capriles -líder opositor venezolano- y los fondos buitre de Cisneros vinieron a España en busca de ‘inversiones inmobiliarias’ que se traducen en la compra de los pisos de vivienda social y de los desahuciados a gran escala en nuestro país. A estos opositores, especuladores y perpetradores de la mayoría de muertos en las protestas, es a los que González, Rivera y Cifuentes apoyan con tanto ahínco trayendo a España a Lilian Tintori, esposa de López. De ahí viene la enorme dedicación de Felipe González por defender a Leopoldo López, implicándose incluso en su defensa judicial. Pero incluso el candidato Capriles ha reconocido no estar de acuerdo con las formas violentas de actuar de Leopoldo López, encarcelado desde las protestas de 2014. Precisamente la Ley de Amnistía pretende abarcar toda la violencia desde 1999, no desde las protestas de 2014, y que la oposición ha llevado a la Asamblea de Venezuela donde ahora tienen mayoría (y la derecha ha presentado en España para que IU, Podemos y ERC no se muestren a favor) admite todos los casos de uso de armas de fuego y bombas; pero ya sabemos la afición de Felipe González por defender a grupos paramilitares.
7. Control del PSOE en la sombra
Los poderes remanentes en el PSOE tras años de descomposición eran José Antonio Griñán, Manuel Chaves, Alfredo Pérez Rubalcaba, Alfonso Guerra y Felipe González. Tras caer los dos primeros por los enormes casos de corrupción en la Junta de Andalucía, situaron a Susana Díaz para recoger la ideología antimarxista que ni Rubalcaba -aclamado por la derecha en su despedida del Congreso- ni Alfonso Guerra, ni Felipe González -manchado en su imagen tras el paso por los consejos de administración del IBEX-35- podrían mantener.
De ahí podemos entender la reticencia de los barones regionales del PSOE y de la propia Susana Díaz a cualquier acercamiento a partidos a la izquierda del suyo. Y de ahí que Díaz disolviera el parlamento andaluz y convocara elecciones para cambiar un Gobierno en minoría del PSOE con apoyo de IU por otro en minoría del PSOE con Ciudadanos, más acorde a la ideología de la lideresa y de Felipe, quienes apoyaron a Pedro Sánchez como Secretario General en 2012 por parecer el candidato más a la derecha de los tres (Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias) y ahora reniegan firmemente de él por su acercamiento a Podemos. De ahí que el equipo negociador, capitaneado por el conservador Jordi Sevilla, aceptara un pacto a nivel nacional con Ciudadanos: el legado de Felipe González.
Felipe Gonzalez y sus chanchullos
R. Grosfoguel se pronuncia sobre Catalunya y hace una crítica devastadora a la izquierda españolista
CANTO A LA LIBERTAD – LABORDETA
Algunas de las causas de lo que acontece en las enrevesadas y complejas relaciones entre España y Guinea Ecuatorial
Mi Columna
Eugenio Pordomingo (27/3/2017)
Iba a titular esta Columna así: “El Gobierno de España, Obiang Nguema y la Embajada de Guinea Ecuatorial en Madrid, guardan un silencio vergonzoso y culpable”, pero me percaté de que no recogía la verdadera cuestión de fondo, que es la causa y el motivo de todo lo que acontece en torno a Guinea Ecuatorial y sus relaciones con España. Y empiezo por lo acontecido a la empresa CPT (Compañía de Productos Tropicales).
Ante el silencio, vergonzoso y culpable, del Gobierno de España, de Teodoro Obiang Nguemay de Purificación Angué Ondo, Embajadora de Guinea Ecuatorial en Madrid, la empresa Compañía de Productos Tropicales S. A. (CPT), se ve obligada a ampliar la información facilitada hasta el presente respecto al robo y saqueo del que fue objeto en Guinea Ecuatorial.
La empresa Compañía de Productos Tropicales S. A. (CPT), fue objeto de varias tropelías en la República de Guinea Ecuatorial. Todos los abusos, desmanes, arbitrariedades y atropellos de los que fue objeto esa compañía y sus directivos, fueron llevados a cabo por el entramado compuesto por políticos, funcionarios y Poder Judicial. Por supuesto, con el consentimiento, connivencia y beneplácito del dictador Obiang Nguema. De otra manera no hubiera sido posible tanto desafuero y tanta impunidad.
Todo ello aconteció hace ahora diecisiete años, pero no por eso vamos a tener que dejar que denunciar, reclamar y exigir disculpas y resarcimiento económico.
Las denuncias que CPT ha hecho en España nunca fueron atendidas por los gobiernos de Aznar, Zapatero y Rajoy, ni por el Congreso de los Diputados y Senado. Tampoco el Defensor del Pueblo, entonces dirigido por Enrique Múgica Herzog. Huelga decir, que tampoco la Casa Real mostró el más mínimo interés. Esas y otras instituciones recibieron amplia documentación (dosieres).
Diversos departamentos e instituciones de la Unión Europea tuvieron, asimismo, un comportamiento similar.
Como digo, la denuncia que hizo esta empresa ante el gobierno que preside Rajoy ya la había hecho anteriormente al Presidente José María Aznar, a José Luis Rodríguez Zapatero y al entonces Ministro de AA. EE., Miguel Ángel Moratinos. Unas veces hubo silencio, las más respuestas incoherentes que no se ajustaban a los hechos denunciados y ampliamente documentados.
A la vista de lo que se ha ido conociendo a través de los medios de comunicación, entre ellos, páginas de internet de grupos opositores al dictador guineano y del digital Espacios Europeos, es fácil encontrar la respuesta,
En marzo y en diciembre del año 2014, CPT se dirigió al presidente Mariano Rajoy, recordándole que el Consejo General del Poder Judicial de Guinea Ecuatorial se había comprometido el 29 de enero de ese año, a investigar los hechos denunciados y contestar al Ministerio de Asuntos Exteriores de España.
Como de “auténtica vergüenza, desatención, inactividad administrativa, negligencia y, lo que es peor, connivencia con el régimen de Obiang Nguema” calificó CPT la actuación de las instituciones españolas, a las que se denunciaron las tropelías de las que fueron objeto: “Mariano Rajoy no nos ha hecho ni caso”, recogió el digital Hispanidad de boca de un directivo de la empresa.
El 23 de noviembre de 2015, me dirigí como director de esa compañía a la Embajadora de Guinea Ecuatorial en España, Purificación Angué Ondo, pidiéndole que hiciera las gestiones oportunas a fin de “conocer el resultado del procedimiento llevado a cabo en el caso de la reclamación de la empresa Compañía de Productos Tropicales, CPT”.
El contenido de esa misiva, a fin de evitar equívocos, fue el siguiente:
“Como consecuencia de mi reclamación ante la Embajada del Reino de España en Malabo, el entonces titular de la misma, Carlos Robles Fraga, se dirigió al Presidente de la Cámara de los Representantes del Pueblo, quien le contestó el 29 de enero de 2004, comprometiéndose a “dar traslado a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia para que resuelva lo que en derecho proceda tras la averiguación de los sucesos”.
El señor Salomón Nguema Owono, por entonces Presidente de la Cámara de los Representantes del Pueblo, se comprometió con el Embajador español que daría traslado del “expediente que desde Madrid promueve Don Pordomingo Pérez (sic) en representación de la Sociedad Mercantil “COMPAÑÍA DE PRODUCTOS TROPICLAES S. A.”, con sede en nuestro país, solicitando amparo por los hechos acaecidos a la misma”.
En la carta-oficio a la que aludo, el Presidente de la Cámara afirma también “que este Parlamento seguirá de cerca el proceso y le mantendrá siempre informado de su medida”.
En numerosas ocasiones me he dirigido al Gobierno de Guinea Ecuatorial, pero jamás he recibido contestación a mis requerimientos, como tampoco parece que lo haya recibido el Ministerio de Asuntos Exteriores de España.
Como usted sabe la empresa “Compañía de Productos Tropicales S. A., CPT” fue víctima de un expolio en el que participó la Administración Estatal, que la obligó a abandonar sus actividades –algunos de sus directivos sufrieron agresiones-, además de la pérdida total de sus equipos (vehículos todoterreno, camiones, tractores, etc., etc.).
A pesar de los numerosos escritos, incluso dirigidos al Presidente de la República de Guinea Ecuatorial, jamás he tenido contestación a ninguno de ellos. Todo el expediente relativo a ese expolio obra en poder de las autoridades de Guinea Ecuatorial, como reconoce en el escrito que adjunto, el Presidente de la Cámara de los Representantes del Pueblo”.
La señora Embajadora de la República de Guinea Ecuatorial ni se ha dignado en acusar recibo de esta petición. Claro, que tampoco lo ha hecho la Embajada de España en Malabo ni La Moncloa.
Lo peor de todo, es ver como nuestros gobiernos, diplomáticos y supuestos representantes del pueblo, hacen de su ejercicio y función –por la que cobran-, dejadez de funciones, cuando no otras tareas en beneficio propio. Puertas giratorias, de Presidente o Ministro a lobista.
La exigencia de responsabilidades administrativas o de otro tipo, no ha quedado exenta de nuestras reclamaciones. De hecho, se ha denunciado una posible “inactividad administrativa”, según recoge el Real Decreto 1473/2000 de Estructuración Básica del Ministerio de Asuntos Exteriores Español, cuya filosofía es “defender los intereses de los españoles y llevar a cabo una adecuada y eficaz política de protección de los ciudadanos españoles en el exterior”.Asimismo, de acuerdo con varios de los artículos de la Ley 30/02 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. También se solicitó a Presidencia, Ministerio de AA. EE., Senado y Congreso de los Diputados, las comunicaciones habidas respecto al caso denunciado, la entrega de fotocopia del expediente de CPT, así como de las comunicaciones escritas entre distintas Administraciones, una de ellas referida al trámite que se siguió respecto al escrito dirigido al Ministerio de Economía (mayo de 2003) cuyo ministro era por entonces Rodrigo Rato, en el que solicitaba se nos resarciera económicamente de los robos, agresiones y actuaciones de la Administración de la República de Guinea Ecuatorial, bien con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, o detrayendo de la posible condonación de la deuda que Guinea Ecuatorial tiene con España.
Después de ahondar en asuntos de macro-corrupción en España, aunque relacionados con Guinea Ecuatorial, como el Guinextebank, la cooperación española y políticos, me topé con el BOE de fecha 28 de octubre de 1988 (Comisión para el Estudio del Desarrollo de la Cooperación entre España y Guinea Ecuatorial), donde figuran las Propuestas de Resolución que presentó por aquellas fechas el Diputado por Barcelona del Grupo Mixto, Pedro Costa Sanjurjo, miembro de esa comisión, éste dice:
“Tras los trabajos habidos en la Comisión, las comparecencias, los documentos analizados, y los estudios realizados “in situ” en el viaje que tuvimos ocasión de realizar a Guinea Ecuatorial, así como las diversas entrevistas con personalidades de aquel país, tanto gubernamentales como de la oposición y diversas investigaciones realizadas por este Diputado, estoy en condiciones de presentar las siguientes propuestas de resolución, no sin dejar constancia de que para un total y profundo conocimiento hubiera sido necesario poder oír al señor Francisco Fernández Ordóñez, que reúne la triple faceta de exministro de Hacienda, ex-Presidente del Banco de Exterior de España y Ministro de Asuntos Exteriores, pieza esencial del desarrollo de nuestra relación y cooperación con Guinea Ecuatorial y lamentando no haber tenido acceso a diversa documentación solicitada reiteradamente como el informe de Exteriores y el estado de los saldos y créditos en el momento de la venta de la parte española del Guinextebank. Habiendo llegado a la conclusión de la inviabilidad de la cooperación tal y como se entiende actualmente, presento las siguientes: PROPUESTAS DE RESOLUCION”.
Y sigue el diputado: “Se propone invertir 50.000 millones en un período de cinco años, a razón de 10.000 millones anuales y para los siguientes fines y con las siguientes condiciones:
España reanuda la protección de todo tipo de riesgos a las empresas españolas, al darse cuenta que compañías extranjeras ocupaban su lugar.
Guinextebank. La crisis del Guinextebank se agudizó en este período. Los depósitos de clientes no se contabilizan en su totalidad, y los créditos se conceden sin estudios de solvencia y sin garantías suficientes; lo que se traduce en un déficit patrimonial de más de 1.400 millones de pesetas en 1987. En este período la mayor parte de los recursos ajenos del Banco proceden del BEAC…”.
Y más: “El Gobierno español a la vista de las auditorías examinadas por la Comisión, acuerda liquidar la participación del BEE en Guinextebank y conceder un crédito equivalente al total del déficit patrimonial acumulado; de los cuales sólo 500 millones de pesetas corresponden a los depósitos de españoles.
No se ha podido discernir quién ni cómo ha adoptado las decisiones que han conducido a la espiral de desastre desde 1985 hasta la liquidación del Banco. La actual política de cooperación se ha saldado con un fracaso”.
Muy interesante: “Antes de entrar en las propuestas, este Grupo, desea explicitar que las mismas no suponen dar por zanjado el pasado de la cooperación con Guinea. Por el contrario, planteamos la necesidad de proseguir las acciones hasta el esclarecimiento completo, con las consiguientes responsabilidades que pudieran derivarse, de las situaciones siguientes:
– Guinextebank. Desentrañar las responsabilidades reales de la Administración española en las irregularidades que se han cometido. Actuar en derecho frente a los posibles morosos beneficiarios de créditos.
– Créditos ICO. Investigar la cuantía y el destino final de los fondos a la cooperación que han tenido su origen en el Instituto de Crédito Oficial.
– Empresas contratistas. Comprobar los mecanismos para la adjudicación de contratas y evaluación de los costos de obra en los casos de aquellas empresas que han sido contratadas por la cooperación.
– Mercado paralelo. Investigar las razones por las que la Administración española acude, generalizadamente, al mercado paralelo en Guinea, el control del cambio y el destino final de los fondos sobrantes”.
Las propuestas fueron interesantes, honestas y valientes, entre ellas que se remitiera “todo este asunto al Defensor del Pueblo”.
Eugenio Pordomingo
Ahí van algunas de esas propuestas:
“- Sargento Mikó. Investigar la situación del Sargento Mikó y comprobar así si el Gobierno cumple los compromisos contraídos en este asunto.
– La monja Carmen Samaranch. Conocer el resultado de la investigación a que se comprometió el Gobierno sobre la extraña muerte de Carmen Samaranch.
La Comisión expresa su criterio en el sentido de que su labor no ha sido facilitada por los organismos públicos sufriendo, en varias ocasiones, auténticas situaciones de obstrucción”.
La Comisión expresó la urgente necesidad de proseguir el estudio e investigación de los asuntosGuinextebank, Créditos ICO a la cooperación, actividades de las empresas contratadas, situación actual del Sargento Mikó y causas de la muerte de la religiosa Carmen Samaranch.
Y ahora la exigencia de responsabilidades:
“La Comisión entiende que del fracaso de la gestión y de las graves irregularidades que se constatan en la cooperación con Guinea derivan responsabilidades políticas que en democracia han de tener como consecuencia el cese de los responsables, estimando por tanto necesario el cese del señor Fernández Ordoñez, don Luis Yáñez y don Fernando Riquelme, como máximos responsables”.
Y a cuento de la MATERIA RESERVADA: “se han ocultado mil y un negocios que han jalonado unas inciertas relaciones entre España y Guinea Ecuatorial. Los actores han sido variopintos: Agencia Española de Cooperación Internacional, fondos reservados del Estado, supuestamente destinados a la oposición guineana –una buena parte de ellos se quedaban en manos de los transportistas “blancos”-, el chusco asunto del Banco Guinextebank, las subvenciones y apoyos de Focoex (ministro socialista Carlos Solchaga, mujer y amigos), sin excluir la presencia del muerto viviente Francisco Paesa, ni la de José Luís Graullera, nombrado por Adolfo Suárez embajador en Guinea Ecuatorial. En esa misma etapa no hay que obviar la figura del economista Alberto Recarte, por entonces consejero para asuntos económicos”.
En fin, con estos datos –hay muchos más que iremos publicando-, qué se puede esperar.