El entorno de la presidenta madrileña no quiere que tomen nuevamente aire mediático los casos de cobro de comisiones de Alberto Luceño o Tomás Díaz Ayuso

El PP madrileño no quiere que se abra una comisión de investigación en el Congreso para investigar la compra de mascarillas durante la pandemia por todas las administraciones públicas. Detrás, el miedo a que el Caso Koldo se les vuelva en contra y vuelva a coger aire mediático las comisiones que cobró el hermano de la presidenta madrileña, Tomás Díaz Ayuso, o los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina que surtieron de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid haciéndose pasar por capitán del Ejército de Tierra.

Alfonso Serrano, secretario general del PP madrileño y quien denunció en Fiscalía el Caso Koldo, ya ha encontrado un argumento para oponerse a la comisión de investigación que seguramente se abra en el Congreso durante las próximas semanas. “Tengo mis propias dudas jurídicas acerca de que una Cámara, como es el Congreso de los Diputados, pueda investigar cuestiones que afectan a otras administraciones que tienen sus propios controles”, ha sentenciado el número dos de Ayuso.

Si a principio de semana el PP veía una ventana de oportunidad en el Caso Koldo, a medida que avanza el tiempo se le sitúa más cuesta arriba, máxime después de que un investigado haya señalado que mantuvo reuniones con Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso y escudero de Alberto Núñez Feijóo.

Al alcalde de Madrid tampoco le viene bien que se abra una comisión de investigación genérica en el Congreso sobre la compra de mascarillas. Así lo dejaba claro este miércoles: “Una comisión de investigación no puede tener un objeto indeterminado y genérico, se investiga algo concreto y, en segundo lugar, no puede tener carácter prospectivo, tiene que haber una serie de indicios que justifiquen la comisión de investigación.

PP de Almería

A quien tampoco le puede venir nada bien que se abra esta comisión de investigación es al PP andaluz. Un informe de la Guardia Civil señala que el exvicepresidente de la Diputación de Almería, Óscar Liria, también recibió mordidas y trató de regular el dinero obtenido a través de una empresa que había ejecutado obras cuándo él fue responsable de Fomento en la institución provincial.

Óscar Liria, que dimitió de su cargo en la Diputación de Almería, llegó a estar en prisión preventiva y, según el sumario judicial, se llegó a embolsar entre 200.000 y 400.000 euros euros por la compra de mascarillas, trajes y guantes en 2020.