El expresidente de la Deputación de Ourense y presidente del PP de esa provincia, Manuel Baltar, ocupará hoy su escaño de senador por designación autonómica, pendiente de juicio por un delito contra la seguridad vial y denunciado ante la Fiscalía por los partidos de la oposición gallega, que le acusan de varias irregularidades e ilegalidades.

Entre ellas, utilizar a funcionarios de la Deputación para que asumieran multas atribuidas a quienes conducían los vehículos de su parque móvil oficial, como él mismo.

Baltar, quien heredó de su padre la presidencia del PP de Ourense en 2010 y la de la Deputación en 2021, renunció en julio pasado a repetir al frente del organismo acosado tanto por su imputación penal como por las acusaciones de prácticas corruptas.

Especialmente por el uso irregular de los coches oficiales que él conducía en exclusiva; la negativa a facilitar a la Dirección General de Tráfico la identidad de quien los pilotaba en varios expedientes sancionadores que se saldaron con multas por el triple de su cuantía inicial y que fueron abonadas con dinero público; los gastos irregulares del chófer que él mismo tenía asignado y que pasó a la Deputación facturas de regalos y comidas del presidente, y sobre todo, por los audios y mensajes de texto desvelados por Público en los que su hermano reconocía la existencia de mordidas, comisiones y financiación ilegal del PP en las adjudicaciones de obras de la Deputación.

Por designación

Pese a todo ello, el partido decidió apenas un mes después convertirle en senador por designación autonómica del Parlamento de Galicia, lo que convierte a Baltar en aforado. Es decir, que sus causas sólo podrán ser juzgadas por el Tribunal Supremo o los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas donde se le acuse de haber delinquido, previa remisión al Senado del correspondiente suplicatorio.

El pasado 23 de abril, agentes de la Guardia Civil de Tráfico detuvieron el vehículo oficial de Baltar tras detectar mediante un radar láser que circulaba a 215 kilómetros por hora por la autovía A-52 en la provincia de Zamora. Tras constatar que se trataba de una infracción tipificable como delito, procedieron a trasladar el caso al juzgado, que ordenó el procesamiento del aún presidente de la Deputación. Apenas cincuenta minutos antes, otro radar de Tráfico le había cazado a 173 por hora en la misma vía en la provincia de Ourense.

Baltar atribuyó los hechos a un «despiste» e intentó y consiguió retrasar su declaración ante la juez, primero, y la vista oral, después. Sin embargo, a los pocos días se conoció que los vehículos oficiales que usa acumulaban más expedientes por exceso de velocidad, y que al menos dos multas habían sido atribuidas a la hija y a la mujer de su chófer. La primera obtuvo meses después plaza fija como funcionaria de la Deputación.

Antes de su dimisión, Baltar mintió al pleno de la institución cuando dijo, hablando de una de las sanciones, que había sido imposible identificar quién conducía el vehículo detectado en otra ocasión circulando a más velocidad de la permitida. El portavoz del PSOE y hoy también senador Rafael Rodríguez Villarino, le mostró en su intervención la foto de la DGT en la que aparece el propio Baltar en el asiento del copiloto junto al conductor del vehículo.

«Es evidente que mintió»

«Es evidente que mintió porque ha quedado acreditado que él sabía quién conducía el vehículo y aun así se negó a informar a Tráfico, por lo que fue la Deputación la que tuvo que asumir con fondos públicos aquella sanción que además pasó de 500 a 1.500 euros», sostiene Rodríguez Villarino. Pocos días después, el PSOE denunció en la Fiscalía que en otras dos ocasiones en las que el conductor del coche oficial sí fue identificado quienes fueron sancionadas fueron la hija y la mujer del chófer del presidente.

También acudió a la Fiscalía el BNG para exigir una investigación sobre el contenido de los audios y los mensajes en los que José Luis Baltar, hermano del expresidente provincial y hoy senador, se jacta del procedimiento mediante el que supuestamente ambos y el PP reciben comisiones de las constructoras adjudicatarias de obras de la Deputación.

«Confiamos en que la Fiscalía actúe y que se esclarezcan los indicios de que en la provincia de Ourense existe una mafia vinculada a la familia Baltar y a la financiación ilegal del PP», asegura Bernardo Varela, portavoz nacionalista en la Deputación.

Público ha contactado con el PP en el Senado para obtener su valoración de las acusaciones contra Baltar, pero fuentes de la formación han indicado que no deseaban ofrecerla. También intentó sin éxito obtener las de Baltar y las de la Deputación de Ourense.