Este último informe ha permitido profundizar en el caso del conflicto armado en Yemen a través del análisis de qué bancos financian el armamento que se exporta a países vinculados con este conflicto. Para ello han realizado un análisis exhaustivo y amplio de todas las exportaciones mundiales realizadas desde 2015, año que se considera como el inicio del conflicto armado y 2019, año del que se dispone de los datos más recientes.

Según el Centre Delàs, 80 empresas de armas han exportado sus productos a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, de 15 las cuáles han podido disponer de datos sobre su financiación: Airbus, BAE Systems, Boeing, China Aerospace Science and Technology Corporation, General Dynamics, Leonardo, LIG Nex1, Lockheed Martin, Navantia, Norinco, Raytheon Technologies, Rheinmetall AG, Rolls-Royce, Textron y Thales Group.

El resultado es que las principales empresas suministradoras de armamento a los Ejércitos de Arabia Saudí y EAU han recibido entre 2015 y 2019, un total de 607.000 millones de dólares de cientos de entidades financieras, cuando han realizado acciones bélicas contra la población civil yemení.

Entre las 50 entidades que lideran el ránking de quienes han financiado a las empresas de armas de armamento, las que este centro para la paz denomina «la Banca Armada internacional», encontramos algunos de los principales bancos estadounidenses, como Black Rock, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Citigroup, y bancos europeos como Deutsche Bank, Barclays, BNP Paribas, la aseguradora AXA, Unicredit, empresas públicas como la SEPI española o el Norwegian Government Pension Fund-Global y los dos grandes bancos españoles BBVA y Banco Santander.

El top cinco de este ránking de la financiación de la guerra lo conforman Capital Group, Vanguard, Black-Rock, State Street y Verishigt. Con 226 mil millones de dólares de financiación destinada a 12 de las 15 empresas estudiadas.

De modo que ese bloque político que se autodenomina «mundo libre», que sanciona países en nombre de la democracia y los derechos humanos, es el que acoge y rescata a los bancos que financian las armas que han llevado al hambre a siete millones de yemeníes y donde, según Save the Children, entre abril de 2015 y octubre de 2018 habrían fallecido 85.000 niños a causa de hambre y enfermedades.

Se da la circunstancia que la segunda y tercera entidad financiera que han financiado empresas de armas suministradoras de los principales ejércitos involucrados en la guerra en Yemen 2015-2019 han sido Vanguard (52.228.706.297,34 dólares) y BlackRock (47.994.161.101,63 dólares), los dos fondos de inversión que hace días señalábamos como principales accionistas y beneficiarios del negocio de las vacunas adquiridas por la Unión Europea y Estados Unidos.

En el caso español y en lo referente a exportaciones a Arabia Saudí, 2015 fue el año en que más ha exportado España, con un total de 545,8 millones de euros, a pesar de haberse iniciado ya el conflicto armado en Yemen. Aunque se produce un importante descenso en 2016 (sumando un total de 116,2 millones de euros), las exportaciones volvieron a repuntar en los años posteriores, alcanzando en el año 2017 un total de 270,1 millones de euros, disminuyendo tímidamente en 2018, siendo su valor de 235,2 millones y, finalmente, en 2019 con un total de 35,3 millones de euros. La venta de mayor importe fueron dos aviones de transporte militar y munición, por 190,5 millones, en 2018; pero la industria española también exportó a Arabia Saudí más tipos de armamento, como elementos para aviones, munición de artillería y bombas guiadas láser de aviación, entre otros.

En relación a Emiratos Árabes Unidos las exportaciones se muestran en cantidades sustancialmente menores si se compara con Arabia Saudí sumando un total de 276 millones de euros en todo el periodo. En lo que respecta a categorías militares, lo que más exportó España a Emiratos Árabes Unidos son aeronaves, vehículos aéreos no tripulados o drones. Durante ese periodo esta categoría alcanzó un total de 207 millones de euros en material exportado. La segunda categoría más exportada a Emiratos Árabes Unidos es la de municiones que asciende a 44 millones de euros.

En el año 2015 la cantidad de ventas a EAU asciende a 3,9 millones de euros, aumentando a 26,7 millones el año 2016. En cambio, en 2017 se duplica el total del valor del armamento, sumando un total de 52,9 millones de euros. Precisamente, este incremento se debe a la adquisición por parte de EAU de bombas, torpedos y misiles con un valor de 15 millones. El año 2018 la cantidad total disminuyó dos tercios, representando un total de 13,8 millones de euros. Finalmente, en el año 2019, se produce el pico de ventas a Emiratos Árabes Unidos en comparación con los otros años, llegando a un total de 179,1 millones de euros con la venta de España de material perteneciente a las categorías de equipos electrónicos, tecnología y vehículos blindados.

El resultado es que, según Oxfam Intermon, desde 2015 a 2018 España ha facturado 1.672 millones (con otros 500 millones de 2019 ahora ya serían más de dos mil) en armas para la guerra de Yemen, mil veces más de lo que ha donado en ayuda humanitaria. España es el cuarto exportador mundial de armas a Arabia Saudí.

El informe de Delàs señala que la financiación española a las empresas de armas no se limita al BBVA y Santander, también encontramos a otros actores de la banca española que les acompañan: Bankia, Banco Sabadell y Banco Mediolanum, con cuantías mucho más reducidas pero nada desdeñables, que además las relacionan con empresas líderes en la fabricación de todo tipo de armas y que son actores protagonistas del comercio de armamento mundial. En total, el conjunto de la Banca Armada Española ha canalizado hacia las empresas de armas de países exportadores a Arabia Saudí y EAU durante el conflicto en Yemen, 8.686 millones de dólares.

Todo este protagonismo de España en el mercado de venta de armas a países implicados en violaciones de derechos humanos y en sangrientos conflictos armados y, al mismo tiempo, el apoyo financiero de la banca española, requiere de la complicidad de altos políticos y militares. Y aquí viene el segundo descubrimiento. Una treintena de ex altos cargos de las Fuerzas Armadas españolas y del ministerio de Defensa pasaron a formar parte de los órganos de dirección de las principales empresas armamentísticas, cuyas operaciones en el exterior deben ser autorizadas previamente por parte del Estado. Es la conclusión a la que ha llegado el veterano investigador sobre los negocios del lobby militar español Pere Ortega, quien lleva ya varios años acumulando datos sobre esas puertas que conducen de la administración pública –principalmente en el área del ministerio de Defensa– a los consejos de administración de las empresas que desarrollan sus negocios en el sector militar.

Según sus investigaciones, al menos 23 militares que desempeñaron altos cargos en el área de Defensa dieron posteriormente el salto a la industria armamentística. En ese listado aparecen también los nombres de una quincena de políticos que también incluyen en sus respectivos currículums las dos funciones: desempeño de responsabilidades públicas en gobiernos y, antes o después, actividad en compañías del sector militar.

Ortega da alguno de esos nombres en el diario Público:

Fernando Alejandre Martínez, Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) hasta enero de 2020. Un año después, el Gobierno autorizó que fuese contratado por la empresa Sener Aeroespacial en calidad de «asesor». Esta compañía se encuentra entre las contratistas del ministerio de Defensa.

Salvador María Delgado Moreno, exjefe de Apoyo Logístico de la Armada, recibió unos meses antes la autorización pertinente para prestar funciones en la empresa Proyectos de Interés para la Defensa Argos, una compañía que trabaja en el sector de la innovación tecnológica de Defensa, Seguridad e Inteligencia.

El presidente del Consejo Asesor de Argos es Julián García Vargas, exministro de Defensa en el Gobierno de Felipe González. «García Vargas también estuvo al frente de TEDAE, la patronal de las empresas de armamento, entre 2009 y 2013, y formó parte de la asociación de la asociación USDAN, encargada de mediar en favor de los intereses de las industrias militares en exportaciones de armas frente a la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMMDU)», explica Ortega. Esa Junta Interministerial es la encargada de conceder las licencias de exportación de armamento que solicitan las empresas.

Pedro Morenés ocupó distintos cargos públicos bajo los gobiernos del PP, y ha estado en los consejos de dirección de varias empresas armamentísticas. «Es conocida y está acreditada su vinculación con MBDA, un complejo empresarial dedicado a la fabricación de misiles». Morenés también ha estado vinculado a Expal, fabricante de misiles, o Instalaza, otra compañía de armamento.

Expal tiene como presidente a José Luis Urcelay, quien entre septiembre de 2018 y agosto de 2019 llegó a desempeñarse como Segundo Jefe de Estado Mayor de la Armada. En abril de 2020, el Gobierno autorizó oficialmente su incorporación en la multinacional Maxam, a la que pertenece Expal, para las tareas de «consultoría y asesoría». Un mes después se anunció su nombramiento como presidente de Expal en sustitución de otro militar, el almirante Francisco Torrente.

Eduardo Serra fue ministro de Defensa del PP. Hoy está al frente de Everis, una consultora que cuenta con una empresa dedicada al ámbito de la Defensa. De acuerdo a los datos suministrados por el Gobierno a través del Portal de Transparencia, Urcelay, ahora presidente de Expal, también fue autorizado a prestar servicios de «consultoría y asesoramiento» en Everis. Esta empresa cuenta con el 50% del capital de la compañía armamentística NTGS. En 2018, NTGS tuvo como principal cliente al ministerio del Interior de Arabia Saudí.

Con todos esos vínculos entre poder político y poder empresarial armamentístico se puede comprender la respuesta del gobierno a una pregunta del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu al Gobierno pidiendo explicaciones sobre las razones del aumento de licencias concedidas para la exportación de armamento a Arabia Saudí en 2019, cuando se autorizaron 22 operaciones frente a las 4 permitidas en 2018. Según la respuesta del Gobierno español, Arabia Saudí y Emiratos Árabes no están sometidos a ningún embargo para la exportación de armas y las exportaciones españolas cumplen estrictamente la legislación y siguen las recomendaciones de la ONU.