Bolivia rechaza amnistía para los presos políticos del golpe de 2019

Gobierno boliviano informa que no habrá impunidad y que no habrá una ley de amnistía para los presos políticos por la crisis política y social de 2019.

Se trata de un año con decenas de muertos y centenas de heridos en 2019 en Bolivia. Tras el triunfo de Morales en las elecciones presidenciales del mismo año, la oposición no aceptó el resultado y orquestó un golpe de Estado, con el apoyo de jefes policiales y militares, que derivó en la renuncia del líder indígena para evitar más actos violentos.

Tras los incidentes capturaron muchos funcionarios acusados de tener papel en el golpe de Estado. Ahora y 5 años después, la ministra de la Presidencia de Bolivia, María Nela Prada, aseguró que el mandatario Luis Arce no aprobará ninguna amnistía para personas que cometieron delitos y añadió que responderán ante la justicia para que no prime la impunidad.

Con tales palabras la ministra respondió ante el ultimátum del dirigente cívico de la región de Santa Cruz, Rómulo Calvo, quien en la víspera advirtió al presidente Arce que tiene hasta el 25 de febrero, para amnistiar a los golpistas. Prada subrayó que en el país suramericano no hay presos políticos. Además, la ministra recordó que varios de los procesados deben responder por los delitos que cometieron durante los últimos años.

El diputado afirmó que lo que busca la oposición es impunidad para los hechos acontecidos en el golpe de 2019. Entre los presos políticos por la crisis de 2019 está la expresidenta interina, Jeanine Áñez, encarcelada desde 2021 y sentenciada a 10 años de prisión. También está encarcelado desde diciembre, el entonces gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por su supuesta responsabilidad en el golpe de estado. Los funcionarios bolivianos dicen que los autores de las masacres de 2019 deben ser castigados.

Dijo que la justicia en el país sudamericano tiene que defender a los derechos del pueblo boliviano. Aseveró que la justicia debe hacer investigación y sanciones correspondientes a los acusados de los masacres de 2019.