La víctima se sometió a una lipoescultura que acabó con su vida en una clínica de Cartagena. El cirujano no estaba especializado en operaciones estéticas o reparados. La familia demanda que no vuelva a ejercer su profesión.
Sara Gómez entró en el quirófano el 2 de diciembre. La mujer, de 39 años, acudió a la clínica Galena, situada en Cartagena, para someterse a una lipoescultura. Su objetivo era definir su silueta mediante la extracción de tejido adiposo del abdomen. 5.700 euros costaba su misión, divididos en dos pagos. No obstante, la intervención salió mal.
El 1 de enero de 2022, Goméz falleció en la UCI del Hospital de Santa Lucía después de 29 días ingresada, tres operaciones de urgencia y varios transfusiones de sangre. Las secuelas físicas de la intervención de cirugía estética segaron su vida. Según el parte médico del centro sanitario público, la paciente ingresó en estado de gravedad, convaleciente de un shock hipovolémico. Tenía lesiones en un riñón, el hígado, el duodeno, el colon y el intestino. Desde una necrosis de la pared abdominal hasta una peritonitis.
Los problemas comenzaron en la clínica. Tras cinco horas de operación, el cirujano que realizó la intervención informó a la familia que todo había salido bien, pero que la pérdida de líquidos y sangre obligaba a su estabilización, ya que costaba mantenerle la tensión. Con el paso de los minutos, su estado empeoró y tuvo que ser llevada al hospital. La familia de Gómez denuncia que la operación fue «una carnicería». Es más, el texto presentado por el letrado Ignacio Martínez define sus heridas con las provocadas en «una reyerta con arma blanca».
El círculo cercano de Gómez señala que el cirujano incurrió en negligencia. Principalmente, por ofrecerse a realizar la operación aún sabiendo que la mujer se había sometido a una abdominoplastia, motivo por el que otros profesionales le habían recomendado no entrar en quirófano. Familiares y amigos añaden que la víctima no contaba con la suficiente grasa para ser intervenida.
10 de agosto 2021, 10:22 GMT
Según la denuncia presentada en el juzgado de guardia, la familia exige que se tomen medidas cautelares contra el cirujano, como apartarlo de la medicina o retirarle el pasaporte, al tratarse de un ciudadano de origen chileno. El facultativo comenzó a estudiar en el país latinoamericano, siguió en Murcia y acabó en Nápoles (Italia). Desde 2020 era cirujano cardiovascular del Servicio Murciano de Salud. Recientemente obtuvo un máster en medicina estética y antienvejecimiento por la Universidad Complutense de Madrid. Sin embargo, no contaba con la especialidad médica de cinco años de cirugía plástica, reparadora y estética.
Gómez es la única víctima mortal de entre las 290 negligencias médicas, gestionadas en 2021 por la Asociación del Defensor del Paciente, relacionadas con secuelas y resultados insatisfactorios en una cirugía plástica, reparadora o estética. Un caso que levanta ampollas en el sector, ya que la operación fue realizada por un cirujano cardiovascular y no por uno especializado en la materia.
«¿Crees que el caso de Sara es el único? En absoluto, 9 de cada 10 ‘cirujanos estéticos’ no tienen dicha preparación ni cualificación, haciendo de esto una temeridad y un grave peligro para la vida de las personas, además de un negocio para ellos; y todo porque el Gobierno no pone freno a este intrusismo profesional», señala la petición de change.org, lanzada por el hermano de la víctima. Una circunstancia que acabó con su vida.