Tras 15 años de sentencias condenatorias, los jueces alegan que su derribo todavía es improcedente porque cuenta con licencia urbanística del Ayuntamiento de Carboneras
La piqueta seguirá aún a la espera de derribar el hotel de El Algarrobico en Carboneras (Almería), símbolo del urbanismo desaforado en la costa. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rechazó el pasado jueves la demolición del hotel pedida por Greenpeace tras la mochila de sentencias contrarias a su legalidad que ha acumulado durante 15 años. El laberinto judicial sobre su devenir acabó en 2016 con la sentencia del Tribunal Supremo, que dictaminó que las obras se realizaron en un “suelo no urbanizable de especial protección del parque natural de Cabo de Gata-Níjar”. Pero cinco años después, la desaparición de este edificio fantasma permanece en un limbo.
Los jueces del alto tribunal andaluz consideran que el derribo no se puede ejecutar de momento porque el Ayuntamiento de Carboneras otorgó la licencia de obras en 2003, que sigue vigente, y antes de que se pronuncie la Justicia sobre la demolición, el consistorio de este municipio de cerca de 8.000 habitantes debe anularla. “La demolición por razones de legalidad de las obras construidas solo es una decisión que corresponde a la Administración o Administraciones, una vez finalizado el procedimiento de revisión de oficio de la licencia”, dictamina la Sala Cuarta de lo Contencioso Administrativo del TSJA. “La obra dispone de un título jurídico válido mientras no se establezca lo contrario”, matizan los magistrados.
De este modo, la pelota está en el tejado del Ayuntamiento de Carboneras (gobernado por el PSOE), que debe anular la licencia concedida hace 18 años si cumple los requerimientos de la justicia. Mientras, la organización ecologista recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo. “Ya existen sentencias del Supremo que ordenan derribos con licencia como en Marina Isla de Valdecañas en Cáceres y además alegaremos el efecto cascada: si un planeamiento es ilegal, los actos posteriores en ese terreno no urbanizable también lo son”, avanza José Ignacio Domínguez, el abogado que lleva el caso para Greenpeace.
Desde la sentencia del Supremo en 2016, el Gobierno y la Junta comenzaron a negociar el derribo del Algarrobico y cómo se pagaría la factura, que podría ascender a 7,1 millones. Pero para demoler este símbolo del ladrillo hace falta un fallo judicial que inste a ese derribo o un acuerdo con la promotora. En su día la constructora Azata rechazó recibir 2,3 millones por los terrenos en el retracto avalado por la justicia, y esto complicó aún más el enrevesado recorrido posterior de este caso.
A pesar de rechazar la piqueta, el TSJA da la razón a Greenpeace y obliga al Ayuntamiento de Carboneras a tramitar la revisión de oficio de la licencia de obras por “posible existencia de nulidad de pleno derecho”. Llueve sobre mojado porque en 2018 el TSJA ya instó al Consistorio a modificar su planeamiento urbanístico para que el suelo donde está el hotel figurara como protegido en lugar de urbanizable y ampliar la servidumbre de protección de la orilla del mar hasta los 100 metros, tal y como establece la Ley de Costas. Sin embargo, tres años después del mandato del TSJA, el Consistorio lo sigue ignorando. Un acuerdo del pleno municipal calificó los suelos como no urbanizables, pero no lo envió para su publicación al Boletín Provincial, por lo que no tiene efectos reales.
Domínguez alerta sobre los incumplimientos del alcalde de Carboneras, el socialista José Luis Amérigo: “Estamos en puertas de entrar en la vía penal porque es un desprestigio para la Justicia que el Ayuntamiento no cumpla ninguna de las sentencias. Debe hacerlo, y si no, empezará la vía penal contra el alcalde después de que pidamos al TSJA que le aperciba por desobediencia”.
Mientras tanto, las obras para la desaparición del hotel seguirán a la espera de una sentencia firme que le dé vía libre, al igual que la restauración de 6,5 hectáreas de terreno al borde del Mediterráneo.
Pese al revés recibido ahora desde el TSJA, este hotel levantado a principios de siglo en la costa almeriense está condenado a su desaparición tarde o temprano. Además, cada vez parece más complicado que la constructora pueda ser indemnizada por las Administraciones. La Audiencia Nacional ya ha dejado claro que la promotora no tiene derecho a recibir los más de 70 millones que pedía al Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. El edificio, cuya construcción de paralizó en 2006 cuando estaba al 94% de su ejecución, además de estar en una zona protegida de un parque natural se levantó a unos 50 metros del mar e invade la franja de protección de 100 metros fijada en la Ley de Costas, algo respaldado también por los tribunales.