La Policía Nacional ha detenido a la candidata número tres en la lista del 28M por Vox en Parla (Madrid), Ana González Martínez, acusada de liderar una red de tráfico de drogas, en concreto de cocaína, en la zona sur de la Comunidad de Madrid y en una comarca de Toledo, han confirmado a EFE fuentes policiales. La edil del partido de ultraderecha ha renunciado a su puesto en las listas de las elecciones municipales del 28M.

Tanto González, actual concejala en el Ayuntamiento de Parla, como su marido han sido enviados a prisión provisional por orden del Juzgado de Instrucción número 3 de Illescas (Toledo), quien les investiga por los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y defraudación de fluido eléctrico.

Además, otras dos personas han sido arrestadas en la misma operación policial acusadas de los mismos delitos, pero éstas han quedado en libertad provisional.

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En los registros realizados por los agentes, entre ellos en la vivienda de la candidata de Vox y su marido, se intervinieron varias armas blancas y de fuego, en concreto dos rifles y una pistola, así como diversas cantidades de cocaína y marihuana y dinero en efectivo.

También hallaron indicios de que en el domicilio del matrimonio, ubicado en Yeles (Toledo), se había desmantelado recientemente un cultivo de marihuana que podría albergar al menos 5.000 plantas, para lo que habían manipulado la instalación eléctrica con el objetivo de defraudar el suministro.

Tenían puertas fortificadas y perros de presa, así como sistemas de videovigilancia y de transmisiones, todo para impedir la acción policial.

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Blanqueo

Según las investigaciones, el cabecilla del entramado era el marido de la concejala, quien se encargaba desde la vivienda de adulterar, almacenar y distribuir físicamente la droga.

Por su parte, la número tres de Vox en el próximo 28M realizaba funciones de vigilancia y gestionaba todo lo relacionado con las sociedades mercantiles que el entramado utilizaba para blanquear los beneficios que obtenían del tráfico de drogas.

La investigación se inició el pasado mes de diciembre, cuando los agentes supieron que la pareja, residente en la localidad toledana de Yeles, hacía su vida social en Parla, donde distribuían sustancias estupefacientes.

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Las pesquisas constataron que adquirían cocaína para facilitársela a otros narcotraficantes que la destinaban a pequeños puntos de venta en Madrid y Toledo. Actuaban a cualquier hora del día y todos los días de la semana en su zona de influencia.

«Espero que quien es culpable sea condenado y que quien es inocente sea liberado. Estamos en contra del narcotráfico y no nos gusta que en España se ponga alfombra roja a los terroristas y a los narcos que trae el gobierno», ha señalado el presidente de Vox, Santiago Abascal, al ser preguntado sobre la edil de Vox detenida.

Los siete candidatos de EH Bildu que fueron condenados en su día por la Audiencia Nacional por delitos de sangre han renunciado a sus puestos en las listas electorales de los comicios autonómicos y municipales del próximo 28M. Los miembros del partido abertzale han anunciado a través de un comunicado que no tomarán posesión como concejales si resultan elegidos en las urnas.

Todos ellos han emitido un comunicado para renunciar a los cargos públicos «en la medida de lo posible», puesto que las listas están cerradas y oficializadas desde hace varios días. Se trata de Jose Antonio Torre Altonaga, Asier Uribarri Benito, Lander Maruri Basagoiti, Begoña Uzkudun Etxenagusia, Jose Ramón Rojo González, Juan Carlos Arriaga Martínez y Agustín Muiños Díaz que, en un texto publicado por el diario Naiz, hacen pública su decisión.

Según la carta que recoge el citado medio, los siete candidatos dan este paso para mostrar su compromiso con la máxima de no añadir dolor a quien ha sufrido. Además, quieren dejar patente su adhesión al cambio de estrategia de la izquierda abertzale y su apuesta por las vías exclusivamente políticas y democráticas. Los miembros de la formación también expresan de esta manera su apoyo a la Declaración del 18 de Octubre, en la que EH Bildu reconocía por primera vez a las víctimas de ETA, y desmienten que el partido tenga como objetivo legitimar a la banda terrorista.

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La semana pasada, el colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) denunció que 44 integrantes de las candidaturas de EH Bildu para las elecciones autonómicas y municipales en Euskadi y Navarra habían sido condenados por pertenencia y colaboración con ETA. Una noticia que los principales representantes políticos de la derecha española utilizaron para empañar la campaña desde que comenzó el pasado viernes.

«La configuración de las listas en nuestros respectivos municipios ha alcanzado una indudable trascendencia que nos obliga, por diferentes motivos, a retirar nuestras candidaturas en la medida de lo posible y asegurar que en ningún caso tomaremos el cargo de concejal», exponen los siete candidatos en una misiva conjunta. En el texto también se dirigen a las víctimas de ETA para demostrar su «compromiso» con «todas las personas que han sufrido este conflicto«.

Más allá de su renuncia, los siete firmantes creen que resulta «obvio» que se ha pretendido «dañar» a EH Bildu con «intereses partidistas y electoralistas que poco o nada tienen que ver con la construcción de la convivencia y la paz». Los candidatos se han referido a las declaraciones vertidas por PP, Ciudadanos y Vox, que han tachado de «indecentes» los pactos del Gobierno con la formación abertzale y han vuelto a utilizar el terrorismo como arma para arañar votos.

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España defenderá este martes ante la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) los avances producidos en materia de derechos hacia las mujeres. Se trata de la novena vez que nuestro país reporta sobre las acciones llevadas a cabo por el Estado para cumplir con los mandamientos de este máximo órgano de derechos humanos de las mujeres. En esta ocasión, los 23 expertos que forman la Convención (22 mujeres y un hombre elegidos por su conocimiento sobre los derechos de la mujer) tienen sobre la mesa al menos cinco informes enviados por organizaciones de la sociedad civil que denuncian cómo España ejerce violencia institucional sobre las mujeres a traves del sistema judicial, especialmente cuando lo que se denuncia es la violencia de género y la violencia sexual intrafamiliar que sufren sus hijos e hijas por parte de los padres.

Este tipo de documentación se conoce como informes sombra y es un mecanismo previsto en la Convención para que organizaciones o personas particulares puedan denunciar o hacer llegar a los expertos de la CEDAW las violaciones de derechos en que incurren los Estados miembros, para que puedan ser tenidos en cuenta en su interacción con los Gobiernos o en las recomendaciones finales que emiten a los Estados tras cada período de sesiones.

Según alertan varias expertas en derecho internacional consultadas por este periódico, es la primera vez que tantos informes apuntan a fallos en el sistema de protección de las mujeres y sus hijos en el sistema judicial. Estos fallos son definidos como una forma de «violencia  institucional» al ser ejercida por el propio Estado por acción u omisión y, por ello, revisten una especial gravedad.

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Cinco de los informes hablan de violencia del Estado

Los representante de la CEDAW tienen sobre la mesa un informe titulado Madres protectoras, enviado por una veintena de mujeres que denuncian cómo la justicia las ha discriminado y criminalizado tras denunciar la violencia sexual de los padres hacia sus hijos. El informe contiene, anonimizadas, las vicisitudes de estas mujeres, que en su mayoría han acabado sin la custodia de sus hijos e hijas tras años de litigios. En el informe a la Comisión denuncian estar siendo discriminadas por proteger a sus hijos de la violencia sexual y explican que esta discriminación «se encuentra basada en estereotipos de género que presentan a las madres como manipuladoras de sus hijas e hijos para dañar a los padres».

En una reunión informal con las organizaciones no gubernamentales previa a la sesión de este martes con los representantes del Gobierno Español, los miembros de la Comisión han podido escuchar de viva voz a algunas de las representantes que denuncian la inacción del Estado ante estas discriminaciones. Así lo hizo Isabel Martínez Hervás en representación de la Red de Madres Protectoras, que en su breve alocución (cada representante tenía asignados dos minutos), afirmó que tras denunciar los abusos sexuales paternos hacia sus hijos «se nos ha aplicado el Síndrome de Alienación Parental (SAP), que constituye un patrón estructural de estereotipos de género, vulneración de derechos a la infancia, incluidos el derecho a ser escuchados de forma adecuada y del interés superior del menor».

Martínez pidió a los miembros de la CEDAW que exija al Gobierno español «la puesta en marcha de un comité de investigación independiente que estudie las causas e identifique a los responsables«. Esta madre afirmó durante su presentación que, a pesar de las numerosas amonestaciones que Naciones Unidas ha hecho a nuestro país, los estereotipos de género siguen aplicándose de manera sistemática en el sistema de justicia y muchos de estos casos no son investigados ni castigados.

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No ha sido la única. En nombre de la organización Alanna, que presentó también un informe sombra por la vulneración de derechos de hijas e hijos y de sus madres al denunciar abusos sexuales intrafamiliares, María Sevilla tomó la palabra de forma telemática. La que fuera presidenta de Infancia Libre explicó a los miembros del Comité de la CEDAW que, a pesar de los cambios legales, «no ha habido cambios efectivos». Según denunció esta madre, la Justicia sigue obligando a los hijos víctimas de violencia sexual intrafamiliar a seguir teniendo relaciones con sus padres. María Sevilla solicitó que se exija a España que estos casos sean juzgados en tribunales especializados en violencia de género.

La Plataforma CEDAW Informe Sombra, formada por más de 130 organizaciones feministas, también hace referencia en su escrito a la violencia institucional y al desamparo judicial que sufren las madres y sus hijos. El documento denuncia la persecución judicial que sufren estas mujeres, haciendo mención especial al caso de la veintena de madres criminalizadas por la supuesta investigación policial sobre  Infancia Libre (archivada por la Fiscalía de Madrid).

Entre los informes presentados ante la CEDAW figura también uno elaborado por varias investigadoras de la Universidad Complutense de Madrid y del grupo Antígona, ligado a la Universidad Autónoma de Barcelona. Este grupo de expertas presentaron recientemente un informe encargado por el Ministerio de Igualdad que refleja cómo el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) es una práctica ampliamente extendida en el sistema de justicia español, hasta el punto de ser considerado como un «patrón» de comportamiento en la Justicia.

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Entre sus hallazgos destacan que en el 86% de los casos en los que se aplica SAP, éstos acaban archivados en los juzgados, sin siquiera ser investigados. Estas investigadoras denuncian ante el Comité que España «no está implementando de manera adecuada la CEDAW ni tomando en cuenta las recomendaciones generales del Comité CEDAW, en particular la Nº 35, así como que no está actuando con debida diligencia en estos casos».

Numerosas advertencias de Naciones Unidas

La ONU ha advertido en numerosas ocasiones a nuestro país sobre la utilización de los estereotipos de género en la Justicia. En los dos últimos años la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias ha enviado hasta cinco comunicaciones a España preocupada por el uso del SAP en los juzgados e interesándose por la situación de madres concretas y sus hijos e hijas.

Esta relatoría, ha llegado a afirmar que en España parece existir un «patrón estructural» en la justicia que «desprotege a los niños y discrimina a las mujeres». Recientemente esta relatora ha realizado un informe sobre el uso del SAP en el mundo, en el que incluye a nuestro país.

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En el año 2014 el Comité de la CEDAW condenó a nuestro país por el caso de Ángeles González Carreño, una madre que había interpuesto más de 50 denuncias para que se prohibiera que su hija tuviera visitas no vigiladas con su padre. En una de ellas, el progenitor asesinó a su hija y luego se suicidó. La CEDAW entendió que el Estado había fallado en la protección de esta madre y su hija y emitió una dura recomendación que instaba a España a reconocer su responsabilidad en el asesinato de esta niña, que indemnizara a la madre y que acometiera profundas reformas para garantizar que todos los operadores judiciales se formaran en perspectiva de género. La CEDAW entonces exigió a nuestro país que hiciera todo lo necesario para acabar con los estereotipos sexistas en la justicia.

Tal como explica a Público Gema Fernández, abogada de la organización Women’s Link que llevó este caso contra España, nuestro país acabó cumpliendo a duras penas parte de las observaciones de la CEDAW. González tuvo que litigar aún cuatro años más después de que la CEDAW el diera la razón, hasta que en 2018 Tribunal Supremo decretó que el Estado debía indemnizar a esta madre por negligencias en su actuación.

«Sin embargo, casi diez años después, España no ha puesto en marcha muchas de las recomendaciones de la CEDAW hizo este caso. No abrió una investigación para esclarecer los hechos y fallos y tampoco puso en marcha un sistema de formación de jueces y operadores judiciales, tal como se le exigió. Sigue sin existir un buen programa de formación hacia los operadores judiciales y una perspectiva de infancia en la Justicia», afirma Fernández.

Esta jurista considera clave que se esté hablando de violencia institucional y considera que dada la cantidad y contundencia de los informes presentados ante la CEDAW, ésta preguntará a España sobre este particular cuando nuestro país presente este martes su informe de logros y los expertos incluirán recomendaciones al respecto en sus observaciones finales.

Para la jurista Tania Sordo, experta en derecho internacional de las mujeres, existe una diferencia clave entre el caso de González Carreño y los informes que han presentado las organizaciones en esta ocasión ante la CEDAW. «En el caso de Ángela se habló de pedir responsabilidades al Estado, pero hasta ahora no se había visto de forma tan masiva e importante que se introduzca el término de violencia institucional y esto es un cambio importante que los miembros del CEDAW no pasarán por alto», afirma.

Mucho ruido, pocas nueces

España acude a la cita con la ONU con una amplia representación, que preside la Secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia hacia la mujer, Ángela Rodríguez. La comitiva incluye a un gran número de representantes del Ministerio de Igualdad, de Justicia, de Interior, de Asuntos Exteriores, de Sanidad y de Asuntos Sociales.

La amplia representación, sin embargo, contrasta con el escueto informe elaborado por nuestro país, que ocupa 42 páginas y en el que el Gobierno se ha acogido a la fórmula conocida como procedimiento simplificado, que consiste en responder sólo a algunas preguntas formuladas por los miembros del Comité. Este dato ha levantado indignación entre algunas organizaciones, que han pedido a la CEDAW que reprenda a España por la escueta labor. Otro dato curioso es que España estaba llamada a presentar su informe en 2020 y lo hizo en 2022 y desde entonces ha pedido varias prórrogas para presentarse ante los expertos de la ONU.

Se trata del noveno informe periódico de nuestro país desde que en 1983 ratificara la CEDAW. Los estados están llamados a hacer informes cada siete años.