Esta semana se ha celebrado en España el juicio por los sucesos ocurridos durante una manifestación antimonárquica en 2014. En él, Luis Ocampo y otros dos activistas hacen frente ante la Audiencia Provincial de Madrid a la acusación de atentado contra la autoridad en un proceso en el que la Fiscalía pide para ellos penas de 18 meses de prisión.

Los hechos sucedieron el 4 de octubre de 2014, cuando la organización Coordinadora 25S convocó una manifestación que, bajo el lema ‘Monarquía no es democracia, es dictadura y corrupción’, pretendía denunciar la corrupción de la institución monárquica, ya por entonces envuelta en numerosas polémicas, y reivindicar su apuesta por una República.

Los incidentes se saldaron con seis heridos, cuatro de ellos agentes de Policía, y tres detenidos, a los que se sumó una detención posterior un mes después. Fruto de ello, la Fiscalía presentó denuncias contra cuatro manifestantes, mientras que no acusó a ningún agente por excederse de sus funciones.

El juicio debía haber tenido lugar en junio, pero problemas de salud de Ocampo hicieron que fuera pospuesto hasta estos 15 y 16 de noviembre.

La fallecida abogada Doris Benegas es otra de las personas que iban a enfrentarse a este proceso. Estaba presente en aquella movilización y, según testigos, fue golpeada, detenida y posteriormente presa en los calabozos de Moratalaz.

Historia de un polémico juicio

Luis Ocampo es médico y activista desde hace años. Miembro del colectivo Coordinadora contra el Narcotráfico en el Barrio de los Pajarillos de Valladolid, su ciudad de origen, también ha participado activamente en otras organizaciones como la Coordinadora 25S o Izquierda Castellana.

Tras la intervención policial en la que este activista fue detenido, Ocampo tuvo que ser ingresado en el Hospital Fundación Jiménez Díaz. Se le detectó un cuadro de presíncope y sintomatología compatible con isquemia coronaria aguda, además de varias lesiones, especialmente en las muñecas. Además, pocos días después, ya en su ciudad natal, se le diagnosticó en el Hospital Universitario Río Hortega desprendimiento traumático vítreo en el ojo derecho.

Ocampo ha mantenido siempre que fue agredido por agentes de la UIP sin ningún motivo. Narra cómo la concentración, que reunió alrededor de 2.000 personas y que había sido convocada en la Puerta del Sol, tenía la intención de dirigirse hasta la plaza de Neptuno, como muchas otras que se sucedieron en aquellas fechas. «Cuando empezamos a caminar había una formación de antidisturbios que nos cerraba el paso. Intentamos hablar y negociar con ellos exponiéndoles que era una manifestación pacífica«, cuenta.

«Sin mediar ninguna motivación, empezaron a cargar», afirma Ocampo, que sostiene que los agentes con su acción intentaban «separar la primera línea», a quienes portaban la pancarta, que fueron reducidos y tirados al suelo: «Nos separaron y contra el resto no cargaron».

«Hay imágenes en las que se ve cómo golpean a una mujer y le hicieron una brecha de 5 centímetros y 1 centímetro de profundidad», sostiene el activista. «A mí me tiraron al suelo y llegué a tener hasta a tres policías encima de mí, dos de manera permanente, para esposarme», dice Ocampo, que apunta que en la posición en la que se encontró durante varios minutos, en decúbito prono, tumbado boca abajo e inmovilizado, no tenía «ninguna capacidad objetiva de resistencia». De hecho, califica el tipo de detención sufrida como «un acto de tortura express», como ha manifestado durante estas dos jornadas de juicio.

Ocampo no fue la única persona que necesitó ser ingresada, permaneciendo hasta la madrugada siguiente en un centro hospitalario. La mujer «a la que le habían abierto la cabeza» también necesitó de internamiento. Una vez dados de alta, ambos, junto a Doris Benegas, fueron conducidos a la comisaría general de Moratalaz y posteriormente al Juzgado de Instrucción. «Nos tomó declaración pero no nos dejó hablar», afirma este médico sobre la jueza de instrucción, hecho que consta en los siguientes procedimientos judiciales.

La cuarta persona procesada es detenida alrededor de un mes después. Fue identificada con posterioridad y se le acusa de portar una bandera y de intentar agredir a los antidisturbios en el casco con el mástil.

Las abundantes imágenes de lo ocurrido, así como videos, tomados por diferentes participantes en la protesta, son esgrimidas por los procesados y por su defensa para argumentar que las detenciones fueron gratuitas y que quienes ejercieron violencia en esa jornada no fueron los activistas, sino efectivos de las fuerzas de orden, miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP), también conocidos como antidisturbios.

De hecho, este lunes más de una treintena de organizaciones políticas, sindicales y sociales, entre las que se encuentran la Coordinadora 25S e Izquierda Castellana, han expresado su apoyo a los tres procesados subrayando, precisamente, que hay «gran cantidad de material» audiovisual «que refleja cómo ocurrieron los hechos realmente».

Policías imputados

Durante la instrucción de este caso, la jueza encargada de conocer el proceso no observó delito alguno en las actuaciones de ningún agente, aunque sí vio indicios de delito en las de los manifestantes que ahora son juzgados.

Tras numerosos recursos de la defensa de los procesados, finalmente también tres miembros de la UIP se sentarán en el banquillo de los acusados. Aunque la Fiscalía no ha presentado cargos contra ninguno de estos agentes, la defensa de los manifestantes solicita 24 meses de prisión para uno de ellos y 12 meses de privación de libertad para los otros, acusándoles de un delito de lesiones.

Una de las acusaciones contra estos agentes procede, tras el fallecimiento de Doris Benegas, de una acusación civil interpuesta por la hija de Benegas y Ocampo.

Precisamente la negativa de procesar a los policías por parte de la jueza instructora, corregida en varias ocasiones por la Audiencia Provincial, se encuentra en el origen de la dilación del proceso, que, a pesar de abarcar una causa relativamente sencilla, lleva ya más de seis años de demora.

La polémica actitud de la Fiscalía

Durante estas dos jornadas Ocampo califica el procedimiento seguido como «totalmente correcto», con un tribunal que ha dejado intervenir a todas las partes sin limitación para explicar todas las circunstancias que han considerado pertinentes. Sin embargo, ha destacado de manera negativa la actitud de la Fiscalía, a la que califica de «impresentable».

«La Fiscalía parecía la abogada defensora de los policías, era patético y grotesco», sostiene el activista, que se pregunta «cómo una funcionaria pública de la Administración de Justicia se puede prestar a ello».

Aparte de los diferentes testigos que han ratificado la versión de los tres manifestantes, se cuenta con videos y abundante material fotográfico, cuya autenticidad nadie ha cuestionado. Sin embargo, Ocampo opina que la interpretación que se hace de ellos «es increíble» y que nunca había visto «una disociación tal de la realidad por parte de la Policía y la fiscal».

Crisis institucional en crecimiento

Los hechos que se juzgan ahora, seis años después, se enmarcan en el comienzo de una crisis institucional que, desde el nacimiento del movimiento 15M, surgió como contestación a la respuesta que las instituciones españolas, y también europeas, dieron a la crisis económica que se inició en 2008.

El trasvase de enormes cantidades de dinero público para rescatar entidades privadas, como fue el caso de las organizaciones financieras, y el endeudamiento creciente de los países del sur de la Unión Europea, seguido de las políticas de austeridad que provocaron ingentes recortes en los servicios públicos y una pérdida de soberanía, se vieron acompañados, en el caso de España, de un profundo cuestionamiento de las estructuras surgidas de la Transición, entre ellas la Monarquía.

En 2014, cuando la manifestación convocada por Coordinadora 25S tuvo lugar, hacía solo unos meses que se había producido la abdicación de Juan Carlos I y la coronación de su hijo y sucesor, el actual monarca español Felipe VI.

Precisamente, en el marco de las movilizaciones sociales iniciadas tres años atrás y que todavía eran muy activas, y de la crisis de popularidad de la institución monárquica, las manifestaciones republicanas se encontraban en el ojo de las autoridades competentes en materia de seguridad pública, según cuenta Ocampo. De hecho, tan solo una semana antes de la protesta origen de este proceso judicial, Benegas había elaborado y presentado una querella criminal por vulneración de derechos fundamentales durante el proceso de coronación de Felipe VI.

«Se bloquearon no solo las movilizaciones republicanas, sino incluso portar insignias de esa índole»

La querella estaba dirigida contra Cristina Cifuentes, en ese momento delegada del Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, competente en materia de seguridad ciudadana y responsable de las fuerzas del orden en ese territorio. Ocampo señala que en 2014 «se bloquearon no solo las movilizaciones republicanas, sino incluso portar insignias de esa índole», por lo que llegaron a presentar una denuncia ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por la violación de derechos fundamentales durante ese periodo.

«La posición de Cristina Cifuentes fue la de no permitir que hubiera ninguna manifestación crítica hacia la Monarquía«, defiende el portavoz de Coordinadora 25S.

Protección a la Corona

La protección a la institución de la Corona está en la base de la intervención policial que se produjo ese 4 de octubre, en opinión de Ocampo, en un momento en el que la institución está más en entredicho que nunca. «No por el origen franquista de la Monarquía«, recuerda el activista sobre el nombramiento de Juan Carlos I como sucesor en la Jefatura de Estado por Franco tras jurar los principios del movimiento nacionalcatólico, «sino porque no hay futuro para este país con el actual régimen monárquico», opina.

Ahora, la celebración de este juicio sucede en un momento crucial para la supervivencia de la institución monárquica en España al coincidir con el incesante goteo de informaciones que presuntamente vinculan a Juan Carlos I con diferentes casos de corrupción que habrían jalonado prácticamente los casi 40 años de su Jefatura de Estado y que se habrían prolongado más allá de su abdicación. Para Ocampo, el juicio que se celebra ahora está de «absoluta vigencia», porque «no cabe ninguna duda de que lo que se decía en el lema de la manifestación es cierto«.

Igualmente, el proceso coincide con el hecho de que un exmonarca se haya visto prácticamente obligado a abandonar el país: Juan Carlos I se encuentra desde al menos el 3 de agosto residiendo en los Emiratos Árabes Unidos. Además, su hijo le privó de la asignación de la retribución pública que venía percibiendo desde 2014, de casi 200.000 euros anuales, aunque el erario español sigue haciéndose cargo de parte de sus gastos, como los de seguridad.

El comunicado que Felipe VI emitió el mismo día que se decretaba el estado de alarma para luchar contra la pandemia de coronavirus, además, dejaba clara la veracidad de las informaciones que apuntaban a la existencia de instrumentos jurídicos para ocultar dinero al fisco español en paraísos fiscales, el conocimiento que de ello tenía la Casa Real desde hacía al menos un año y el distanciamiento del actual monarca de su predecesor al renunciar incluso a posibles futuras herencias de dudoso origen.

En estas circunstancias se vuelve a poner en entredicho la protección que la legislación y las instituciones ofrecen a la Corona en España. El principal instrumento jurídico es el delito contemplado en el Código Penal español de injurias y calumnias contra la Corona. La tipificación de este delito ha sido motivo de controversia entre diferentes fuerzas políticas españolas, pero también motivo de señalamiento desde instituciones internacionales que apuntan que no se puede dar mayor protección a una persona por encima de las demás, que se vulnera el principio de igualdad ante la ley y que las penas impuestas son, además, desproporcionadas, en este supuesto.

Por su parte, otras instituciones del Estado, como el Congreso, también han cerrado filas, aunque sin unanimidad, alrededor de la Casa Real y, en concreto, del rey emérito. Así, esta semana se ha asistido por enésima vez al veto de la Mesa de la Cámara a la propuesta de investigación de las finanzas del exmonarca. La propuesta, esta vez de Unidas Podemos, fuerza integrante de la coalición de Gobierno, ha sido rechazada con el voto de las fuerzas conservadoras (PP, Ciudadanos y Vox), a las que se ha sumado el Partido Socialista, su socio en el Gobierno. Ni siquiera ha sido posible una investigación parlamentaria de las actividades del exjefe de Estado posterior a su abandono del cargo, de manera que el Hemiciclo ha interpretado la inviolabilidad que la Constitución española otorga al rey como una inviolabilidad vitalicia, aun después de dejar el trono, que protege también sus actividades privadas.

En este marco el conflicto entre libertad de expresión y la especial protección a la Monarquía ha venido produciendo choques cada vez más frecuentes durante los últimos años. «Lo que sabemos ahora se sabía hace 20 y 30 años, pero se tapaba. Muchos activistas fuimos procesados por denunciarlo», señala Ocampo.

Multiplicación de las protestas

Las protestas dirigidas contra la Monarquía se han amplificado en los últimos años con dos puntos de inflexión. El primero fue el conocido accidente en Botsuana en 2012 del entonces rey Juan Carlos, que dio lugar a su inédita petición de perdón y a que comenzaran a aparecer noticias relacionadas con su vida privada y sus poco transparentes negocios.

Reconocimiento de fraude y esquinazo a la imputación: ¿qué hay detrás de los casi 700.000 euros que Juan Carlos I ha regularizado con Hacienda?

El segundo, significativo sobre todo en Cataluña, tuvo lugar en 2017. Con motivo del referéndum independentista, el rey Felipe VI protagonizó una dura intervención televisada que avivó la llama independentista en esa región y que encendió las alarmas sobre la violación de la neutralidad que la figura del rey debía observar con respecto a todos los ciudadanos y a las diferentes ideologías.

En este contexto, en las últimas décadas se han vivido episodios judiciales que han dado la vuelta al mundo por, entre otros, no ser homologables a las legislaciones de los países del entorno. Por ejemplo, en 2007 España vivió el secuestro de una publicación por primera vez en más de veinte años. La revista satírica El Jueves publicó un número en cuya portada aparecía un dibujo de los entonces príncipes Letizia y Felipe manteniendo relaciones sexuales, en referencia a una política familiar llevada a cabo por el entonces presidente Zapatero. Como cabía esperar, generó el conocido efecto Barbra Streisand, multiplicando el número de suscriptores de la publicación, aunque sus responsables fueron condenados a una sanción económica.

Más tarde llegaron la cascada de quemas de fotos del rey. Se inició también en 2007 con un acto en Girona, Cataluña. Tras la imputación penal de los responsables centenares de fotos ardieron por todo el país como protesta y se multiplicaron a su vez las imputaciones.

Incluso varias pitadas en campos de fútbol llegaron a los tribunales. En una de esas ocasiones, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó una multa de 14.400 euros para Santiago Espot, presidente de Catalunya Acció y promotor de la pitada al rey Felipe VI en la final de la Copa del Rey de fútbol que se disputó en el estadio Camp Nou de Barcelona el 30 de mayo de 2015. Se le acusó de los delitos de injurias al rey y de ultraje a España. Finalmente, Espot fue condenado a pagar 7.200 euros.

Nuria López