En un informe financiado por la OTAN se exploran las posiblidades de la llamada guerra cognitiva: cambiar no solo lo que pensamos, sino la forma en la que pensamos. ¿La propaganda de siempre, repotenciada con las herramientas tecnológicas del siglo XXI, o algo todavía peor?
Serguéi Riabkov, viceministro ruso, no descartó que Rusia pudiera desplegar infraestructura militar en Cuba o Venezuela, lo que generó polémica mundial. Pero ¿es así o no? ¿A qué se refería el funcionario y qué tiene que ver con la creciente presencia de la OTAN en Ucrania?
Este 2 de marzo iba a ser el día en el que la Comisión Europea presentara unas directrices para que los Gobiernos elaboraran sus próximos presupuestos. La idea era orientar a los 27, en un momento en el que sigue desactivado –y en revisión– el Pacto de Estabilidad y Crecimiento; la mayoría de los países están en una situación económica similar a la prepandémica; y la vacuna, así como el fin del invierno, auguran mejores datos sanitarios. En consecuencia, Bruselas iba a presentar un marco que respetara la flexibilidad fiscal para no frenar el rebote de las economías, pero vigilando el gasto público.
La realidad es que el jueves pasado a las cuatro de la mañana el presidente ruso, Vladímir Putin, decidió atacar Ucrania. Y, a partir de ahí, todo ha cambiado. ¿Qué impacto va a tener la guerra? «Es difícil, es demasiado pronto», reconoce el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni: «La incertidumbre ha aumentado, pero va a tener un impacto negativo». No obstante, Gentiloni espera que «tendrá un peso significativo en la esperado expansión económica en la UE, pero sin descarrilarla, sólo que se debilite».
Eso sí, el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha anunciado que Bruselas analizará en primavera si sigue con los planes de aplicar el Pacto de Estabilidad en 2023 o prorroga otro año su congelación: «Nuestras proyecciones actuales indican que la cláusula de escape general se desactivará a partir de 2023. Pero, en vista de la incertidumbre, volveremos a evaluar esto en la primavera».
«La invasión de Ucrania por Rusia ha socavado la seguridad y la estabilidad europeas y mundiales», afirma la Comisión Europea: «La UE se enfrenta a algunos desafíos inmediatos, como los flujos de refugiados, la seguridad y las posibles respuestas de Rusia. Esta crisis corre el riesgo de impactar negativamente en el crecimiento, incluso a través de las repercusiones en los mercados financieros, mayores presiones sobre los precios de la energía, cuellos de botella persistentes en la cadena de suministro y efectos en la confianza».
Bruselas reconoce que las previsiones publicadas hace tres semanas «no tenían en cuenta la invasión de Ucrania y las consiguientes tensiones geopolíticas. Esto impacta negativamente en las perspectivas de crecimiento y aumenta los riesgos. Por ejemplo, la inflación puede resultar más alta de lo esperado como resultado de presiones de costes por los cuellos de botella. Los precios más altos de la energía que se trasladan en mayor medida de los precios del productor a los del consumidor pueden pesar sobre la demanda agregada. Es probable que los cuellos de botella de la oferta mundial persistan hasta bien entrado 2022. Además, los efectos de segunda ronda más altos de lo esperado de los aumentos salariales potencialmente por encima de la productividad pueden mantener la inflación alta durante un período más largo».
«Por el lado positivo», afirma el Ejecutivo comunitario, «las inversiones fomentadas por el los fondos europeos y del presupuesto de la UE [Marco Financiero Plurianual, MFP], incluidos los fondos de la política de cohesión de la UE, podrían generar un mayor impulso a la actividad».
«La idea es ayudar a los Estados miembros a sus programas de estabilidad y convergencia», ha explicado el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis.
«Dada la incertidumbre excepcional», ha dicho Gentiloni, «la Comisión no propondrá abrir nuevos procedimientos de déficit excesivo esta primavera. Volveremos a examinar la cuestión en otoño. También, en vista de esta incertidumbre, confirmamos que nuestras recomendaciones para 2023 se formularán de nuevo en términos cualitativos, con un apuntalamiento cuantitativo».
Para ello, las orientaciones de Bruselas se organizan en cinco principios clave que guiarán la evaluación de la Comisión de los programas de estabilidad y convergencia de los Estados miembros, así como las recomendaciones presupuestarias que el Ejecutivo comunitario propondrá a los Estados miembros en mayo de 2022 para sus planes presupuestarios para 2023.
Asegurar la coordinación de políticas y una combinación de políticas coherente. «La coordinación de la política fiscal sigue siendo clave», dice Bruselas: «Se necesita una coordinación sólida y continua de las políticas fiscales para garantizar una transición fluida hacia un nuevo camino de crecimiento sostenible y sostenibilidad fiscal. La orientación fiscal adecuada para la zona del euro debe ser el resultado de un equilibrio adecuado entre sostenibilidad y estabilización. Es fundamental lograr dicha articulación a nivel de país y teniendo en cuenta la dimensión zona del euro/UE».
Asegurar la sostenibilidad de la deuda a través de un ajuste fiscal gradual y de alta calidad y crecimiento económico. «Se necesita un ajuste fiscal plurianual combinado con inversiones y reformas para sostener el potencial de crecimiento a fin de frenar la dinámica de la deuda», afirma la Comisión Europea: «Es importante garantizar unas finanzas públicas sostenibles mediante una reducción gradual de la elevada deuda pública».
Fomentar la inversión y promover el crecimiento sostenible. «Todos los Estados miembros deben proteger la inversión general y, cuando esté justificado, ampliar la inversión financiada a nivel nacional, también para la transición verde y digital. Se debe poner énfasis en una inversión de calidad, en línea con la inversión financiada por el Fondo de Recuperación y Resiliencia», dice la comunicación de la Comisión Europea.
Ajuste fiscal a medio plazo. «El ajuste fiscal en los Estados miembros muy endeudados debe ser gradual», dice Bruselas, «no dar lugar a una política fiscal demasiado restrictiva, y contar con inversiones y reformas que relancen el potencial de crecimiento, facilitando la consecución de trayectorias creíbles de endeudamiento a la baja. La trayectoria del ajuste de la política fiscal debe tener en cuenta los efectos del apoyo del RRF sobre la actividad económica».
Diferenciar las estrategias fiscales y tener en cuenta la dimensión de la eurozona. «Las recomendaciones fiscales deben seguir diferenciándose entre los Estados miembros y tener en cuenta los posibles efectos de contagio entre países», sostiene Bruselas.
La OTAN deja claro que no es parte del conflicto de Ucrania y no busca guerra con Rusia, pero está preparado en caso de un enfrentamiento directo con Moscú.
El secretario general de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, ha anunciado este viernes que la Alianza no es parte del conflicto en Ucrania y no busca un enfrentamiento directo con Rusia en un momento delicado en el noveno día de la operación militar especial rusa en Ucrania.
“Brindamos apoyo a Ucrania. Al mismo tiempo, la OTAN no forma parte del conflicto. La OTAN es una Alianza defensiva”, ha precisado el alto cargo del organismo militar.
En este marco, ha resaltado que la acumulación militar de la OTAN en el este de Europa se debe a la necesidad de defensa.Es más, el funcionario ha exigido al presidente ruso, Vladimir Putin, la retirada de las tropas rusas de Ucrania y la iniciación de la vía diplomática sobre el asunto.
A su vez, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, también ha destacado la misma jornada que la OTAN no busca provocar un “conflicto” con Rusia pero en caso de una confrontación está preparada.
“La nuestra es una alianza defensiva, no buscamos conflicto, pero si el conflicto viene a nosotros, estamos preparados para ello y defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN”, ha expresado Blinken.
Por otro lado, el representante permanente ruso ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Alexánder Lukashévich, también anunció el pasado jueves que el país euroasiático no quiere entrar en una guerra con la OTAN y es la Alianza quien continúa con sus políticas irresponsables fomentando directamente la escalada del conflicto.
El senador estadounidense Lindsey Graham recomienda asesinar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, para poner fin a la crisis de Ucrania.
En una entrevista con la cadena local de televisión Fox News, citada el jueves por el canal de noticias Al-Arabiya, el legislador estadounidense ofreció su opción para la crisis ucraniana: “¿Cómo termina [esta guerra]? Cuando alguien en Rusia da un paso al frente y acabe con esto [en alusión a Putin]”, dijo el republicano.
Graham también reiteró su iniciativa en su cuenta en Twitter y dirigiendo al pueblo ruso, le urgió a hacer algo por su país. “El mundo apreciará سus servicios”, añadió.
Los comentarios del senador norteamericano provocó la reacción de la embajada rusa en Estados Unidos. “Condenamos enérgicamente la solicitud del senador Lindsey Graham y pedimos una explicación formal de Washington”, denunció.
La noticia sale a la luz en un momento de alta tensión entre Ucrania y Rusia. Putin ordenó la semana pasada una “operación militar especial” para defender a los civiles de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, ambas ubicadas en la región de Donbás (este de Ucrania), quienes se enfrentaban a un “genocidio” por parte de Kiev, que había acumulado fuerzas y equipos militares en esa zona, respaldado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Una fuente citada por el canal ruso de televisión Sputnik reveló el jueves que las autoridades ucranianas proporcionan asilo a terroristas internacionales, incluidos los que lucharon en el territorio sirio.
La fuente que habló bajo anonimato indicó que entre los terroristas que han recibido asilo en el país europeo se encuentra Nariman Biliálov, líder del batallón de Crimea.
En su primera visita a Sevilla, a la que seguirán más en las próximas fechas, la vicepresidenta Yolanda Díaz, que abre en primavera un proceso de «escucha» para configurar un proyecto de país, quiso lanzar un mensaje de concordia y de ilusión a toda la izquierda andaluza y a todo el que no se resigna a que en la Comunidad siga habiendo un gobierno de la derecha y, tal vez, también de la ultraderecha, como reflejan las encuestas.
«Sé muy bien lo que supuso vuestro proceso de autonomía. Me vais a ver bastante por vuestra tierra. Me vais a ver con frecuencia, voy a hablar poco, voy a escuchar. No se puede construir un nuevo país sin Andalucía. Me vais a ver trabajando por una Andalucía en pie de igualdad y que permita decirle al resto del país que sin vosotras y vosotros no es posible cambiar España», dijo con claridad la vicepresidenta. También puntualizó que hablaba de su proyecto de escucha, no de la campaña electoral. «Soñemos, caminemos juntas y tengamos esperanza», agregó.
Díaz, hasta ahora ausente de Andalucía, trató de no pisar ningún charco en un momento muy complicado para la izquierda, que en el año electoral está dividida en tres patas, pero sí, una vez que Adelante Andalucía ha decidido ir en solitario, trabajó por la unidad. Así, Díaz, en su estancia en Sevilla se encontró con Esperanza Gómez, coportavoz de Andaluces Levantaos –el partido en el que se integra Más País en Andalucía– y con los líderes de IU, Toni Valero, de Podemos, Martina Velarde, y del PCA, Ernesto Alba. También con responsables de Equo. Con la coportavoz de Levantaos, la vicepresidenta estuvo «un rato para hablar de la situación política andaluza», según fuentes de Levantaos.
Con Valero, Velarde y Alba, según fuentes de Unidas Podemos, «ha habido plena coincidencia en el papel trascendental que va a jugar Andalucía para la construcción de un nuevo país y en el convencimiento de que las elecciones andaluzas serán un hito al que dedicar talento y empeño». «Se abre una oportunidad en Andalucía para levantar una alternativa de gobierno ilusionante, habida cuenta además del desgaste que está sufriendo el PP», agregaron estas fuentes.
Este jueves, Díaz tuvo tres actos públicos en Sevilla. Arrancó con una entrevista en Canal Sur, en la que lanzó un mensaje a todas las fuerzas progresistas: «No se puede levantar un proyecto de país, como sí me gustaría hacer, sin contar con Andalucía» y, ante la situación de máxima división de la izquierda andaluza, admitió que esa idea, prevista para cuajar cuando lleguen las generales, no va «a llegar a las andaluzas».
Luego estuvo en el Centro Nacional de Medios de Protección, el instituto de investigación y estudios de referencia nacional en prevención de riesgos laborales –al que no acudía un ministro de Trabajo desde la etapa franquista, desde 1974, según sus responsables–, y cerró, ya por la tarde con un encuentro con las secretarias generales de CCOO y UGT, Carmen Castilla, y Nuria López, sobre la reforma laboral. El acto, que cerró con el himno de Andalucía y con gritos de presidenta, superó con creces el aforo previsto, de 450 personas, y hubo otras 150 que se instalaron en otra estancia de la facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.
La presencia de Gómez y de representantes de Equo en este acto indica que está todavía abierta la posibilidad de un entendimiento entre estas fuerzas bajo el paraguas de la vicepresidenta después de que Adelante Andalucía decidiera ir en solitario a las urnas.
Al respecto de la reforma laboral, Díaz manifestó que «ya ha empezado a producir efectos: tenemos más de 500.000 trabajadores y trabajadoras en contratación indefinida. Esto no es humo». Y sobre Andalucía, reconoció: «Hay que cambiar las políticas. Andalucía tiene un problema profundo y estructural de desempleo».
«Andalucía necesita políticas decididas», le dijo Castilla. «Mirad a Andalucía con cariño, que no se vaya la industria, Airbus, a Toulouse y a Getafe, que haya carga de trabajo, que aquí sabemos hacer barcos y aviones muy bien», agregó la secretaria general de UGT.
¿Por qué ha tardado tanto en venir a Andalucía y por qué de la mano de los sindicatos? «Me siento hija de los trabajadores de mi país: sé muy bien de dónde vengo, no hay mejor carta de presentación que estar con los sindicatos de vuestra tierra. Siento orgullo de estar aquí con ellas. Soy una de las vuestras, una humilde abogada laboralista a la que enorgullece defender togada o sin toga a los trabajadores de mi país. Tomemos en serio a los sindicatos, convirtamos esa fuerza en transformación social. ¿Por qué no he venido antes? Mi agenda lo ha impedido, me pasa también con La Palma: He suspendido así como seis veces el viaje. Estuve trabajando, sencillamente», dijo, después de enumerar las cosas en las que ha venido trabajando.
En este encuentro, muy del gusto de los cuadros sindicales, Díaz tocó los temas duros y que siempre han ocupado a la izquierda, el empleo, los derechos laborales y las condiciones de vida de la gente. «Hemos escuchado de todo: Que nos íbamos a cargar la economía…, pues hemos demostrado que una política de rentas diferente es buena para los trabajadores y para la economía en su conjunto», dijo Díaz. «Lo voy a confesar. El presidente Zapatero me decía que cuando las normas laborales están en las portadas de los periódicos, significa que habéis abierto un gran debate con la sociedad. Hay que resolverlo de manera que quien más tiene, más pague», añadió.
Díaz lanzó mensajes a los autónomos: «Tenemos 2,030 millones de personas que son personas físicas con ingresos muy humildes. 400.000 de ellos tienen personas contratadas. 1,5 son personas físicas que merecen una atención especial». «Vamos a tener que decidir qué protección social les damos y hay que hablar de las mujeres autónomas. Debo reservarme, porque hay una mesa que lidera el ministro Escrivá [José Luis, de Seguridad Social], pero tengo clarísimo que los que más tienen, más deben de aportar».
Las dirigentes sindicales reivindicaron las políticas de Díaz. «Hay que ver la paciencia y la fortaleza del gobierno y con una oposición tirada al monte a propósito de un virus», dijo Castilla. López reivindicó que las políticas de Díaz habían sido «distintas» a las utilizadas por el PP y puso algunos ejemplos: «que se pueda enfermar y que no te despidan, elevó el SMI y permitió acabar con la congelación de las pensiones, ese raquítico 0,25%. Y todo a través del diálogo social». Castilla defendió también el papel de los sindicatos, que, dijo, estuvieron «a la altura en el momento más complicado para este país, en plena pandemia». «No va a haber pacto de rentas de ningún tipo con la patronal si no se traslada al convenio colectivo. Ahora toca repartir», dijo López.
El Gobierno polaco ha hecho público un comunicado en el que escuetamente explica los cargos que dirige contra el periodista vasco Pablo González, de origen ruso: «Realizó operaciones en beneficio de Rusia, beneficiándose de su condición de periodista, lo que le permitió viajar libremente por el mundo y Europa, incluyendo zonas de conflicto militar y territorios marcados por tensiones políticas».
Pablo González fue detenido por agentes de la Agencia de Seguridad Interior (ABW) el pasado 28 de febrero en la localidad de Przemyśl, en la frontera polaca con Ucrania, según ha confirmado el Ejecutivo polaco en su comunicado: «Fue identificado como agente de la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa (GRU).
González se encontraba cubriendo la crisis humanitaria derivada de la invasión rusa de Ucrania para Público, entre otros medios. No fue hasta la tarde de este jueves cuando su letrado, Gonzalo Boye, conoció el cargo de espionaje que pesa sobre su cliente, del que no supo nada en cuatro largos días.
El delito de espionaje, que contempla el artículo artículo 130.1 del Código Penal polaco, está castigado con hasta 10 años de prisión. González se encuentra en la cárcel de Rzeszów, en situación de prisión provisional, en la que tendrá que seguir tres meses, según la información facilitada por la Fiscalía polaca al consulado español.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró en el Congreso hace dos días, que se prestará protección consular al reportero español. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, comunican a Público que la asistencia consular al periodista vasco ya ha comenzado: «ya ha habido contacto telefónico con él desde el Consulado, una vez que la Fiscalía polaca nos ha comunicado la situación de este reo». Pero la visita de algún miembro de la Embajada aún no se ha producido, «porque está en una cárcel a 400 kilómetros de Varsovia».
La asistencia consular es siempre la misma, según fuentes de Exteriores, independientemente de que la persona detenida se encuentre en un país de la UE, como es el caso de Polonia, o fuera de ella. Esta asistencia consiste, ante todo, en facilitar la comunicación del preso con su familia, proporcionarle elementos de higiene y una lista de abogados del país, si lo solicita el detenido, y poco más.
Gonzalo Boye, abogado del periodista vasco, ha confirmado a este medio que, 96 horas después de la detención de Pablo, aún no ha podido hablar con él y no tiene ni idea de cuándo podrá hacerlo. «He pedido al cónsul español que organice mi visita a la cárcel para visitar a Pablo, porque es como funcionan las cosas: deben hablar con las autoridades polacas para que me den permiso para poder visitarle en prisión. Pero no he recibido respuesta», se queja el letrado.
Respecto a las graves acusaciones y a las pruebas en contra de Pablo González que el Gobierno polaco asegura poseer para acusarle de ser un agente de la Inteligencia rusa, Boye indica que en cuanto pueda hablar con su cliente y pueda acceder al proceso en Polonia, valorará el alcance de la imputación.
Vivimos tiempos difíciles. Putin ha decidido iniciar una guerra en el corazón de Europa invadiendo Ucrania.
Quienes padecen las consecuencias más crueles de las guerras son los pueblos. Por eso queremos transmitir toda nuestra solidaridad a los ucranianos y ucranianas que sufren y pagan con su vida y su libertad una invasión criminal.
Todos seguimos las imágenes que emite la televisión con el corazón encogido y sentimos la necesidad de hacer algo.
Por eso, en medio de una escalada bélica que puede llevarnos a un escenario peligroso e incierto de guerra mundial, quiero deciros que considero que lo mejor que podemos hacer como país -y que no estamos haciendo- es apostar por una solución diplomática y pacífica a este conflicto.
Mi obligación es deciros que, aunque entiendo a quienes defienden enviar armas, creo que esa no es la solución, es un error. Es una medida ineficaz que no será suficiente para cambiar la correlación militar de fuerzas y que puede hacer que nos deslicemos aún más por la pendiente de la guerra. La elección ahora es entre la negociación y la diplomacia o un conflicto mundial entre Rusia y una coalición internacional encabezada por EEUU que tendría consecuencias inciertas y, previsiblemente, devastadoras.
Estoy orgullosa de que Podemos sea un ejemplo ético de resistencia a la presión mediática y de defensa de la paz como única manera efectiva de parar los pies a Putin.
Hoy más que nunca, los y las demócratas tenemos que decir alto y claro que la guerra no se frenará con más guerra. No a la guerra, es el mandato que impone la decencia y también la inteligencia y la sensatez. Y a él seguiremos siempre fieles defendiendo la paz y la democracia.
Ione BelarraSecretaria General de Podemos
Además, ha anunciado que España impulsará que se declare a Rusia como paraíso fiscal en el seno de la Unión Europea y de la OCDE.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que el país enviará armamento ofensivo a Ucrania de manera bilateral durante su intervención en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la posición española en el conflicto.
«Como veo que hay grupos que ponen en cuestión el compromiso de España a este respecto y para mí y para el Gobierno de España es tan importante y tan fundamental la unidad de todos, quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material ofensivo», ha dicho el mandatario.
Así, Sánchez ha rectificado la postura que había mantenido hasta la fecha, en la que no se contemplaba el envío de material ofensivo -sí lo hacía en el caso de efectivos defensivos- de manera bilateral, sino que se limitaba a participar del mecanismo de la Unión Europea (UE) en el que España es el cuarto país aportador de fondos. Justifica su decisión en la exigencia de algunos grupos parlamentarios, entre ellos, el Partido Popular (PP), principal partido de la oposición.
Durante su discurso, el presidente ha hecho referencia al conflicto en Irak que levantó el rechazo casi unánime de la población española. «Los españoles nos conmovemos cuando vemos luchar a un pueblo por la libertad y nos indignamos cuando un país miente a sus ciudadanos y atropella la legalidad internacional para invadir otro país», ha señalado Sánchez, añadiendo que España tiene «muy reciente el recuerdo del ‘No a la guerra'», pero que «hoy el ‘No a la guerra de Irak’ es el ‘No a la guerra de Putin'».
Además, Sánchez ha desgranado otras medidas tomadas contra Rusia, como la prohibición de emisiones de varios medios de comunicación. «Entendemos que son propagandísticos del régimen, como Russia Today y Sputnik, que se utilizan para campañas de desinformación», ha señalado Sánchez.
Además, ha anunciado la suspensión parcial de la aplicación del acuerdo sobre la facilitación de la expedición de visados en pasaportes diplomáticos o de servicio y que España impulsará en el seno de la UE y de la OCDE la declaración de Rusia como un paraíso fiscal, «incluyendo a ese país en la lista negra de paraísos fiscales».
Marzo fue el mes que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva se puso como tope para anunciar oficialmente su candidatura. Pero en sus declaraciones públicas y en las redes sociales, el líder del Partido de los Trabajadores (PT), de 76 años, lleva ya tiempo presentándose como futuro candidato presidencial para los comicios de octubre, que se avecinan como los más polarizados de la historia de Brasil.
Y en ese tono llevó a cabo su visita a México, donde el miércoles se reunió con el mandatario, Andrés Manuel López Obrador.
«Si gano las elecciones, vendré aquí este año para consolidar la más importante relación política entre Brasil y México, que se dará a partir de 2023», comentó.
«Solo envejecemos si no tenemos una razón para vivir, si no tenemos una causa. Y tengo muchas razones para vivir. Me caso este año. Y recuperaré la democracia y la dignidad para el pueblo brasileño», escribió en su Twitter Lula, que dirigió Brasil entre 2003 y 2010 y que sigue gozando de un enorme prestigio internacional, especialmente por los logros en la reducción de la pobreza.
En una entrevista al periódico La Jornada también habló sobre su posible candidatura: «Soy un expresidente que está evaluando, hablando con mucha gente [para decidir] si seré candidato una vez más, una decisión que se supone que debo tomar al volver de México».
De confirmarse, sería la sexta candidatura del exsindicalista, líder en las encuestas, con un 42,2 % de intención de voto.
Todo indica que las elecciones se reducirán a un durísimo pulso entre él y el presidente Jair Bolsonaro, su gran enemigo político, que cuenta con 28 % de intención de votos.
Ninguno de los otros candidatos tiene por ahora fuerza para hacerles sombra.
Ni siquiera Sergio Moro, el exjuez líder de la operación anticorrupción Lava Jato que condenó a Lula a la cárcel, con la posterior inhabilitación del exmandario en 2018, y que luego se convirtió en ministro de Justicia de Bolsonaro. Hasta que rompió con él.
El líder histórico de la izquierda, que inició su carrera en la década de los 70 y 80, recuperó sus derechos políticos en abril del año pasado tras la anulación de las condenas por corrupción en su contra, entre ellas, la que le llevó a la cárcel un año y siete meses.
Ese proceso, en el que se le acusaba de recibir un departamento triplex en Guarujá como soborno de una constructora a cambio de contratos en Petrobras, fue cerrado.
Desde entonces también quedaron archivados o suspendidos otros dos casos importantes. Uno en el que fue acusado de aceptar que dos constructoras pagasen las reformas de una hacienda en Atibaia, en Sao Paulo, y otro por irregularidades en la financiación del Instituto Lula.
El miércoles, el exobrero metalúrgico, que siempre dijo ser víctima de una persecución judicial, obtuvo otra victoria con el último proceso que le quedaba abierto en la Justicia.
Ricardo Lewandowski, uno de los jueces de la Corte Suprema, desestimó la causa en la que Lula era señalado por supuestamente usar su influencia para que el Gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016), su sucesora en la Presidencia, adjudicara a una empresa sueca una licitación para la compra de 36 cazas Gripen paras las Fuerzas Armadas brasileñas.
La decisión deberá ser analizada ahora en conjunto por los once jueces de la máxima corte.
«Es un importante registro histórico sobre el uso estratégico del derecho con fines ilegítimos (‘lawfare’), que fue practicado por la ‘Operación Lava Jato’, que atentó contra el propio Estado de derecho y lesionó la democracia en el país», señalaron los abogados.
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