Un total de 313 personas han sido asesinadas en este tipo de hechos de violencia solo en lo que va de 2021.
La matanza de tres personas de una misma familia se convirtió este lunes en la masacre número 88 registrada en Colombia, solo en lo que va de año. El hecho se produjo en el municipio de Ciudad Bolívar, del departamento de Antioquia.
Según información preliminar recogida por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el suceso ocurrió en el corregimiento San Bernardo de los Farallones de Citará, al suroeste de Antioquia; y los cuerpos fueron encontrados en una finca llamada «San Bernardo».
De acuerdo al conteo que realiza el instituto, esta masacre se convierte en la número 88 del año en territorio colombiano, con un saldo total de 313 personas asesinadas en hechos de este tipo. Las víctimas, que aún están sin identificar, serían padre, madre y la hija de 22 años.
Indepaz añade que tras el hecho, la Defensoría del Pueblo de Colombia, emitió una alerta temprana para el suroeste antioqueño, que señala el riesgo de actuación de distintos grupos armados irregulares en la zona, vinculados al narcotráfico, como el Clan del Golfo, la Oficina del Valle de Aburrá, La Cabaña, Los Pelipintados, Salto y Sangre Negra.
Estos grupos paramilitares se disputan el control de las rentas legales e ilegales de la subregión de San Juan y luchan por expandirse hacia zonas que eran controladas por la extinta guerrilla FARC-EP, ejército rebelde que dejó las armas en 2016, tras la firma del acuerdo de paz con el Gobierno.
Según Indepaz, la zona en conflicto le daría acceso a los grupos irregulares para establecer rutas internacionales con salida al océano Pacífico.
El sector registra un nivel de operaciones de compraventa incluso mayor que el de antes de la crisis financiera del 2008.
En España el mercado inmobiliario registra el mayor volumen de ventas de viviendas desde la crisis financiera del 2008.
Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística, se trata de más de 53.000 operaciones cerradas de compraventas en el pasado mes de septiembre, lo que supone un incremento del 40,6 % en comparación con el año interior.
Sin embargo, este auge podría llevar a una mayor subida de los precios cuando la vivienda en España sigue siendo inaccesible para la mayoría de los ciudadanos.
A pesar de la crisis económica por el coronavirus, la compraventa de pisos en España está alcanzando los datos más altos de los últimos 13 años. Es decir, el sector inmobiliario está llegando a niveles equiparables al 2008, incluso de antes de la crisis financiera.
Pero, ¿quién está comprando esos inmuebles? Sus compradores son personas de nivel adquisitivo medio-alto que han mantenido su trabajo y por lo tanto han ahorrado durante la pandemia.
Consideran que es una buena oportunidad porque los tipos de interés están bajos, pero sobre todo lo que quiere mucha gente es mejorar su vivienda tras la experiencia del confinamiento.
Cambio de preferencias habitacionales
«Ahora mismo hay un gran auge por comprar vivienda y por cambiar de casa. Ahora mismo, como han cambiado las preferencias habitacionales, todos necesitamos mucha más luz natural, espacios amplios, espacios abiertos con salida al exterior, como pueden ser viviendas que tangan terraza o balcón. Y todo esto se ha vuelto ahora lo más cotizado», comentó María Matos, directora de estudios y portavoz de Fotocasa.
Pero más allá de la reactivación del mercado, el sector de la vivienda tiene muchas aristas, y algunas de ellas son motivo de preocupación. Y es que España es uno de los países de la Unión Europea con menos vivienda social: un inmueble por cada 100 habitantes.
Además, cada día en España se producen más de un centenar de desahucios, según el Consejo General del Poder Judicial. Asimismo, en los últimos cinco años el precio de la renta de un piso ha crecido más del 40 %, de acuerdo con los datos de Fotocasa.
El problema de los jóvenes
Uno de los sectores de la población más perjudicados por esta realidad es, sin duda, el de los jóvenes.
«Las principales razones de este impedimento son que en estos momentos [los jóvenes] no pueden ahorrar, no tienen el suficiente dinero ahorrado para dar la entrada a una hipoteca», precisó Matos.
«Su situación laboral y económica no se lo permite en estos momentos, ya que tienen un trabajo muy precario. Y por último también tienen que hacer frente a otras prioridades o gastos», añadió.
¿Medidas de apoyo insuficientes?
Recientemente el Consejo de Ministros del Gobierno de España dio luz verde a la ley de la vivienda, una ley compleja y que se estuvo preparando durante más de un año.
Incluye la regulación de los precios de alquiler a los grandes tenedores, como también un recargo para las personas que dejen su piso vacío. Pero el Ejecutivo ha anunciado también un bono de 250 euros mensuales para los jóvenes para fomentar su emancipación.
Aun así, a una parte de la sociedad todas estas medidas le parecen insuficientes para resolver el problema de la vivienda, uno de los mayores en el país.
Las compañías europeas operan de forma ilegal al explotar en colaboración con Rabat los recursos del territorio sin el consentimiento de su pueblo, concluye un informe de La Izquierda y Mundubat. Las firmas españolas, francesas y alemanas son las más numerosas en la zona.
«Las empresas europeas se convierten en cómplices necesarios de crímenes de guerra al explotar los recursos del Sáhara Occidental ocupado de forma ilegal, beneficiarse de negocios ilícitamente ejecutados por Marruecos y emplear o asociarse con población marroquí movilizada al territorio ocupado». Es la principal conclusión del informe Empresas europeas y vulneración del Derecho Internacional en el Sahara Occidental, elaborado y promovido por el grupo de La Izquierda en la Eurocámara y la fundación Mundubat, en vísperas de un viaje de varios eurodiputados a los campamentos del Sáhara Occidental.
Cuando se cumplen varios meses de la crisis ceutí, un año desde que Marruecos hizo saltar por los aires el alto al fuego en el conflicto del Gerguerat y 46 años después de la firma de los Acuerdos tripartitos de Madrid, las relaciones entre Bruselas y Rabat vuelven a encauzarse. Aunque momentos puntuales como el vivido en Ceuta hace unos meses elevó la tensión entre los dos vecinos, por norma general Marruecos es uno de los socios prioritarios y preferentes de la UE, que concede importantes fondos al país de Mohamed VI y a las firmas europeas que operan en el Sáhara Occidental.
«A pesar de la ruptura del alto el fuego, las empresas europeas han seguido expoliando los recursos del Sáhara ocupado, incurriendo en crímenes de guerra, porque entre otros motivos, se están beneficiando del paso fronterizo ilegal del Guerguerat para realizar sus operaciones; se benefician de negocios ilícitamente ejecutados por Marruecos; y fomentan la ocupación del territorio por parte de población no saharaui», afirma el eurodiputado de Anticapitalistas Miguel Urbán, promotor del informe.
Las compañías francesas, españolas y alemanas son las más presentes en el territorio saharaui. Por sectores, los más populares son los destinados a energías renovables, recursos mineros, agrícolas y pesqueros y aquellas especializadas en construcción. La pesquisa señala directamente a la española Indra, a la multinacional Siemens Gamesa Renewable Energy, a la italiana Enel Green Power, a las francesas Engied y CMA CGM y a la alemana HeidelbergCement AG como responsables de invertir en «territorio ocupado vulnerando la legalidad internacional» a través de fondos de la Unión Europea para apoyar sus actividades. De las 28 empresas que invierten o han invertido en el Sahara Occidental ocupado, diez son españolas. Mientras las francesas centran su presencia en las áreas de agricultura y pesca, las españolas destacan por invertir en construcción.
El documento citado arguye que las empresas transnacionales que comercializan o invierten en este territorio no autónomo, pendiente de descolonización y ocupado ilegalmente por Marruecos tienen la obligación legal de respetar los derechos humanos. Y, sobre todo, de contar con el consentimiento expreso de la población saharaui y del Frente Polisario, el representante reconocido por la ONU, para explotar o gestionar sus recursos naturales. De lo contrario, estos «crímenes de colonización» serían contrarios al Derecho Internacional.
Por todo ello, el documento concluye que estas empresas son «cómplices de todas las violaciones de los derechos humanos cometidos por Marruecos», ya que «con su actuar están contribuyendo a la normalización y perpetuación de la ocupación ilegal» y a la obstaculización del proceso de paz auspiciado por la ONU.
Derechos humanos y comercio, el equilibrio casi imposible
La postura de las compañías en el Sáhara Occidental camina en paralelo con la que mantiene Bruselas. La Unión Europea establece un equilibrio casi imposible en su relación con Marruecos y con la excolonia española. Su defensa de las buenas relaciones con Rabat ha desquebrajado la coherencia del bloque comunitario. Por un lado, apoya el proceso de negociación auspiciado por Naciones Unidas y no reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Y, por el otro, no adopta la terminología de «territorio ocupado», sino que se refiere a la excolonia española como un «territorio no autónomo de facto administrado por Marruecos».
Pero las grandes costuras europeas no saltan en las palabras, sino en los hechos. La UE y sus Estados miembros han primado las buenas relaciones con el reino alauí y sus enormes intereses comerciales y políticos sobre la coherencia con el Sáhara. Todo ello le ha supuesto sendos varapalos de la Justicia europea. Hace un mes, el Tribunal General de la UE (TGUE) falló en una histórica sentencia que los acuerdos de liberalización y de pesca que la UE mantiene con Marruecos son ilegales porque no cuentan con el beneplácito del Frente Polisario.
Este último veredicto se une a los varapalos previos que la Justicia europea dio a Marruecos y a las instituciones europeas en 2016 y en 2018 siguiendo la misma lógica: el Sáhara Occidental es un actor tercero y, como tal, debe dar su consentimiento explícito a los acuerdos que afectan a sus recursos. El Frente Polisario esgrime que los pactos en vigor contrarían el Derecho Internacional porque se aplican de forma colateral sin el consentimiento de un pueblo en proceso de descolonización. Y la Justicia europea le ha dado la razón.
Tras ello, las instituciones europeas han maniobrado a través de las ambigüedades de lo dictaminado por Luxemburgo para continuar aplicando los acuerdos con total normalidad. La cuestión clave es el estatus de quién representa al pueblo saharaui. Para Bruselas y las capitales, el Frente Polisario carece de los «criterios establecidos por la jurisprudencia europea» para reconocerle como el representante legítimo. Con este posicionamiento, la UE pidió permiso al pueblo saharaui a través de la sociedad civil representada por organizaciones terceras.
Además, los europeos se defienden argumentando que los acuerdos comerciales con Marruecos promueven el desarrollo del Sáhara Occidental otorgándole un beneficio proporcional y equitativo, mientras que los saharauis denuncian que les privan de explotar y beneficiarse de sus propios recursos. El telón de fondo que prevalece en la UE es salvar las relaciones con Rabat, socio al que los pasillos de Bruselas se refieren como «vital», «clave» o «privilegiado».
Desde 2007, Marruecos ha recibido más de 3.000 millones de euros procedentes de la UE en programas como el Instrumento Europeo de Vecindad o el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos. A ello hay que sumarle la contraprestación que el reino alauí se lleva en el marco del acuerdo de pesca, que destina 52 millones de euros anuales. «Este hecho, convierte a la Unión Europea en financiador y cómplice de estas situaciones ilegales. Hay que romper con el silencio cómplice de la comunidad internacional y en este caso, de la Unión Europea. Basta de mirar a otro lado cuando se trata del saqueo de los recursos del pueblo saharaui», denuncia Urbán.
La UE deja en manos de la ONU la resolución del histórico y encasillado conflicto del Sáhara. Pero muchos expertos coinciden en que su acercamiento y protección a Marruecos –por cuestiones de necesidad política, de vecindad, migración o seguridad- obstruyen el camino hacia una solución duradera.
Según el Registro de la Propiedad, el nuevo magistrado del Constitucional posee 10 viviendas, 5 locales, 8 plazas de garaje y una finca urbana, y todo ello sin hipotecas, libre de cargas. Seis de esos bienes los recibió en herencia.
La inversión en ladrillo nunca falla en España. Mientras la pandemia ha provocado un considerable aumento de familias vulnerables que no pueden hacer frente al pago del alquiler, otras personas más afortunadas han mantenido su poder adquisitivo intacto, incluso cuando una parte de sus rentas procede del alquiler de sus propiedades. Y si sobre esos bienes inmuebles no pesa hipoteca alguna, las ganancias se disparan.
Es el caso de Enrique Arnaldo Alcubilla, quien jurará su cargo como magistrado del Tribunal Constitucional el próximo jueves, una vez lograda la idoneidad del Congreso para el puesto, que tiene una duración de nueve años y una remuneración anual de 133.623 euros. Los magistrados del TC no presentan declaración de bienes cuando acceden al cargo.
Arnaldo, de 64 años, tiene garantizada la máxima jubilación después de más de 30 años ejerciendo como jurista, letrado de las Cortes, profesor universitario, catedrático y abogado. Seguramente por esta última faceta, la de la abogado, haya logrado sus mejores resultados económicos. Porque parece que sólo así se explica que haya podido atesorar un ingente patrimonio inmobiliario sin suscribir con los bancos ni una sola hipoteca, según datos de diferentes registros de la propiedad de Madrid.
Esos datos públicos, recabados por este medio ante el interés público suscitado por la trayectoria de Enrique Arnaldo, revelan que a día de hoy este jurista posee 24 propiedades sólo en Madrid. De ellas, diez son viviendas [pisos y casas unifamiliares]; ocho, plazas de garaje; cinco locales; y una pequeña parcela urbana. Del repaso a estas propiedades se puede deducir que Arnaldo sabe invertir. Quizá las enseñanzas le vengan de su padre, Enrique Arnaldo, intendente mercantil, fallecido en 2001.
Aunque la riqueza o la falta de ella no tengan nada que ver en la imparcialidad ni de la judicatura ni de los magistrados y magistradas del Constitucional, no deja de ser paradigmático que uno de los magistrados del tribunal de garantías constitucionales que debe estudiar el recurso presentado hace unos días por Vox contra el decreto que suprime los desahucios a personas económicamente vulnerables por la pandemia posea un amplio patrimonio inmobiliario, que quedará afectado por la nueva Ley de Vivienda que se tramita. El PP ya ha anunciado que la llevará al Tribunal Constitucional.
No es el de Vox el primer recurso contra medidas contempladas en el llamado escudo social del Gobierno frente a la covid. Hay que recordar que el Tribunal Constitucional admitió a trámite, el pasado mes de febrero, el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el decreto ley de protección de los consumidores y usuarios en situaciones de vulnerabilidad. El Gobierno puso en marcha en marzo de 2020, al comienzo de la pandemia, un escudo social que entre otras cosas contemplaba moratorias para personas vulnerables por la covid en el caso de imposibilidad del pago del alquiler.
La lupa periodística y social estará bien centrada en lo que haga en el TC este jurista de larga trayectoria, rodeado de sombras más que de luces, a tenor de las informaciones sobre su manera de proceder en algunos ámbitos de su carrera profesional. Pero de lo que no hay duda es de su capacidad como inversor inmobiliario.
Por ejemplo, a finales de 2010 adquirió dos pisos, uno de ellos, un ático de 107 metros cuadrados, en la zona de Las Tablas, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, un nuevo barrio residencial donde varias grandes empresas han fijado su sede. No sólo fueron dos pisos. En la misma operación y ante el mismo notario, Arnaldo compró también seis plazas de garaje en la misma urbanización. Según las notas simples de cada una de estas propiedades, no necesitó hipotecarse para lograr ese lote. El desembolso para Arnaldo en aquella operación no debió ser inferior a los 900.000 euros, según el precio de mercado en aquel momento en ese barrio emergente de Madrid que ha podido comprobar este medio.
Es precisamente el año 2010 cuando arranca la larga lista de propiedades actuales de Enrique Arnaldo, según la información actual del registro de la propiedad. Fue el año en el que murió su madre. Como parte de su legado familiar, Arnaldo se adjudicó cuatro viviendas y dos locales; todos ellos en buenas calles de la capital.
También en esa época adquirió un local y una plaza de parking en una zona del este de Madrid con gran potencial para el alquiler por su presencia de empresas. Más tarde adquirió otra plaza de garaje y otro local en el conocido ensanche de Vallecas, barrio emergente, muy popular.
Separado de su primera esposa, Enrique Arnaldo adquirió con su nueva pareja, una jueza destinada en comisión de servicios en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tres propiedades en 2016 y 2018. Se trata de dos viviendas, una de ellas, una casa unifamiliar de 539 metros cuadrados de terreno, y una parcela urbana, justo al lado, de 150 metros cuadros. En este caso tampoco figuran hipotecas o cancelaciones de hipotecas en la información del registro de la propiedad a la que ha podido acceder Público.
Enrique Arnaldo no ha respondido a la solicitud de este medio para recabar su versión.
Según un reciente estudio del Instituto Nacional de Investigaciones Especiales de Brasil, solo en octubre de 2021 se perdieron 877 kilómetros cuadrados de selva amazónica en el territorio del país, un 5 % más en comparación con el mismo período de 2020. En lo que va de año, ha sido deforestada una superficie de bosque nativo de 8.000 kilómetros cuadrados. Luis Novoa, profesor de la Universidad Federal de Rondonia, abundó sobre este tema en una entrevista con RT.
En opinión de Orlenys Ortiz, comunicadora política y activista digital, el Gobierno de EE.UU. trata de «acelerar los procesos» en Cuba aprovechando la apertura generada por la incorporación de Internet en la sociedad de la isla. Al mismo tiempo, señala que la situación fue «cultivándose» con un fuerte financiamiento para hacer «ver mediáticamente que es la población cubana» la que quiere salir a las calles a protestar este 15 de noviembre, fecha en la que se producirá la reapertura del país.
Según la Organización Mundial de la Salud, los problemas mentales serán en 2030 la principal causa de discapacidad en el mundo.
El suicidio se ha convertido en la principal causa de muerte de los más jóvenes en España, por lo que cientos de familias han salido a las calles para visibilizar y llamar la atención sobre este problema tan estigmatizado como urgente.
El suicidio es una forma de morir doblemente dolorosa. No solo se pierde a un ser querido, sino que además el entorno se siente culpable.
La hija de Valentina Stefan se quitó la vida con solo 16 años. La joven sufría trastornos alimenticios y el confinamiento empeoró su situación. Sin embargo, los médicos decidieron no ingresarla en el hospital y su desenlace fue dramático.
La madre afectada se lamenta sobre lo ocurrido con su única hija. «Mi vida qué sentido va a tener ahora porque tenía solamente una única hija. Siempre nos preguntamos ‘¿dónde nos hemos equivocado?, ¿qué mal hemos hecho?, ¿por qué le ha tocado a mi hija?’. Hoy me ha tocado a mí, pero mañana le puede tocar a alguien más», reflexiona.
Por otro lado, hay quienes están viendo una luz al final del túnel, un camino arduo y complejo.
Este es el caso de María Ruiz Garrido, paciente de enfermedades mentales. Hace solo unos meses quiso terminar con su sufrimiento, y su trastorno alimenticio la llevó a autolesionarse en numerosas ocasiones.
La joven estuvo ingresada en el hospital y dos meses después acudió a un centro especializado en salud mental, donde se encuentra acompañada las 24 horas del día para que no recaiga.
María asegura que un punto de inflexión de su enfermedad fue verbalizar su problema. «La terapia grupal me ayudó mucho. Ya le pones nombre a tu problema, a tu sufrimiento y también ves que otras personas han pasado por cosas muy similares a las tuyas. Entonces tú dices, ‘si ellos pueden, por qué yo no voy a poder'», comenta.
Sin embargo, la muerte por suicidio aún está llena de estigmas y tabúes. Javier Martin era un reconocido actor cuando decidió contar en los medios de comunicación su trastorno bipolar. En aquel entonces, su intento de suicidio no era común, pero explica que fue reparador dar a conocer su experiencia.
Ahora, Javier dirige una obra de teatro en una asociación para mostrar esta compleja realidad. Dice que no existen recetas mágicas para ayudar a las personas con enfermedades mentales, pero sí algunas guías.
«Lo primero es escuchar a las personas que sufren algún trastorno mental. Segundo, no juzgar, no quitarle importancia a su problema, aunque sea un problema muy tonto y muy mínimo para esa persona es un mundo».
En este marco, recientemente, el Gobierno de España decidió dar un paso adelante y destinará 100 millones de euros para un plan de acción de salud mental, que incluirá un teléfono gratuito y confidencial de asistencia 24 horas para ofrecer atención profesional y apoyo ante la conducta suicida a personas afectadas.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los problemas mentales serán en 2030 la principal causa de discapacidad en el mundo. Una de cada cuatro personas sufre o sufrirá un trastorno mental en su vida.
Muchas de las personas que han intentado suicidarse cuentan cómo vivían atrapados por la desidia, la angustia, con esa incapacidad de ver una solución. Sin embargo, el denominador común de muchos de los que se han recuperado es mandar un mensaje esperanzador: «se puede, se sale».
Durante la pandemia del covid-19, en España los suicidios aumentaron en un 250 %, sobre todo afectó a los adolescentes, convirtiéndose en el principal motivo de muerte para los más jóvenes. Un hecho sin precedentes.
Manuel Faraco, director del centro médico de salud mental Adalmed, comenta que estos trastornos «son enfermedades donde necesitamos el apoyo del grupo familiar, del grupo de amigos, del grupo de trabajo». «Tenemos que abrirnos a los demás, apoyarnos en nuestros grupos de referencia y huir de un enfoque meramente individualista que suele ser muy frecuente», subraya.
Al día, unas diez personas se quitan la vida en España. Muchas familias exigen más visibilidad y recursos para reducir el número de suicidios de los menores.
Muertes que no tienen eco en los medios, pero que retumban en cada uno de sus seres queridos hasta el final de sus días.
Al campo de refugiados también han sido trasladado un generador eléctrico, por orden del presidente bielorruso, Alexánder Lukashenko.
En el campo de refugiados situado en la frontera de Bielorrusia con Polonia han empezado a levantar carpas para que las mujeres y los niños tengan dónde calentarse y comer, reporta Belta, cuyo corresponsal ha sido testigo de los recientes preparativos, entre los que se incluye la distribución de alimentos y de ayuda humanitaria.
En este lugar, cerca de la aldea de Bruzgui, que ahora también cuenta con un generador eléctrico, trabajan actualmente representantes de distintas instituciones gubernamentales y ONGs, así como voluntarios.
La ayuda se ha hecho llegar a los migrantes por orden del presidente bielorruso Alexánder Lukashenko, que describió la situación como una «catástrofe» e instó a ayudar a los más vulnerables, llamando especialmente la atención sobre la gran cantidad de mujeres que se encuentran en sus últimos meses de embarazo.
Durante una reunión del Consejo de Ministros celebrada este jueves, Lukashenko también ordenóllevar leña al campamento, donde las temperaturas rondan estos días los 5 grados. Asimismo, aseguró que las autoridades atenderán a las mujeres embarazadas y les brindarán asistencia médica en los hospitales cuando llegue el momento del parto.
Este jueves, en el campamento situado en territorio bielorruso había 1.790 personas. «No quieren irse de allí. Les propusimos que se fueran de allí», dijo Lukashenko, quien se mostró especialmente preocupado por la llegada del frío ante la proximidad del invierno. «No saben qué es pasar un invierno en los bosques de Bielorrusia», afirmó.
La crisis fronteriza se desató debido al flujo de indocumentados originarios de Oriente Medio que buscan entrar en el territorio polaco a través de Bielorrusia. Polonia y otros países acusan al presidente bielorruso de fomentar la crisis.
«Esto no se corresponde con las ideas de humanismo»
A su vez, el presidente ruso Vladímir Putin se centró este sábado en el aspecto humanitario de la crisis, en especial en el padecimiento de los niños en la frontera: «Francamente, me da pena ver allí a los niños. Miren, la temperatura de noche está por debajo de cero».
El presidente dijo, asimismo, que el comportamiento de los guardafronteras polacos no encaja en las ideas de humanismo declaradas por los políticos occidentales.
«Cuando los guardafronteras polacos golpean a estos migrantes, disparan por encima de sus cabezas con armas de fuego, ponen sirenas y cañones de luz hacia su campamento, donde se encuentras niños y mujeres en sus últimos meses de embarazo, esto no se corresponde con las ideas de humanismo en las que, supuestamente, basa la política de nuestros vecinos occidentales», expresó Putin.
En el marco de la operación se incautaron 95 panfletos, diez artefactos explosivos improvisados y bidones de gasolina, señalan las autoridades.
El ministro de Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Remigio Ceballos Ichaso, anunció este sábado la desarticulación de un nuevo plan terrorista que amenazaba las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Mariche, en Caracas, de cara a las elecciones regionales y municipales que se celebrarán el próximo 21 de noviembre, informa VTV.
«Hemos desarticulado un nuevo plan terrorista que pretendía atentar contra la soberanía y la paz de nuestro pueblo, en breve estaré dando declaraciones importantes para todo el país», escribió Ceballos Ichaso en su cuenta de Twitter.
Según se precisa, las fuerzas de seguridad detuvieron en las proximidades del CNE al supuesto coordinador de la operación, Dimas Alberto González González, alias ‘Sepulturero’, así como a otros tres individuos, identificados como José Miguel Acuña Justo, Francisco Daniel Moya Hernández y Keiner Osnaldo Gutiérrez.
Paralelamente, se incautaron 95 panfletos, diez artefactos explosivos improvisados, bidones de gasolina y una grabación en la que William Ricardo Sánchez Ramos, presunto administrador y financista de la operación, explicaría el plan.
Según informa teleSUR, se trata de la misma organización terrorista que buscaba sabotear las elecciones parlamentarias de 2020 y la instalación de la Asamblea Nacional el pasado 5 de enero de 2021.
A última hora, China y la India insistieron en modificar la parte del texto del acuerdo que pedía una «eliminación progresiva» del uso de carbón, poniendo toda la iniciativa climática en entredicho.
El presidente de la COP26, Alok Sharma, Glasgow (Escocia), 13 de noviembre de 2021.Phil Noble / Reuters
El presidente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Alok Sharma, no pudo contener las lágrimas este sábado y se disculpó ante los delegados por el desenlace de la COP26, cuyo acuerdo final incluyó cambios de última hora sobre el uso del carbón, uno de los puntos clave de la cumbre.
«Permítanme decir a todos los delegados que me disculpo por cómo se ha desarrollado este proceso y lo lamento profundamente», declaró Sharma. «También comprendo la profunda decepción, pero creo que, como ustedes han señalado, también es vital que protejamos ese paquete» de medidas, agregó.
En el tramo final, los participantes de la cumbre climática dieron marcha atrás en su pedido de acabar con el uso de carbón y de eliminar por completo los subsidios a los combustibles fósiles.
Así, en la propuesta definitiva la exigencia de una «eliminación progresiva» del carbón y de los subsidios a los combustibles fósiles fue sustituida por la de su «reducción progresiva» tras las insistencia de China y la India, naciones exportadoras de combustibles fósiles que se oponían a esa demanda incondicional.
La cuestión sobre cómo abordar el uso continuado de los combustibles fósiles, que son en gran medida los responsables del calentamiento global, fue uno de los principales puntos de fricción durante estas dos semanas de diálogo.
«¿Cómo alguien puede esperar que los países en desarrollo hagan promesas sobre la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles?», preguntó el ministro de Medioambiente de la India, Bhupender Yadav, en su discurso del sábado, subrayando que «los países en desarrollo todavía tienen que ocuparse de su agenda de desarrollo y reducción de la pobreza«.
