Archivo – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. – -/El Universal via ZUMA Press Wi / DPA – Archivo
El presidente de México dice que el Gobierno de España «parece un empleado» de las empresas eléctricas
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez «parecen empleados» de las grandes empresas eléctricas, al tiempo que ha vuelto a advertir de que, si la reforma constitucional del sector eléctrico no sale adelante en el país norteamericano, «pasaría lo que está sucediendo ahora en España». «Con todo respeto, parecen empleados», ha dicho el mandatario mexicano en su rueda de prensa diaria, donde ha avisado de que, sin la refor …
La Inspección de Trabajo les impone multas por más de 27 millones de euros por hacer trampas con una herramienta de protección del empleo que ha movilizado más de 20.000 millones de euros en prestaciones y que ha supuesto la exoneración de más de más de 6.000 en cotizaciones a la Seguridad Social.
Los ERTE, la herramienta habilitada en marzo del año pasado para paliar la destrucción de empleo y el achique del tejido empresarial como consecuencia de la crisis económica asociada a la pandemia, también tiene cara b: la Inspección de Trabajo ha aflorado en quince meses una enorme bolsa de fraude al detectar 5.703 infracciones cometidas por empresas.
Tras una primera fase de trabajo documental en la que los inspectores detectaron varios cientos de empresas sospechosas de haber colado en los expedientes de regulación de empleo a miles de intrusos o trabajadores ficticios contratados para recibir las prestaciones, la Inspección puso en marcha a finales de junio una campaña de investigación a la que se fueron sumando la revisión de otros ERTE en cuya documentación aparecían indicios de irregularidades y algunos que fueron denunciados por trabajadores y sindicatos.
En los quince meses siguientes, hasta mediados de septiembre, la Inspección ha activado las revisiones de 42.615 ERTE, de las que ha finalizado algo más del 80% (34.591). En ellas ha detectado un total de 5.703 infracciones que van a acarrear a las empresas que las han cometido sanciones por valor de 27.018.595 euros.
El volumen final de actuaciones supera notablemente (+42%) las previsiones iniciales, que apuntaban a la supervisión de 30.000 expedientes. Finalmente, la campaña ha alcanzado a 12.600 empresas más de la previstas en principio, con el inicio de algo más de 6.000 de esas intervenciones en el último medio año.
Una tendencia al fraude más crónica que circunstancial
La frecuencia de detección de infracciones, que alcanza a una de cada seis empresas investigadas (16,43%), es similar a la que se venía detectando en el conjunto del sistema productivo español antes de la pandemia, lo que vendría a revelar la presencia de una tendencia al engaño y el abuso de carácter más crónico que excepcional o circunstancial en el sistema productivo español.
Así, en 2019 la Inspección desarrolló un total de 534.393 órdenes de servicio en las que detectó 89.230 irregularidades que afectaban a 583.429 trabajadores, lo que arroja un porcentaje similar (16,69%) al de la campaña de los ERTE. De ahí se derivaron sanciones por valor de 309,1 millones de euros.
El nivel de detección en los expedientes extraordinarios de regulación temporal de empleo es ligeramente superior al que se detectaba antes de la pandemia en las áreas en las que se centran las infracciones sancionadas ahora, que alcanzaban un 13,9% en materia de relaciones laborales y un 16% en asuntos de Seguridad Social.
La campaña de inspección de los ERTE se centra en cinco líneas de actuación, explicaron fuentes del Ministerio de Trabajo: «el control de la posible existencia de fraude en el disfrute de exenciones empresariales en la cotización», la existencia de «compatibilizaciones indebidas de prestaciones por desempleo y trabajo» y la verificación de las prohibiciones que establece la normativa a las empresas cuyas plantillas están afectadas por expedientes, lo que incluye la realización de horas extraordinarias por parte de los trabajadores la formalización de nuevos contratos y la externalización de alguna fase del proceso productivo o comercial.
Los ERTE han ahorrado 35.000 millones en costes salariales a las empresas
Los ERTE han supuesto una histórica movilización de fondos públicos que se acerca a los 27.000 millones de euros: 20.040 pagados a los 6,6 millones de trabajadores que pasaron por ellos entre abril de 2020 y septiembre de 2021, que recibieron el equivalente al 70% del salario por el tiempo que sus contratos permanecieron suspendidos o recortados, a los que se suman más de 6.500 en exenciones de las cotizaciones a la Seguridad Social en ese mismo periodo.
El ahorro en costes salariales ronda los 35.000 millones de euros para las empresas acogidas a los ERTE, ya que a esas bonificaciones en el Seguro hay que sumarles los 28.600 que salen de añadir a las prestaciones el 30% de los salarios que no han llegado a recibir los empleados en el año y medio que se lleva aplicando esa medida.
Esos 35.000 millones equivalen a entre el 5% y el 5,5% del total de la factura salarial del país en ese año y medio, según se tome como referencia los 469.148 millones de euros para un ejercicio que contabilizó la Agencia Tributaria como ingresos totales computables en la declaración del IRPF de 2019 o los 409.721 que estima la última actualización disponible de la Contabilidad Nacional.
El porcentaje sería en realidad mayor, ya que ese epígrafe incluye los ingresos de los algo más de tres millones de empleados del sector público, tanto funcionarios como laborales, que quedaron al margen de los ERTE, por los que habían pasado hasta mayo 6.615.357 trabajadores del sector privado, la mitad de los 12,81 millones que contabiliza la Encuesta de Población Activa.
Catalunya, Madrid, Comunitat Valenciana y Canarias concentran el 60% de las ayudas
«Este Gobierno ha protegido a los trabajadores por encima de lo que lo ha hecho la UE durante la pandemia. Un 30% de la población activa de nuestro país ha sido protegida, mientras que la media europea ha sido de un 25%», explica Miguel Ángel Heredia, senador malagueño del PSOE, que destaca cómo «gracias a los ERTE impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez se han protegido 6,6 millones de trabajadores, que han recibido 16,2 millones de euros, 15 millones de prestación y otros 1,2 millones de exenciones en las cotizaciones» que deben aportar a la Seguridad Social.
Las respuestas del Gobierno a una pregunta del senador por Málaga sobre los fondos destinados a los ERTE sitúan a Catalunya, con 4.566,7 millones de euros, 3.155,9 en prestaciones y 1.410,8 en exenciones de cuotas de la Seguridad Social, como la comunidad cuyas empresas han recibido un mayor volumen de aportaciones.
Esa comunidad acapara, junto con Madrid (2.412 y 1.072), Andalucía (2.148 y 817,6) y Canarias (1.487,3 y 587,4), algo más del 60% de las prestaciones y las exoneraciones de cuotas de todo el país. Se trata, que son junto con Baleares, siguiente en la lista aunque a mucha distancia con 798,2 y 365,4, de los territorios cuyas estructuras económicas presentan mayores cotas de dependencia del turismo.
«¿Alguien piensa que Casado habría hecho igual si hubiese gobernado este país?», plantea el senador malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia, que considera que «con toda certeza no lo hubiese hecho, porque en otra crisis mucho menor y gobernando el PP nunca adoptó un medida así» sino que optó por «aprobar la más dañina reforma laboral en España, que dejó tirados a los trabajadores y recortó la protección por desempleo».
El real decreto-ley del 14 de octubre “desnaturaliza completamente el objetivo” del aprobado un mes antes, advierte Sánchez Mato.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de coalición y secretario general del PSOE; Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, e Ignacio Sánchez Galán, presidente y consejero delegado de Iberdrola
“Las eléctricas deberán devolver lo ganado de más por los altos precios del gas” fue uno de los titulares del pasado 14 de septiembre, después de que la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, informara en rueda de prensa sobre el plan de choque aprobado aquel día por el Consejo de Ministros vía real decreto-ley para abaratar el recibo de la luz. Las eléctricas debían devolver temporalmente los beneficios extra que obtenían en el mercado eléctrico mayorista como consecuencia de los altos precios internacionales del gas –que según estimaciones del Gobierno a precios actuales sumarían unos 2.600 millones de euros–, la medida afectaría a las instalaciones nucleares, hidráulicas y renovables a mercado –las que no reciben primas ni han participado en subastas– con capacidades instaladas de 10 megavatios o más, se aplicaría hasta el próximo 31 de marzo y sus ingresos se destinarían a reducir los cargos que pagan los usuarios en el recibo de la luz.
Como era previsible, la medida no gustó nada a las eléctricas del oligopolio –encabezadas por Endesa, Iberdrola y Naturgy– y justo un mes después, el pasado 14 de octubre, el PSOE hacía de PSOE y el titular era otro: “El Gobierno eximirá del recorte de beneficios a las eléctricas que garanticen precios razonables que no internalicen la evolución del precio del gas”. Fue la propia Ribera quien, después de que el PSOE cediera a las presiones del oligopolio, defendió en el Pleno del Congreso el real decreto-ley que la Cámara convalidó aquel mismo día.
El real decreto-ley del 14 de septiembre –arrancado por Unidas Podemos al PSOE en el seno del Gobierno de coalición– desencadenó un “escándalo mediático por el castigo bursátil a las eléctricas” y la “presión al PSOE” acabó dando “resultado”: Ribera dejó “en nada” el recorte a los beneficios caídos del cielo. Así lo ha destacado este sábado a LUH el profesor de Economía Aplicada y responsable de Elaboración Programática de IU Carlos Sánchez Mato, al hilo de la noticia, publicada este sábado, sobre que “Iberdrola borra en Bolsa las pérdidas por el real decreto-ley del 14 de septiembre”. “Los mercados lo han visto rápido e Iberdrola recupera su valor previo”, ha explicado Sánchez Mato.
El economista recuerda que el real decreto-ley del 14 de septiembre ya incluía “una trampa importante”, y es que “obligaba a devolver beneficios caídos del cielo a las eléctricas siempre y cuando se diesen una serie de condiciones fijadas en una fórmula y que la tecnología de generación que fijase el precio fuera el ciclo combinado”; en otras palabras, “culpabilizaba sólo al gas de lo que está pasando”. Pero como a las eléctricas –que “manejan el mercado mayorista a su antojo”, como demostraron el pasado mes de agosto, cuando “usaron el agua embalsada para hacer caja y la energía que entraba la última era la hidráulica”– “no les bastaba con esa puerta de atrás” que les dejó el real decreto-ley del 14 de septiembre, las “rondas de consultas” posteriores dieron lugar al real decreto-ley del 14 de octubre, que “desnaturaliza completamente el objetivo” del aprobado un mes antes.
“Con la ‘sana’ intención de no perjudicar a quien haya realizado contratos previos al real decreto-ley del 14 de septiembre y salvar el «principio de rentabilidad razonable y la seguridad jurídica», se saca del cálculo la energía que vaya en contratos a plazo”, y “la cantidad que no computará se establecerá mediante «declaración responsable», es decir que la empresa dice cuánto tiene y ya más adelante veremos cómo se controla el tema para que no nos mienta”, denuncia Sánchez Mato, que advierte: “Para gestionar el ingreso mínimo vital no hay declaración responsable que valga, pero para esto sí”.
“Las eléctricas ya se están apresurando a decir que todo lo tienen vendido a plazo, por lo que veremos que las liquidaciones futuras que tendrían que cobrarles a las eléctricas parte de los beneficios caídos del cielo para sufragar el coste de la subida del recibo quedarán en nada”, advierte el economista. Es más, “lo mismo nos sale a pagar”, añade, consciente de que “el PSOE es capaz de hacer cualquier tipo de contorsión para apuntalar los beneficios del oligopolio”. “Los mercados ya han captado el movimiento y las cotizaciones de las eléctricas vuelven a donde estaban; un servicio más que ha prestado el bipartidismo a las élites económicas del país”, añade. Y destaca el “reparto de papeles” que ha habido entre por un lado el PSOE y por otro lado el PP, el partido ultraderechista Vox y Cs, pues estos tres grupos “se opusieron a la aprobación del primer real decreto-ley y han apoyado a los grandes accionistas del oligopolio en vez de a la ciudadanía”, mientras que el PSOE “ha maniobrado en la oscuridad” pero en el mismo sentido. “Al final, ellos ganan y la mayoría social pierde”, concluye Sánchez Mato.
Biden destaca que “es más que un simple acuerdo fiscal” y lo califica de “histórico”.
Tras años de conversaciones, los líderes del G20 han ratificado este sábado en la cumbre de Roma su apoyo a un impuesto mínimo global del 15% a las multinacionales, según ha informado la Casa Blanca en un comunicado en el que destaca que “todos los líderes apoyaron un impuesto mínimo global”. El pacto de los líderes del G20 tiene dos grandes objetivos: impedir que las multinacionales desvíen sus beneficios a Estados considerados prácticamente paraísos fiscales, y abordar la naturaleza digital del comercio internacional al gravar a las compañías en los Estados en los que operan y no, como hasta ahora, en los que declaran sus beneficios.
El propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha destacado en su intervención la “importancia” de este “acuerdo histórico” que “es más que un simple acuerdo fiscal, es la diplomacia que está remodelando nuestra economía global y brindando beneficios a nuestra gente”. “La comunidad internacional, gracias al acuerdo sobre este impuesto mínimo global, apoyará a las personas al asegurarse de que las empresas contribuirán al pagar la parte que les corresponde”, ha añadido Biden. La medida ya había obtenido un gran apoyo el pasado mes de julio, cuando los ministros de Economía y Finanzas del G20 pactaron un acuerdo marco, y en octubre, cuando la medida recibió el respaldo de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).
Las conclusiones provienen de un reporte de la Oficina de la Directora de Inteligencia Nacional de EE.UU.
La directora de la Inteligencia Nacional de EE.UU., Avril Haines. Foto: Susan Walsh, Archivo / AP
La Oficina de la Directora de la Inteligencia Nacional de EE.UU., Avril Haines, ha publicado este viernes los resultados de su informe acerca del origen del coronavirus, donde, entre otros detalles, concluye que el virus no fue elaborado como un arma biológica.
El ente subraya que este tipo de alegaciones «se apoyan en afirmaciones científicamente inválidas«, al tiempo que señala que son «inconsistentes con la información técnica disponible sobre los coronavirus».
En el documento declasificado este viernes se precisa que las agencias de inteligencia estadounidenses estaban divididas respecto a los orígenes de la enfermedad, aunque se subraya que la mayoría de los entes considera que el covid-19 no fue un producto de ingeniería genética.
Sin embargo, dos agencias de inteligencia creen que no existen «evidencias suficientes» como para hacer una evaluación al respecto.
«Tras examinar todos los informes de inteligencia disponibles y otras informaciones, la Comunidad de Inteligencia sigue dividida sobre cuál es el origen más probable del covid-19. Todos los organismos consideran que hay dos hipótesis plausibles: la exposición natural a un animal infectado y un incidente asociado a un laboratorio», reza el reporte.
Asimismo, la inteligencia estadounidense precisa que el covid-19 habría aparecido como muy tarde en noviembre de 2019.
Además, los expertos creen que las autoridades de China no tuvieron conocimiento de la propagación de la enfermedad antes de que surgiera el primer brote.
Sin embargo, en el texto del informe se detalla que el Instituto de Virología de la ciudad china de Wuhan (WIV, por sus siglas en inglés) «creó anteriormente quimeras o combinaciones de coronavirus similares al SARS», si bien esto «no permite saber si el SARS Cov-2 fue creado genéticamente por el WIV».
Pese a que el informe no vincula a las autoridades del gigante asiático con el origen del coronavirus, la inteligencia EE.UU. constata «la falta de cooperación de Pekín» para esclarecer el origen del virus. Además, se lamenta por las «numerosas lagunas de información relaciondas con los datos técnicos».
Según Washington, el hecho de que Pekín «continúa impidiendo la investigación global, se resiste a compartir información y acusa a otros países […] refleja, en parte, la propia indecisión del Gobierno del país» sobre los resultados de una eventual indagación respecto al origen del coronavirus.
El sol entró en erupción con una llamarada masiva, lo que provocó un apagón de comunicaciones temporal en algunas partes de la Tierra.
La erupción, que se produjo el jueves en el lado que apunta a la Tierra, tuvo una magnitud X1 y duró aproximadamente media hora, llegando a su punto máximo a las 15:35 (GMT), según los datos del Centro de Meteorología Espacial de Estados Unidos y del Laboratorio de Astronomía Solar del Instituto de Física de la Academia de las Ciencias de Rusia.
El centro estadounidense ha afirmado que la llamarada fue lo suficientemente poderosa como para causar temporalmente un fuerte apagón de radio en la parte soleada de la Tierra, con el foco en América del Sur, y provocar interferencias en sistemas eléctricos y de radio, así como sobrecargar las auroras boreales.
La erupción estuvo acompañada de una eyección de masa coronal, una onda de partículas cargadas, que pueden tardar unos días en llegar a la Tierra, y según los pronósticos, podrían alcanzarla el sábado.
El ex mandatario de Uruguay durante su visita en México dio una magistral respuesta a una periodista de la cadena internacional Bloomberg quien le preguntó sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, “Tengo que respetar la casa en la que estoy, porque tengo que desearle suerte y comprensión al pueblo mexicano”. El líder uruguayo aprovechó también para enviar un mensaje alentador a los jóvenes.
Lo peor de ser periodista es incitar a una persona a hablar mal de otras
Tres manifestantes se enfrentan a 18 meses de cárcel en un proceso en el que también hay tres policías imputados por delitos de lesiones.
Momento de la inmovilización y detención del activista antimonárquico Luis Ocampo.Twitter / @Coordinadora25S
Esta semana se ha celebrado en España el juicio por los sucesos ocurridos durante una manifestación antimonárquica en 2014. En él, Luis Ocampo y otros dos activistas hacen frente ante la Audiencia Provincial de Madrid a la acusación de atentado contra la autoridad en un proceso en el que la Fiscalía pide para ellos penas de 18 meses de prisión.
Los hechos sucedieron el 4 de octubre de 2014, cuando la organización Coordinadora 25S convocó una manifestación que, bajo el lema ‘Monarquía no es democracia, es dictadura y corrupción’, pretendía denunciar la corrupción de la institución monárquica, ya por entonces envuelta en numerosas polémicas, y reivindicar su apuesta por una República.
Los incidentes se saldaron con seis heridos, cuatro de ellos agentes de Policía, y tres detenidos, a los que se sumó una detención posterior un mes después. Fruto de ello, la Fiscalía presentó denuncias contra cuatro manifestantes, mientras que no acusó a ningún agente por excederse de sus funciones.
El juicio debía haber tenido lugar en junio, pero problemas de salud de Ocampo hicieron que fuera pospuesto hasta estos 15 y 16 de noviembre.
La fallecida abogada Doris Benegas es otra de las personas que iban a enfrentarse a este proceso. Estaba presente en aquella movilización y, según testigos, fue golpeada, detenida y posteriormente presa en los calabozos de Moratalaz.
Historia de un polémico juicio
Luis Ocampo es médico y activista desde hace años. Miembro del colectivo Coordinadora contra el Narcotráfico en el Barrio de los Pajarillos de Valladolid, su ciudad de origen, también ha participado activamente en otras organizaciones como la Coordinadora 25S o Izquierda Castellana.
Tras la intervención policial en la que este activista fue detenido, Ocampo tuvo que ser ingresado en el Hospital Fundación Jiménez Díaz. Se le detectó un cuadro de presíncope y sintomatología compatible con isquemia coronaria aguda, además de varias lesiones, especialmente en las muñecas. Además, pocos días después, ya en su ciudad natal, se le diagnosticó en el Hospital Universitario Río Hortega desprendimiento traumático vítreo en el ojo derecho.
Ocampo ha mantenido siempre que fue agredido por agentes de la UIP sin ningún motivo. Narra cómo la concentración, que reunió alrededor de 2.000 personas y que había sido convocada en la Puerta del Sol, tenía la intención de dirigirse hasta la plaza de Neptuno, como muchas otras que se sucedieron en aquellas fechas. «Cuando empezamos a caminar había una formación de antidisturbios que nos cerraba el paso. Intentamos hablar y negociar con ellos exponiéndoles que era una manifestación pacífica«, cuenta.
«Sin mediar ninguna motivación, empezaron a cargar», afirma Ocampo, que sostiene que los agentes con su acción intentaban «separar la primera línea», a quienes portaban la pancarta, que fueron reducidos y tirados al suelo: «Nos separaron y contra el resto no cargaron».
«Hay imágenes en las que se ve cómo golpean a una mujer y le hicieron una brecha de 5 centímetros y 1 centímetro de profundidad», sostiene el activista. «A mí me tiraron al suelo y llegué a tener hasta a tres policías encima de mí, dos de manera permanente, para esposarme», dice Ocampo, que apunta que en la posición en la que se encontró durante varios minutos, en decúbito prono, tumbado boca abajo e inmovilizado, no tenía «ninguna capacidad objetiva de resistencia». De hecho, califica el tipo de detención sufrida como «un acto de tortura express», como ha manifestado durante estas dos jornadas de juicio.
Ocampo no fue la única persona que necesitó ser ingresada, permaneciendo hasta la madrugada siguiente en un centro hospitalario. La mujer «a la que le habían abierto la cabeza» también necesitó de internamiento. Una vez dados de alta, ambos, junto a Doris Benegas, fueron conducidos a la comisaría general de Moratalaz y posteriormente al Juzgado de Instrucción. «Nos tomó declaración pero no nos dejó hablar», afirma este médico sobre la jueza de instrucción, hecho que consta en los siguientes procedimientos judiciales.
La cuarta persona procesada es detenida alrededor de un mes después. Fue identificada con posterioridad y se le acusa de portar una bandera y de intentar agredir a los antidisturbios en el casco con el mástil.
Las abundantes imágenes de lo ocurrido, así como videos, tomados por diferentes participantes en la protesta, son esgrimidas por los procesados y por su defensa para argumentar que las detenciones fueron gratuitas y que quienes ejercieron violencia en esa jornada no fueron los activistas, sino efectivos de las fuerzas de orden, miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP), también conocidos como antidisturbios.
Manifestación antimonárquica tras la coronación de Felipe VI en la Puerta del Sol de Madrid, el 19 de junio de 2014.Gonzalo Fuentes / Reuters
De hecho, este lunes más de una treintena de organizaciones políticas, sindicales y sociales, entre las que se encuentran la Coordinadora 25S e Izquierda Castellana, han expresado su apoyo a los tres procesados subrayando, precisamente, que hay «gran cantidad de material» audiovisual «que refleja cómo ocurrieron los hechos realmente».
Policías imputados
Durante la instrucción de este caso, la jueza encargada de conocer el proceso no observó delito alguno en las actuaciones de ningún agente, aunque sí vio indicios de delito en las de los manifestantes que ahora son juzgados.
Tras numerosos recursos de la defensa de los procesados, finalmente también tres miembros de la UIP se sentarán en el banquillo de los acusados. Aunque la Fiscalía no ha presentado cargos contra ninguno de estos agentes, la defensa de los manifestantes solicita 24 meses de prisión para uno de ellos y 12 meses de privación de libertad para los otros, acusándoles de un delito de lesiones.
Una de las acusaciones contra estos agentes procede, tras el fallecimiento de Doris Benegas, de una acusación civil interpuesta por la hija de Benegas y Ocampo.
Precisamente la negativa de procesar a los policías por parte de la jueza instructora, corregida en varias ocasiones por la Audiencia Provincial, se encuentra en el origen de la dilación del proceso, que, a pesar de abarcar una causa relativamente sencilla, lleva ya más de seis años de demora.
La polémica actitud de la Fiscalía
Durante estas dos jornadas Ocampo califica el procedimiento seguido como «totalmente correcto», con un tribunal que ha dejado intervenir a todas las partes sin limitación para explicar todas las circunstancias que han considerado pertinentes. Sin embargo, ha destacado de manera negativa la actitud de la Fiscalía, a la que califica de «impresentable».
«La Fiscalía parecía la abogada defensora de los policías, era patético y grotesco», sostiene el activista, que se pregunta «cómo una funcionaria pública de la Administración de Justicia se puede prestar a ello».
Aparte de los diferentes testigos que han ratificado la versión de los tres manifestantes, se cuenta con videos y abundante material fotográfico, cuya autenticidad nadie ha cuestionado. Sin embargo, Ocampo opina que la interpretación que se hace de ellos «es increíble» y que nunca había visto «una disociación tal de la realidad por parte de la Policía y la fiscal».
Crisis institucional en crecimiento
Los hechos que se juzgan ahora, seis años después, se enmarcan en el comienzo de una crisis institucional que, desde el nacimiento del movimiento 15M, surgió como contestación a la respuesta que las instituciones españolas, y también europeas, dieron a la crisis económica que se inició en 2008.
El trasvase de enormes cantidades de dinero público para rescatar entidades privadas, como fue el caso de las organizaciones financieras, y el endeudamiento creciente de los países del sur de la Unión Europea, seguido de las políticas de austeridad que provocaron ingentes recortes en los servicios públicos y una pérdida de soberanía, se vieron acompañados, en el caso de España, de un profundo cuestionamiento de las estructuras surgidas de la Transición, entre ellas la Monarquía.
En 2014, cuando la manifestación convocada por Coordinadora 25S tuvo lugar, hacía solo unos meses que se había producido la abdicación de Juan Carlos I y la coronación de su hijo y sucesor, el actual monarca español Felipe VI.
Precisamente, en el marco de las movilizaciones sociales iniciadas tres años atrás y que todavía eran muy activas, y de la crisis de popularidad de la institución monárquica, las manifestaciones republicanas se encontraban en el ojo de las autoridades competentes en materia de seguridad pública, según cuenta Ocampo. De hecho, tan solo una semana antes de la protesta origen de este proceso judicial, Benegas había elaborado y presentado una querella criminal por vulneración de derechos fundamentales durante el proceso de coronación de Felipe VI.
«Se bloquearon no solo las movilizaciones republicanas, sino incluso portar insignias de esa índole»
La querella estaba dirigida contra Cristina Cifuentes, en ese momento delegada del Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, competente en materia de seguridad ciudadana y responsable de las fuerzas del orden en ese territorio. Ocampo señala que en 2014 «se bloquearon no solo las movilizaciones republicanas, sino incluso portar insignias de esa índole», por lo que llegaron a presentar una denuncia ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por la violación de derechos fundamentales durante ese periodo.
«La posición de Cristina Cifuentes fue la de no permitir que hubiera ninguna manifestación crítica hacia la Monarquía«, defiende el portavoz de Coordinadora 25S.
Protección a la Corona
La protección a la institución de la Corona está en la base de la intervención policial que se produjo ese 4 de octubre, en opinión de Ocampo, en un momento en el que la institución está más en entredicho que nunca. «No por el origen franquista de la Monarquía«, recuerda el activista sobre el nombramiento de Juan Carlos I como sucesor en la Jefatura de Estado por Franco tras jurar los principios del movimiento nacionalcatólico, «sino porque no hay futuro para este país con el actual régimen monárquico», opina.
Ahora, la celebración de este juicio sucede en un momento crucial para la supervivencia de la institución monárquica en España al coincidir con el incesante goteo de informaciones que presuntamente vinculan a Juan Carlos I con diferentes casos de corrupción que habrían jalonado prácticamente los casi 40 años de su Jefatura de Estado y que se habrían prolongado más allá de su abdicación. Para Ocampo, el juicio que se celebra ahora está de «absoluta vigencia», porque «no cabe ninguna duda de que lo que se decía en el lema de la manifestación es cierto«.
Igualmente, el proceso coincide con el hecho de que un exmonarca se haya visto prácticamente obligado a abandonar el país: Juan Carlos I se encuentra desde al menos el 3 de agosto residiendo en los Emiratos Árabes Unidos. Además, su hijo le privó de la asignación de la retribución pública que venía percibiendo desde 2014, de casi 200.000 euros anuales, aunque el erario español sigue haciéndose cargo de parte de sus gastos, como los de seguridad.
El exmonarca de España, Juan Carlos I, en la final del Roland Garros 2019 en París.Martin Bureau / AFP
El comunicado que Felipe VI emitió el mismo día que se decretaba el estado de alarma para luchar contra la pandemia de coronavirus, además, dejaba clara la veracidad de las informaciones que apuntaban a la existencia de instrumentos jurídicos para ocultar dinero al fisco español en paraísos fiscales, el conocimiento que de ello tenía la Casa Real desde hacía al menos un año y el distanciamiento del actual monarca de su predecesor al renunciar incluso a posibles futuras herencias de dudoso origen.
En estas circunstancias se vuelve a poner en entredicho la protección que la legislación y las instituciones ofrecen a la Corona en España. El principal instrumento jurídico es el delito contemplado en el Código Penal español de injurias y calumnias contra la Corona. La tipificación de este delito ha sido motivo de controversia entre diferentes fuerzas políticas españolas, pero también motivo de señalamiento desde instituciones internacionales que apuntan que no se puede dar mayor protección a una persona por encima de las demás, que se vulnera el principio de igualdad ante la ley y que las penas impuestas son, además, desproporcionadas, en este supuesto.
Por su parte, otras instituciones del Estado, como el Congreso, también han cerrado filas, aunque sin unanimidad, alrededor de la Casa Real y, en concreto, del rey emérito. Así, esta semana se ha asistido por enésima vez al veto de la Mesa de la Cámara a la propuesta de investigación de las finanzas del exmonarca. La propuesta, esta vez de Unidas Podemos, fuerza integrante de la coalición de Gobierno, ha sido rechazada con el voto de las fuerzas conservadoras (PP, Ciudadanos y Vox), a las que se ha sumado el Partido Socialista, su socio en el Gobierno. Ni siquiera ha sido posible una investigación parlamentaria de las actividades del exjefe de Estado posterior a su abandono del cargo, de manera que el Hemiciclo ha interpretado la inviolabilidad que la Constitución española otorga al rey como una inviolabilidad vitalicia, aun después de dejar el trono, que protege también sus actividades privadas.
En este marco el conflicto entre libertad de expresión y la especial protección a la Monarquía ha venido produciendo choques cada vez más frecuentes durante los últimos años. «Lo que sabemos ahora se sabía hace 20 y 30 años, pero se tapaba. Muchos activistas fuimos procesados por denunciarlo», señala Ocampo.
Multiplicación de las protestas
Las protestas dirigidas contra la Monarquía se han amplificado en los últimos años con dos puntos de inflexión. El primero fue el conocido accidente en Botsuana en 2012 del entonces rey Juan Carlos, que dio lugar a su inédita petición de perdón y a que comenzaran a aparecer noticias relacionadas con su vida privada y sus poco transparentes negocios.
El segundo, significativo sobre todo en Cataluña, tuvo lugar en 2017. Con motivo del referéndum independentista, el rey Felipe VI protagonizó una dura intervención televisada que avivó la llama independentista en esa región y que encendió las alarmas sobre la violación de la neutralidad que la figura del rey debía observar con respecto a todos los ciudadanos y a las diferentes ideologías.
En este contexto, en las últimas décadas se han vivido episodios judiciales que han dado la vuelta al mundo por, entre otros, no ser homologables a las legislaciones de los países del entorno. Por ejemplo, en 2007 España vivió el secuestro de una publicación por primera vez en más de veinte años. La revista satírica El Jueves publicó un número en cuya portada aparecía un dibujo de los entonces príncipes Letizia y Felipe manteniendo relaciones sexuales, en referencia a una política familiar llevada a cabo por el entonces presidente Zapatero. Como cabía esperar, generó el conocido efecto Barbra Streisand, multiplicando el número de suscriptores de la publicación, aunque sus responsables fueron condenados a una sanción económica.
Más tarde llegaron la cascada de quemas de fotos del rey. Se inició también en 2007 con un acto en Girona, Cataluña. Tras la imputación penal de los responsables centenares de fotos ardieron por todo el país como protesta y se multiplicaron a su vez las imputaciones.
Incluso varias pitadas en campos de fútbol llegaron a los tribunales. En una de esas ocasiones, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó una multa de 14.400 euros para Santiago Espot, presidente de Catalunya Acció y promotor de la pitada al rey Felipe VI en la final de la Copa del Rey de fútbol que se disputó en el estadio Camp Nou de Barcelona el 30 de mayo de 2015. Se le acusó de los delitos de injurias al rey y de ultraje a España. Finalmente, Espot fue condenado a pagar 7.200 euros.
Entre 2019 y 2020, Londres tuvo la mayor pérdida de población desde la Segunda Guerra Mundial. Este declive sin precedentes en tiempos de paz estuvo impulsado por un éxodo masivo de migrantes, que tuvo su epicentro en Londres y que está relacionado con el Brexit y con la pandemia de covid-19. Cerca de 1,3 millones de extranjeros se fueron de Reino Unido entre el tercer trimestre de 2019 y el mismo periodo de 2020, según datos del Centro de Excelencia de Estadística Económica (ESCOE) de Reino Unido. De esa cifra, más de la mitad, unas 700.000 personas, se fueron de Londres, tradicionalmente una de las ciudades más bulliciosas y atractivas del mundo. En este video Inma Gil explica qué hay detrás de este éxodo masivo reciente.
Otro factor que fue determinante para los estadounidenses decidir mudarse fueron los incentivos fiscales, pues “las ciudades en los estados con impuestos sobre la renta bajos o nulos atraen a la mayoría de la gente”. Lugares como Florida y Texas manejan una tasa de impuesto sobre la renta individual marginal máxima de cero.
El presidente mexicano rechazó las políticas impulsadas por el organismo, aunque también criticó a los gobiernos neoliberales que siguieron al «pie de la letra» estas recomendaciones.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el 8 de octubre de 2021Patrick Semansky / Reuters
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su rechazo a las políticas dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que a su juicio, son responsables de la «crisis mundial», junto con los gobiernos neoliberales que implementaron las recetas dictadas por el organismo.
Durante su conferencia matutina de este lunes, el mandatario fue cuestionado por medios locales sobre la reciente observación que hizo el FMI respecto a las pérdidas que presenta la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y la necesaria «postergación de planes de nuevas refinerías» para emplear esos recursos con otros fines más productivos.
«No creo en sus políticas, causaron la decadencia económica social en el mundo. Ellos son responsables de la crisis mundial, los del Fondo Monetario Internacional y otros organismos financieros internacionales», respondió López Obrador.
Además, el mandatario apuntó que la mayor responsabilidad es de los gobiernos neoliberales que se sometieron a esas políticas, porque el FMI enviaba sus recomendaciones y éstas «se aplicaban en los países al pie de la letra«, explicó el jefe del Ejecutivo.
Refinería de Dos Bocas
Tras la crítica del mandatario al FMI, la titular de la Secretaría de Energía (Sener) de México, Rocío Nahle, se sumó a la discusión en su cuenta de Twitter.
«Hoy México no se somete a políticas como las que emitió el FMI, esas recetas o recomendaciones ocasionaron pobreza, retraso y una decadencia en la economía en muchos países», expresó Nahle.
En seguida, la secretaria de Energía expresó su respaldo al proyecto de refinería de Dos Bocas (Veracruz), que una vez que sea concluida para junio de 2022, podría procesar unos 340.000 barriles de crudo al día, de acuerdo con las estimaciones del gobierno de López Obrador.
