La norma refuerza el compromiso del Estado en la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo.
Luz verde de forma definitiva a la Ley de Memoria Democrática. La norma, aprobada este miércoles en el Senado, refuerza el compromiso del Estado en la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo y abre la puerta a estudiar posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983.
La legislación, impulsada por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha sido aprobada en la Cámara Alta con 128 votos a favor, 113 en contra y 18 abstenciones. El Senado ha rechazado los vetos de PP, Vox, Ciudadanos y UPN y el texto pactado con Bildu, Más País, PDeCAT y PNV se mantendrá invariable.
El debate previo a la votación ha durado cinco horas y él se han sucedido los reproches cruzados entre la izquierda y la derecha. Sin embargo, el PSOE no ha aceptado ninguna de las más de 500 enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios en el Senado, muchas de ellas procedentes de socios del Gobierno como ERC, EH Bildu y Compromís, que coinciden al calificar esta ley de insuficiente aunque el resultado de su voto ha sido distinto.
Así, ERC ha decidido abstenerse en la votación. «Es una ley que se queda corta en el justo necesario e indispensable proceso de garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de la dictadura franquista», ha dicho el senador de republicano Josep Maria Reniu.
Por su parte, EH Bildu ha votado a favor de la normal al considerarla «un paso en la dirección correcta», según ha explicado su senador Gorka Elejabarrieta, que ha asegurado no estar de acuerdo con «algunos de sus contenidos». «Aquella mal llamada Transición ni fue modélica, ni acabó con la herencia franquista, ni terminó con la vulneración de derechos humanos y políticos, de aquellos barros estos lodos», ha sentenciado.
Mientras, Unidas Podemos no ha podido participar en el debate del pleno al no cuenta con representación propia en el Senado. En representación del Ejecutivo han asistido a la votación el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López .
En la tribuna de invitados han estado presentes representantes de asociaciones memorialistas, aunque también se han congregado a las puertas de la Cámara Alta una decena de activistas que han denunciado que la ley no pone fin a la «impunidad del franquismo».
Las claves de la norma
La recién aprobada ley establece de forma expresa que la búsqueda de las alrededor de 114.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura corresponderá a la Administración General del Estado, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas. Para ello, se creará un banco estatal de ADN y un censo estatal de víctimas con los nombres de aquellas personas fallecidas y de las supervivientes que expresen su consentimiento expreso.
También, contempla la creación de un Fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, con categoría de fiscal de sala, para la investigación de los hechos que constituyan violaciones de Derecho Internacional de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, y a quien se le atribuyen funciones de impulso en los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados.
Además, la norma declara ilegal tanto el régimen franquista como los tribunales franquistas, así como la nulidad de todas sus condenas, y amplía la definición de víctimas al incluir a las personas LGTBI, los niños adoptados sin consentimiento de sus progenitores y las lenguas y cultura vasca, catalana y gallega, entre otros casos.
