Siete días después de reclamar al banco la devolución de la transferencia de 1,2 millones de euros, la mitad del importe por medio millón de mascarillas, debido a «irregularidades» detectadas, el Ayuntamiento de Madrid procedió a efectuar el segundo pago.
El extraño caso de las 500.000 mascarillas FFP2 que el Ayuntamiento de Madrid compró a través de la consultora Sinclair&Wilde en marzo de 2020 para proveer de material de protección contra la covid a los servicios de emergencia municipales al comienzo de la pandemia se enreda cada vez más: los adulterados tapabocas fueron pagados íntegramente pese a que hasta ahora el consistorio había hecho ver que únicamente abonó la mitad de los dos millones y medio de euros que costaron.
El atestado de la Policía Municipal de Madrid que fue aportado a los juzgados de Madrid el 5 marzo de 2020 –aunque la fecha del documento es de 5 de mayo– y que relataba un presunto delito de estafa obviaba el segundo pago del consistorio a la consultora, por valor de 1,25 millones de euros, la mitad del importe total por el medio millón de mascarillas de la marca Eko procedente de Turquía.
El informe policial sólo indicaba que el consistorio había pagado la mitad de los 2,5 millones el 24 de marzo de 2020 y que el 7 de abril, «al detectarse irregularidades», los servicios jurídicos del ayuntamiento dieron la orden de reintegro de la cantidad transferida a Philippe H. Solomon, el empresario al frente de Sinclair&Wilde.
No se especifican en dicho informe a qué irregularidades se refiere. El cargamento de las mascarillas aún no había llegado a Madrid por entonces. Lo haría días después, el 23 de abril de 2020. Ante la sospecha de irregularidades en la documentación de las mascarillas, la Policía pudo constatar posteriormente que las mismas carecían de las mínimas condiciones de seguridad y jamás se llegaron a utilizar.
Dos millones y medio de euros, perdidos
La primera transferencia no se devolvió a las arcas públicas madrileñas y la segunda, tampoco, pese a que Elena Collado, la funcionaria encargadas de las compras de material sanitario tramitadas por la funeraria de Madrid, advirtió a Solomon en agosto de 2020 que si no enviaba, «como estaba comprometido», el certificado de conformidad [declaración de conformidad de la UE] «debemos acordar la devolución del producto y del dinero», consta en un mail aportado al sumario.
En marzo de 2021 se abrieron diligencias de investigación en el Juzgado de Instrucción 30 de Madrid por este caso, pero se archivaron en julio de ese año al no poder determinarse el paradero del empresario franco-israelí Philippe H. Solomon. Un año después el juzgado, al frente del cual está el juez Jorge Israel Bartolomé, reabrió la causa al recibir información sobre el domicilio del empresario, tras haber sido localizado por Infolibre.
El 27 de junio pasado, el Ayuntamiento de Madrid aportó al juzgado el recibo de la segunda transferencia a Sinclair&Wilde, como adelantó El País y ha podido comprobar este diario. Hasta entonces, había trascendido que el consistorio dirigido por José Luis Martínez-Almeida había abonado únicamente la mitad del precio convenido con Solomon.
Pero la prueba de que se le había pagado todo el dinero figura en otro caso: en el sumario del ‘caso Mascarillas’, en el que el juez Adolfo Carretero investiga las millonarias comisiones que se embolsaron Luis Medina y Alberto Luceño a costa del dinero público madrileño.
Entre la documentación que los responsables de la funeraria municipal enviaron a la Fiscalía Anticorrupción sobre el caso de Luceño y Medina, figura algún documento relativo al ‘caso Sinclair’, entre ellos, los dos recibos de la entidad bancaria Bankinter que atestiguan las dos transferencias al dueño de Sinclair&Wilde, algo que ha podido comprobar Público.
Posibles negligencias del ayuntamiento
Ahora, según señalan a este diario fuentes jurídicas, el juez Bartolomé quiere saber el motivo por el que el equipo de Almeida hizo la segunda transferencia a Solomon, cuando siete días antes había dado orden al banco para la retrocesión de la primera transferencia; algo que carece de sentido a primera vista o, al menos, parece que compromete la debida vigilancia del dinero público.
También indaga el juez el motivo por el que pese a sostener el consistorio que le fue imposible contactar con el dueño de Sinclair&Wilde tras recibir las mascarillas adulteradas, el 23 de abril de 2020, recibió, sin embargo, en octubre de ese año una carta de un despacho de Luxemburgo que representa a la compañía Victorian Linens&Crafts, que fue quien compró las mascarillas en Turquía para Solomon.
En dicha misiva, el despacho de abogados Karp&Choucroun indica que «ninguno de nuestros anteriores correos ha sido respondido». Comunica que la empresa «no ha recibido ninguna información sobre la correcta recepción del pedido por parte de las autoridades» y «necesitaríamos urgentemente averiguar la conformidad del contrato y, especialmente, la correcta recepción del pedido».
