El diputado Pablo Arangüena alerta de que más del 40% del dinero adjudicado por la Administración gallega entre 2019 y 2021 se tramitó mediante procedimientos que excluyen a la competencia «abriendo la puerta a la corrupción».
El portavoz de Calidad Democrática del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia, Pablo Arangüena, denunció este jueves que entre 2019 y 2021 la Xunta fue la administración autonómica del Estado que mayor volumen de contratación pública adjudicó a dedo.
Según aseguró el portavoz socialista en un comunicado, el 46% del dinero adjudicado en esos años, cuando la Xunta estaba gobernada por Alberto Núñez Feijóo, se realizó mediante contratos menores o por el procedimiento negociado sin concurrencia competitiva, y por lo tanto «excluyendo a la competencia» y abriendo la puerta «a la corrupción por la vía de establecer incentivos para a misma».
Esos contratos se adjudicaron con las mismas fórmulas que empleó la Xunta para entregar más de 1,2 millones de euros a varios medios de comunicación estatales con sede en Madrid, cuando Feijóo preparaba su asalto a la presidencia del PP, o como los que le dieron 50.000 euros de fondos públicos al ultra Javier Negre para que se grabara a sí mismo con su teléfono móvil haciendo algunos tramos del camino de Santiago con la excusa de promocionar esos videos en su página web.
Arangüena, que tomó como referencia los datos ofrecidos por el registro de contratos del sector público del Ministerio de Hacienda y Función Pública, asegura que la Xunta está «a la cabeza de España en importe de los contratos adjudicados a dedo» y que es «la penúltima que menos adjudica por procedimiento abierto o abierto simplificado».
Más de 2.600 millones a dedo en tres años.
Según el Ministerio de Hacienda, la Xunta contrató entre 2019 y 2021 bienes y servicios por valor de 6.576 millones de euros. Siguiendo los cálculos de Arangüena, más de 2.600 millones se habrían adjudicado a dedo.
Estas prácticas, añadió el diputado, «dificultan el control, impiden la transparencia» y limitan el acceso de las pequeñas medianas empresas mercado de de la contratación pública, además de suponer un incumplimiento de la normativa que exige que la contratación menor de una administración tenga carácter residual.
El PSOE presentó una proposición no de ley en el Parlamento gallego para pedir a la Xunta que inste a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que evalúe el sistema de contratación de la administración gallega, que no fue aprobada por el voto en contra del PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara. En la misma propuesta, los socialistas reclamaban otra evaluación del Consello de Contas, el órgano que fiscaliza las cuentas públicas de la comunidad.
Arangüena también pedía que los miembros de la Comisión Galega da Competencia sean designados «en función de un criterio estricto de solvencia profesional e independencia, y no de su vinculación política«, tras recordar que dos de los tres miembros del pleno de este órgano, incluyendo su presidente, han sido diputados del Partido Popular.
