La Sala de lo Penal revoca el auto del magistrado por el que negaba documentación clave al cofundador de Podemos en la causa que ha abierto en su contra por presunto delito de blanqueo.
El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero saluda a su llegada a la inauguración de la ‘Universidad de Otoño’ en la Facultad de Ciencias Políticas de la UCM (Archivo). — A. Pérez Meca / EUROPA PRESS
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordena revocar el auto del pasado 4 de noviembre del magistrado Manuel García Castellón en el que negaba el acceso a Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, a toda la documentación de la causa en la que se investigó a la formación morada y a él mismo por presunta financiación irregular y con la que ahora pretende incriminarle en una nueva causa por blanqueo.
En la causa por presunto delito de blanqueo y falsedad que abrió el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional contra Monedero este pasado verano, el politólogo ha denunciado no tener acceso a los oficios policiales con los que García Castellón le acusa, tras el archivo de la investigación sobre la presunta financiación irregular de Podemos.
Así lo denunció el propio Monedero en un recurso que ahora la Sala de lo Penal admite, amparándole en su pretensión de que el magistrado ponga a su disposición la documentación con la que le acusa, a tenor de unas declaraciones del exmilitar venezolano Hugo Armando Carvajal, el ‘pollo Carvajal’, en las que afirmaba la existencia de una serie de operaciones irregulares vinculadas a Monedero.
Los magistrados indican en su auto, al que ha tenido acceso este diario, que negativa de García Castellón a trasladar a la defensa de Monedero las pruebas en su contra le está provocando «una clara situación de indefensión».
«Evidentemente, ello determina que el recurrente, investigado en el presente procedimiento, carezca de información sobre lo que se le faculta para alegar, quedando en una clara situación de indefensión ante la decisión que vaya adoptarse sobre ese régimen de publicidad y, lo que es más relevante, sobre el contenido material del procedimiento que resulte, en el supuesto de que, tras el trámite de alegaciones, se acuerde proceder al expurgo de parte de la documentación intervenida que, como consecuencia del secreto hasta este momento decretado, desconocía al menos parcialmente».
«Siendo parte el ahora apelante en una causa penal, que no se halle en situación de secreto sumarial vigente, debe, como a cualquier otra parte, permitírsele el acceso a todo lo actuado en la misma, y serle notificadas todas las resoluciones en ella recaídas, si no lo hubieran sido con anterioridad», concluye la Audiencia Nacional.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional fue clara en marzo de 2022 respecto al papel del juez García Castellón, al establecer que la investigación del magistrado es «prospectiva»; es decir, que extiende «artificiosamente» el objeto inicial de la causa para tratar de localizar algún delito.
Asimismo, también estima que las instrucciones enviadas a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para investigar a Podemos eran «desproporcionadas» y «excesivas». Finalmente, el pasado mes de junio la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó a García Castellón el cierre de la investigación sobre la financiación de Podemos. Pero inmediatamente abrió una nueva contra Monedero.
Su defensa alegó la ausencia del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), por el cual el juez abrió en julio esta nueva causa. Además, Monedero tampoco ha tenido acceso al oficio policial que supuestamente demuestra que tiene 92 cuentas bancarias.
Según el juzgado de García Castellón, los oficios policiales remitidos por la UDEF indicaban que el Banco del Alba abonó 425.000 euros a la Caja de Resistencia Motiva 2, propiedad de Monedero, por el «Informe de estudio comparativo de los ámbitos financieros de los países del ALBA [Organización internacional de países de América Latina y el Caribe con el propósito de luchar contra la pobreza y la exclusión social] y análisis de las bases de armonización jurídico-financiera, implementación y asesoría puntual sobre el proyecto hasta el 31 de diciembre de 2014».
Una vez analizados los documentos, el magistrado concluye que el movimiento triangular de fondos entre el Banco del Alba, la Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL y VIU Europa SL «presenta rasgos característicos de operaciones vinculadas al blanqueo», por lo que permite inferir la comisión de delitos económicos y falsedades.
Ahora toda esa documentación debe ser trasladada a la representación legal de Juan Carlos Monedero, según ordena la Sala Penal de la Audiencia Nacional, para garantizar su derecho a la defensa.
