En vísperas de la segunda vuelta de las presidenciales en Brasil, el dirigente del partido de Lula, el exconcejal Reginaldo Camilo dos Santos, conocido como “Zezinho del PT” fue matado a tiros en el municipio de Jandira del estado brasileño de São Paulo (sureste).

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Conforme a fuentes policiales, un desconocido tiroteó a Santos, quien fue postulado como el candidato a diputado federal por el estado de San Pablo en las elecciones legislativas del 2 de octubre pasado por el Partido de los Trabajadores (PT), cuando estaba próximo a su casa desde un vehículo.

Mientras se desconocen motivos del crimen ni han identificado sospechosos, la Policía Civil de San Pablo afirma que podría ser una represalia política, ya que el asesinado denunciaba actos de corrupción en Jandira.

No es la primera vez que se ha cometido un homicidio por motivos políticos en Brasil. El pasado mes de julio, un agente de prisiones seguidor de Bolsonaro asesinó a tiros a un militante del PT en una fiesta de cumpleaños celebrada en Foz de Iguazú, región occidental de Paraná.  Además, en septiembre, otro seguidor de Lula fue asesinado por un hombre identificado como Rafael Silva de Oliveira, durante una discusión en una propiedad rural cercana al municipio de Confresa, en el estado de Mato Grosso (centro de Brasil).

El suceso acaeció a dos días de las elecciones en las que Lula da Silva, el líder del PT, es favorito para ganar con una ventaja de 7 puntos al todavía presidente, Jair Bolsonaro, según los resultados de una encuesta del Instituto Ipec.

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El próximo domingo, 30 de octubre, más de 156 millones de brasileños están convocados a las urnas para participar en la segunda vuelta de los comicios. Lula da Silva ganó la primera vuelta el 2 de octubre con el 48,4 % de los votos, frente al 43,2 % de Bolsonaro, según datos del Tribunal Superior Electoral.

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Analistas, periodistas y activistas convocados por la organización Noria Research ofrecieron una conferencia de prensa sobre migración y violencia en la región de cara a las elecciones de medio término en Estados Unidos, mientras México se enfrenta a la crisis migratoria generada por el programa Quédate en México y la expulsión de ese vecino país de más de 40 mil venezolanos que se encuentran ahora sin estatus migratorio en el país.

Frente a lo que denuncian como el fracaso de las políticas de control migratorio tanto de Estados Unidos como de México, invitan a repensar las causas del éxodo centroamericano en particular, cuyo flujo hacia Estados Unidos ha sido ininterrumpido desde la década de 1980.

El gobierno mexicano hoy se enfrenta a los reclamos de los migrantes venezolanos retornados a su territorio sin medios para regresar a su país de origen. Mientras que los refugios permanentes e improvisados de la capital, y de las fronteras norte y sur se saturan pese a la terminación del programa Quédate en México.

México deberá responder ante la supuesta falta de políticas públicas frente al programa de retorno desde los Estados Unidos, gracias al esfuerzo de organizaciones sociales. La Suprema Corte de Justicia sentó jurisprudencia esta semana ordenando al gobierno federal a tomar medidas necesarias para proteger a las personas migrantes en situación de vulnerabilidad.

Sara Morales Gallego, Ciudad de México