Hoy en Noticias Básicas hemos hablado de la imputación de Jose Creuheras, jefe de Atresmedia; de la supuesta hija de Juan Carlos I; la maniobra de PP y PSOE en TVE; de Javier Moll contra Canal Red, y por último de cómo un testigo involucra a Trump en el asalto al Capitolio.
Categoría: Geopolítica
BULOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Ana Terradillos lo ha vuelto a hacer
En el programa de Ana Terradillos, Cuatro Al Día, han vuelto a mentir y manipular. Ha sido durante una pieza en la que alertaban sobre la recaudación récord que se espera en esta campaña de la declaración de la renta ”Hay hoy millones de españoles que se han llevado el susto de hacienda en una campaña de la renta que va a recaudar más que nunca”. Lo que se ha olvidado decir es que dicho récord de recaudación es consecuencia de una cifra récord de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, que ya superan los 20.000.000. Un nuevo despiste de la presentadora.
Sin embargo, pese a la manipulación malintencionada este no es el bulo que Terradillos ha colado a su audiencia. Para denunciar la supuesta voracidad del Gobierno, desde el programa de Cuatro han contrapuesto el récord de recaudación consecuencia de un récord de afiliaciones a la Seguridad Social con el también récord de gasto en funcionarios que se producirá este año, consecuencia en gran medida de la mejora de las condiciones salariales de los empleados públicos. Es en este punto que ha afirmado que no se trataba de plantillas para sanidad –que depende de las comunidades autónomas y no del Gobierno–, sino de políticos y funcionarios. Como todo el mundo sabe; los médicos, enfermeros, celadores y administrativos de los centros de salud y hospitales son ¿autónomos? ¿empleados de empresas privadas? ¿funcionarios?
En su cruzada contra los funcionarios –sanitarios incluídos– han continuado reconociendo que no es cierto que en España haya más empleados públicos que en Alemania, sin embargo matizan que “destinamos mucha más proporción del gasto total del estado a pagar a nuestros funcionarios y políticos”. Aunque se les olvida nuevamente un detalle; que en Alemania o Francia –países con los que lo comparan– la presión fiscal es muy superior a la española –41% en Alemania y 48% en Francia, frente al 35% en España–, y por lo tanto el volumen de recursos disponibles entre los que diluye el gasto funcionarial es menor en España.
Tras esto Terradillos continúa insistiendo en generar una imagen distorsionada “estos son asesores, funcionarios… insisto, no son plantillas de sanitarios que estamos contratando, no. Es otra cosa”.
Inmediatamente después, durante la tertulia, el redactor de Ok Diario Israel García-Juez continuaba con la manipulación y la demagogia “nos faltan policías, nos faltan bomberos, nos faltan forestales, nos falta gente relacionada con la medicina” –y se cuestionaba “¿Dónde está toda esa gran masa?”. Llegados a este punto cabría responder a García-Juez que el Gobierno de Castilla y León que tanto se alaba desde su ‘pseudomedio’ de comunicación se negó a ampliar las plantillas de bomberos y forestales, llegando a afirmar García Gallardo tras los terribles incendios que asolaron la comunidad “si sufres ecoansiedad, apúntate a realizar trabajos de prevención de incendios en los montes de Castilla y León”. Poco antes el Gobierno de Coalición ultraderechista vetaba en en la Junta una iniciativa para mantener un operativo antiincendios durante todo el año.
Otro de los gobiernos autonómicos alabados por el diario en el que trabaja García-Juez es el de Díaz Ayuso –que riega a Ok Diario con centenares de miles de euros de dinero público–. Quizás esa “gran masa” que echa en falta está entre los miles de sanitarios que han desaparecido de la sanidad pública madrileña.
La lección tecnológica de Rita Maestre a Almeida: «Es grave que un alcalde desconozca cómo funcionan los mapas de localización»
Carlos Luján / Oscar J. Barroso / Afp7 / Europa Press
Los pisos turísticos forman parte del gran problema de la vivienda, especialmente en las grandes ciudades como Madrid. La candidata a la Alcaldía de Madrid Rita Maestre ha publicado un mapa de la capital con todas la casas destinadas al alquiler vacacional, lo que ha derivado en un rifirrafe con el actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida.
Todo comenzó con el mapa. «Todos estos puntos rojos son pisos turísticos. El 98% es ilegal. Expulsan vecinos de los barrios e inflan los precios de la vivienda. Almeida ha eliminado la inspección para que campen a sus anchas. En mi gobierno pondremos orden», publicaba en su cuenta de Twitter.
De todo ese mensaje, el detalle más importante para Almeida era que algunos pisos estaban ubicados en zonas como dentro del parque de El Retiro o en los túneles de la M30.
En lo que no reparó el alcalde es en que los mapas de viviendas de alquiler vacacional no suelen mostrar la ubicación exacta por cuestiones de seguridad, sino una aproximación para que el interesado sepa en qué zona se ubica.
«Es grave que un alcalde desconozca cómo funcionan los mapas de localización. Te invito a buscarlo y verás que el que supuestamente está en El Retiro, cuando pinchas, está en una ubicación próxima. Pero es aún más grave que desvíe la atención de lo importante: los pisos ilegales«, reclamaba Maestre.
El debate ha generado conversación entre los tuiteros sobre la vivienda, los pisos de alquiler vacacional y los mapas. El ambiente electoral de cara al 28M empieza a caldearse entre los candidatos.
Cursach pagó más de 150.000 euros en fiestas sexuales para cargos del PP, según la agenda de un prostíbulo mallorquín
Por primera vez se publican las páginas de la agenda de la encargada de un prostíbulo que probarían cómo dirigentes del PP habrían disfrutado de servicios sexuales que costeaba el magnate de la noche mallorquina.
El empresario y magnate del ocio nocturno mallorquín Bartolomé Cursach antes de llegar al juicio por el caso Cursach, en la Audiencia Provincial de Baleares, el 10 de octubre de 2022, en Palma de Mallorca. — Europa Press / ISAAC BUJ
Junio de 2017, Palma de Mallorca. Una mujer recibe una brutal paliza en el portal de su domicilio cuando se disponía a tirar la basura. Dos sicarios la tiran al suelo, la apalean, causándole una herida seria en la pierna. Antes de marcharse lanzan una amenaza: «Si no quitas las denuncias, te mataremos y terminarás bajo tierra». La mujer tuvo que ser ingresada en el hospital de Son Espases, de Palma.
Pese a la agresión y las amenazas, la mujer se mantiene firme en su decisión de colaborar con la Justicia. Tres meses antes había acudido voluntariamente al Juzgado de Instrucción 12 de la capital balear, donde el juez Manuel Penalva y el fiscal Anticorrupción Miguel Ángel Subirán investigaban la trama policial relacionada el magnate de la noche mallorquina Bartolomé Cursach, que por entonces ya estaba en prisión provisional [ingresó el 3 de marzo de 2017 hasta el 28 de abril de 2018].
https://www.publico.es/politica/cursach-pago-150000-euros-fiestas-sexuales-cargos-pp-agenda-prostibulo-mallorquin.html
La mujer declaró que varios policías locales y varios políticos recibían servicios sexuales gratuitos pagados por Cursach, que en la isla es conocido como Tolo Cursach. La mujer lo sabía porque tenía en su poder una agenda o cuaderno que había pertenecido a la madame del prostíbulo donde trabajaba. La encargada había muerto y ella se había apropiado de la agenda como su sucesora.
Tras la brutal agresión sufrida a manos de dos sicarios, la mujer decide dar un paso más y entrega en el juzgado aquella agenda que muestra los presuntos pagos a cuenta de Cursach de servicios sexuales a varios agentes de la Policía Local y a dos personajes políticos de primera magnitud por entonces en la isla. Público ha podido acceder a dicha agenda, que está judicializada; en concreto está aportada en la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Balears contra el juez Penalva, el fiscal Subirán y seis agentes del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional. Según reflejan los apuntes plasmados en la agenda, las fiestas sexuales con cargo a Cursach superan los 150.000 euros. No todos los servicios indican el precio final, por lo que no es aventurado deducir que la cifra definitiva puede superar con creces esa cifra.
Uno de los altos cargos del PP mencionados en la agenda es José María Rodríguez Barberá, de 75 años, expresidente del PP de Palma, exsecretario general del partido, exconseller de Interior, delegado del Gobierno en las Illes Balears y senador. En aquel momento era el concejal de Interior y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Palma. El otro político señalado en la agenda era su número dos, Álvaro Gijón, en aquellos momentos, concejal en el consistorio y diputado en el Parlament Balear.
La autenticidad del cuaderno o agenda de la testigo protegida, algunas de cuyas páginas desvela Público en exclusiva a lo largo de este artículo, no fue puesta en duda; de hecho, los investigadores realizaron una pormenorizada investigación sobre las revelaciones de la mujer. Así, constataron que, en efecto, en el segundo piso de un edificio de la calle Lluís Martí de Palma se ubicó un prostíbulo que suministraba mujeres prostituidas para fiestas en propiedades de Cursach, como la discoteca Tito’s y fincas repartidas por la isla.
Sobre la identidad de los dos políticos del PP y de dos mandos de la Policía Local que también aparecen, como los exintendentes Antonio Vera Martínez y Juan Miguel Mut García, los investigadores pudieron comprobar que en efecto se trataba de ellos, como ha podido saber este diario al acceder al informe policial. La agenda da referencias explícitas. Por ejemplo, «Ayuntamiento, sr. Rodríguez», siendo este el único concejal con ese apellido, pero además aparecía su teléfono móvil institucional. Lo mismo ocurre en el caso de Gijón, al que en el ambiente del prostíbulo llamaban ‘el principito’.
Cumpleaños en el prostíbulo
La agenda, que cubre parte de 2014 y el año 2015 prácticamente entero, muestra episodios repulsivos. Por ejemplo, el 29 de agosto de 2015, para celebrar el cumpleaños de Rodríguez, al que se califica como «morboso», se montó una fiesta cuyo coste alcanzó la cifra de 14.000 euros. «Preparar tres chicas y tartas», consta en el cuaderno. Otras fiestas disfrutadas por Rodríguez, según la agenda, resultaron más caras: 23.000 euros y hasta 36.000 euros.
En el primer caso se trató de una fiesta navideña, a las 17.00 horas: «Avisa llega después de una comida con amigos»; «viene con un compi («Andrés P.P.»); «avisar a Tolo», «Justificar?»
En el segundo caso, que recoge el precio más alto de los que constan en la agenda judicializada, 36.000 euros, la fiesta se prolongó 12 horas del viernes y tres horas del sábado por la mañana. En total, se consumieron 26 botellas de alcohol.
«Paga Tolo, pasar por Mega»
El dinero no era problema, según declaró la encargada del prostíbulo (que acabó convirtiéndose en la testigo protegida 31 de la causa), porque lo ponía Bartolomé Cursach. En el caso de la fiesta de 36.000 euros, el apunte indica: «Cobrar Tolo-Mega [en referencia al Megasport y Megapark, el centro de deportes y ocio de Bartolomé Cursach en Palma]»; «Llamar a las 12. Esperar pista pádel central. Esperar que salga».
José María Rodríguez Barberá (primo carnal de Rita Barberá), Álvaro Gijón, y los comisarios Antonio Vera y Juan Miguel Mut llegaron a estar investigados, junto a Cursach, por cohecho impropio, es decir, el realizado no para obtener un beneficio inmediato sino para lograr que el funcionario o cargo público que ha recibido el obsequio se sienta en deuda con el agasajador.
Las revelaciones de la agenda fueron corroboradas por testimonios de camareros de la discoteca Tito’s, mujeres prostituidas y agentes de la Policía Local. Este diario ha podido acceder a algunas de dichas declaraciones que señalan al magnate Cursach como el pagador de esas actividades.
Por ejemplo, una mujer prostituida reconoció a Gijón en una fiesta sexual en una finca de Cursach y a media docena de agentes de la Policía Local como receptores de servicios sexuales que ellos no abonaban, sino el empresario y su entorno. Llama la atención que los testigos reconocieron a los mismos policías de entre numerosas fotografías mostradas, tal y como apuntan fuentes jurídicas.
El fiscal Carrau retiró los cargos
La encargada del prostíbulo de la calle Lluís Martí de Palma declaró varias veces durante la instrucción de la causa Cursach, manteniéndose firme en sus manifestaciones y en el contenido de su cuaderno. Incluso se sometió a un careo con Rodríguez, Gijón y con el chófer de este último, ya que, según ella, acudía al burdel en coche oficial. Los tres negaron los hechos. Gijón dijo que era una persona decente y que no había ido nunca a prostíbulos, según ha podido saber este diario de fuentes jurídicas.
Sin embargo, el giro que experimentó la instrucción de la causa Cursach, una vez que el juez Penalva y el fiscal Subirán fueron apartados y terminaron investigados por presuntas presiones a los testigos, explica por qué la agenda y su dueña acabaron en un limbo y sin ninguna visibilidad en el juicio de la causa Cursach, del que todos los procesados, policías locales y directivos del grupo Cursach, incluido el magnate, fueron absueltos.
El fiscal Juan Carrau renunció, en un inexplicable giro de guion, a la testigo protegida número 31 y a cerca de sesenta testigos más que podrían haber confirmado no sólo las fiestas sexuales con las que Cursach presuntamente obsequiaba a policías locales y políticos, sino también cómo esos policías presuntamente amedrentaban con inspecciones y extorsiones a empresarios que eran competencia de Cursach.
Respeto a Gijón y a Rodríguez, que está condenado en firme a tres años y medio por amaño de contratos públicos a favor de la empresa de publicidad Over Marketing, sus imputaciones cayeron en saco roto. No estaban acusados en la causa Cursach, pero sí en una de sus derivadas, el caso ORA, por amaño de la adjudicación de las máquinas de control de aparcamiento en Palma. La agenda iba a incorporarse a esta otra causa, pero sorpresivamente el fiscal Tomás Herranz retiró los cargos, ante la perplejidad del juez instructor, que llegó a plasmar esa extrañeza en el auto de archivo.
Hay que recordar que Bartolomé Cursach constituye el paradigmático caso de un acusado absuelto pese a que jamás abrió la boca ni durante la instrucción de la causa ni durante el juicio. Se negó a declarar en todas las ocasiones.
La dueña de la agenda llegó a desaparecer de Mallorca. Pero en 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Balears ordenó localizarla para que declarara en la causa que se había abierto contra Penalva y Subirán, que serán juzgados en breve.
Nueva oportunidad para la agenda
La testigo entonces cambió de versión, tras haber defendido durante años la autenticidad de la agenda, y declaró al juez instructor que la había confeccionado ella misma, y no la antigua madame, bajo el dictado del fiscal Subirán. El juez abrió procedimiento por falso testimonio contra ella y en estos momentos está siendo investigada, pendiente de juicio. No hay que olvidar ni la paliza que recibió esta mujer en 2017 ni las posibles presiones que soportaría hasta llegar a 2019 para que lograr que se retractara, como le ocurrió a otros testigos.
Pero la agenda tiene una nueva oportunidad. Al estar aportada a la causa del TSJ balear contra Subirán y Penalva podría servir ahora para evitar la impunidad de unos cargos públicos que pudieron aceptar servicios sexuales como regalos.
Cloacas Del Estado: Mentir Sale BARATO | DATO MATA RELATO
Hoy en DATO MATA RELATO hablamos de cómo trataron los programas con más audiencia de la televisión los diferentes temas de actualidad, para comprobar cómo estos programan manipulan hasta el extremo temas como la nueva ley de vivienda, las fechorías de la monarquía, o el enaltecimiento franquista por la exhumación de los restos de Primo de Rivera.
Reacciones al nuevo «escándalo» de Juan Carlos I: «Ya no nos puede sorprender»
Estas son algunas de las reacciones políticas esta mañana de jueves en el Congreso de los Diputados a propósito de la supuesta nueva hija de Juan Carlos I. Gabriel Rufián (ERC): «¿Sólo una? Más que su vida privada nos preocupa el dinero secreto que suponen esos hijos secretos» Mireia Vehí (CUP): «El rey emérito debería pasearse por un juzgado y dejar de pasearse por España» Alberto Garzón (IU): «A mí lo que siempre me ha preocupado han sido las denuncias, indicios y pruebas de la actuación irregular de Juan Carlos de Borbón cuando fue monarca» Íñigo Errejón (Más País): «Ya no hay ningún escándalo del rey emérito que pueda sorprender a los españoles» Enrique Santiago (IU): «Nos parece muy mal la situación de impunidad de los ilícitos que haya cometido cualquier persona, también del rey emérito»
El BULO de la OKUPACIÓN, al DESCUBIERTO🏠 ¿Qué opina la Gente de los Okupas? | TEMB
Hoy en TEMB hablamos sobre la okupación y los bulos. ¿Quiénes fomentan esas mentiras? ¿Quieren las empresas de alarmas asustarte para vender más? Hablamos con la gente y comprobamos cuales son las respuestas a todas las preguntas.
La Base 3×21 | ¿Por qué el PSOE protege a las Iglesias?
En La Base de hoy 26/04 Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levin e Inna Afinogenova, analizan la medida del PSOE de extender los privilegios fiscales de la Iglesia católica a otras confesiones religiosas. Una cuestión que, por primera vez en mucho tiempo, ha provocado que la derecha mediática compre íntegramente el argumentario de Moncloa. Además, hablaremos sobre el intento fallido de Gustavo Petro de acabar, vía una reforma fiscal, con los privilegios de la Iglesia en Colombia. Con la participación especial del teólogo Juan José Tamayo. ¿Deben pagar impuestos las religiones? ¿Es España un estado laico? ¿Qué religiones hay en España?
Ayuso INVESTIGADA por las residencias | Noticias Básicas
Hoy, 26/04, en Noticias Básicas hemos hablado de los beneficios fiscales del PSOE a las religiones; del nuevo brindis al sol de Pedro Sánchez en materia de vivienda; de la constitución de una comisión ciudadana de investigación a las residencias madrileñas; de Juan Carlos Monedero poniendo en evidencia a uno de los periodistas del clan Villarejo y de la expulsión de Guaidó en Colombia.
La Guardia Civil caza al presidente del PP y la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, a 215 kilómetros por hora
Los agentes dieron el alto a Baltar el domingo al volante de un vehículo de la Diputación y los hechos han motivado la apertura de un atestado por un presunto delito contra la seguridad vial
La Guardia Civil de Tráfico redacta un atestado por un presunto delito contra la seguridad vial tras haber detectado el vehículo que conducía el presidente de la Diputación de Ourense y del PP provincial, José Manuel Baltar, a 215 kilómetros por hora el pasado domingo, a la altura del municipio zamorano de Asturianos, informan a elDiario.es fuentes próximas a las pesquisas.
El clan Baltar perpetúa en Ourense su poder orgánico con reglas propias al margen de la dirección de Feijóo
MÁS
Los agentes dieron el alto al coche por el citado tramo de la A-52, también conocida como Autovía de las Rías Baixas, pasadas las seis de la tarde, tras detectar un radar el exceso de velocidad. La A-52 une Galicia con Castilla-León, conectando las provincias de Pontevedra, Ourense y Zamora con la A-6. Fuentes de la Diputación afirman que Baltar conducía en dirección Madrid porque tenía reuniones el lunes por la mañana en la capital.
Las mismas fuentes oficiales del órgano que preside Baltar aseguraron a elDiario.es la noche del martes que el coche pertenece a la Diputación de Ourense y que el político fue sancionado en el acto con una multa de 600 euros y seis puntos, así como que los servicios jurídicos de la Diputación procederían a recurrir por la vía administrativa. En la mañana del miércoles, la Diputación rectificó y afirmó que los servicios jurídicos no recurrirán la sanción, atribuyendo la comunicación inicial a “un error”. Ese portavoz oficial asegura que Baltar ha pagado la multa la mañana de este miércoles, horas después de que elDiario.es desvelara el incidente.
El presidente del PP de Ourense se ha apresurado a pagar la sanción antes de que le sea notificada la instrucción por un presunto delito contra la seguridad vial. El procedimiento por posible delito será puesto en conocimiento del juzgado y se comunicará próximamente a Baltar. En el caso de que el juzgado aprecie los indicios de delito de los que le informará la Guardia Civil, el proceso de sanción administrativa se detendrá.
Los agentes redactaron en el acto un boletín de denuncia administrativa que le entregaron a Baltar en el lugar. Los 215 kilómetros a los que el radar señaló que circulaba Baltar situaban los hechos en lo que los agentes denominan “zona gris”, esto es, en la duda de si se trata de un exceso de velocidad constitutivo de delito o solo alcanza a una fuerte sanción. Por este motivo, los guardias civiles procedieron a notificar la apertura del proceso administrativo a la espera de determinar si se daba un delito. Con posterioridad, y tras aplicar el margen de error posible en el radar del 5% de total de la velocidad detectada, se procedió a abrir un atestado por una posible infracción penal al haber superado en más de 80 kilómetros por hora la velocidad permitida en el tramo, explican las fuentes de elDiario.es.
El procedimiento por posible delito será puesto en conocimiento del juzgado y se comunicará próximamente a Baltar. En el caso de que el juzgado aprecie los indicios de delito de los que le informará la Guardia Civil, el proceso administrativo se detendrá a la espera de la resolución de la instrucción penal.
El presidente de la Diputación de Ourense no se identificó como tal cuando los agentes le dieron el alto. Los guardias no practicaron el test de alcoholemia o drogas porque este se realiza siempre que hay accidente y solo si se aprecian síntomas en el conductor en el caso de que no se haya producido un percance, precisan las fuentes consultadas.
José Manuel Baltar es presidente de la Diputación Provincial de Ourense desde febrero de 2012, hace más de una década. Sustituyó en el cargo a su padre, José Luis Baltar, hombre fuerte del PP gallego durante décadas. Baltar hijo es presidente del PP de Ourense desde 2010. En 2021 revalidó su liderazgo en el partido a nivel provincial con un 99,2% de los 662 sufragios emitidos. La conducción temeraria está castigada con hasta dos años de cárcel si no ha puesto en riesgo concreto la vida de las personas.