Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levin e Inna Afinogenova analizan las declaraciones de la ministra de Justicia, Pilar Llop, y de su principal asesor, Francisco Javier Álvarez, dejando claro que la reforma que propugnan para la Ley solo sí es sí supone desplazar el consentimiento del núcleo de la Ley y volver al modelo de ‘La Manada’. ¿Es la propuesta del PSOE igual que la del PP, que ya ha anunciado su apoyo a esta reforma? ¿Qué dice ahora la progresía mediática tras el ‘sincericidio’ de Llop y Álvarez? ¿Qué dice el movimiento feminista ante este posible paso atrás? ¿Hay ejemplos en otros países de una campaña de la derecha mediática que haya logrado tumbar un avance social? Con la participación de la periodista Cristina Fallarás.
Categoría: Geopolítica
El alegato de Mónica García por los servicios públicos: «El 28 de mayo se elige Sanidad o Ayuso»
Periodista denuncia que EE.UU. explotó gasoductos Nord Stream
Seymour Hersh afirmó que Biden decidió sabotear el Nord Stream después de más de nueve meses de discusiones secretas en Washington.
El periodista estadounidense Seymour Hersh, reveló el miércoles como Estados Unidos saboteó y explotó los gasoductos Nord Stream como medida para presionar a Rusia.
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Según lo publicado por el ganador del Premio Pulitzer, buzos de la Marina estadounidense colocaron los explosivos bajo los gasoductos Nord Stream en junio de 2022 en el curso de la «Operación Baltops 22» de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Seymour Hersh señaló que los explosivos fueron activados por fuerzas noruegas el 26 de septiembre al arrojar una boya desde un avión que los hizo explotar.
El periodista indicó que el Gobierno de EE.UU. rechazó las acusaciones en torno a la operación sobre los Nord Stream, a pesar de que el presidente Joe Biden viera los gasoductos como un medio que permitiría al mandatario ruso Vladímir Putin usar «el gas natural como arma para sus ambiciones políticas y territoriales».
Hersh comentó que portavoces de la Casa Blanca y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) calificaron de completamente falsas las revelaciones sobre el sabotaje a los gasoductos.
De acuerdo al reportero la operación de sabotaje estuvo dirigida por el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, el asesor de Seguridad Nacional, Jacob Sullivan y la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Victoria Nuland.
Seymour Hersh afirmó que Biden decidió sabotear el Nord Stream después de más de nueve meses de discusiones secretas con el equipo de seguridad nacional de Washington.
El sabotaje a los gasoductos Nord Stream es el acto terrorista más grave perpetrado desde la Segunda Guerra Mundial.
Los perjudicados por la operación son la empresa ruso-alemana-neerlandesa-francesa domiciliada en Suiza, Nord Stream AG.
Las consecuencias de este sabotaje han devastado la economía de la Unión Europea, provocando un aumento asombroso en los precios de la energía y una serie de quiebras.
El periodista Seymour Hersh ha sido el azote de los presidentes de EE.UU. desde la década de 1960 e incluso una vez fue descrito por el Partido Republicano como «la cosa más cercana que tiene el periodismo estadounidense al terrorismo».
A lo largo de su carrera periodística, Hersh publicó notas sobre la masacre de My Lai en Vietnam y fue el primero en informar de los bombardeos de EE.UU. sobre Camboya.
También sacó a la luz el espionaje de la CIA en el territorio de EE.UU. contra los activistas que se oponían a la guerra y la trama del golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile.
Sus artículos ayudaron a que Washington restringiera su programa de armas químicas y alertó sobre la mentira de las armas nucleares en Irak y dio a conocer las torturas en la cárcel de Abu Graib.
Barcelona suspende lazos con el régimen de ‘apartheid’ israelí
El municipio de Barcelona, en el norte de España, ha informado de la suspensión de sus vínculos con Israel y lo ha calificado de régimen de ‘apartheid’.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, anunció el miércoles que esta urbe catalana ha decretado la suspensión de relaciones con Israel y todas las instituciones de este régimen y aseguró que las medidas continuarán “hasta que las autoridades israelíes pongan fin a la violación sistemática de los derechos humanos contra la población palestina”.
En este sentido, Colau envió una carta al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para informarle de la suspensión temporal de todas las relaciones de la capital catalana con el régimen de Tel Aviv, incluido el acuerdo de hermanamiento firmado hace 25 años.
La funcionaria catalana de izquierda afirmó que la medida de Barcelona responde a una petición ciudadana de muchas organizaciones propalestinas en la capital catalana y acusó a Israel de imponer “décadas de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, la ocupación y colonización ilegal de territorios palestinos contra todas las opiniones de Naciones Unidas”.
“No puedo permanecer impasible ante la vulneración sistemática de los derechos básicos de la población palestina”, declaró Colau, al tiempo que remarcó que diferentes voces internacionales han descrito la situación que sufre el pueblo palestino como “apartheid” israelí.
Chiste amargo: EEUU saquea crudo de Siria y la deja sola con crisis
Mientras Siria combate contrarreloj para salvar a los atrapados debajo de los escombros, las sanciones de EE.UU. traban el avance de trabajos y llegada de ayuda.
Los dos terremotos del lunes han destruido cientos de edificios en el lado sirio. Días después del catástrofe, muchos siguen buscando entre los escombros rastros de hijos, hermanos, y sus padres y vecinos. Podrían hacerlo más fácilmente, si hubiera maquinarias pesadas. Sin embargo, las sanciones de Estados Unidos, impiden el traslado de tales equipos a Siria.
Las sanciones, también, dificultan la llegada de asistencias humanitarias al país, devastado por años de guerra y la posterior imposición de medidas unilaterales de Occidente. Algunos países, como China, han recordado a Estados Unidos, que es hora, de que anteponga la urgencia humanitaria a sus intereses políticos.
“Mientras hablamos, las tropas estadounidenses continúan ocupando las principales regiones productoras de petróleo de Siria. Han saqueado más del 80 % de la producción de petróleo de Siria y han contrabandeado y quemado las existencias de cereales de Siria. Todo esto ha empeorado aún más la crisis humanitaria de Siria. A raíz del sismo, EE.UU. debería dejar de lado las obsesiones geopolíticas y levantar de inmediato las sanciones unilaterales contra Siria, para abrir las puertas a la ayuda humanitaria a Damasco”, señaló Mao Ning, la portavoz de la Cancillería china.
El coordinador de las Naciones Unidas en Siria, Mostafa Benlamlih, recordó que los sismos han afectado la vida de 11 millones de sirios. Y exigió el fin de las medidas coercitivas que impiden la llegada a Siria, de millones de ayudas humanitarias, cuando el país árabe, más las necesita.
La Revolución Ciudadana de Correa derrota a Lasso a pesar de su campaña sucia y su trollcenter
El pasado domingo 5 de febrero se celebraron elecciones territoriales y consulta ciudadana con 8 preguntas para cambiar parcialmente la Constitución ecuatoriana. La Revolución Ciudadana de Rafael Correa ganó en las principales ciudades y provincias y la Consulta lanzada por Lasso para mitigar su desgaste en el gobierno le dio la puntilla al ser rechazadas las 8 preguntas. Una vez más Lasso usó miles de cuentas falsas y despliegue de fake news en una narrativa acusadora hacia todos sus rivales políticos de narcopolítica, apoyado por informes falsos de la policía. Una de las víctimas de esta estrategia fue Omar Menéndez que fue asesinado el día anterior de las elecciones al que acusaron de narco antes de ser asesinado y posteriormente con un montaje audiovisual difundido por Fernando Villavicencio.
El bulo de Vallés, Ferreras y otros medios sobre Podemos | | En la diana | Rubén Hood | La Base
Analizamos la forma en que algunos medios tradicionales como ‘Al Rojo Vivo’, ‘Antena 3 Noticias 2’ o ‘Espejo Público’ han difundido en horario de gran audiencia un bulo para perjudicar la imagen del partido morado. Escandaloso cómo dan al partido la autoría de un vídeo que no crearon, que pertenecía a una ONG totalmente ajena a este y cómo de nuevo Pablo Iglesias es señalado por estos ‘periodistas’.
La Base #2×69 – La nueva Guerra Fría
Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levin e Inna Afinogenova analizan los distintos elementos que definen un escenario de «nueva guerra fría» a nivel global: la crisis de los globos aerostáticos entre Estados Unidos y China, las tensiones militares en torno a Taiwán, el envío de tanques Leopard a Ucrania o la disputa por el Ártico. ¿Nos dirigimos hacia una escalada aún mayor de la confrontación entre potencias? ¿Es posible una guerra directa entre Estados Unidos y China? ¿Se vislumbra una salida negociada a la guerra en Ucrania? ¿Cuál es el discurso de los medios de comunicación en Rusia, China, Estados Unidos o España? ¿Por qué en la TV rusa se habla de «quemar Madrid»? Con la participación de Juan Antonio Sanz, analista internacional de Público.
Asesinan a un candidato a alcalde en Ecuador en vísperas de las elecciones locales. (El fascismo de EEUU)
El candidato afín a Revolución Ciudadana para la ciudad de Puerto López, Omar Menéndez, ha sido asesinado en un mitin electoral antes de las elecciones seccionales que se celebran este domingo.
Una mujer camina junto a carteles que piden el voto negativo en el referéndum. — Rodrigo Buendia / AFP
El candidato a alcalde por la ciudad de Puerto López, en la provincia costera de Manabí, fue asesinado este sábado en la víspera de un proceso electoral en Ecuador que incluye la designación de autoridades seccionales.
El movimiento Revolución Ciudadana, afín al expresidente Rafael Correa, y al que pertenecía el candidato Omar Menéndez, informó en sus redes sociales del asesinato ocurrido la noche de este sábado. «Denunciamos el hecho y exigimos a las autoridades la respectiva investigación y sanción. Inaudito que el país siga desangrándose. ¡Basta!», escribió en su cuenta de Twitter sin más detalles.
De su lado, Rafael Correa escribió: «Acaban de asesinar a nuestro candidato ganador a la Alcaldía de Puerto López, Omar Menéndez. La Patria se nos desgrana. Un abrazo a su familia y a todos los compañeros de Manabí».
El asesinato de Menéndez se suma al ocurrido el pasado 21 de enero, de Julio César Farachio, candidato a la alcaldía de la ciudad ecuatoriana de Salinas, fue asesinado mientras realizaba un mitin de su campaña electoral, con miras a los comicios del 5 de febrero.
El crimen ocurrió mientras desarrollaba actividades políticas en plena zona céntrica de la parroquia José Luis Tamayo, en el cantón Salinas. Un día después, el ministro del Interior, Juan Zapata, informó de la detención del presunto autor intelectual del asesinato de Farachio.
Un total de 13,4 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas este domingo para participar en las elecciones seccionales, de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y el referéndum, este último convocado por el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.
En los comicios se designarán a 23 prefectos de provincia, 221 alcaldes, 864 concejales urbanos, 443 concejales rurales, 4.109 vocales de juntas parroquiales y 7 consejeros del CPCCS. A la vez, se votará el referéndum que consta de ocho preguntas y que es impulsado por el Gobierno para modificar la Constitución en materia de seguridad, instituciones, democracia y medio ambiente.
La Audiencia libra a las grandes constructoras de la sanción que les impedía tener 30.000 millones en contratos públicos
El tribunal comienza, en plena tramitación de los fondos de recuperación de la UE (Next Generation), a levantar las prohibiciones de contratar con las administraciones a las principales empresas españolas del ladrillo, sancionadas por la CNMC hace unos meses por amañar licitaciones con la Administración durante años.
Las contratas de obras públicas de las administraciones superan los 30.000 millones de euros anuales en España. — PxHere (CCO)
La Audiencia Nacional ha comenzado a levantar en cascada los vetos para contratar con las administraciones públicas que la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) impuso a las principales empresas del sector de la construcción hace unos meses al concluir que habían alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras.
Eso abre la puerta a que puedan de nuevo presentar ofertas en las licitaciones de obra pública, cuyo volumen supera los 30.000 millones de euros al cabo del año, una tarta de la que precisamente las empresas sancionadas se llevan las principales tajadas, y optar a participar en los programas de los Fondos Next Generation, los fondos de recuperación de la UE.
«Todas las grandes constructoras han estado implicadas en casos de corrupción en los últimos años», recuerda Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Rey Juan Carlos y experto en temas de transparencia, que llama la atención sobre cómo «es evidente que hay una colusión» en el funcionamiento de los concursos públicos.
«Hay que investigar qué ocurre», señala Silvina Bacigalupo, catedrática de Derecho Penal en la Universitat Autónoma de Madrid y presidenta de Transparencia Internacional, en relación con el «llamativo» porcentaje de sanciones de la CNMC que quedan en el aire en los tribunales o que, al considerar que no se daban todos los requisitos o circunstancias para aplicarlas, son anuladas o reducidas por estos.
La CNMC impuso a principios de julio del año pasado multas por un importe total de 203,6 millones a seis de las principales constructoras españolas, además de la prohibición a estas empresas de contratar con la Administración. Según la CNMC, desde 1992 las compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. Las compañías y sanciones impuestas por Competencia son Acciona (29,4 millones), Dragados (57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), OHL (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones). Es decir, las seis principales del sector, del que controlan una cuota conjunta del 85%.
Esa misma situación se ha dado con las sanciones por valor de 61 millones de euros y el veto para contratar que la CNMC impuso a finales de agosto de 2021 a doce empresas que se habían llevado 71 de las 101 licitaciones del Ministerio de Fomento en conservación de carreteras entre 2014 y 2018. Según su investigación, «participaban sistemáticamente en todas las licitaciones acordadas, restringiendo el número de ofertas con bajas superiores a un umbral predeterminado».
El procedimiento sancionador de la CNMC concluyó que algunas de esas firmas presentaban propuestas instrumentales a la baja cuya finalidad consistía en eliminar de las pujas económicas a otras ofertas más elevadas o ajustadas a los trabajos en concurso para aumentar así las posibilidades de que otras empresas del grupo supuestamente concertado pudiera hacerse con la contrata.
Las empresas eran matrices y/o filiales de los grandes grupos Acciona, ACS, Ohla, Ferrovial, FCC, Sacyr, Elecnor y Copcisa, es decir, las seis principales del sector, y otras dos, las últimas, de menor entidad.
También ha sucedido con algunas de las compañías a las que la Comisión impuso sanciones por valor de 118 millones de euros por actuar como cartel en concursos de infraestructuras del AVE por valor de 837 millones de euros.
Las sanciones económicas, millonarias aunque al mismo tiempo de impacto leve en las cuentas de empresas cuyo volumen de negocio global superó el año pasado los 200.000 millones de euros, el grueso de ellos en contratos públicos, iban acompañadas de la prohibición de contratar.
Las empresas sancionadas recurrieron las multas y los vetos para contratar ante la Audiencia Nacional, que en las últimas semanas ha ido suspendiendo el pago de las primeras y la aplicación de los segundos de manera cautelar.
Esa era la medida más dura de la sanción, ya que afectaba al núcleo del modelo de negocio de las empresas afectadas, aunque su duración y alcance debía determinarlo, a instancias de la CNMC, la Junta de Contratación del Estado, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.
«La pena más grave que se puede aplicar en estos casos es la prohibición a las empresas de contratar con las administraciones», explica Bacigalupo, que llama la atención acerca de otro aspecto: «Prácticamente no hay casos de los que se dé traslado a la jurisdicción penal por su gravedad para que sean investigados como delitos contra el mercado y la competencia».
Por el contrario, al tratarse de procedimientos administrativos sobre derecho de competencia esas sanciones se aplican únicamente a las empresas, ya que no es posible exigir responsabilidades a sus responsables en la vía administrativa.
Esas decisiones judiciales, que en todos los casos tienen carácter cautelar a la espera de que esos mismos tribunales se pronuncien sobre el fondo de los asuntos, es decir, sobre si las empresas sancionadas actuaron o no como cárteles y se compincharon para repartirse adjudicaciones como concluyen las resoluciones de la CNMC, mantienen abiertas para esas compañías dos magras vías de negocio.
Una es la de los contratos de infraestructuras de las administraciones públicas, cuya valoración ya supera los 30.000 millones de euros anuales entre los tres escalones (estatal, autonómica y local), según las estimaciones de Seopan, y la otra la progresiva activación de los fondos Next Generation, en las que esas empresas optan a participar en programas inicialmente presupuestados en otros 33.000 millones.
Villoria muestra su preocupación por este segundo bloque de contratos financiados con los fondos comunitarios extraordinarios, para cuyo desarrollo «la ley obliga a establecer controles y sistemas de integridad, que es algo muy necesario».
Sin embargo, añade, empresas que optan a esa financiación «están presionando para no cumplir con los requisitos que está poniendo el Gobierno para cumplir con la UE en materia de transparencia», algo que sitúa al Estado español ante «el riesgo de que Europa nos llame la atención y de que por ese motivo se puedan perder o retirar fondos del programa Next Generation», un volumen de dinero «sustancial» con el que «han visto la luz» unos emporios de los que «está claro que tienen capacidad para presionar a las administraciones».
Hasta octubre, y según una investigación de Newtral, una treintena de empresas sancionadas por la CNMC por prácticas restrictivas de la competencia han accedido a más de 800 millones de euros de los Fondos Next Generation.
Regla Dominguez Ferreira
hace 8 horas