Una juez estadounidense condenó a cuatro empresas de cruceros a pagar unos 450 millones de dólares por usar un muelle cubano y “obtener beneficios”.
La jueza del estado de Florida, EE.UU., Beth Bloom, condenó el viernes a las compañías de cruceros Carnival, MSC SA, Royal Caribbean y Norwegian a pagar cada una 109 millones de dólares como parte de varias demandas presentadas hace más de tres años, según recogieron los medios el sábado.
Estas demandas acusan a las navieras de hacer negocio con bienes expropiados, la empresa estadounidense Havana Docks, la cual fue privada de sus derechos de explotación de un puerto sin compensación alguna tras la revolución cubana.
De acuerdo con Bloom, las empresas sancionadas cuyos navíos hicieron escala en el puerto de La Habana, capital cubana, “obtuvieron importantes beneficios, de cientos de millones de dólares cada una, de sus actividades ilegales en ese puerto”.
Cuba vive bajo sanciones económicas y comerciales y financieras impuestas por Washington desde 1962 a fin de forzar un cambio de gobierno en la isla. En 2016, el expresidente de EE.UU., Barak Obama (2009-2017) permitió a los cruceros hacer escala en Cuba, pero esa decisión fue revertida por su sucesor, Donald Trump (2017-2021).
Ante tal situación, el Congreso norteamericano en 2019 mandó que cualquier estadounidense al que durante la revolución cubana hubiera perdido una propiedad pudiera demandar a quienes se lucren con su uso.
Se registraron decenas de demandas y la de las compañías de cruceros es la primera que prosperó. La sentencia puede ser apelada y podría tener un impacto negativo muy fuerte sobre la economía cubana que solo en los primeros 14 meses de la Administración del presidente de EE.UU. Joe Biden, los perjuicios ocasionados por el bloqueo a Cuba se elevaron 6 mil 364 millones de dólares y a 154 mil 217 millones en seis décadas.
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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, espera que EE.UU. deje su “política extremista” para poder entablar diálogos al más alto nivel entre ambos países.
En una entrevista, emitida el lunes en el canal Telesur, el periodista Ignacio Ramonet preguntó al mandatario venezolano varios temas, entre ellos sobre las perspectivas respecto a una eventual normalización de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, considerando que Washington mantiene bajo sanciones al país suramericano.
Maduro, primero, lamentó que Estados Unidos esté atrapado en una “política sin sentido sobre Venezuela, al apoyar instituciones inexistentes”, como la ‘presidencia interina’, recientemente finiquitada de Juan Guaidó.
Para el jefe de Estado venezolano, el responsable del enfoque contra Venezuela lo intensificó el expresidente estadounidense Donald Trump, que “impuso un modelo sobre Venezuela: la antipolítica. Golpear, amenazar con invasiones, sanciones extremistas, tratar de romper al país desde adentro, imponer un ‘presidente’ desde afuera”, precisó.
Sin embargo, Maduro puso de relieve que “Venezuela está preparada, totalmente preparada para dar pasos hacia un proceso de normalización y regularización de relaciones diplomáticas, consulares, políticas, con este gobierno de los Estados Unidos y con los gobiernos que puedan venir”.
Con todo, para la recuperación de nexos, el líder chavista consideró necesario que, primero, “Estados Unidos pase página y deje esa política extremista a un lado, y llegue a políticas más pragmáticas en relación a Venezuela. Nosotros estamos preparados. Ojalá suceda”, reiteró Maduro.
El Gobierno venezolano decidió romper en enero de 2019 relaciones diplomáticas con Estados Unidos tras el apoyo de Trump a la proclamación de Guaidó como presidente interino, en contra de la reelección de Maduro en las elecciones del mismo año.
En realidad, Maduro siempre ha expresado su disposición a dialogar con EE.UU. en un contexto de respeto y reconocimiento de su legitimidad como presidente, pero fue hasta el 5 de marzo de 2022, que ambas partes iniciaron contactos.
Entre los primeros alcances del acercamiento, el Gobierno venezolano puso en libertad a dos estadounidenses, acusados de corrupción y terrorismo, a la vez que aceptó volver a la mesa de negociaciones con la oposición respaldada por Estados Unidos.
Por su parte, Estados Unidos, agobiado por una crisis energética, permitió que empresas petroleras, incluida Chevron, puedan retomar sus actividades en Venezuela, aliviando, de este modo, las fuertes sanciones que impone al país suramericano desde 2019.
Junto a sus cómplices policiales y mediáticos perpetraron un plan para que se pudiera acusar al comisario de Asuntos Internos Martín Blas o a otros asistentes a la reunión.
El comisario jubilado José Manuel Villarejo a su llegada a la primera sesión de un juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, el 8 de noviembre de 2022, en Madrid. —Isabel Infantes/EUROPA PRESS
El juicio por la grabación ilegal a agentes del CNI en el que está acusado Villarejo ha quedado visto para sentencia. Junto al comisario de las cloacas están imputados como cooperadores necesarios su esposa Gemma Alcalá y el periodista Carlos Mier.
La Fiscalía pide para el comisario ya jubilado 4 años de prisión por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos ya que considera que Villarejo ordenó la grabación del encuentro entre agentes del CNI y policías de Asuntos Internos que tuvo lugar en octubre de 2014. Pero también le señala como responsable de la posterior difusión de ese audio en medios de comunicación.
Sobre este último punto, hay que subrayar que la instrucción del caso dejó fuera del juicio la pata mediática que colaboró activamente en la publicación y dispersión de la grabación. Se trata de una serie de periodistas y medios que no informaban sobre un acontecimiento de interés público sino que colaboraban activa y conscientemente en la estrategia diseñada por Villarejo.
La coartada de este grupo de apoyo mediático es que son muchos periodistas de varios medios diferentes los que publican contenidos similares sobre la grabación al CNI. Y no es casualidad. Porque esta es precisamente una de las dos estrategias de la defensa de Villarejo.
Tanto los letrados como los testigos que han acudido en apoyo del comisario jubilado, entre los que se encuentran varios miembros de la pata policial que han colaborado habitualmente con Villarejo, han insistido en crear situaciones que abren el abanico de sospechosos de grabar y difundir el audio de la reunión con miembros del CNI más allá de los acusados. Recurren, así, a señalar que son muchos los posibles autores. Se diluye de esta forma la responsabilidad de los acusados.
La otra estrategia de defensa va en conexión con la primera. Se trata de insistir en cuestiones ya zanjadas por la Audiencia Provincial durante la instrucción y que tenían que ver con falsas acusaciones a los investigadores de Asuntos Internos de la Policía (el comisario Marcelino Martín Blas y el inspector Rubén Eladio López). De esta manera, se ha tratado durante el juicio de señalar irregularidades en la investigación y mostrar una supuesta parcialidad manifiesta de los investigadores ya que se insistía una y otra vez en una teórica enemistad entre Villarejo y Martín Blas. Algo que la pata mediática bautizó como «guerra de comisarios» y que ya descartó la Audiencia Provincial.
Una grabación realizada con la intención de que hubiera varios sospechosos
El primer instructor de este caso, el juez Zamarriego, solicitó a dos organismos técnicos oficiales sendos informes sobre la grabación. Tanto la Policía Científica como el Centro Criptológico Nacional (CCN) concluyeron que la reunión se grabó por conducto telefónico y en remoto.
Por esta razón, el primer punto donde hay que detenerse para saber quién grabó la reunión es el de los teléfonos de los asistentes. Estos aportaron voluntariamente sus terminales para que fueran analizados. Con esa información y la aportada por las compañías telefónicas a petición del juez Zamarriego se puede dibujar lo que ocurrió para que la reunión pudiera ser registrada.
Ninguno de los presentes tenía en sus teléfonos rastro alguno de llamadas entrantes o salientes o grabaciones durante el periodo de la reunión (desde las 17:30 hasta aproximadamente pasadas las 18:00). Es decir, según esta información, esas llamadas o grabaciones no existieron o fueron borradas. Además, todos los presentes en ese encuentro declararon que no sonó ningún teléfono mientras estaban reunidos.
Sin embargo, las antenas que daban cobertura a las líneas de los asistentes dibujan otra historia. Uno de los presentes recibió una llamada de 13 minutos y 6 segundos. Y esta persona presente era, precisamente, el titular del despacho donde se estaba celebrando la reunión: el jefe de Asuntos Internos, el comisario Martín Blas. Según el análisis del CCN a este terminal, un ‘malware’ previamente instalado en el teléfono pudo permitir la grabación del audio del encuentro de forma remota y la posterior destrucción de cualquier rastro de esta operación.
El juez Zamarriego solicitó conocer quién era el titular y usuario de la línea que efectúa esa llamada. Gracias a los datos de las antenas se comprueba que esta persona es el periodista Carlos Mier Fernández, en aquel momento empleado en la web ‘Información Sensible’, propiedad de Sensible Code SL, empresa que entonces era propiedad en un 80% del grupo de sociedades del comisario Villarejo y un 20% del periodista Daniel Montero Bejarano. Este último, compaginaba esta posición con la de redactor de la revista Interviú del Grupo Zeta.
Pero no solo se solicitó el titular de la línea, también la posición del teléfono de Carlos Mier durante la celebración de esa reunión. Y se constata que se realiza bajo la antena que cubre la oficina de Villarejo de la calle Mártires, 9, de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, y que es también el lugar de trabajo habitual de Mier en ‘Información Sensible’, a pesar de que la editora, Sensible Code SL tenga su domicilio fiscal en la calle Orense, 12, de Madrid en donde Villarejo posee un piso y un trastero donde guardaba documentación de proyectos. Como Público averiguó en exclusiva, fue también esta misma dirección la que el comisario Juan Antonio González -JAG- usó para constituir una consultora con la que facturar a la Telefónica de Alierta.
Aumentar los sospechosos como defensa
La primera persona a la que se intentó señalar como difusor de la grabación del encuentro fue el comisario Martín Blas. Más allá de ser su terminal el que registra el audio según la información de las antenas, a pesar de que se comprueba que se hizo a través de software malicioso, se diseña un plan para señalarlo sin género de dudas.
Para ello, el mismo día de la grabación, el 20 de octubre de 2014, Mier llama de nuevo al comisario de Asuntos Internos. La llamada dura segundos y no es atendida. Cabe dentro de lo posible, que esta llamada pudiera ser la vía para borrar en remoto la anterior llamada que se usó para grabar durante la reunión y desinstalar el malware del móvil borrando así todo rastro de la operación de escucha.
En los dos días siguientes, Martín Blas recibe más llamadas de Mier que sí atendió, pero, según declaró el entonces jefe de Asuntos Internos, al identificarse el interlocutor como periodista (Martín Blas asegura que no lo conocía) le colgó, ya que el cauce adecuado para los medios es acudir al departamento de prensa de la Policía.
Esas llamadas no atendidas le sirven luego a Mier para el día 22 y siguientes publicar contenido de la reunión de los policías con el CNI sugiriendo que la fuente es Martín Blas.
Estos artículos de Mier en ‘Información Sensible’ y el reportaje publicado el 31 de octubre por el socio de Villarejo en el accionariado de ese medio, Daniel Montero, que publica en otra revista, Interviú, donde recoge detalles de la reunión, permiten antes de acabar el mes saber que, por un lado, alguien había accedido al contenido de la reunión y, por otro, que son periodistas del entorno de Villarejo los que tienen el primer conocimiento de que se ha producido el encuentro.
Cuando los datos de tráfico telefónico y de posicionamiento empiezan a descartar a Martín Blas como sospechoso, se busca una segunda opción: el policía Miguel Ángel Hidalgo ‘Michel’, que también asistió al encuentro.
Villarejo y sus cómplices a través de la pata mediática que controlan filtran el relato de que Martín Blas atribuye a Hidalgo la autoría y que por eso solicita su cese al entonces Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino. Sin embargo, el cese, que además se anuló a los pocos días, no fue iniciativa de Martín Blas, sino que fue pensado y decidido exclusivamente por Eugenio Pino, según este acabó por reconocer en el juicio.
Para aumentar la lista de sospechosos, también se pone encima de la mesa, utilizando nuevamente la red mediática, una tercera posibilidad: un agente del CNI que habría asistido telefónicamente a la reunión. Sin embargo, esto ha quedado demostrado con datos y declaraciones que era falso.
Existe otro intento de implicar al CNI en la segunda parte de los hechos que se juzgan, la difusión del audio. El 17 de noviembre de 2014 se organiza una puesta en escena en un parque madrileño con la idea de que se apunte a un agente del CNI como responsable de la entrega de la grabación a Francisco Nicolás Gómez, el Pequeño Nicolás, en aquel momento envuelto en toda la polémica por su detención y el caso de Martínez de la Hidalga. El objetivo era difundirla en prensa a través del joven como paso previo a una solicitud de archivo del caso.
Ese día, Francisco Nicolás se encuentra en el Parque del Canal de Isabel II de Madrid con un amigo suyo, Luis de la Morena, un policía de cierta edad en segunda actividad, quien, según declara, queda con el joven porque detecta en él pensamientos suicidas. Al mismo tiempo que concierta el encuentro con De la Morena, Nicolás cita en el mismo sitio y hora a los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta.
Francisco Nicolás pasea dando vueltas con De la Morena mientras los periodistas permanecen a distancia (con «mucho frío» según declaran en el juicio) en una suerte de «notarios» de la escena. Una vez que termina el paseo con De la Morena, el joven se reúne en el bar del parque con los periodistas diciéndoles, según declaran, que paseaba con un agente del CNI. En ese encuentro también les prometió el joven una entrevista en exclusiva a cambio de que los periodistas le entregaran información o material que decían tener que ayudaría al joven a conseguir el archivo del caso que días antes se había abierto contra él.
Cinco días después del sketch del Parque del Canal, el 22 de noviembre de 2014, el periodista Carlos Mier publica en ‘Información Sensible’ una noticia utilizando aquel encuentro como marco: «La venganza del Pequeño Nicolás, el joven denunciará a Asuntos Internos y CNI por fabricar pruebas contra él». En el subtítulo de este texto es cuando se hace referencia por primera vez a la existencia de una grabación de la reunión con el CNI y se apunta a la inteligencia española como responsable de la difusión (e implícitamente del acto de grabación): «Un miembro del CNI ha hecho llegar de manera anónima al entorno de Nicolás un breve extracto de una conversación entre el comisario Marcelino Martín Blas y unos espías».
El 5 de diciembre, Mier vuelve a publicar y relata con más detalles el encuentro en el parque madrileño entre el Pequeño Nicolás y De la Morena, asegurando que este último sería un agente del CNI y que es la persona que le filtra al muchacho la grabación de la reunión.
Una vez se establece mediáticamente esta falsaria entrega de la grabación a Nicolás, el 12 de diciembre se ejecuta otra treta para aumentar el número de tenedores del audio y, por tanto, difusores posibles: los periodistas Inda y Urreiztieta y el inspector de policía José Ángel Fuentes Gago entregan la grabación por triplicado a los responsables de la investigación del caso Nicolás: Gago por mail a Martín Blas, Inda por el mismo sistema a Rubén López y Urreiztieta en mano, en un pendrive, a López.
Esta «jugada» se produce a tan solo cinco días de su difusión del audio (19 de diciembre) en medios. Primero, por la mañana, en el diario digital Infolibre y horas después en el programa de televisión ‘Un tiempo nuevo’, de la productora Mandarina, donde el Pequeño Nicolás ofreció una entrevista.
¿Entregar la grabación para colaborar con la Justicia o para difundir sin responsabilidad penal?
Aunque Inda y Urreiztieta explican que entregan la grabación el 12 de diciembre de 2014 para «colaborar» con las autoridades, en realidad tardaron casi un mes en hacerlo según queda acreditado por el sumario y sus propias declaraciones en el juicio.
Un mail de 17 de noviembre de 2014 de Urreiztieta enviado desde su correo personal a su correo corporativo de El Mundo, es reenviado por el periodista a Inda. Esta sucesión de envíos queda registrada y prueba que este periodista tenía la grabación en su poder desde al menos ese día de noviembre. El mail de Urreiztieta figura en el sumario porque forma parte de la cadena de correos con la que Inda remitió la grabación al inspector López el 12 de diciembre.
Ambos periodistas, pues, tuvieron en su poder durante casi un mes la grabación, a pesar de que sabían que se trataba de la prueba de un delito. Ellos mismos declararon que no publicaron el audio en El Mundo, medio en el que trabajaban, por consejo del abogado del periódico. En lugar de ello, la retuvieron e Inda la rentabilizó usando su contenido (tergiversadamente y para acusar en falso de irregularidades a los investigadores) en las tertulias donde tenía presencia permanente.
¿Y cómo les llegó la grabación a Inda y Urreiztiega? Los datos de posicionamiento de los terminales telefónicos de los periodistas les sitúan la mañana del 17 de noviembre con Villarejo y su esposa, Gemma Alcalá, en las inmediaciones de Torre Picasso, donde el comisario tenía sus oficinas.
Al día siguiente, 18 noviembre, y tras el encuentro por la tarde noche con Nicolás, el joven acude a casa de Inda en la que este y Urreiztieta le harían la entrevista «exclusiva» que El Mundo publicaría en portada el sábado 22.
Los dos periodistas negaron en el juicio, durante su declaración como testigos, es decir, con obligación de decir verdad, que ofrecieran o dieran nada a Nicolás a cambio de esta exclusiva. Sin embargo, estas afirmaciones se contradicen con lo confesado espontáneamente por el joven al inspector Rubén Eladio, el jefe de grupo de Asuntos Internos. Según este hizo constar en sus informes, el muchacho le declaró que la grabación se la dieron Inda y Urreiztieta el 18 en casa del primero.
También se contradice la versión de los dos periodistas con lo declarado por la también testigo y periodista Patricia López sobre lo que Nicolás le dijo en las horas inmediatamente anteriores al encuentro del Parque. De una parte, el joven le informa de esta cita y, de otra, le dice que no podía darle la entrevista que la periodista le pedía porque se la había prometido a Inda y Urreiztieta a cambio de «algo» que estos le iban a entregar y con lo que lograría archivar el caso que había contra él.
Toda esta estrategia, como ya señaló Público, buscaba no sólo que hubiera muchos sospechosos de tanto la grabación como de la difusión del audio, sino que se archivara el caso gracias a un recurso de nulidad por las «irregularidades» cometidas durante la investigación. Algo que no prosperó.
Entre estas inventadas irregularidades para tratar de lograr la nulidad del caso destaca, por la intensidad con la que fue publicitada, la falacia de que los investigadores sitúan en falso a Villarejo en el Parque del Canal confundiéndole adrede con un paseante. Esta versión aseguraba que esta relación aparecía en el informe que realizan los investigadores después de que el juez solicite las imágenes de las cámaras de la zona.
No solo el informe no lo aseguraba (solo se significaba el parecido) sino que son los propios Villarejo y Fuentes Gago los que a los pocos días del encuentro (3 de diciembre de 2014) comentan entre ellos el gran parecido entre Villarejo y el paseante avistado por las cámaras del recinto.
Extracto de las agendas de Villarejo con apunte sobre el policía Fuentes Gago.
A todo esto se une que las antenas posicionaron el teléfono de Villarejo durante al menos varios minutos en las inmediaciones y dentro del espacio temporal.
Villarejo y el periodista Daniel Montero se desligan de ‘Información Sensible’
Uno de los puntos clave es la difusión de los primeros detalles de la reunión a través de la web de Villarejo ‘Información Sensible’. El inicio de todo. El comisario de las cloacas ha negado en el juicio tener relación alguna con la grabación de la reunión con agentes del CNI y se ha desmarcado completamente de la gestión financiera, administrativa y de contenidos de ‘Información Sensible’.
Tanto Villarejo como su socio en la empresa editora de esa web, Daniel Montero, han cargado toda responsabilidad en la esposa del comisario, Gemma Alcalá, y en el periodista Carlos Mier. De hecho, Villarejo ha negado en varias ocasiones conocer a este último o haber hablado con él.
Pero sus propias agendas le desmienten, como ya avanzó Publico. Estos apuntes no solo registran contactos con Mier, sino que señalan un contacto específico el mismo día de la grabación, el 20 de octubre de 2014.
Extracto de las agendas de Villarejo que demuestra la relación previa con el periodista Carlos Mier.
Pero hay más, como Público ha podido saber, gracias al estudio pormenorizado de la guía de audios del comisario (sus famosas agendas), que Villarejo programó una reunión ese día 20 de octubre de 2014 en su oficina de la calle Mártires, 9, de Boadilla. Como se ha señalado antes, este es el lugar de trabajo de Mier y es desde donde se acredita que se realizó la llamada que graba la reunión ese día. Un detalle muy relevante que no ha salido a relucir en el juicio ni durante la instrucción porque las agendas del comisario no fueron solicitadas ni por el fiscal ni por la juez instructora al juzgado central 6 de la Audiencia Nacional que instruye el caso ‘Villarejo’.
Como puede verse a continuación, el comisario queda en «ofi de BOA» (la oficina de Boadilla) el lunes 20 de octubre de 2014 a las 9:30 de la mañana con el presidente de Legalitas, Alfonso Carrascosa, cuando lo habitual es que Villarejo trabaje a diario y reciba en su elegante oficina de Torre Picasso.
La documentación incautada dibuja a Carrascosa como socio y/o colaborador en varios «proyectos» del comisario y como persona con amplias y estrechas relaciones dentro de la judicatura y la fiscalía. Motivo por el cual, era una de las personas a las que el comisario recurría en busca de ayuda cuando las cosas se le ponían feas.
Extracto de las agendas de Villarejo que recoge el encuentro en la oficina de Boadilla entre el comisario y Alfonso Carrascosa.
Por su parte, Montero se ha desligado de Información Sensible durante el juicio al asegurar que aunque el 20 de octubre de 2014 figuraba en el registro mercantil como socio y administrador de Sensible Code SL, empresa editora de ese medio, en realidad solo era sobre el papel porque, según su versión, se apartó de la dirección de contenidos de la web y de la empresa en junio o julio de 2014 aunque no se hiciera oficial hasta diciembre, y que a partir de esos meses de verano «no sabe» quien dirigía la web y su contenido, si bien remarca que Carlos Mier siguió allí.
Protestan conta los altos precios de la energía en Leipzig, Alemania, 3 de octubre de 2022. (Foto: Getty Images)
Las empresas alemanas estiman que el 2023 habrá menos producción y empleo en comparación con el año pasado, a raíz de la crisis entre Rusia y Ucrania.
De acuerdo con un sondeo realizado por el Instituto de la Economía Alemana (IW) de Colonia, de las 49 empresas germanas consultadas, 39 considera la situación mucho peor que la de hace un año, lo que significa casi 80 % del total.
Por lo tanto, según detalla el sondeo, un poco más del 60 % de las empresas piensa que el nivel de la producción en sus sectores será menor en el 2023. De hecho, solo 13 compañías, el 27 %, consideran que habrá un incremento en la producción en sus sectores.
Esta situación ya es similar en el sector del empleo, donde casi el 33 % pronostica que bajarán los puestos de trabajo en sus sectores, 47 % cree que no habrá cambios en los pagos y solo el 18 % prevén que habrá con un aumento.
Además de los empresarios, también las industrias que consumen energía sufren tales desafíos. Esto a raíz de la crisis energética fomentada por la operación especial militar de Rusia a Ucrania.
El huracán energético sacudió a la Unión Europa (UE) tras el inicio de la operación rusa en Ucrania en 24 de febrero y, en concreto, por las sanciones a la importación del gas ruso que han impuesto desde Occidente, en particular Europa, como un instrumento de presión. Una decisión, hasta el momento, con efecto adverso, puesto que Moscú inició el corte del flujo de gas desde junio, lo que les ha costado muy caro a los ciudadanos europeos. Mientras tanto, la inflación ha provocado diversas protestas, así como huelgas en diversos países del continente europeo como el Reino Unido.
Según los expertos, la UE sufre una tremenda crisis económica, sin embargo, sigue utilizando sus propios fondos para respaldar a Ucrania y mantener vivo un conflicto que su único ganador es evidentemente Estados Unidos.
Además, este martes el gigante euroasiático anunció la prohibición de suministrar petróleo y productos petrolíferos rusos a países que se han sumado al tope de precio, lo que puede agravar la economía de los países europeos, en particular Alemania, que sufre una inflación grave en torno al 11,3 % en noviembre, la más alta desde principios de la década de 1950.
Últimamente el PP está tan confuso que se hiere a sí mismo…
Este martes el Gobierno anunció un cheque de 200 euros a hogares vulnerables, una rebaja del IVA de alimentos o la prórroga durante otros seis meses de la rebaja de los impuestos de la electricidad y del gas, entre otras medidas anticrisis. El anuncio parece que pilló con el paso cambiado al PP. En el caso de su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, reaccionó con una crítica a la totalidad. Tanto que se pasó un poco de frenada y aseguró que «todas las medidas que ha anunciado hoy Sánchez para 2023 ya las han pagado los españoles en 2022».
¿Que las medidas que toma el Gobierno las pagan los españoles? Claro, se llaman impuestos y así es como funcionan los Estados modernos. ¿De dónde pensaban en el PP que se saca el dinero para pagar la sanidad, la educación, las carreteras o las ayudas? ¿Cómo se piensan que se pagó el rescate de la banca?
Las palabras de Gamarra han encontrado multitud de respuestas en Twitter.
Podría Gamarra sacar un vídeo explicando también cómo se paga la supresión de ciertos impuestos que solo pagan unos pocos por ejemplo en Andalucía o en Madrid, o las becas de Ayuso para las rentas altas. Sería muy ilustrativo.
El presidente espera llegar al próximo mes de junio con cerca del 73% de sus compromisos cumplidos. «Estamos asentando una buena costumbre», ha afirmado el líder del Ejecutivo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez comparece antes los medios tras el Consejo de Ministros celebrado en el Palacio de La Moncloa en Madrid este martes. —Juan Carlos Hidalgo/EFE
El Gobierno de Pedro Sánchez incluirá en la próxima reforma de la Ley de Transparencia la obligatoriedad de los futuros Ejecutivos de rendir cuentas a la ciudadanía. Así lo ha anunciado el presidente en una rueda de prensa ofrecida en Moncloa para hacer balance del año y presentar las nuevas medidas anticrisis. En su comparecencia además ha dado detalle, como es habitual cada semestre, delinforme «Cumpliendo», que fija el grado de compromisos cumplidos durante toda la legislatura.
Según este informe, el Gobierno de coalición ha cumplido más de 1000 compromisos, un total de 66,8% en estos momentos. La previsión es lograr el 72,9% para el próximo semestre. Sánchez habría cumplido también el 73,2% sobre los compromisos de su discurso de investidura. La previsión es que sea de un 80% para junio. Respecto a los acuerdos incluidos en el pacto de la coalición entre PSOE y Unidas Podemos, se llega a final de este año con un 68,9% y la previsión es que sea de 75,9% para junio.
«Estamos asentando una buena costumbre y una sana costumbre. Vamos a incorporar este mecanismo a la próxima reforma de la Ley de Transparencia para que todos los gobiernos se vean mandatados a ejercer este ejercicio de rendición de cuentas», ha explicado el líder del Ejecutivo.
Sánchez ha destacado que el Gobierno cumple con sus compromisos de investidura pese a tener que hacer frente a fenómenos adversos como la pandemia o la guerra en Ucrania.Ha destacado también que el informe «Cumpliendo» sigue una metodología avalada por un grupo de expertos independientes.
Para la Presidencia del Gobierno, lo más importante es el ejercicio en sí, no los resultados. Entre los objetivos de esta iniciativa pionera se encuentran aumentar la calidad democrática, favorecer el escrutinio de la ciudadanía y llevar a cabo un aprendizaje institucional.
La elección en el CGPJ de dos magistrados junto con los otros dos que ya ha nombrado el Gobierno invierte el equilibrio de fuerzas en el TC a favor de los progresistas, que pasan a tener siete votos frente a los cuatro actuales de los conservadores. Los progresistas recuperan así la mayoría que perdieron en junio de 2013, cuando al Gobierno de Rajoy le tocó hacer sus nombramientos.
El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano (c) junto al resto de los magistrados, en el primer Pleno jurisdiccional tras la anterior renovación del órgano, el 15 de diciembre de 2021. —Isabel Infantes/EUROPA PRESS
En el momento de la votación, los vocales progresistas Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Concepción Sáez, Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda han manifestado que renunciaban al candidato que habían propuesto «por sentido institucional» y han votado unánimemente por los dos nombres propuestos por los conservadores: María Luisa Segoviano, hasta hace poco presidenta de la Sala Cuarta del Supremo –la primera mujer en acceder a la presidencia de una Sala del Alto Tribunal–, y César Tolosa, presidente de la Sala Tercera del Supremo.
«Alguien tiene que ceder», dicen otras fuentes del gobierno de los jueces. Con esta cesión, se desbloquea la renovación de un tercio del Tribunal Constitucional, es decir, cuatro magistrados, con el mandato caducado desde el pasado mes de junio. Juan Antonio Xiol, vicepresidente del TC, progresista; y Santiago Martínez-Vares, conservador, serán ahora sustituidos por María Luisa Segoviano y César Tolosa.
Pero no sólo ellos: Pedro González-Trevijano, presidente del TC, conservador; y Antonio Narváez, también del ala conservadora, serán reemplazados por los dos magistrados nombrados por el Gobierno: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la catedrática de Derecho Constitucional Laura Díez, ambos de tendencia progresista.
González-Trevijano se oponía a convocar el pleno para dar el plácet a los magistrados del Gobierno, un trámite simbólico, aduciendo que había que esperar a que el CGPJ designara a sus dos magistrados, tal y como indica la Constitución, que habla de la renovación por tercios, es decir, por cada cuatro magistrados a la vez. Se espera que en los próximos días se convoque el pleno en el Constitucional para examinar a sus cuatro nuevos magistrados.
Cuando Enrique López llegó al TC
El 12 de junio de 2013 se renovaba por última vez el tercio de magistrados correspondientes al CGPJ y al Gobierno, en aquel momento, presidido por Mariano Rajoy, del Partido Popular. El Ejecutivo eligió a Pedro González-Trevijano, que era rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), y Enrique López, hoy consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Por parte del órgano de gobierno de los jueces se nombró a Santiago Martínez-Vares, considerado conservador, y al progresista Juan Antonio Xiol Ríos.
Enrique López se vio forzado a renunciar como magistrado del TC al ser imputado de un delito contra la seguridad vial. Finalmente un juzgado le impuso una multa de 1.400 euros y la retirada del carnet de conducir por ocho meses.
Para sustituirlo, el Gobierno de Rajoy pensó en el jurista extremeño Antonio Narváez, que tomó posesión el 8 de julio de 2014.
Una década de hegemonía progresista
La renovación de 2013 acababa con la hegemonía progresista en el TC durante la anterior década. Los magistrados conservadores sumaban siete frente a los cinco progresistas. En estos momentos, en vez de doce los miembros del Constitucional son once, ya que Alfredo Montoya, del bloque conservador, renunció debido a una enfermedad. Su reemplazo le corresponde al Senado, que aún no se ha pronunciado sobre si deben ser los ‘populares’ quienes propongan al nuevo magistrado, que debe contar con tres quintos de votos de la Cámara Alta.
El empecinamiento de los de Feijóo en no negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial con el Gobierno hace prever que lo tendrían difícil en el Senado para que saliera elegido su nuevo candidato al TC con el que sumar un voto más en el tribunal de garantías.
Así queda el TC tras la votación del CGPJ
Una vez desbloqueada la renovación en el TC, el equilibrio de fuerzas se invertirá, de acuerdo con la mayoría parlamentaria, de tendencia progresista, pasando de seis a cinco votos a favor de los conservadores en estos momentos a siete votos progresistas frente a cuatro conservadores –cinco, cuando se designe al sustituto de Montoya–.
Casi todas las leyes más importantes del Gobierno de coalición se encuentran recurridas en el TC por PP y Vox, como la ley de la eutanasia y la nueva ley de educación. Sin olvidarse de la ley del aborto de 2010, que lleva doce años esperando a que los magistrados se pronuncien sobre si era inconstitucional la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 14 semanas de gestación. En la actualidad, está en vigor otra nueva norma, aprobada este mes de diciembre.
Precisamente, la grave crisis que ha desatado el Tribunal Constitucional al votar su mayoría conservadora a favor de prohibir la tramitación legislativa de la reforma que iba a desbloquear su propia renovación no se hubiera producido a priori si el TC hubiera estado renovado cuando tocaba, eso es, en junio de este año. El bloqueo producido en el seno del CGPJ por ocho de los diez vocales conservadores ha llevado a esta inédita situación.
Sin embargo, aunque cambien los rostros y la tendencia de cuatro de sus magistrados, el Constitucional ya ha escrito una página negra de su historia con la paralización por primera vez de una tramitación parlamentaria y eso es irreversible. Las recusaciones de González-Trevijano y Narváez pierden todo el sentido ahora que están obligados a apearse del TC.
María Luisa Segoviano y César Tolosa, elegidos magistrados del Constitucional por el Consejo General del Poder Judicial
El Consejo General del Poder Judicial ha nombrado a César Tolosa y María Luisa Segoviano magistrados del Constitucional por unanimidad, informan fuentes del órgano de gobierno de los jueces. Se trata de los dos candidatos propuestos por los vocales conservadores que llevaban meses bloqueando el acuerdo.
César Tolosa era la opción de los conservadores desde que se atuvieron a nombrar su candidato mientras que María Luisa Segoviano, magistrada progresista, ha sido elegida también a propuesta de los conservadores, quienes se han negado en todo momento a aceptar el candidato de los vocales progresistas del CGPJ, José Manuel Bandrés. Finalmente, el bloque progresista ha aceptado el nombre de la jueza Segoviano, con lo que los dos candidatos se han realizado a propuesta de los vocales conservadores.
Los mismos vocales conservadores que se atrincheran en el órgano de gobierno de los jueces han logrado finalmente imponer a los dos candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional cuya elección la ley atribuye al Poder Judicial. Hasta ahora, cada bloque elegía a un candidato. La estrategia de los conservadores ha sido proponer al magistrado conservador por el que habían optado y, además, a uno progresista, hurtándole a los vocales de esa sensibilidad proponer el nombre que consideraran más adecuado.
En este caso, los progresistas habían optado por el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés, con dilatada experiencia profesional y sin un perfil político de relevancia pública. Sin embargo, los conservadores lo desecharon desde el primer momento. En una reunión precedente, los conservadores presentaron a Tolosa y al progresista Pablo Lucas, pero el sector progresista del Poder Judicial se negó a renunciar a su candidato, Bandrés.
Fuentes del Poder Judicial atribuyen el empecinamiento de los conservadores en buscar otro nombre que no fuera Bandrés para disponer de alguna opción distinta a que Cándido Conde-Pumpido llegue a presidente del Tribunal Constitucional. Los vocales conservadores daban por seguro que Bandrés votaría a Conde-Pumpido y confían en que Segoviano no lo haga y opte por María Luisa Balaguer, la otra magistrada progresista del Constitucional que opta al puesto. La votación de presidente del Tribunal Constitucional no debe demorarse ya que uno de los magistrados cuyo mandato ha caducado y será sustituido es su actual presidente, Pedro González-Trevijano.
Con el nombramiento de los dos jueces por parte del CGPJ se desbloquea la toma de posesión de los dos magistrados propuestos por el Gobierno, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la que fuera directora general de Asuntos Constitucionales en Presidencia Laura Díez. Con los dos magistrados propuestos por el Poder Judicial se alcanza la renovación por tercios. Esto provocará un cambio en las mayorías del Tribunal Constitucional, decantándose hacia el sector progresista.
María Luisa Segoviano es una magistrada considerada de sensibilidad progresista que, además, es emblema de la ruptura de los techos de cristal en la judicatura. En septiembre de 2020 se convirtió en la primera mujer presidenta de una de las salas jurisdiccionales del Supremo. Estuvo al frente de la Sala de lo Social hasta su jubilación hace unos pocos meses. Fue nombrada por una amplia mayoría del CGPJ, tanto por el sector conservador como por el progresista. César Tolosa, por su parte, es el presidente de la Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desde 2020. En los 16 años anteriores ejerció como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
Felicitación del Gobierno
El Gobierno ha celebrado el acuerdo y lo ha considerado una decisión con la que “gana la democracia y pierde el PP”. En Moncloa creen que el Constitucional “recupere el prestigio, la objetividad y la credibilidad” que, dicen, había perdido ante el bloqueo del sector conservador del Gobierno de los jueces, que se resistía a nombrar a los candidatos para el Constitucional que correspondían al Poder Judicial.
Desde el Ejecutivo señalan que “el PP debería reflexionar si era necesario llevar hasta el límite” el Congreso, el Senado y el Constitucional, “dañar el prestigio del ese órgano y de algunos de sus magistrados para, finalmente, ”no impedir que se cumpla la Constitución“ y que se renueve el tribunal de garantías.
Hace varias décadas, se predijo que gracias a las vacunas y los antibióticos las enfermedades infecciosas desaparecerían. Sin embargo, en los últimos años la sociedad no ha dejado de sufrir epidemias: la covid-19, la viruela del mono, VIH, Ébola, etc.
Poliovirus, causante de la poliomielitis en humanos. -Wikimedia Commons / F.P. Williams, U.S. EPA
Para empezar, en 1981 apareció el SIDA, que se ha cobrado hasta ahora más de 50 millones de vidas. Todavía en la actualidad, cada año se infectan por VIH 1,5 millones de personas en el mundo.
Representación del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). —Wikimedia Commons / Los Alamos National Laboratory
Más reciente tenemos la pandemia de covid-19, que irrumpió a finales de 2019 y de la que lentamente vamos recuperándonos en Occidente, en gran parte gracias a las vacunas. Por el contrario, en China, donde hasta hace poco se había impuesto la política de «covid cero», el resurgir actual de casos recuerda a modo de déjà vu lo que vivimos en Europa, con el colapso de hospitales y un elevado número de fallecimientos.
A nivel mundial, hasta la fecha se han confirmado 650 millones de infectados por SARS-CoV-2 y más de 6,5 millones de muertes por covid-19. Además, las consecuencias del covid persistente o prolongada todavía están por determinar.
Auge de las infecciones respiratorias
Además de estas pandemias víricas, a finales de 2022 hay constancia de brotes epidémicos de al menos otras seis infecciones humanas.
En el hemisferio norte, el otoño-invierno ha llegado con brotes importantes de infecciones respiratorias por gripe y virus respiratorio sincitial (VRS). Los dos años de mascarillas y el aislamiento social para hacer frente a la covid-19 han favorecido el resurgir actual de las infecciones por virus respiratorios.
Micrografía electrónica de transmisión del RSV. —Wikimedia Commons / CDC
Tenemos vacunas y antivirales (oseltamivir) frente al virus de la gripe pero no frente al VRS. Los ancianos y los inmunodeprimidos son las poblaciones más vulnerables. El VRS afecta, además, a niños de corta edad, ocasionando cuadros de bronquiolitis que pueden causar la muerte.
Epidemias por virus de origen africano
El brote de viruela del mono (monkeypox o «mpox», según la OMS) se inició en Europa en mayo de 2022. Se ha extendido por más de cien países y se han confirmado 80.000 casos, de los cuales 60 derivaron en la muerte de los infectados/afectados/enfermos. En España se han confirmado 5.000 casos, casi todos entre hombres que practican sexo con hombres con promiscuidad elevada.
Entre tanto, en Uganda ha surgido un nuevo brote de Ébola. Está producido por la variante de Sudán, frente a la que no hay vacunas. Se han confirmado más de 150 casos y 55 fallecimientos, diez de ellos entre personal sanitario que atendió a los pacientes. Se han cerrado las escuelas y se han creado áreas de aislamiento en los hospitales. El último brote importante de Ébola fue en África occidental en 2016 y 2017, con más de 28.000 infectados y 11.300 fallecidos.
Epidemias por agua o alimentos contaminados
En Haití hay un nuevo brote de cólera desde principios de octubre. Hasta la fecha se han comunicado más de 10.000 casos sospechosos y se han producido más de un centenar de muertes, muchas de ellas en niños menores de 14 años. El último gran brote de cólera en Haití ocurrió en 2010, tras el terremoto que sufrió la isla. Hubo más de 800.000 casos y 10.000 muertos. Las pobres condiciones higiénicas, la malnutrición y la limitada infraestructura sanitaria han favorecido el resurgir de la epidemia actual.
Vibrio cholerae, la bacteria que causa el cólera. —Wikimedia Commons / CDC
A principios de 2022 se comunicaron dos casos de parálisis por el virus de la polio en Jerusalén (febrero) y en Nueva York (junio). La poliomielitis era una enfermedad infecciosa terrible y frecuente hasta hace medio siglo. Está producida por un virus ARN que se transmite principalmente por vía fecal-oral, esto es, a partir de aguas contaminadas. Aunque muchos casos son asintomáticos, algunos pacientes desarrollan daño neurológico, con destrucción neuronal en la médula espinal. Se produce de forma irreversible parálisis fláccida de las extremidades inferiores en uno de cada 200 infectados. Las formas más graves, con encefalitis, pueden ser mortales.
Tras la II Guerra Mundial, la vacuna inyectada con virus inactivados (vacuna de Salk) y, una década después, la vacuna oral con virus atenuados (vacuna de Sabin) consiguieron eliminar la infección en gran parte del mundo. Sin embargo, todavía es endémica en Afganistán y Pakistán, donde la cobertura vacunal es insuficiente. Las guerras y la pandemia de covid-19 han empeorado el acceso a las vacunas en otros países del Tercer Mundo, como en Yemen, donde se han descrito brotes recientemente.
En los países occidentales, alrededor de un 6% de los niños de menos de 6 años no están vacunados y son susceptibles de padecer la infección. Desde principios de año, el estudio de aguas residuales en Londres, Nueva York y Jerusalén ha comunicado la presencia de virus de la polio. En todos los casos se trata de la variante atenuada utilizada en la vacuna oral (Sabin). Las autoridades sanitarias han emprendido campañas de refuerzo de la vacunación en todos los niños de 1 a 9 años.
Aunque la vacuna oral de la polio (Sabin) es más efectiva que la de virus inactivados, ocasionalmente puede producir enfermedad. Por eso, la vacuna inyectada con virus inactivados (Salk) ha vuelto a recomendarse y es la más utilizada actualmente. Eso sí, aunque evita el desarrollo de enfermedad, no bloquea la infección y transmisión del virus.
La OMS aprobó hace dos años una nueva formulación de la vacuna oral, con un nuevo virus atenuado que incorpora un sistema de hipermutagénesis, que anula el riesgo de reversión a formas virulentas. Ya la han recibido más de 100 millones de personas en el mundo y está prevista su administración masiva en casos de emergencia sanitaria.
Prevención de nuevos brotes epidémicos
La lucha contra las enfermedades infecciosas tiene tres pilares fundamentales. El primero es la higiene y prevención del riesgo de exposición. El segundo son las vacunas, que bloquean la infección (esterilizantes) o protegen de formas graves. La tercera arma contra las infecciones víricas son los fármacos antivirales.
En un mundo globalizado, con flujos migratorios importantes, convendría focalizarse en tres intervenciones:
Programas actualizados de vigilancia sanitaria (OMS, CDC, eCDC, etc.).
Asegurar tasas de vacunación elevadas, para evitar el resurgir de brotes de infecciones víricas que creíamos controladas.
Disponer de reservas suficientes de antivirales para uso inmediato en caso de necesidad.
El Gobierno gallego, presidido entonces por Feijóo, permitió a una explotación de pollos duplicar su capacidad hasta 48.000 animales con una nave ubicada a escasos metros de una vivienda a cuyos propietarios no dejó personarse como afectados.
Vista general de una granja de engorde de pollos. —EQUALIA/Cedida
El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso de casación presentado por la Xunta contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anuló la licencia de ampliación de una macrogranja de pollos en la localidad de Santa María de Congostro, en el municipio de Rairiz de Veiga, en la comarca ourensana de A Limia. Según la providencia del tribunal, a la que ha tenido acceso Público, el Supremo no ha atendido a ninguno de los argumentos con los que el Gobierno gallego pretendía que el fallo fuese revocado.
El 19 de noviembre de 2021, la sala de lo Contencioso del TSXG anuló una resolución de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climatico de la Conselleria de Medio Ambiente de la Xunta, aprobada dos años antes, por la que autorizaba la ampliación de la macrogranja de pollos de la empresa Covirsa Freire, vinculada a Coren.
En concreto, Covirsa quería ampliar sus instalaciones en Rairiz de Veiga para duplicar su capacidad, que pasaría de unos 23.000 pollos por ciclo productivo -son unos seis ciclos al año- a casi 48.000. Para ello, y gracias a la autorización de la Xunta, construyó una nueva nave a escasos metros de una vivienda. Sus propietarios recurrieron la licencia y el informe de impacto medioambiental en la que se basaba, que ni siquiera citaba la existencia de su casa y en el que no se les consideraba como afectados por el proyecto.
Camiones vertiendo purines como fertilizante en A Limia. —CEDIDA
El TSXG atendió íntegramente su demanda y concluyó que la Xunta vulneró su derecho «a la salud, la intimidad personal y familiar, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado», y advirtió de que la ampliación de la macrogranja supone «graves riesgos» sanitarios por las emisiones «de polvo, partículas, olores y ruidos», además de amoniaco y gérmenes transmisibles a las personas «con consecuencias incalculables».
Carga contaminante
Asimismo, los magistrados estimaron que la autorización de la Xunta se había expedido sin valorar las repercusiones de la ampliación sobre los recursos hídricos de una zona situada en Red Natura 2000, en la que el medio ambiente ya se ha visto afectado por los residuos ganaderos y en el que cualquier nueva explotación supone una afección evidente a la capacidad del entorno para asumir más carga contaminante. «La descripción de los aspectos medioambientales que pueden verse afectados por el proyecto y la evaluación de sus efectos carece de rigor, es insuficiente, parcial, incompleta y vaga», establecía la sentencia.
La Xunta presentó ante el Tribunal Supremo un recurso de casación, una figura extraordinaria que permite a un recurrente solicitar la anulación de una decisión judicial alegando la existencia de jurisprudencia en contrario de otro tribunal que, ante un caso idéntico, haya fallado de manera opuesta.
Aguas contaminadas en una de las playas del embalse de As Conchas, en una imagen de archivo. —Movemento Ecoloxista da Limia
En su providencia, fechada el pasado 14 de diciembre, el Supremo ni siquiera admite a tramite el escrito de la Xunta por varias razones. Entre otras, que carece de interés casacional, dado que no aporta jurisprudencia en contrario que quepa casar frente a la sentencia del TSXG; y que los argumentos de la Xunta carecen de fundamentación suficiente como para que los jueces entren a valorar el fondo del caso.
La decisión del Supremo es firme y contra ella no cabe recurso. Fuentes próximas a la familia afectada por la explotación vinculada a Coren manifestaron su satisfacción por la decisión del Supremo, y expresaron su deseo de que la sentencia del TSXG sea declarada firme y que el tribunal ordene cuanto antes su ejecución.
Público preguntó en su día a Coren por el caso, pero la empresa no quiso contestar ni dar su versión. Al cierre de este artículo, tampoco la Consellería de Medio Ambiente había respondido al ofrecimiento de este diario para que valorara la decisión del Tribunal Supremo.
