En medio de esa maraña de informaciones, tribunas y análisis, siempre es una suerte toparnos con algo de síntesis. Por eso el siguiente vídeo del tertuliano Javier Aroca resulta tan clarividente, todo un alarde pedagógico que resume en menos de minuto hasta qué punto «la soberanía popular ha sido secuestrada y burlada por un grupo de jueces y magistrados insurrectos».
«La clave de todo esto está en el bloqueo, en el filibusterismo del Partido Popular aliado con una pandilla de jueces y juristas de reconocido prestigio que están bloqueando las instituciones democráticas y constitucionales», recita Aroca como si de un Padrenuestro se tratara en el programa Hablando claro, de TVE.
Y es que la elocuencia es clave para ser convincente. Quien duda genera dudas, es el abecé de cualquier alegato que se preste. Así lo han estimado los tuiteros, de tal forma que el speech de Aroca no ha tardado en convertirse en viral.
«Los ciudadanos del Estado somos menos soberanos porque lo que votamos en las urnas, que es lo que dice la Constitución y donde reside nuestra soberanía popular, que ha sido secuestrada y burlada por un grupo de jueces y magistrados insurrectos», zanja un certero Aroca.
El desfile ‘Bund’ germano-estadounidense en Nueva York, EE.UU., 30 de octubre de 1937.
Un documento de inteligencia soviética revela la asistencia secreta de EE.UU. y el Reino Unido a la Alemania nazi en vísperas de la Segunda Guerra Mundial.
Estados Unidos y Reino Unido negociaron al menos un préstamo a la Alemania nazi de Adolf Hitler por miles de millones de dólares poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, según el documento interno del servicio de inteligencia (KGB, por sus siglas en inglés) de la antigua Unión Soviética, recogido este martes por la cadena RT (Russia Today).
En este sentido, se refiere al expresidente estadounidense Herbert Hoover (1929-1933) como alguien “directamente involucrado e interesado” en los preparativos del préstamo y al secretario del Comercio Exterior británico, Robert Hudson como otro protagonista que podría “ejercer un considerable apoyo a las negociaciones con los alemanes”.
El informe de 1939 desclasificado y sus anexos, documenta también los intentos de ocultar los hechos en ambos países después de que los medios revelaron que Hudson había negociado el crédito con un asesor del gobierno nazi.
Un documento del servicio de inteligencia soviética sobre la asistencia de EE.UU. y Reino Unido a Hitler en vísperas de II Guerra Mundial.
El servicio secreto de la Unión Soviética destaca que el expresidente estadounidense tenía miedo de que la prensa lo mencionara en relación con los preparativos para financiar a la Alemania nazi.
Y más, el golpe reputacional, en este caso, no sería solo personal, sino que también afectaría al Partido Republicano. Para evitarlo, se tomaron algunas “medidas de emergencia” con el fin de retirar las carpetas concernientes a su participación en esta asistencia a Hitler.
La Segunda Guerra Mundial comenzó semanas después de los acontecimientos que se mencionan en el informe, el 1 de septiembre de 1939, con la invasión a Polonia de las tropas alemanas.
La Policía de ese país concretó millonarios acuerdos comerciales a lo largo de los últimos diez años. Amnistía Internacional ha pedido al Gobierno español que frene este negocio hasta que se aclaren la salvaje represión contra manifestantes.
Una familiar de uno de los manifestantes asesinados llora durante su funeral en Ayacucho (Perú) el pasado sábado 17 de diciembre. —Miguel Gutiérrez/EFE
Los cuerpos policiales y militares que hoy reprimen a manifestantes en las calles de Perú están dotados con material elaborado en España. Desde hace al menos diez años, los fabricantes de productos antidisturbios han encontrado en aquel país latinoamericano uno de los grandes clientes de este tipo de productos policiales, entre los que aparecen desdecartuchos hasta esposas.
En plena oleada represiva contra las protestas que hoy atraviesan las calles peruanas, Público ha recogido datos oficiales que revelan la magnitud de los negocios alcanzados en ese ámbito con la Policía y las Fuerzas Armadas de Perú, hoy bajo el foco internacional por los asesinatos de al menos 24 manifestantes tras el intento de autogolpe del presidente Pedro Castillo y su fulminante destitución por parte del Congreso.
Según consta en los informes elaborados por la Secretaría de Estado de Comercio, entre 2012 y 2021 –últimos datos disponibles– las autoridades españolas han autorizado 24 licencias de exportación de material antidisturbios a Perú por un valor de 70.429.599 euros.
A partir de estas cifras oficiales, la base de datos que elabora el Centro Delàs de Estudios por la Paz sitúa a Perú como el principal destinatario de las exportaciones de ese tipo de material autorizadas durante los últimos diez años.
Las compras de material antidisturbios realizadas por los sucesivos gobiernos peruanos han estado dirigidas tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía. Todas esas operaciones han contado con el visto bueno de la Junta Interministerial que tiene a su cargo la concesión de las licencias de exportación de armamento. Sus actas cuentan con carácter secreto gracias a un decreto aprobado por el Gobierno de Felipe González en 1987.
La información disponible permite establecer que entre los productos antidisturbios comprados por Perú figuran cartuchos y artificios lacrimógenos, bengalas, aerosoles de defensa policial, esposas, botes de humo y despieces para el ensamble de artificios lacrimógenos.
Según ha podido confirmar Público, Amnistía Internacional (AI) ha verificado imágenes de policías disparando bombas lacrimógenas directamente y a corta distancia de los cuerpos de los manifestantes en la Plaza San Martín en Lima.
«La fuerza no debería utilizarse sino en casos estrictamente necesarios, de manera proporcional y con un propósito legítimo, que luego pueda ser sometido a un proceso de rendición de cuentas», ha advertido la organización de derechos humanos en una carta remitida al Gobierno español.
En tal sentido, AI ha pedido al Ejecutivo que «no conceda nuevas autorizaciones de material antidisturbios a Perú hasta que se investiguen de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial todas las denuncias de violaciones de derechos humanos en el contexto de la actual crisis».
Reclama además que no se permitan acuerdos de ese tipo hasta que se aclare si los funcionarios «utilizan el material antidisturbios de acuerdo con las normas internacionales sobre el uso de la fuerza». Asimismo, AI ha pedido que no se concedan licencias hasta que se derogue la Ley de Protección Policial que «permite la impunidad de la policía por el uso excesivo de la fuerza», una traba elocuente a la hora de aclarar lo ocurrido durante los últimos días en Perú.
«Las autoridades peruanas deben investigar de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial todas las denuncias de violaciones de derechos humanos en el contexto de la actual crisis», remarcó.
«Disparan al cuerpo»
El veterano periodista Pepe Mejía, corresponsal para Europa de Lucha Indígena y miembro del colectivo Peruanxs en Madrid, sigue muy de cerca estos acontecimientos. «Las fuerzas antidisturbios utilizan todo tipo de material pero lo habitual son los perdigones, gases lacrimógenos y bala, en ese orden», señaló a Público.
Hace 15 años, Mejía denunció que las autoridades españolas «vendían material de segunda mano» a los cuerpos represivos peruanos «para controlar a manifestantes». Hoy destaca que «el papel de los antidisturbios es crucial en la represión al pueblo peruano en sus movilizaciones». «Además –subrayó–, se coordinan con agentes infiltrados en las movilizaciones».
«Utilizan fusiles de asalto y disparan al cuerpo»
El corresponsal de Lucha Indígena alertó además sobre «la intervención y participación de las FFAA con material de guerra por las calles». «Por las redes circulan numerosos videos en los que se aprecia cómo utilizan fusiles de asalto y disparan al cuerpo, siguiendo la orden que han recibido. Esto se ha dado más en las zonas de Ayacucho y Cusco, dos regiones en donde el poder de las organizaciones indígenas y campesinas tiene un peso histórico», apuntó.
Detenciones y torturas
En una declaración publicada en las últimas horas, AI ha advertido precisamente sobre la represión policial registradas en esas zonas del país, algo que «va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos y puede agudizar la actual crisis».
Desde la declaratoria del estado de emergencia a nivel nacional producida el pasado 15 de diciembre, esta organización de derechos humanos ha recibido «numerosas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas militares y policiales en las protestas sociales, que van desde el uso excesivo de la fuerza y privaciones de la libertad sin respetar el debido proceso, hasta la tortura».
«Ante la evidencia del impacto negativo de la respuesta militarizada a la actual crisis en el Perú, demandamos el retiro de las fuerzas militares del control de protestas, mientras no se pueda asegurar que quedarán sometidas al mando civil y que actuarán dentro de un marco de derechos humanos sin hacer uso ilegitimo de la fuerza y de armas letales», señaló Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
«Las autoridades le están dando la espalda a la ciudadanía»
Por su parte, Marina Navarro, directora de esa organización de derechos humanos en Perú, advirtió que «las autoridades le están dando la espalda a la ciudadanía y están enviando a las fuerzas del orden a resolver con represión un problema que debe solucionarse con diálogo». «La seguridad de la población no se puede garantizar vulnerando derechos humanos», subrayó.
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Búfalos en el Capitolio, neonazis golpistas en Alemania, jueces franquistas en España… La democracia está en peligro ¡No mires arriba! Jueces y derecha ya no se molestan en parecer demócratas. Lo vimos el 6 de enero de 2021 en el Capitolio y lo hemos vuelto a comprobar está semana en el Tribunal Constitucional español Periodismo, investigación y compromiso para construir un mundo más igualitario.
Ante la crisis política que se vive en el Perú, el Gobierno declaró el estado de emergencia en todo el país.
Estado de Emergencia implica la suspensión de los derechos de reunión, inviolabilidad del domicilio y libertad de tránsito, entre otros. Esta medida se tomó luego de que las manifestaciones se tornaran más violentas y dejaran un saldo de ocho fallecidos hasta la fecha. La principal demanda de los protestantes es el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones.
Como las movilizaciones en todo el Perú cada vez se tornan más violentas, el Gobierno decidió declarar el Estado de Emergencia por 30 días. Desde toma de carreteras hasta la destrucción de la propiedad pública y privada, las protestas ya han dejado ocho fallecidos. Aunque la presidenta Dina Boluarte ha anunciado la posibilidad de un adelanto de elecciones, la ciudadanía peruana no está satisfecha, pues su principal demanda es el cierre del Congreso.
Tras la vacancia de Pedro Castillo, algunos mandatarios como Gustavo Petro, de Colombia; Andrés Manuel López Obrador, de México; Alberto Fernández, de Argentina; y Luis Arce, de Bolivia; han manifestado que desconocen el gobierno de Dina Boluarte.
Con el Estado de Emergencia, la presidenta interina espera que se recupere el control de orden interno, sin que se afecten los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Ante la ola de manifestaciones que se vive en el Perú día a día, Dina Boluarte hizo un llamado a la calma y anunció un posible recorte en el plazo de adelanto de elecciones, con el fin de atenuar la crisis política en el país.
En las últimas horas se ha hecho viral un vídeo que ha subido a su cuenta de Twitter el economista Eduardo Garzón en el que muestra cómo estaba el servicio de Urgencias del hospital Gregorio Marañón de Madrid, uno de los más importantes de la ciudad, el pasado lunes 12 de diciembre a mediodía. Dan ganas de llorar: la cola parece infinita. Pero será mejor que lo vean.
No podemos estar más de acuerdo con Garzón en sus reproches a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es cierto: Ayuso prometió libertad en forma de cañas y se olvidó de lo importante. Pero eso también se lo contamos en su momento.
Preferimos centrarnos en las reacciones de los tuiteros. Hay de todo, pero nos ha llamado la atención especialmente la de otro economista, pero este de derechas. Hablamos de Daniel Lacalle, firme defensor de las políticas neoliberales, quien ha respondido al vídeo de Garzón. De hecho, los dos han mantenido una breve conversación en las redes. Les hacemos un pequeño spoiler: por mucho que insista Lacalle, la situación sanitaria en Madrid no tiene parangón en otras comunidades autónomas.
UGT considera que “la devolución y no ejecución de la financiación estatal es una vergüenza y es inmoral”.
Isabel Díaz-Ayuso junto a Enrique Ossorio en la Asamblea de Madrid.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dejado de gastar casi 2,4 millones de euros de financiación estatal para la Formación Profesional de la red pública, según denuncia el sindicato UGT.
El pasado 8 de octubre, el BOE publicó dos resoluciones con la distribución de financiación estatal para 2022 destinada por el Estado para Formación Profesional a las diferentes Comunidades Autónomas. Entre los criterios que establece para poder recibir estos fondos figura no haber devuelto dinero de dichas partidas durante los años 2019 y 2020, premisa que no ha sido cumplida por el Ejecutivo regional.
El total de presupuesto no ejecutado por la consejería de Educación que dirige Enrique Ossorio asciende a 2.339.903 de euros, cantidad esta que se deduce de la cuantía que le correspondería en 2022.
El Gobierno central fija dos partidas destinadas a los centros y profesorado públicos de Formación Profesional para las distintas comunidades autónomas.
La primera está referida a la formación del personal docente cursos de mejora de FP y orientación profesional, digitalización y sostenibilidad de cada sector productivo, formación a lo largo de la vida y desarrollo de aplicaciones informáticas y bases de datos.
Sobre esta partida, el Estado ha concedido a la Comunidad de Madrid tan solo 444.203 euros ya que en 2019 devolvió 1.133.542 de euros y en 2020, 753.753 euros.
De hecho, fue la única comunidad autónoma que devolvió dinero por este concepto en 2020, durante el año de la pandemia, según la información de UGT Madrid.
La segunda partida va destinada difusión, organización y participación en campeonatos de FP, la mejora de la calidad de las enseñanzas y las competencias, a través de módulos voluntarios y la conectividad y equipamientos de los nuevos grupos de FP en los centros públicos. Para ello, Madrid ha recibido 419.420 euros en 2022, al habérsele descontado 431.314 euros que fueron devueltos al tesoro en 2019.
En total, la comunidad de Madrid ha dejado de recibir en base a estos ajustes, más de 1,8 millones de euros para Formación Profesional.
Los criterios de distribución de dichas partidas son: el número de alumnos y docentes de Formación Profesional en centros públicos, la brecha de género del alumnado de estas enseñanzas, la tasa de riesgo de pobreza y la dispersión geográfica.
La secretaria de Enseñanza y Servicios Públicos de UGT Madrid, Teresa Jusdado, considera que “la devolución y no ejecución de la financiación estatal es una vergüenza y es inmoral”.
A su juicio, “las explicaciones, ajenas todas ellas a la mejora del sistema educativo, solo pueden ser partidistas y un ataque frontal a la red pública de Formación Profesional desde la Consejería, tanto en lo que respecta a la modernización del sistema como a la formación del profesorado”.
Para Jusdado, esto demuestra que el Gobierno del PP “no quiere mejorar la FP pública ni dotarla de más financiación, aunque proceda del Estado y no de sus propias arcas”. Y añade: “Si dicho presupuesto pudiera ser utilizado para la red privada, sin duda, no habría sido reintegrada al tesoro y se hubiera ejecutado”.
La dirigente sindical califica de “desfachatez” que el Ejecutivo de Ayuso “pida continuamente financiación al Estado cuando por la puerta de atrás devuelve la misma, siempre que no pueda destinarla a financiar empresas privadas”, concluye.
Antonio Pérez Maiz
hace 16 horas