Que vergüenza de país. los ladrones y corruptos andan sueltos. y la gente que lucha por sus derechos, los meten en la cárcel. todo mi apoyo a estás personas
Categoría: Humanoides
CNT Granada CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRABAJO
El 24 de septiembre hay convocada una gran movilización en Madrid para pedir la absolución de nuestros 6 compas de Xixón condenados a penas de prisión por hacer sindicalismo. Toda la CNT estamos sumando fuerzas para que esta jornada de lucha sea un éxito. Como sabéis, se organizarán autobuses para acudir a la manifestación desde Granada. Os animamos a que os suméis a este evento y a que, en la medida de vuestra posibilidades, ayudéis a la difusión de la convocatoria y del caso represivo.
Si deseas acudir, tan solo necesitas ponerte en contacto con el sindicato (granada@cnt.es o al teléfono del sindicato 644 169 308). No es necesario estar afiliado/a.
Nos esperan unas semanas que remar en la misma dirección para apoyar a las encausadas y para sumar fuerzas porque HACER SINDICALISMO NO ES DELITO.
Más información sobre el caso de La Suiza: https://www.cnt.es/noticias/absolucion-companeras-de-xixon/
2# ‘Todo es muy burdo (pero vamos con ello)’ – Fracking, Inda y Búnkeres.
A mi me gustaría saber si es que solo somos capaces de conseguir energía mediante combustibles fósiles. ¿ Que no hay, o somos capaces, de conseguir energía sin que entren en juego los combustibles fósiles; o es que eso no conviene investigarlo.?
Varios países denuncian la ocupación israelí ante la ONU
Más apoyo para Palestina. En la Asamblea General de la ONU, varios países del mundo exigen el fin de la ocupación israelí y la creación de un estado soberano palestino.
El primer día del debate general de alto nivel de la Asamblea General de la ONU arrancó el martes en Nueva York. La causa palestina y la ocupación de los territorios palestinos por parte de Israel fue uno de los temas más mencionados por los ponentes.
El Emir de Catar, el Sheij Tamim Bin Hamad al-Thani, lamentó que a pesar de distintas resoluciones del Conejos de Seguridad, la comunidad internacional ha sido incapaz de detener las atrocidades israelíes. Y pidió a los países del mundo que se esfuercen más para acabar con este conflicto que ha persistido durante décadas.
A su vez, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, exigió el fin de los asentamientos israelíes.
A su vez, Jordania, que alberga a dos millones de refugiados palestinos, exigió a la comunidad internacional más apoyo para la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo, la UNRWA.
Durante los próximos días de la gran cita diplomática anual en Nueva York, habrá más voces en el apoyo a la causa palestina. El que debería escucharlas, el régimen de Israel, hasta el momento, se ha resistido a prestar oídos.
Presidenta de Honduras: Ya no soportamos golpes de Estado
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, arremete en su discurso en la AGNU contra las potencias golpistas, la economía neoliberal y el colonialismo mundial.
Contenido publicado originalmente bajo licencia CC de atribución en: https://www.laprensa.hn/honduras/xiomara-castro-en-la-onu-fueron-trece-anos-de-dictadura-tutelada-por-la-comunidad-internacional-BE10143561
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“Las naciones pobres ya no soportamos golpes de Estado […], ni revoluciones de colores, usualmente organizadas para espolear nuestros vastos recursos naturales”, aseveró el martes Castro en un discurso en el 77.° período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (AGNU).
La mandataria izquierdista denunció la complicidad de Estados Unidos en el golpe de Estado de 2009 contra su esposo, el entonces presidente Manuel Zelaya, y el sostenimiento de más de una década de narcodictadura en Honduras.
“Trece años de dictadura tutelada por la comunidad internacional nos llevó al país a multiplicar su deuda pública por seis veces y alcanzar la tasa del 74 % de pobreza, la más alta en la historia de Honduras […] Queremos vivir en paz”, exigió la líder del Partido Libertad y Refundación (Libre).
Tachó de inaceptable el orden mundial arbitrario y la dictadura monetaria global, que a los más pobres se les impone medidas draconianas de disciplina fiscal, que aumentan el sufrimiento de las mayorías postergadas, y el capital especulativo no tiene límites. Por tanto, la presidenta consideró que “es tiempo de discutir seriamente la multipolaridad”.
Para Castro los hondureños tendrán futuro si se acaba con la dictadura económica neoliberal. “Para que nuestro país sobreviva, debemos rechazar esa presunta austeridad que premia a los que concentran la riqueza en pocas manos, y aumenta la desigualdad de forma exponencial”, puso de relieve.
Castro asumió el poder en enero, tras doce años de gobierno del conservador Partido Nacional, los últimos ocho al frente de Juan Orlando Hernández, que desde abril enfrenta juicio en EE.UU. por narcotráfico.
El tuit de Villacís que ha encendido las redes: «Es lo más vergonzoso que he visto en tiempo»
El tuit de Villacís que ha encendido las redes: «Es lo más vergonzoso que he visto en tiempo»
Begoña Villacís posa junto a varias chabolas.- TW
La trama que colocó mujeres sin papeles para cuidar a ancianos en Galicia suma ya 80 víctimas
A un mes para que se cierre la instrucción, una de las últimas mujeres que se han adherido a la denuncia relata abusos sexuales del hombre al que cuidaba mientras que la agencia que la contrató le pedía que «aguantara e hiciera la vista gorda».
Las prácticas contra los derechos de los trabajadores que está evidenciando la investigación del Juzgado de Instrucción 3 de Lugo contra la responsable de la agencia Asistencia Castroverde S.L. y varios colaboradores son cada vez más numerosas. La instrucción suma ya 80 mujeres presuntas víctimas de explotación laboral, a un mes para que concluya.
Son mujeres de América Latina, la mayoría de Colombia, Honduras y Nicaragua, sin papeles, que pasaron por la red que Montserrat L. G. camufló en su empresa radicada en la localidad lucense de Castroverde y habilitada para ofrecer servicios de asistencia a personas mayores en Lugo y en toda Galicia. Tenía convenios con varios ayuntamientos. Muchas de las familias que recurrían a sus servicios eran receptoras de ayudas por parte de la Xunta de Galicia para el cuidado de sus mayores.
Por eso, es probable que la investigada finalmente sea acusada de un presunto delito de malversación de fondos públicos, además de por delitos contra los derechos de los trabajadores, según fuentes jurídicas.
Este diario desveló el pasado mes de mayo la investigación que llevaba a cabo el Juzgado de Instrucción 3 de Lugo. En aquel momento, 60 presuntas víctimas habían declarado ya. En la actualidad se han sumado otras 20 y, según indican fuentes jurídicas, podrían ser en torno al centenar las mujeres que trabajaron en condiciones miserables cuidando a ancianos como ‘internas’.
El sumario, al que ha podido acceder este medio, revela que mientras las familias de las personas ancianas pagaban entre 1.100 y 1.520 euros al mes (muchas veces sin sumar el preceptivo IVA a propuesta de la empresa), las cuidadoras percibían una media de 800 euros mensuales, sin derecho a días de descanso. Por cada día libre que se tomaban la empresa les descontaba 100 euros, según han declarado numerosas víctimas en el juzgado.
Abusos sin respuesta
Una de las últimas cuidadoras que han declarado ha revelado que el hombre al que cuidaba como interna en su domicilio presuntamente abusó sexualmente de ella. La mujer no tenía una habitación propia y debía dormir en un sofá cama instalado en el pasillo de la vivienda. El hombre, de unos 60 años, se metía a hurtadillas en el sofá por la noche y la sometía a tocamientos, ante el rechazo de la joven.
La cuidadora lo comunicó tanto a las hijas del hombre, que vivían con él, como a Montserrat L. G., según declaró, pero la respuesta que recibió de ellas fue que «aguantara y que hiciera la vista gorda», puesto que la medicación que tomaba el hombre «le aumentaba la libido».
Ante esta experiencia y una anterior en la misma agencia, en la que la señora a la que cuidaba le escondía la comida, la joven decidió no volver a trabajar con dicha empresa.
Una larga investigación
El juzgado incoó diligencias en diciembre de 2019 ante una denuncia de la Guardia Civil sobre el caso de una mujer colombiana que confesó al hijo de la anciana que cuidaba que carecía de papeles, por lo que no tenía contrato laboral. Pronto la causa engordó con 44 víctimas y familias que se sienten estafadas. En estos momentos, ya son 80 las damnificadas. El próximo 21 de octubre está previsto que declare la principal sospechosa, Montserrat L. G. encarando la recta final de la instrucción.
La gerente y dueña de Asistencia Castroverde S.L. solía contratar a las migrantes por teléfono. Incluso por WhatsApp les daba instrucciones: «No digas que acabas de llegar», consta en un mensaje aportado al sumario. «Si en la casa te piden la documentación les dices que me la has dado a mí», aparece en otro.
Mientras a las familias les aseguraba que las chicas contaban con seguro por si sufrían algún accidente y con la habilitación necesaria para los cuidados a personas mayores enfermas, como el de auxiliar de enfermería, a las mujeres explotadas las engañaba diciéndoles que iban a cuidar a una persona encamada y después se encontraban con dos ancianos dependientes, por ejemplo.
Parece claro que la acusada se aprovechó de las condiciones de vulnerabilidad de las cuidadoras. Recién llegadas a España, sin un horizonte cercano de regularización en el país, se entregaron a la oferta de trabajo que recibieron de Montserrat. Una de ellas ha explicado en el juzgado que llegó a estar un mes y medio sin librar ningún día, con jornadas que incluyen prácticamente 24 horas, ya que la atención a personas mayores implica continuos cuidados. Montserrat les decía a sus ‘empleadas’ que si querían librar tenía que enviar a otra chica a ese trabajo, que era imprescindible no librar, consta en el sumario.
Montserrat L. G. era conocida en Lugo como una empresaria que daba trabajo fácilmente a migrantes sin papeles. Esto lo han puesto de manifiesto todas las víctimas.
Uno de los indicios más potentes que maneja el juez es la forma de cobro elegida por la investigada: sobres con dinero y con el nombre de la trabajadora a mano en un bar de Lugo. La empleada del bar está también imputada en la causa al haber repartido los sobres con las mensualidades de las migrantes.
Además de esta empleada del bar, están imputados en la causa la hija de Montserrat, que, según el juzgado, era la presunta responsable de calcular el sueldo de cada una de ellas e introducirlo en los sobres; otra mujer que ayudó a repartir los emolumentos; un hombre que colaboró logísticamente y un empleado irregular que supuestamente se encargaba de facilitar el teléfono de Montserrat a las migrantes sin papeles y viceversa, aunque en este caso, es probable que no sea acusado finalmente.
Radiografía de un problema: la escasez de personal de enfermería, por provincias
Estos son los ratios de enfermeras por cada 100.000 habitantes en cada provincia de España.
España tiene un ratio de enfermeros y enfermeras similar a la de Eslovaquia, Hungría, Bulgaria, Grecia y Letonia. Faltan, al menos, 95.000 profesionales para cubrir las carencias mínimas y alcanzar la media de la Unión Europea. Una déficit extendido por too el país, donde solo una comunidad autónoma se salva de la crítica.
La tasa de enfermeros por cada 100.000 habitates en la UE es de 827, mientras que España se ubica en 625. Más de 200 profesionales por debajo de la media continental con diferencias abismales entre unas y otras provincias, algo que afecta de lleno a la cohesión nacional y provoca desequilibrios territoriales.
Los datos, publicados por el Consejo General de Enfermería de España (CGE), muestran que mientras Navarra (926) tiene una tasa superior a la media de la UE, Murcia (463) está casi 500 enfermeros por debajo. Castilla-La Mancha, Islas Baleares, País Valencià, Andalucía y Galicia también están por debajo de la media nacional.
Desglose por comunidades
Las provincias andaluzas presentan un ratio muy por debajo de la media de la Unión Europea y de la propia media de España. Mientras que la comunidad está en 529 enfermeras por cada 100.00 habitantes, Almería (481), Málaga (497) y Huelva (499) ni siquiera llegan a 500. Es la región que más enfermeras necesita (más de 25.000) para llegar a la media europea.
Aragón tiene el quinto mejor ratio de España (716) y supera de forma solvente la media nacional, pero aun así se encuentra lejos de los datos de Europa. Solo Teruel, con 800 enfermeras por cada 100.000 habitantes, está cerca de esos números.
Pese a los buenos datos, aún necesitaría 1.461 enfermeras para llegar a la media de la Unión Europea.
En cuanto a las comunidades uniprovinciales, el dato es dispar. Navarra destaca y desborda la media mientras Murcia se queda muy lejos de datos saneados. A medio camino, Madrid (678), La Rioja (637) y Ceuta (696).
La Comunidad de Madrid ocupa el undécimo lugar según la ratio de enfermeras y supera por poco la media nacional. Aun así, necesita más de 10.000 enfermeras para llegar a los números de la Unión Europea. Murcia, a la cola, necesitaría más de 5.000 enfermeras para subsanar su situación.
Canarias es la novena comunidad con mejor ratio, pero sin llegar a la media europea. Sus dos provincias superan la media nacional: Las Palmas (713) y Santa Cruz de Tenerife (660).
Castilla y León, al tener tantas provincias, muestra fuertes contrastes entre unas y otras regiones. Por ejemplo, la mejor ubicada es Soria (835), seguida de Salamanca (809). Algo más complicada es la situación de Segovia (585), que está muy por debajo de la media nacional.
En cuanto a Castilla-La Mancha, la media es baja (610) por los enormes desequilibrios entre las provincias, ya que Albacete (781) tiene casi 300 enfermeras más por cada 100.000 habitantes que Guadalajara (423) y Toledo (488). En general, la comunidad necesita 4.453 enfermeras para llegar a la media UE.
Por su parte, Catalunya presenta datos alarmantes en Girona (492 enfermeras por cada 100.000 habiaantes) y ninguna provincia alcanza la media europea. Catalunya (653) es la octava comunidad con peor ratio, pero supera la
media nacional.
En el País Valencià se nota el influjo de la derecha y sus gobiernos durante décadas. Con una media comunitaria muy baja (551), solo Valencia (600) se acerca a la media nacional, aunque no la alcanza. Alicante (478) es la cuarta provincia por la cola y Castellón (576) tampoco presenta números mejores.
Extremadura mejora la media nacional (705) y Cáceres (899) es de las pocas provincias que mejora la marca europea. Por su parte, Badajoz no llega a la media nacional. La comunidad necesitaría 1.284 enfermeras para llegar a los guarismos de Europa.
En cuanto a Galicia, también alberga desequilibrios considerables. Lugo (705) duplica a Pontevedra (402). Galicia es la segunda comunidad con peor ratio. A la vista de los datos, Lugo es una excepción dentro de la autonomía, donde también influye la despoblación galopante.
Euskadi es la segunda comunidad con mejor ratio, muy cerca también de la media europea. De hecho, Álava (883) supera dicha media, mientras que Bizkaia (794) y Gipuzkoa (760) también superan los números de España.
Feijóo entregó otros 315.000 euros a cinco editores de diarios gallegos una semana antes de presentar su candidatura al PP
Sus gobiernos financiaron, desde 2013, con 2,7 millones de euros a 11 diarios de la comunidad para un programa de fomento de la lectura que consistía en el envío al menos de un periódico a colegios e institutos públicos y concertados de Galicia.
La Xunta de Alberto Núñez Feijóo entregó otros 315.000 euros a cinco editores de periódicos gallegos solo cinco días después de que este anunciara su candidatura a presidir el Partido Popular tras la dimisión de Pablo Casado.
Las ayudas se tramitaron a dedo, a través de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade, mediante diez convenios de colaboración destinados a fomentar la lectura de prensa escrita entre los escolares de la comunidad. El programa consistía en publicar noticias sobre educación y en el envío, como mínimo, de un periódico a la semana a cada colegio e instituto.
Las principales beneficiarias fueron las empresas de Santiago Rey, editor de La Voz de Galicia, que obtuvo 149.000 euros; el grupo Prensa Ibérica, propiedad de la familia Moll, que edita Faro de Vigo y La Opinión de A Coruña, que obtuvo 78.134 euros, así como las sociedades de Blanca García Montenegro, propietaria de El Progreso de Lugo y Diario de Pontevedra, que se llevaron 33.629 euros.
La familia Outeiriño, dueña de La Región (Ourense) y Atlántico Diario (Vigo), obtuvo 28.065 euros, mientras que el empresario José Collazo, constructor y propietario de casinos, bingos y salas de juego y máquinas recreativas en España y el extranjero, se llevó 18.000 euros para sus periódicos El Ideal Gallego (A Coruña), Diario de Ferrol y Diario de Arousa.
Los diez convenios son prácticamente iguales en su redacción y comprometen a los editores a publicar semanalmente información «relacionada con temas de educación» y a hacer llegar su producto a los centros que les señale la Xunta, al objeto de «acercar la lectura al alumnado gallego, de forma que sean los propios alumnos y alumnas los que descubran por sí mismos, a través de la utilización de la prensa, los valores culturales propios de Galicia«.
Los acuerdos, sin embargo, permiten que los editores solventen el compromiso enviando «como mínimo un ejemplar (…) por lo menos una vez a la semana», de forma que muchos centros se tienen que conformar con un sólo diario una vez cada siete días para programar para todo su alumnado actividades que redunden en el fomento de la lectura de prensa escrita.
Según el Instituto Galego de Estatística (IGE), los colegios gallegos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato tienen una media de más de 166 alumnos y alumnas por centro.
Para quienes sí resulta rentable el acuerdo es para los editores, que gracias a los convenios pueden financiar la distribución de más de medio millón de ejemplares con dinero público. Santiago Rey obtiene 0,64 euros por cada uno de los 229.230 periódicos que la Xunta le compra al año con cargo a este programa; los Moll, 0,59 euros por cada ejemplar de Faro de Vigo y La Opinión; García Montenegro, 0,67 euros; los Outeirño, 0,87 euros, y Collazo, 0,22 euros.
La normativa de contratación pública impide que se utilice la figura del convenio de colaboración con empresas privadas para actuaciones con ánimo de lucro, que deben ajustarse a las normas y restricciones de los contratos públicos, tales como la publicidad, la concurrencia abierta y la valoración de ofertas mediante concurso público.
Los acuerdos entre la Xunta y las principales cabeceras gallegas de papel para este año contemplan una contrapartida por parte de las editoras, aunque en los convenios no figura referencia alguna a las materias concretas a las que se destina el dinero que supuestamente aportan, ni cómo se contabiliza ni justifica.
Las mismas empresas han recibido cantidades similares en otros ejercicios mediante convenios idénticos que establecían expresamente que su participación financiera era de 0 euros. Así, por ejemplo, si La Voz de Galicia recibe en 2022 149.000 euros y aporta supuestamente 88.000 euros para financiar la distribución de 229.230 ejemplares, en 2021 obtuvo la misma cantidad sin ninguna aportación, para distribuir exactamente el mismo número de diarios. Lo mismo sucede en otros ejercicios anteriores con el resto de empresas citadas.
Es decir, repartiendo el mismo número de ejemplares en los centros con el mismo importe que el año anterior, no se justifica a qué van destinadas las aportaciones que hacen las editoras.
El programa de fomento de la prensa escrita entre los escolares de Galicia, según la información disponible en la plataforma de transparencia de la Xunta, lleva activo al menos desde 2013. Desde entonces, la Xunta de Feijóo ha entregado a los medios gallegos más de 2,7 millones de euros a través de la compra en lote de diarios para enviar un ejemplar a la semana a cada colegio e instituto. En esa cantidad se incluyen las ayudas concedidas a El Correo Gallego, de Santiago, propiedad de José Manuel Rey Novoa y cuya empresa editora, Ediciones Compostela, se acogió recientemente a concurso de acreedores.
Hasta 2017, las ayudas del programa de prensa en la escuela se entregaban con cargo a la Secretaría Xeral de Medios, dependiente directamente de la Presidencia de Feijóo y que dirigía Mar Sánchez Sierra, actual secretaria de Comunicación de la Ejecutiva del líder del PP. Desde 2017, se canalizan a través de la Consellería de Educación, que en la actualidad encabeza Román Rodríguez. Su publicación siempre se ha realizado en enero o en las primeras semanas de febrero, pero en 2022 su firma se retrasó hasta la segunda semana de marzo y también su publicación en la web de la Xunta.
Público ha preguntado al departamento de Román Rodríguez si existe algún tipo de fiscalización de los resultados obtenidos por esas ayudas para cuantificar en qué medida han contribuido a incrementar la lectura de prensa en Galicia, pero al cierre de este artículo no había obtenido respuesta.
Las subvenciones con cargo al programa de fomento de la lectura de prensa en la escuela se suman a las que concedió la Xunta a los medios gallegos en forma de ayudas directas, para el fomento del uso del gallego en medios que usan el español y para la publicación de propaganda institucional como información mediante convenios opacos no sometidos a las garantías de publicidad, concurrencia, transparencia y control, y dirigidos a construir en positivo su imagen pública y su acción de Gobierno. Durante los trece años de Feijóo en el poder, sumaron cerca de 45 millones de euros.
A esas cantidades hay que añadir los 1,25 millones que concedió a medios estatales con cargo a los fondos de promoción turística del Xacobeo, cuando ya era presidente del PP, había renunciado a la Presidencia de la Xunta y ejercía de jefe del Ejecutivo gallego ese cargo en funciones.
Nada más llegar al poder en 2009, Feijóo eliminó el programa de préstamo que permitía a todos los escolares gallegos tener acceso gratuito a sus libros de texto y diverso material escolar. Desde entonces, sus gobiernos han cerrado uno de cada diez colegios e institutos públicos en Galicia.
La Base #2×06 – Tipos de interés y economía de guerra: ¿nueva crisis hipotecaria?
Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levin e Inna Afinogenova analizan el aumento drástico de las hipotecas en España y otros países como consecuencia de la subida de los tipos de interés, que puede provocar una nueva crisis hipotecaria y una avalancha de desahucios como sucedió en 2008. Con la participación de Alejandra Jacinto, activista y abogada especializada en derecho a la vivienda, secretaria de Vivienda de Podemos y portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid. ¡Bienvenido al CANAL de Youtube de Público! Periodismo, investigación y compromiso para construir un mundo más igualitario.